Las mexiquenses, bajo el "chantaje rosa”/

Revista Proceso # 2158, 11 de marzo de 2018..
Las mexiquenses, bajo el "chantaje rosa”/
VENERANDA MENDOZA
Para acceder al Salario Rosa –el principal programa social del gobernador mexiquense, que le dará 2 mil 400 pesos bimestrales a las amas de casa carentes de ingresos– las mujeres del Estado de México deben presentar, requisito indispensable, su credencial de elector. Y además, violando todas las vedas de tiempos electorales, el gobernador Alfredo del Mazo ha entregado las Tarjetas Rosas en actos masivos, que bien podrían confundirse con mítines políticos. El “chantaje rosa” –en otras palabras, la compra del voto– está en marcha.
TOLUCA, Edomex.- La operación del Salario Rosa, el programa social estrella del gobernador Alfredo del Mazo, concentra recursos 32 veces superiores a los destinados este año para atender la alerta por violencia de género en el Estado de México. Y el registro en el padrón de beneficiarias requiere presentar la credencial de elector. Las mujeres que tengan menos suerte recibirán sólo un apoyo bimestral; las más afortunadas, 12.

Hasta el viernes 9, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (Sedesem) había admitido la procedencia de 71 mil registros, pero hasta ese día ninguno aparecía ya en el padrón de beneficiarias.
Este año el programa Familias Fuertes-Salario Rosa le costará al erario más de 967 millones de pesos, según un informe de enero pasado sobre la aplicación de los recursos y evolución de los programas sociales. El monto rebasa en 73.5 millones lo asignado en 2017 (894 millones) a su antecesor: el programa Mujeres que Logran en Grande (MLG), que operaba por medio de la tarjeta La Efectiva.
La inversión de 2018 en los 11 principales programas sociales estatales será de más de 4 mil 768 millones de pesos, 500 millones más que en 2017, cuando se presupuestó poco más de 4 mil millones.
En contraste, el Artículo 14 del Presupuesto de Egresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2018 apenas dispone que dentro de los recursos otorgados a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos “se considera la cantidad de 30 millones de pesos para llevar a cabo acciones para la mitigación de la Alerta de Género declarada en 11 municipios”.
Los recursos para la Tarjeta Rosa (la que se da a las beneficiarias del programa Salario Rosa) son 32 veces superiores a los previstos para atender la alerta por violencia de género, pese a que en 2017 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró al Estado de México como la entidad con mayor número de este tipo de crímenes, con 301 denuncias; seguido por Guerrero, con 219; Chihuahua, con 212; Baja California, con 211, y Guanajuato, con 159.
Hasta dos años
Algunas beneficiarias que han recibido la Tarjeta Rosa podrían obtener apoyo por sólo 2 mil 400 pesos –un bimestre– o acceder al beneficio por un máximo de dos años, cuando habrán recibido 28 mil 800 pesos.
Las reglas de operación reconocen que el beneficio implicará “transferencia de recursos monetarios, de una hasta doce ocasiones, de manera bimestral, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal”.
El programa, ofrecido durante la campaña del priista Alfredo del Mazo como un beneficio generalizado para reconocer el trabajo no remunerado de las amas de casa mexiquenses, ya se había acotado al establecer entre los requisitos de afiliación que no perciban pago alguno y tengan entre 18 y 59 años.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social admite que en 2016 la entidad albergaba 8 millones 230 mil 200 personas en pobreza (47.9% del total de la población), 7 millones 173 mil 242 padecía pobreza moderada (41.7%) y 1 millón 56 mil 958 vivía en pobreza extrema (6.1%).
De quienes para entonces se registraron en pobreza extrema, el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social identifica 378 mil 960 mujeres con tres o más carencias sociales y con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo. No obstante, el programa fue creado para atender a menos de la tercera parte: 111 mil mujeres.
Como “mecanismos de enrolamiento”, las reglas de operación disponen la obligatoriedad de “presentar copia de identificación oficial vigente con fotografía y domicilio en el Estado de México y original para su cotejo”.
Eric Sevilla, titular de la Sedesem, informó el viernes 9 que ya han sido aprobadas 71 mil solicitudes.
A la fecha, el gobierno estatal ha convocado a una decena de actos masivos para la entrega del Salario Rosa; a las alrededor de 4 mil beneficiarias por evento les han obsequiado playeras y gorras, banderitas y globos con la leyenda “Yo amo el Salario Rosa”. Y en las principales vías de comunicación de la entidad se han desplegado anuncios espectaculares para difundir el programa.
El gobernador de las mujeres
“Soy el gobernador de las mujeres”, asegura Del Mazo en cada entrega masiva del monedero electrónico. Las asistentes corean: “Ya se vio, Alfredo sí cumplió”, y alguna incluso manifestó en público: “Todas nos queremos casar con usted porque sí cumple”.
Para 2015 la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabilizó 8 millones 353 mil 540 mujeres, que significaban para entonces 51.6% de la población mexiquense.
En los encuentros masivos, el mandatario estatal se refiere a las transferencias como “un pago” para agradecer y reconocer el sacrificio y trabajo de las amas de casa. “Lo pueden invertir en lo que deseen: estudios de sus hijos, en mejoras para su casa, en alimentación para su familia, en su salud, en medicinas”, enlista, sin detallar que el recurso diario representará apenas 40 pesos (la mitad de un salario mínimo), que el pasaje en transporte público cuesta 10 pesos (20 el viaje redondo), y sin rememorar la escalada de precios en los productos de la canasta básica a partir de los gasolinazos.
Antes de concluir cada acto, el mandatario estatal demanda a las beneficiarias “que se conviertan en voceras del Salario Rosa”, que presuman a sus familias, amigas, vecinas, que les cumplieron; y dice que éste sólo es el principio.
La petición pública ocurre a pesar de que las reglas de operación del programa advierten que éste debe promoverse bajo la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciado y sancionado ante las autoridades conforme a lo que dispone la ley de la materia”.
Las normas que regulan el programa también prevén la suspensión del apoyo a la beneficiaria que realice proselitismo con él, a favor o en contra de cualquier candidato o partido. También es motivo de suspensión de los apoyos “no participar en actividades comunitarias (que no se especifican) cuando les sea requerido”.
Apenas el jueves 8 Del Mazo reconoció que hay retos para proteger y defender los derechos del género femenino, pero aseguró que su administración trabaja para fortalecer la igualdad.
El gobernador firmó un pacto para promover leyes y políticas públicas con perspectiva de género, acciones para reducir brechas salariales y para la inclusión de las mujeres en puestos de mando medios y superiores. Fundamentalmente, insistió en que el Salario Rosa “empodera” a las amas de casa que viven en pobreza extrema.
Desde el miércoles 7, colectivos feministas, madres de víctimas y organizaciones no gubernamentales marcharon en municipios como Ecatepec y Toluca –ambos con alerta por violencia de género– para demandar seguridad e igualdad, en lugar de Tarjetas Rosas.
Cancha electoral
El pasado 27 de febrero Morena promovió una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el gobernador mexiquense y su secretario de Desarrollo Social, en la que además demanda la suspensión inmediata del programa como medida cautelar para evitar la coacción del voto.
Horacio Duarte, presidente estatal de Morena, destacó que la Constitución establece la obligación de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad para que no influyan en la equidad de la competencia.
El representante morenista admitió que durante los procesos electorales no se puede suspender la entrega de programas sociales, pero consideró innecesario realizar actos masivos para su distribución durante este periodo. “Al llevar a cabo estos eventos se ponen en riesgo los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad”, afirmó.
El también representante de Morena ante el INE recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en una tesis jurisprudencial, que los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en actos masivos.
El artículo 261 del Código Electoral del Estado de México dispone que “desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales, deberán suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”.
Las únicas excepciones, serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Además establece que en época proselitista las autoridades “se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia, debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza”.
La norma faculta a la Legislatura para determinar “los programas sociales que por su naturaleza, objeto o fin por ningún motivo deberán suspenderse”.
A pesar de que el próximo viernes 30 se iniciarán las campañas presidenciales, Miguel Sámano, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, aseguró que no hay prisa para definir el catálogo.
Las campañas para la elección de ayuntamientos y diputados locales comenzarán el 24 de mayo; la diferencia puede transformarse en un resquicio jurídico para permitir la operación normal de los apoyos.
Sámano aseguró que la definición de la lista es una prioridad, pero confió en que la toma de decisiones no implicará ningún problema, pues el Salario Rosa no es nuevo, sino la transformación de otro apoyo que funcionó el sexenio pasado. “Es exactamente lo que ustedes conocían como tarjeta MLG”, manifestó. Por lo tanto, consideró que podría tener el mismo tratamiento que se le dio a La Efectiva en el marco de la elección de gobernador del año pasado.
Entonces, el PRI y sus aliados avalaron la operación de más de la mitad de los programas sociales estatales (67 de 102) durante las campañas, con el argumento de que no se podían arrebatar los apoyos a personas que los requerían. La lista no incluyó a La Efectiva; no obstante, en la víspera de la resolución de una acción de inconstitucionalidad promovida por la oposición, el inventario se redujo a 49 programas.
La nueva relación, promulgada el 29 de mayo de 2017 –a menos de una semana de la jornada electoral mexiquense–, extrañamente incluía entre los programas con permiso para operar el de MLG.
El diputado perredista Víctor Bautista demandó la comparecencia de las autoridades involucradas en la operación del Salario Rosa, al considerar que falta claridad, y denunció que en el oriente de la entidad no existe antecedente de su entrega.
Las reglas de operación de los programas sociales de la nueva administración prevén que la información de los beneficiarios se maneje en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
Adicionalmente, los lineamientos internos del Comité de Admisión y Seguimiento del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Salario Rosa contemplan una suerte de cláusula de confidencialidad.
El decimoquinto considerando especifica que “las y los integrantes se obligan a guardar secreto sobre la información referente al programa, que sea clasificada como confidencial, y a no utilizarla en beneficio propio o de intereses ajenos a éste, aún después de que se concluya su intervención en el Comité”.
Javier Rivera Escalona, representante perredista ante el Instituto Electoral del Estado de México, aclaró que por ahora el PRD no tiene considerado impugnar la Tarjeta Rosa, pues “es responsabilidad de la Legislatura suspender los programas sociales para garantizar equidad en la contienda”.
No obstante, destacó la necesidad de que se hagan públicos los padrones de beneficiarios para cotejarlos con los del PRI, detener las entregas masivas y garantizar que no se condicione la entrega de los apoyos a la credencial de elector o el voto en favor de algún partido político.
Hasta el cierre de esta edición, la página de Transparencia de la Sedesem no había actualizado su padrón; muestra más de 2 millones 158 mil registros, pero relacionados con programas de la administración anterior, fundamentalmente Por una Infancia en Grande.
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