Para los demagogos, realidad de infierno/VENERANDA MENDOZA
Revista Proceso # 2118, 4 de junio de 2017.
La feria de la demagogia política está a punto de estamparse con la implacable realidad del Estado de México. Desbocados índices de pobreza y sobrepoblación, desempleo y endeudamiento, así como espirales irrefrenables de delincuencia e inseguridad, constituyen la herencia que recibirá quien sea declarado ganador de los comicios de este domingo 4 en la entidad. Así pues, este escenario donde la pobreza, el miedo, la corrupción, el narcotráfico y el feminicidio forman parte de la vida diaria, es el premio para los políticos que mucho prometen y nada cumplen.
TOLUCA, Edomex.- La insatisfacción de los mexiquenses con quienes los gobiernan se expresa en cifras inocultables. Mientras que el proceso electoral del estado se enfila a su culminación con los previsibles conflictos y actitudes triunfalistas, el tiempo sigue de reversa en esta entidad pobre, insegura y con pocas oportunidades de progreso.
Los mexiquenses saben de la mala o pésima calidad de los servicios básicos, conviven a diario con la corrupción y la padecen. La tercera parte de la población del Estado de México se encuentra insatisfecha con los servicios gubernamentales; sólo lo están más Chiapas y Guerrero, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2015.
Por ejemplo, la policía, uno de los principales contactos de los ciudadanos con la gestión gubernamental, sólo alcanza a satisfacer al 11% de la población del estado.
El reto del próximo gobierno es, pues, mayúsculo: más de la mitad de los mexiquenses vive en pobreza y casi 60% carece de seguridad social; es la segunda entidad con mayor desempleo; su deuda pública rebasa 40% de las participaciones federales; los actos de corrupción de servidores públicos son los más numerosos del país; es uno de los estados con mayor incidencia delictiva, y el miedo por la inseguridad en demarcaciones como Ecatepec alcanza 95%.
Sus 16 millones 187 mil 608 habitantes (51.6% mujeres) en 2015, según el INEGI, la convierten en la entidad más poblada del país, seguida por la Ciudad de México, con poco más de 8.9 millones.
Y son los pobres entre los pobres.
En 2014, de acuerdo con las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), prácticamente la mitad de la población mexiquense, 8 millones 269 mil 900 (49.6%), vivía en condiciones de pobreza, cuando en 2010 los pobres eran 6 millones 712 mil y representaban 42.9% y en 2012 sumaban 7 millones 328 mil 700 (45.3%).
Del índice de seis carencias sociales, que el Coneval empleó en 2015 para medir la pobreza multidimensional, se desprende además que casi 57.7% de los mexiquenses (9 millones 774 mil habitantes) no tiene acceso a la seguridad social y 20.2% (3 millones 419 mil 900) tampoco a una alimentación suficiente.
Los servicios de salud no son accesibles para 19.9% (3 millones 372 mil 100) de los habitantes del Estado de México, 13.2% (2 millones 234 mil 500) padece rezago educativo y 10.2% (un millón 729 mil 700) no tiene servicios básicos en la vivienda.
Inversión, presupuesto y deuda
Desde que Enrique Peña Nieto inició su gestión, y señaladamente al presentar su Programa Nacional de Infraestructura, los beneficios para el Estado de México fueron notables.
El gobierno peñanietista programó 200 mil millones de pesos en grandes obras para la entidad, con el propósito expreso de aumentar la productividad del estado. La apuesta por elevarla se relaciona generalmente con la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), que, sin embargo, no está llegando al estado.
La entidad ha tenido un decrecimiento en su Producto Interno Bruto per cápita con apenas .38%, el séptimo más bajo del país.
Datos de la Secretaría de Economía indican que de la IED que llegó en 2016 al país, 20.7% fue para la Ciudad de México, 10.1% para Nuevo León, 7.1 para Chihuahua y 6.8% para el Estado de México. La enorme inversión en infraestructura no ha servido a su vez para atraer inversiones, y lo que ha llegado no ha sido útil para incrementar las plazas laborales.
Los recursos públicos del Estado de México para atender sus numerosos problemas son también los más voluminosos de todas las entidades de la República.
En 2017 los ingresos aprobados para la entidad son superiores a 260 mil millones de pesos –17.6% más que el año pasado, cuando el presupuesto fue de 221 mil millones.
Para este año el presupuesto de la Federación apenas creció 2.5%, mientras que los recursos para la Ciudad de México son del orden de 204 mil millones, cuando en 2016 fueron 177 mil 800 millones.
Durante la discusión del Paquete Fiscal mexiquense para este año, realizada en noviembre pasado, el diputado perredista Javier Salinas, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, advirtió que, a fin de escapar al escrutinio de la Legislatura local, cada año el Ejecutivo estatal subestima el proyecto presupuestal que somete a consideración del Congreso.
Con esa estrategia, estima el legislador, en los últimos cinco años el gobierno mexiquense ha ocultado el origen y destino de más de 200 mil millones de pesos, destino que sólo se conoce al momento de evaluar la Cuenta Pública, cuando el dinero ya fue ejercido.
“El gobierno estatal viene subestimando los ingresos locales para disponer de ellos con mayor flexibilidad, al gastarlos como ingresos excedentes, evadiendo con ello el control del Poder Legislativo”, dijo Salinas.
La carga burocrática también es enorme: del presupuesto 2017, más de 120 mil millones serán para el pago de nómina; los salarios de mandos superiores en la entidad son de los más altos entre las entidades federativas.
Conforme al tabulador oficial, el gobernador percibe mensualmente un sueldo neto de 124 mil 910 pesos netos, aunque sus percepciones brutas son de 185 mil 40, y su aguinaldo, de 209 mil 814 pesos, a los que se suman una prima vacacional de 87 mil 422 pesos y una gratificación especial anual de 69 mil 938 pesos.
Además dispone de un seguro de separación independiente y una prima por permanencia en el servicio mensual (cuando se tienen más de cinco años ininterrumpidos en el servicio, como es su caso), más una prima adicional por permanencia en el servicio mensual, cuyos montos no se especifican en el tabulador oficial.
El sueldo neto del secretario general de Gobierno es de 113 mil 506 pesos –ingreso bruto de 167 mil 761–, con aguinaldo de 159 mil 802 pesos, prima por 66 mil 584 y gratificación anual de 53 mil 267 pesos. También tiene derecho a seguro de separación independiente, prima por permanencia en el servicio mensual y prima adicional por permanencia en el servicio mensual por montos no especificados.
El salario neto del resto de los secretarios del gabinete, dependiendo de su responsabilidad, puede llegar a 99 mil 484 pesos –146 mil 516 brutos–; sus aguinaldos, a 159 mil 802; sus primas, a 66 mil 584 pesos y su gratificación anual, a 53 mil 267 pesos, más seguro de separación independiente, prima por permanencia en el servicio mensual y prima adicional por permanencia en el servicio mensual.
El Estado de México cerró 2016 con una deuda pública de 36 mil 179.4 millones de pesos, 42.9% de las participaciones federales de ese año.
Cinco años antes, el gobernador priista, Eruviel Ávila, recibió una deuda de 28 mil 271.5 millones, 51.9% de las participaciones federales; es decir que de 2011 a 2016 esa deuda creció casi en 8 mil millones de pesos, como se desprende del análisis de las Cuentas Públicas correspondientes.
Sólo para este año el gobierno fue autorizado por la Legislatura para endeudarse por 3 mil 400 millones de pesos, y los órganos descentralizados del Ejecutivo, por 3 mil millones más.
No obstante, Abel Valle y Marco Antonio Ramírez, diputados locales por Morena, consideran innecesaria e inexplicable la deuda, pues cada año las finanzas estatales reportan superávit; por ejemplo, dicen a Proceso, en 2015 fue superior a 6 mil millones de pesos.
Del informe de Cuenta Pública 2015, avalado por los diputados locales, se desprende que ese año la deuda estatal cerró en 35 mil 125 millones de pesos, 91.38% contratada con la banca comercial –30.2% con Banorte, 25.4% con Bancomer, 21.9 con Banamex más porcentajes menores con Interacciones, Santander, HSBC e Inbursa–, 8.17% con la de desarrollo (Banobras) y 0.45% con contratistas.
Primeros lugares en corrupción
En 2015 el Estado de México fue la entidad en la que se presentaron más casos de corrupción de servidores públicos.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) del INEGI indica que la entidad presentó ese año 62 mil 160 casos de corrupción por cada cien mil habitantes, seguido por Sinaloa con 58 mil 232, Chihuahua con 36 mil 472, Sonora con 33 mil 256 y Baja California con 31 mil 604.
En todo el país, se confirmaron 32 millones 921 mil actos de corrupción ese año.
Esa corrupción surge más frecuentemente en los trámites realizados en instancias de seguridad (55.2%) seguidos por los que tienen lugar en el Ministerio Público (23.7%).
La Encig estima que a escala nacional, del total de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos realizados por los usuarios, en 52.5% se presentó algún tipo de “problema” que debió resolverse con sobornos. El más frecuente fue el de barreras al trámite, con 87.6%.
Gerardo Trejo, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, estima que la corrupción en el país cuesta entre 8% y 10% del PIB. Y si bien el Estado de México tiene ya el entramado jurídico constitucional y secundario del sistema local anticorrupción, la Coparmex lo considera apenas “bueno”.
Sin trabajo y con miedo
Con una tasa de 4.8% de desocupación durante el cuarto trimestre de 2016, el Estado de México se ubica en el segundo lugar nacional en el índice de desempleo, sólo después de Tabasco –con 7.6%–, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.
Querétaro tiene 4.7%, la Ciudad de México 4.3, Baja California Sur, Sonora y Tamaulipas 4.2 cada una y, Guanajuato y Nuevo León, 4.1% respecto a la PEA.
Ese estudio especifica que el Estado de México y la Ciudad de México son los mercados de trabajo más grandes del país, con 7.1 y 4.2 millones de personas ocupadas, respectivamente; en conjunto representan 21.7% del total nacional.
En el Estado de México, 7 millones 146 mil 200 personas tienen empleo, pero 57.2% de la población ocupada trabaja en la informalidad, 8% tiene una ocupación parcial, 67.7% es asalariado, 7.6 tiene subocupación y 14.4% registra condiciones críticas de ocupación.
Los mexiquenses tampoco se sienten seguros.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del INEGI, revela que en diciembre de 2016, 94.9% de los ecatepequenses se sentía inseguro, y lo mismo ocurría con 81.1% de los entrevistados en Toluca y 78.4% de los habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl.
Y según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, también del INEGI, el Estado de México tuvo en 2015 una tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes de mil 132, aunque superada por Aguascalientes con mil 303, la Ciudad de México con mil 327, Sonora con mil 278, Guerrero con mil 232, Tlaxcala con mil 170 y Morelos con mil 119.
Ese año en territorio mexiquense ocurrieron 249 mil 970 delitos, pero sólo 50 mil 425 fueron denunciados y nada más se iniciaron 38 mil 265 averiguaciones previas.
Los delitos no se denuncian fundamentalmente porque las víctimas consideran que es una pérdida de tiempo, hay desconfianza en las autoridades, creen que el ilícito es de poca importancia, carecían de pruebas, el trámite es largo y difícil, por miedo al agresor, por la actitud hostil de la autoridad o por temor a ser extorsionados.
De entre quienes acudieron a la Procuraduría estatal, hoy Fiscalía General de Justicia (FGJ), 28 mil personas tardaron más de cuatro horas en levantar la carpeta y casi 23 mil, de dos a cuatro horas; para 28 mil 179 ciudadanos el trato en la agencia del Ministerio Público fue muy malo, y malo para 25 mil.
De entre todos los tipos de violencia arraigados en el Estado de México, la de género es la que necesita atacarse urgentemente. Con base en cifras aportadas por la FGJ, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) refiere que 626 mujeres fueron asesinadas en la entidad entre 2015 y 2016, pero solamente 296 casos se tipificaron como feminicidios y apenas diez se resolvieron con sentencias condenatorias.
María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del OCNF, lamentó que la Alerta por Violencia de Género, aplicada en 11 municipios mexiquenses a mediados de 2015, no ha rendido frutos, pues los crímenes contra mujeres no han disminuido y cada vez ocurren con mayor violencia.
“Se sigue estigmatizando a las mujeres y hay discriminación como un factor para desencadenar la violencia”, puntualizó. (Con información de Arturo Rodríguez García)
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