Suspensión de garantías/Diego Valadés

Suspensión de garantías/Diego Valadés
Reforma, 01 Ago. 2017
El miedo invade a la sociedad, afectada por la violencia, la corrupción y la impunidad. Una constante sensación de inseguridad hace que el ejercicio de las libertades sea una aspiración malograda por quienes actúan contra la ley. No nos podemos resignar a vivir bajo amenaza.
Entre los factores que erosionan las libertades, el temor es uno de los más dañinos porque multiplica la desconfianza y paraliza la voluntad. El aumento de los ataques delincuenciales hace creer que los criminales son imbatibles. A la violencia en ascenso se añade la percepción dominante de que las autoridades son incapaces de proteger a la población y que incluso la victiman con acciones depredadoras. Esto se acentúa en los ámbitos municipales y locales.
La vida cotidiana se desarrolla en la incertidumbre: nadie sabe cuándo será afectado por los delincuentes o expoliado por las autoridades. La impunidad generalizada es un dato de la realidad. En semejantes circunstancias el ejercicio de las libertades se hace cada vez más problemático.

La solución vendrá algún día pues ni siquiera lo malo es para siempre, sólo que entre más demore, más crecerá el dolor social y mayores serán las dificultades para conseguir resultados plausibles. Las libertades sólo prosperan en espacios democráticos garantizados por el orden jurídico.
Cada padecimiento requiere una respuesta distinta. En el caso de la violencia delictiva llevamos más de un decenio sin lograr que decrezca. Es incomprensible que se sigan aplicando medidas de demostrada ineficacia. Después de millares de víctimas, cuyo número se ignora, lo razonable es cambiar la estrategia.
Sorprende que no se haya aplicado la opción constitucional prevista para situaciones como las que sufrimos. El artículo 29 dispone que en los casos que pongan a la sociedad "en grave peligro" el presidente de la República puede solicitar al Congreso que se restrinjan o suspendan los derechos y las garantías "que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación", en la extensión territorial que especifique el decreto correspondiente. Esta institución, conocida como estado de excepción, está prevista en todas las constituciones democráticas del mundo y se utiliza con frecuencia.
Después de la Segunda Guerra mundial el gobierno mexicano ha sido reacio a decretar el estado de excepción, y una parte de la opinión pública se inquieta ante su posible aplicación. Estos recelos eran explicables durante la hegemonía porque hacían temer excesos, pero no tienen cabida en una etapa de pluralismo democrático, máxime cuando vivimos un estado de excepción de hecho, sin reglas ni control, en lugar de aplicar una institución constitucional que haría al Congreso corresponsable de las acciones.
El artículo 29 establece los derechos intocables, como la vida, la integridad personal, la no discriminación, la libertad de pensamiento y los derechos políticos, así como el principio de legalidad y la prohibición de tortura y de desaparición forzada, además de las garantías judiciales para proteger todos los derechos no restringidos ni suspendidos.
La suspensión de garantías no afecta la vida normal y en cambio facilita la acción legítima de las autoridades y la obtención de pruebas válidas contra los delincuentes, que ahora se benefician cuando alegan deficiencias formales en su obtención.
Nuestros derechos están siendo limitados de facto por los delincuentes. Debe invertirse la situación y restringir los abusos de ellos, dando facultades controladas a las autoridades para actuar de manera más eficaz en defensa de la ciudadanía.
Nada se perdería si la suspensión se experimentara en algunas de las zonas del país más afectadas por actos criminales. Es muy probable que aumentaría la eficacia de los órganos del Estado y habría un mayor control democrático sobre su actuación. Sucesivas experiencias harían ver la utilidad de una institución que puede rescatar a la sociedad del miedo y restablecer nuestro derecho a una vida pacífica y segura.
Si el estado de excepción fuera un riesgo, habría que suprimirlo de la Constitución; pero ella y tratados internacionales lo regulan bien. Sugiero utilizarlo como una de las mejores posibilidades para combatir la violencia delictiva. Hay que hacerlo antes de que se dañe más el tejido social.


@dvalades