PRI: la batalla por los Estatutos
El PRI llega con 14 gobernadores a su XXII Asamblea, la menor cantidad en la historia. Foto: Staff
Con la pérdida de gubernaturas y ayuntamientos y la imagen presidencial a la baja, el PRI llega desdibujado a su XXII Asamblea. La pelea por los estatutos será clave.
En 2001, Dulce María Sauri encaró una de las crisis más fuertes. El PRI acababa de perder la Presidencia.
Para esta Asamblea, Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, espera que los tricolores logren una discusión civilizada.
Nota de Claudia Guerrero
Cd. de México (06 agosto 2017).- A menos de un año de la elección presidencial, el PRI camina hacia la confrontación por las reglas con las que definirá a su candidato para el 2018.
Como un mal karma que se repite en cada Asamblea Nacional, el debate sobre los Estatutos anuncia un choque entre el cúpula priista y los militantes que pretenden disputar al presidente Enrique Peña Nieto la facultad de elegir por "dedazo" a su posible sucesor, de cara a la XXII Asamblea Nacional partidista, cuya plenaria está programada para el 12 de agosto.
El 9 y 10 de agosto, cinco mesas temáticas sesionarán dispersas en diferentes estados, pero una de ellas acaparará la atención de los priistas: la de Estatutos, que ocurrirá en medio de un debate sobre la permanencia o eliminación de "candados" (que se anularían en automático con una alianza electoral), y en la que los grupos disidentes exigirán que el abanderado presidencial sea producto de una consulta a la base y a la ciudadanía.
La cúpula priista llevó esta mesa a Campeche -a más de mil 300 kilómetros de la Ciudad de México-, con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas como anfitrión, conocido por sus argucias en la operación política y su obediencia al presidente Peña Nieto.
A esa cita, los priistas llegan con antecedentes de agrias discusiones y hasta portazos que resultaron decisivos en la definición de las reglas que abren y cierran el acceso a candidaturas y posiciones de poder.
En las disputas, los priistas se han insultado en público y en privado, acusándose de actuar como caballos de troya, autoritarios, gandallas, tramposos y manipuladores.
Para vencer en las votaciones, los operadores de los grupos en conflicto han aplicado a sus correligionarios prácticas que van desde listados rasurados, delegados "cachirules" y votaciones dudosas, hasta el "planchado" previo de acuerdos que terminan imponiéndose a mano alzada.
Aún con Presidente en Los Pinos, a los priistas les ha costado mantener la disciplina en las asambleas.
Animados por la inconformidad, la colectividad o la consigna, los militantes han usado las mesas de Estatutos para la catarsis, el reclamo y hasta para vaticinar rupturas.
De la escisión al Tucom
Desde los tiempos de Miguel de la Madrid, el PRI enfrentó problemas internos. La XIII Asamblea evidenció la división interna que terminó con la mayor escisión de ese partido en 1988: la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, quienes más tarde fundaron el PRD.
Los entonces integrantes de la Corriente Democrática reprocharon las resistencias para abrir el proceso de selección del candidato presidencial y el autoritarismo al interior del tricolor que, al final, impuso a Carlos Salinas de Gortari como abanderado.
El propio De la Madrid recordó que fue en aquella Asamblea cuando el entonces dirigente nacional del PRI, Jorge de la Vega, exigió a los priistas inconformes renunciar a ese partido porque no había cabida para "caballos de troya".
"Se desató públicamente un pleito campante de dirigentes de la Corriente y Jorge de la Vega", refiere el ex presidente en el libro Cambio de Rumbo: testimonio de una presidencia 1982-1988.
En la XIV Asamblea, en 1990, Luis Donaldo Colosio dirigía un PRI que aprobó la consulta directa a la base como método de selección de candidatos, pero sólo para gobernadores y alcaldes.
De acuerdo con testimonios de priistas, el sonorense se vio obligado a maniobrar para "bajar" de la mesa de Estatutos su propuesta que ponía como requisito a la candidatura presidencial el haber tenido un "cargo de elección popular".
Las fuentes consultadas refieren que Carlos Salinas pidió a Colosio desistir de la medida que, para fines prácticos, le beneficiaba directamente a él rumbo a la sucesión presidencial, ya que muchos integrantes del gabinete no cumplían con ese candado.
"La mesa se detuvo durante más de siete horas porque Colosio señalaba que el candado podría ser tomado o asumido como una agresión a otros compañeros de partido, mientras que a él le beneficiaba, por eso declinó la propuesta", relata el ex secretario de Organización del PRI, José Encarnación Alfaro.
En 1996, la XVII Asamblea desató la rebelión de las bases. Corría el sexenio de Ernesto Zedillo, el Presidente de "la sana distancia", y los delegados desataron una revuelta que comenzó con la destitución de las mesas directivas y llegó hasta la aprobación de un paquete de "candados".
En los debates, el entonces dirigente, Santiago Oñate, no sólo tuvo que lidiar con quienes exigían la expulsión de Salinas, sino también con la decisión de la militancia por cerrar el paso a quienes llamaban "tecnócratas".
Al final, en el artículo 144 de los Estatutos se estableció que para ser candidato a Presidente o a gobernador se requiere "acreditar la calidad de cuadro dirigente y haber tenido un puesto de elección popular, así como 10 años de militancia partidista".
Para el 2001, la refriega subió de tono en la XVIII Asamblea.
Tras la derrota de Francisco Labastida, el PRI vivió por primera vez una Asamblea Nacional sin un Presidente en Los Pinos.
Molestos y resentidos, los delegados llegaron a las mesas de debate polarizados por la contienda interna y vapuleados por la derrota electoral.
La dirigencia encabezada por Dulce María Sauri instaló la mesa de Estatutos en el puerto de Veracruz.
Con gobernadores y legisladores en sus equipos, dos grupos identificados con el ex candidato presidencial y su rival, Roberto Madrazo, fueron al choque por los "candados".
En el primer bando, el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, pedía la desaparición de esas limitantes y abrir el PRI a las alianzas.
Pero fue más allá y, previendo la intención de Madrazo de quedarse con la dirigencia del PRI, planteó que el 60 por ciento de los recursos fueran entregados a los comités estatales.
La idea también era respaldada por el entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, que tenía al frente de la mesa de Estatutos a su paisano Enrique Jacob.
Del otro lado, los madracistas operaron el amarre de votos para conseguir el 50 por ciento de las prerrogativas para el CEN y la permanencia de los candados estatutarios.
Al final, ganaron la votación, pero, en la pelea, llegaron hasta las manos.
Según algunos militantes, el problema surgió cuando la directiva de la mesa presentó, de última hora, dos nuevas listas de delegados que pretendían que se repitiera la votación.
Al frente de esos priistas estaba el colimense Fernando Moreno Peña, quien intentó entrar por la fuerza al salón donde sesionaban.
Para impedirlo, los entonces madracistas José Murat, Ulises Ruiz y Samuel Aguilar forcejearon hasta romper la puerta de entrada.
Pese a la escaramuza, la votación fue ratificada y los candados permanecieron.
Roberto Madrazo llegó finalmente a la dirigencia priista y, en 2005, organizó la XIX Asamblea, cuya mesa de Estatutos fue instalada en Puebla.
La nueva batalla se gestó otra vez entre los madracistas y el grupo de gobernadores conocido como el Tucom (Todos Unidos contra Madrazo).
Enrique Martínez, de Coahuila; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Manuel Ángel Núñez, de Hidalgo; Eduardo Bours, de Sonora; el senador sinaloense Enrique Jackson y Montiel estuvieron en el combate.
El grupo acusó a los madracistas de registrar a delegados "cachirules", originarios de Tabasco y Oaxaca, con el único objetivo de mayoritear en las votaciones.
La disputa se centraba en las facultades que tendrían la Comisión Política Permanente y el Consejo Político Nacional y la posible prelación de Elba Esther Gordillo de la Secretaría General a la Presidencia del PRI.
Pero los ánimos subieron de tono por la exigencia de las mujeres para tener acceso a más candidaturas.
Alfaro recuerda que, en la refriega, David Penchyna, quien conducía los trabajos, fue bajado del presidium a periodicazos.
"Los trabajos se suspendieron. Un grupo de gobernadores se salieron junto con sus contingentes y hubo la amenaza de llevar ante el IFE un recurso en contra de los resolutivos de la Asamblea", narra Alfaro.
Pacto por México
El siguiente cambio significativo en los Estatutos del PRI fue operado sin sobresaltos en la XXI Asamblea, en marzo de 2013. Con el regreso del PRI a Los Pinos, tras 12 años en la oposición, también retornaba la calma, la disciplina o, al menos, una línea clara.
Peña Nieto eliminó, de entrada, la sana distancia decretada por Zedillo.
César Camacho, dirigente nacional del PRI, propuso que el jefe del Ejecutivo se convirtiera, también, en el jefe de la Comisión Política Permanente, uno de los órganos internos de decisión.
Además, el "candado" del cargo de elección popular para ocupar una candidatura fue eliminado.
En esa Asamblea, los priistas se "acomodaron" a las exigencias del Pacto por México y se dieron permiso de votar a favor del IVA en alimentos y medicinas, así como la inversión privada en Pemex.
La XXII
El PRI podría vivir esta semana un nuevo choque, en el estado de Campeche, donde sesionará la mesa de Estatutos.
Integrantes de cuatro expresiones disidentes se preparan para dar la pelea y demandar la consulta a la base como método para elegir a los candidatos de 2018, incluido el presidencial y los nueve a gobernador.
Aunque la semana pasada se reunieron con el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, ninguno confía en que sus exigencias serán tomadas en cuenta para la elaboración de los dictámenes.
En su análisis, los escenarios van desde un acalorado debate, pero sin consigna; hasta un mayoriteo con delegados "enviados" por los gobernadores, o la abierta confrontación que obligaría a suspender los trabajos.
"Los militantes están muy molestos, la de Estatutos es una pequeña mesa que puede convertirse en un gran problema. Ojalá que la dirigencia sea sensible y que no provoque a una militancia que ya ve las cosas enrarecidas", alerta Ivonne Ortega, ex secretaria general del PRI.
Para la ex gobernadora de Yucatán, existe un riesgo real de que la mesa de Estatutos sea "llenada" con delegados sin representación que permitan a la cúpula priista controlar el resultado de las votaciones.
En coincidencia con Alfaro, la yucateca condena que se permita a organismos secundarios, como el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (lcadep) y a la Fundación Colosio -presidida por el oaxaqueño José Murat, operador de Peña Nieto-, acreditar a más delegados que los propios sectores del PRI.
"El Icadep y la Fundación no tienen militantes registrados. Con esto denostan a la militancia, ¿cómo puede estar acreditado como delegado alguien que ni siquiera es cuadro del partido?", reprocha.
"Mientras cada sector tiene 20 delegados, el Icadep y la Fundación tienen 50 delegados asegurados en cada mesa", critica Alfaro, de Alianza Generacional.
Los priistas advierten sobre el control de los gobernadores en la discusión, ya que no sólo palomearon las listas de quienes participan en el debate, sino que las mesas serán instaladas en Campeche, Coahuila, Jalisco, Estado de México y Sinaloa.
"Deduzco que las hicieron en esos estados porque son controlados por los gobernadores del PRI", señala Ortega.
"Los gobernadores llevan sus delegaciones y fueron los que hicieron sus listas. Espero que los delegados se quiten la pesadez de la línea y que voten en conciencia aunque estén ahí sus gobernadores o sus dirigentes nacionales. Ojalá sea una discusión civilizada, aunque hay algunos a los que todavía les pesa la línea", señala el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Por otro lado, los priistas inconformes reconocen que la cúpula de su partido puede convertir la XXII Asamblea en un mero trámite, al realizar pequeños ajustes a los Estatutos, para evitar inconformidades y posponer la definición del 2018.
Y es que dirigentes como el propio Ochoa, la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu; el líder del Sector Popular, Arturo Zamora, y el coordinador de los diputados priistas, César Camacho, han reiterado que los documentos vigentes ya contemplan como método de elección la consulta a la base, por lo que no es necesaria una reforma.
En reuniones, foros y entrevistas, han advertido que el momento para la definición del candidato presidencial no es la Asamblea, sino un Consejo Político Nacional que aprobará el método con el que será seleccionado.
También aseguran que las condiciones y requisitos contenidos en los Estatutos ya garantizan "piso parejo" para los priistas que aspiran a alguna candidatura de dirigencia o cargos de elección popular.
En la polémica por el candado de 10 años de militancia para el candidato presidencial, Camacho incluso ha dicho que la exigencia es sólo para quien está en las filas del PRI y no para los externos o simpatizantes, como el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
"Esos requisitos de los 10 años son para los militantes, de suerte que si alguien tiene interés en participar y no es militante, no está en la hipótesis y, en consecuencia, ese requisito no tendrá que ser cumplido. Si la opción apunta en otra dirección (un externo), ese no es un requisito por cumplir", sostuvo el pasado 25 de julio en entrevista con Reforma.
El escenario para una nueva escaramuza entre priistas está listo.
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