Palabras del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez; de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; del presidente de la SCJN, Ministro Arturo Zaldívar; del diputado Porfirio Muñoz Ledo y del senador Martí Batres
MODERADOR: Preside esta ceremonia del 102 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Lo acompañan el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
El presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, diputado Porfirio Muñoz Ledo.
El presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores, senador Martí Batres Guadarrama.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
La secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social, maestra Luisa María Alcalde Luján.
El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González.
El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán.
La secretaria del Bienestar, ingeniera María Luisa Albores González.
La secretaria de Cultura, licenciada Alejandra Frausto Guerrero.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Javier Jiménez Espriú.
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Víctor Villalobos Arámbula.
Saludamos de manera especial a los miembros del gabinete legal y a los gobernadores de los estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán.
Asimismo, saludamos a las autoridades federales, estatales y municipales, sociedad civil; así como a representantes de los medios de comunicación.
Todos ustedes, sean bienvenidos.
A continuación, señoras y señores, hace uso de la palabra Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado de Querétaro.
FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Licenciado Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva de la 64 Legislatura del Senado de la República; doctor Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados; ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrera, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.
Gobernadora, gobernadores y jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Senadoras y senadores; diputadas y diputados federales; magistradas y magistrados federales.
Gabinete legal y ampliado del gobierno de México.
Diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia, presidente de la Mesa Directiva de la 59 Legislatura del estado; magistrado José Antonio Ortega Cerbón, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Maestro Luis Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro; amigo Francisco Domínguez Castro.
Diputadas y diputados del estado; magistradas y magistrados del estado.
Presidentas y presidentes municipales.
Señoras y señores:
En esta misma sala, hace 102 años, México se jugaba su destino.
Aquí en Querétaro se daban cita combatientes. No hubo mexicanos más confrontados que aquellos. Tuvieron sin embargo la grandeza y la inteligencia para, a partir de sus diferencias, construir el acuerdo y dar una nueva razón de esperanza a la nación.
No podemos quedarnos atrás.
Conmemorar un año más de la vigencia de nuestra Constitución nos obliga a comprender su origen y a construir su porvenir. Su texto proviene de la raíz más profunda de nuestro país, de una nación confrontada, ensangrentada, exhausta. Una que entendió demasiado tarde que los excesos, radicalismos terminen en la confrontación que a nadie le sirve.
Por eso, los bandos en guerra se reunieron aquí, con el afán de encontrar una oportunidad para la paz, pero también para la justicia. Lo hacen con la Constitución, ello no solo pacifica, promueve también la reconciliación; reconciliación por la fuerza de la ley y por la impartición de la justicia real.
Es, por tanto, momento propicio para recordar, no sólo su gestación, sino para reflexionar sobre su valor, su profundidad y su actualidad.
Aceptémoslo: La mejor forma de honrar nuestra Constitución no es evocándola, sino cumpliéndola.
La Constitución es, al mismo tiempo, una ruptura y una continuidad.
Con la incorporación de los derechos sociales, da aliento a las demandas del pueblo; al mismo tiempo preserva la aspiración soberana de los Sentimientos de la Nación, de liberalismo, la vocación federalista y también del laicismo humanista de la Constitución de 1857.
Pese a provenir de una revolución triunfante, los constituyentes entendieron que no hay momento histórico para que se revele, que se modifique por sí misma la historia.
Por ello todo ímpetu de renovar, de sacudir, de refundar, se cimienta en esta recuperación del régimen político que el porfiriato había destruido. Una república representativa, democrática, laica y federal.
El régimen que finalmente logró dar paz y prosperidad al país reside en esa definición, que organiza al poder, al tiempo que también lo limita.
La Constitución desvanece las ilusiones de aquellos que por años acariciaron la idea de tener un monarca.
Esto es lo que hicieron, lo sustituyeron con una regla intocable para los mexicanos, que sintetiza la voluntad democrática de Madero: ‘Sufragio efectivo, no reelección’.
A México le lleva casi 70 años garantizar a los ciudadanos el respeto a su voluntad expresada en los votos. Por ella, y gracias a ella, cristaliza la primera alternancia con la que el país recibe el siglo XXI y que para bien de todos ha permitido dos alternancias más.
Nunca lo olvidemos: Todos aquí somos producto de la democracia. No existe más representatividad que la que se desprende de ella; ni legitimidad que coloque por encima del sufragio las instituciones y la ley.
La República representativa se sintetiza así: Todos somos tanto como el que más, provenimos del sufragio y somos representantes legítimos de la sociedad. Tenemos derechos y deberes que nos enaltecen y nos sujetan.
La República representativa elimina la perpetuación del país de caudillos, que dominó al México independiente del Siglo XIX.
De la notable generación liberal, la Constitución alimenta el laicismo. Este legado se hace realidad gracias a Juárez.
Por último, la Constitución cancela la intención centralista del México más conservador.
En los estados y en la célula básica del Estado, el Municipio Libre, se distribuye el poder y la gobernanza de toda la República. Esto coagula en el Congreso de la Unión.
El federalismo se convierte así en el andamiaje de convivencia pacífica para la nación.
La Constitución que hoy conmemoramos es la misma que juramos cumplir y hacerla cumplir. Cumplirla es una convicción y una obligación.
Como autoridad electa, limitamos nuestra actuación al marco de la ley y tenemos el deber de hacerla cumplir.
No nos engañemos: Faltar a este juramento sería faltar a nuestra palabra y fallarle a México.
La Constitución acaba con la tradición de que la ley se obedece, pero no se cumple. Lo hace así, no basta que la autoridad cumpla con la ley, tienen que garantizar su cumplimiento.
La grandeza de la Constitución reside en que pretende la igualdad de todos los mexicanos, en especial el de los más humildes a partir de la libertad.
Es una Constitución de la libertad para la igualdad. En la libertad la Constitución genera las condiciones para alcanzar la igualdad, la más importante de ellas: igualdad ante la ley.
La verdadera igualdad reside ahí, en la posibilidad de que todo mexicano, por el solo hecho de serlo, pueda acudir a los tribunales para encontrar justicia. Ahí se iguala al rico y al pobre; al poderoso y al desvalido. Por eso se ordena -aunque tardará- que se blinde la división de poderes.
Hay una gran verdad. La vida equilibrada de un país se da cuando existe un Congreso y un Poder Judicial genuinamente libres e independientes, por esto es también un documento para la reconciliación.
En este mismo recinto se pacta un proyecto de nación, uno que por ser acuerdo entre adversarios cuida su lenguaje.
Seamos conscientes, el lenguaje en la vida pública hermana o confronta; aproxima o divide. Al final, la Constitución triunfa.
México goza ya de más de un siglo de paz y de importantes avances.
A 102 años tenemos como integrantes del Estado mexicano, del pacto federal, la obligación de refrendar nuestro compromiso con la República, con la democracia, con el federalismo y con la representación popular.
Hagámoslo. Defendamos con pasión los logros y enfrentemos juntos los rezagos que agobian a millones de mexicanos.
Tengamos la visión y la altura para construir equidad con concordia.
La democracia debe conducirnos a la unidad, nunca a la división.
Tengamos la generosidad de incluir a México como una totalidad. Nadie puede ser excluido de este gran esfuerzo nacional. No hay sectores superiores, ni mejores, ni virtuosos, ni excepcionales. Hay mexicanos llenos de entusiasmo, que quieren cambiar y construir un mejor porvenir.
El principio de la igualdad parte de ahí: del reconocimiento de equidad entre mujeres y hombres; entre el norte y el sur; entre quienes tienen mucho y quienes no tienen nada.
México es quien genera empleo y quien trabaja; el que estudia y el que injustificadamente ha quedado fuera de las aulas; el médico y el enfermo; el citadino y el indígena; el gobernante y el gobernado.
A partir de la unidad, construyamos un mejor país, basado en la honestidad y en la ley.
Refrendemos nuestro compromiso con el combate frontal a la corrupción. La deshonestidad vulnera la confianza y pervierte el sentido de la función pública, porque sólo es posible una revolución, la revolución de la honestidad para recuperar a nuestras instituciones y la confianza pública en el Estado mexicano.
La nación está urgida de una cultura de la legalidad. Construyamos juntos una sociedad decente, respetuosa, solidaria y generosa; una comunidad de valores, aspiraciones y acciones.
Abracemos el lenguaje público de la templanza; abracemos la convivencia creadora. Abracemos nuestra pasión por construir cultura, civismo, familia, bien común, bienestar.
Todos formamos parte de esta gran nación, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos trabajo que hacer. No tenemos tiempo que perder.
Muchas gracias.
MODERADOR: A continuación, la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, hará uso de la palabra.
OLGA SÁNCHEZ CORDERO: Señor presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; señor presidente de la Cámara de Diputados, doctor Porfirio Muñoz Ledo; señor presidente de la Cámara de Senadores, Martí Batres Guadarrama.
Señora jefa de gobierno de la Ciudad de México, gobernadora, gobernadores; compañeras y compañeros de gabinete; presidentes de órganos constitucionales autónomos; legisladoras y legisladores federales y locales; magistrados, magistradas federales y locales.
Invitados especiales, medios de comunicación.
Señoras y señores:
Muchas gracias a todas y todos por su presencia.
Como cada 5 de febrero, nos reunimos hoy en este histórico recinto del Teatro de la República para conmemorar un aniversario más, el 102 de la Carta Magna, que en 1917 entregaron a México los Constituyentes de Querétaro.
Si la dimensión de la obra humana se mide por su permanencia de las tres Constituciones que México ha tenido en el curso de su historia como República federal, la de Querétaro es la Constitución que ocupa el lugar señero.
La primigenia, la de 1824, no logró convertirse en rectora de la vida y destino de la entonces joven nación.
Las luchas intestinas hicieron imposible su aplicación. La discordia condujo a la anarquía y esta al debilitamiento de las naciones instituciones.
La circunstancia fue aprovechada por la ambición del naciente imperio del norte que, en 1847, arrebató a México más de la mitad de su territorio original.
Diez años más tarde, en 1857, la generación de la Reforma, con Benito Juárez a la cabeza, entregó a la patria su segunda Constitución, con la que inició la existencia del Estado mexicano en su sentido histórico, como ente político derivado de la voluntad popular, ajeno a la influencia religiosa, es decir, el Estado laico, que se erige como representante del interés colectivo, por encima de cualquier poder.
Con la Constitución de 1857, como su libro de cabecera, Juárez resiste la segunda invasión, derrota al imperio y restaura la República.
Como usted gusta decir, señor presidente, esa generación, la de 1857, fue de gigantes, de hombres que pusieron de lado sus diferencias para poner por delante un solo objetivo, una sola meta: La sobrevivencia de México como nación independiente y soberana.
Sin que Juárez lo hubiera previsto, a su muerte, lo que siguió no fue la consolidación de la democracia en la República restaurada, sino el advenimiento de la dictadura, que primero dio a México la estabilidad política de la que había carecido desde 1821 y luego entregó los primeros frutos económicos.
El largo periodo que abarca la presencia del dictador en la presidencia de México, más de 30 años, a la distancia puede ser considerado de claroscuros, pero el dictamen final, inapelable, lo dio el pueblo, que en 1910 se levantó en armas y lo expulsó del poder y de la patria.
Madero, el presidente mártir, pretendió restablecer la vigencia de la Constitución de 1857, sin darse cuenta que México era otro y que el pueblo, levantado en armas, exigía que sus demandas de justicia y libertad fuesen escuchadas.
Al contemporizar con los enemigos del cambio, Madero abrió la puerta a la traición.
Los Constituyentes de 1917 supieron conjugar la praxis con la teoría, la política con el Derecho, la norma jurídica con el anhelo popular.
La de Querétaro es considerada, con justa razón, la primera Constitución social del siglo XX.
No fue poca cosa para un texto escrito por hombres que, en su mayoría, nunca antes habían leído una ley. Fue el genio del pueblo el que guió su mano y condujo su pluma.
De ahí su permanencia; de ahí que, con aún sus múltiples cambios, unos positivos y otros cuestionables, hasta hoy la Constitución promulgada en 1917, hace 102 años, siga rigiendo la vida nacional.
Señor presidente.
Señoras y señores:
Leer la Constitución no es ejercicio de un solo sentido, lo sabemos quienes tenemos la profesión de abogado y, en especial, quienes nos hemos desempeñado como jueces, responsables de su aplicación y por ende también de su interpretación.
Jueces, magistrados, ministros de la Corte están obligados a leer y a releer una, y otra vez cada uno de los 136 artículos de nuestra Constitución.
La relación del abogado con la Constitución puede ser intensa o lejana, cotidiana o causal, pero sin ella el ejercicio de esa noble profesión estaría sin cimientos; sería como una casa construida en un pantano, pronto se hundiría.
Los abogados, pero sobre todo los jueces que interpretan la Constitución mantienen con su texto una relación dialéctica, de permanente tensión y también de obligada creación. Tienen que apegarse a su sentido gramatical, nos dice ella misma, que también autoriza a desentrañar su sentido a interpretar su dictado.
La Constitución se materializa en las sentencias de los jueces y estos dan a sus normas la dimensión y dirección de su vigencia concreta.
Siendo la ley el producto de la interacción entre el poder Ejecutivo unipersonal por definición en un sistema como el nuestro y el poder Legislativo colegiado por su propia naturaleza, hoy libre y plural, es al poder Judicial al que corresponde decir el derecho.
De ahí la enorme responsabilidad que los dos poderes de elección popular tienen para la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabeza colectiva del tercer poder de la Unión, el poder Judicial, sin el cual no hay estado de Derecho.
Sabemos que hacer la ley no es lo mismo que aplicarla. En el ejercicio del gobierno, la Constitución es no sólo el marco que encuadra nuestro desempeño, es también una guía para atender las demandas y aspiraciones de nuestro pueblo.
El carácter social de la Constitución de 1917, a pesar de las múltiples reformas que ha sufrido, sigue presente en el artículo 3º constitucional relativo a la educación que debe impartir el Estado, que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.
En el artículo 4º que consagra la igualdad entre el varón y la mujer y establece el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente; al acceso al agua para consumo personal y doméstico; a la vivienda, a la identidad de la persona; la protección de la niñez, al acceso a la cultura y sus bienes; a la cultura física y al deporte, esos derechos vinieron a sumarse a los que estableció el texto redactado en este recinto en 1917.
La Constitución del 17 fue pionera en el mundo del reconocimiento de los derechos sociales, colectivos, de los dos segmentos mayoritarios, de la sociedad de aquel entonces, los campesinos y los obreros.
A los campesinos, la Constitución les garantizó el acceso a la tierra, derecho que el presidente Lázaro Cárdenas hizo realidad.
A los obreros el Constituyente del 17, le dieron el derecho al trabajo con salario digno; así como el instrumento para la defensa de sus intereses, los sindicatos y el medio para hacerlos valer: la huelga.
Estos derechos, estos instrumentos, estos medios están escritos en el texto de 1917, aunque algunos parezca nunca haberlos leído y hoy se sorprendan de su ejercicio.
Quienes formamos parte del equipo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debemos leer la Constitución para dar base y sentido, continente y contenido, a la política, planes, programas y acciones del gobierno de México.
En la Secretaría de Gobernación entendemos que la gobernabilidad democrática debe de ser el contexto para que el texto de la Carta Magna de Querétaro cobre sentido, adquiera vigencia, exprese la raíz y la razón del pueblo, los anhelos de la gente y la dimensión profunda del ser nacional.
Son múltiples las lecturas que podemos hacer de nuestra Constitución, plurales sus interpretaciones y variadas las conclusiones que de su lectura, cada uno, cada una, pueda desprender.
La Constitución como norma jurídica que debe cumplirse; la Constitución como programa social que aún debe realizarse; la Constitución como nuestra guía de conducta personal y faro que orienta la acción de gobierno.
La Constitución que, sin importar quién la lea, ni cómo la lea, tiene un fin común: El bien de nuestra patria.
Muchas gracias.
MODERADOR: Enseguida hace uso de la palabra el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; gobernador Francisco Domínguez Servién; secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero.
Señora jefa de gobierno de la Ciudad de México, señora y señores gobernadores; presidentes de los órganos constitucionales autónomos; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado; distinguidos miembros del presídium.
Señoras y señores:
El motivo que aquí nos reúne es el de rendir homenaje a la Constitución que hace 102 años fuera aprobada por el Constituyente de Querétaro y promulgada un día como hoy.
A esa Constitución, emanada de la lucha revolucionaria, cuya promesa fue la de cimentar un nuevo país con paz, democracia, justicia y libertad.
La Constitución de 1917 dio cauce a las aspiraciones plurales de una sociedad compleja y salida a una realidad política turbulenta.
Pero dentro de la amalgama de corrientes del pensamiento que la nutren, emerge en forma distintiva, un proyecto constitucional transformador, dirigido a efectuar un cambio social a gran escala en el contexto de un momento histórico definitorio y con sustento en un amplio consenso popular.
Hoy, el camino andado por nuestra Constitución ha dejado entre sus líneas las huellas de un siglo de historia política nacional.
Ha sido una Constitución viva y en constante adaptación que, por la vía de la recepción del derecho internacional y de los derechos humanos, y la interpretación judicial, ha ampliado sus horizontes hacia una protección cada vez mayor de la persona y sus libertades.
Sin embargo, permanecen insatisfechas las reivindicaciones de justicia y la legitima aspiración de cada persona de tener acceso a una vida digna.
Nuestro país fue precursor del constitucionalismo social, pero no hemos sido capaces de cumplir de manera completa la promesa constitucional de cambiar la forma como se estructuran las relaciones sociales en nuestro país.
En este sentido, la Constitución de Querétaro no es un documento estático, no es un documento acabado. Es un anhelo todavía en construcción.
En la coyuntura que vive el país debemos retomar la ruta del constitucionalismo trasformador que plasmaron los constituyentes de Querétaro.
Un constitucionalismo que se diferencia del constitucionalismo clásico porque no se agota solamente en la protección de las libertades individuales y de los derechos civiles y políticos, sino que se orienta de manera decidida hacia el ideal de un mundo mejor, en el que los derechos sociales sean una realidad y sean la vía para alcanzar, desde abajo, desde el respeto a la dignidad de los más olvidados, un verdadero cambio social.
La Constitución nos marca la ruta para abatir la desigualdad, combatir la pobreza y lograr el desarrollo económico en beneficio de todas y de todos.
Los Poderes de la Unión, sin excepción, estamos obligados a cumplir con este mandato.
Tenemos el deber de avanzar hacia este constitucionalismo, que no es una moda ni una coyuntura. Es una doctrina sólida que tiene sus cimientos firmes en la Constitución de Querétaro.
En el ejercicio de nuestras funciones no debemos perder de vista que sus postulados se articulan, precisamente, en torno a una vocación social y buscan la finalidad práctica de acabar con las desigualdades, que históricamente y a la fecha han producido condiciones de vida inaceptables para millones de mexicanas y de mexicanos, impidiéndoles gozar de las libertades y derechos que la propia norma fundamental les promete y garantiza.
Estamos en deuda con el pueblo de México. Estamos en deuda con los desprotegidos, estamos en deuda con los discriminados, estamos en deuda con los pueblos indígenas, estamos en deuda con las mujeres, estamos en deuda con nuestras niñas y niños, estamos en deuda con los grupos vulnerables, estamos en deuda con las personas con discapacidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación, en nuestra tarea de interpretar y defender la Constitución, debemos abanderar este modelo de transformación política y social, que no es optativo porque está plasmado en la Constitución.
Los jueces tenemos la obligación de ser motor del cambio social y en tal sentido debemos dejar atrás la visión anquilosada que entiende a los derechos sociales como meras declaraciones de buenas intenciones o como meras aspiraciones reivindicatorias, para transitar sin demora hacia un nuevo paradigma, que tenga como eje la plena vigencia, el pleno ejercicio y la plena exigibilidad del programa social de la Constitución.
Los derechos sociales imponen un deber de resultado, esto significa que el Estado mexicano tiene la obligación de satisfacer en forma inmediata sus contenidos mínimos y avanzar progresivamente en su protección.
Ante ello, el reto de los jueces federales es asumir sin ambages un proyecto de interpretación constitucional transformador, a través del cual se promueva el cambio social, dirigido a obtener resultados tangibles en la vida de las personas y orientado por los principios y valores constitucionales que hoy reivindica la sociedad mexicana.
La Constitución refleja el anhelo de construir una sociedad más igualitaria, con mayor justicia social y para que este anhelo cristalice debemos tener la humildad y la sensibilidad de escuchar y atender el tremor social que demanda poner fin a las desigualdades que tanto lastiman a nuestro país.
El constitucionalismo social transformador exige que cada juez, desde el ámbito de sus atribuciones, asuma el compromiso de participar en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria.
Hoy, como hace 102 años, estamos frente al reto de llevar a la práctica la Constitución.
La responsabilidad es enorme, pero si lo hacemos bien la cosecha será histórica. Hagámosla posible.
Muchas gracias.
MODERADOR: Señoras y señores:
Hará uso de la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.
PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.
Ciudadanas y ciudadanos investidos de distintas potestades en los tres órdenes de gobierno, abrevié, y creo que designé comprensión.
Esta pequeña nota se llama la ‘Cuatro-T’, ya se oyó una clave, como las que existen en la clínica de la física termodinámica.
Estamos de acuerdo en que las transiciones democráticas son cambios relevantes que se concretan por la vía de los movimientos sociales y de las negociaciones más que por las armas.
Hay sin embargo transiciones y transiciones; unas mucho más profundas que otras. A estas les hemos dado en llamar transformaciones, es decir, son transiciones al cuadrado. No aludimos aquí al tema tan interesantemente tratado de la nueva Constitución.
En primer lugar, porque estamos apenas a principios del camino. Si todo sale bien, ya no diré: Dios dirá, si no el ente laico dirá. Pero creo que allá vamos a desembocar.
¿Por qué? Porque por primera vez en mucho tiempo se ha roto un equilibrio de fuerzas, el empate catastrófico que llamara Gramsci: o se va de un lado o se va del otro. Y ya la historia se vino del lado en que queríamos.
¿Cuál es el orden de los cambios que pensamos introducir y cuál es su dirección?
La demanda popular está ahí, clara, y la necesidad objetiva también, es fruto del impulso y de la memoria. Pero tenemos que evitar toda clase de especulaciones, descalificaciones, entusiasmos desmedidos y temores inútiles.
Ayer hace unas horas, vi en una de estas redes sociales que una secretaría de Estado de este gobierno ya eligió como logo el retrato del Lenin y ahí lo mostraban, lo que es una inmensa falsificación.
Yo espero que de modo semejante me anuncien que he ganado un premio sustantivo de la Lotería Nacional.
En tiempos revueltos la política debe ser, como nunca, constatación empírica y pedagogía social. Pero muy pocos se toman el tiempo para explicar y muchos para medrar.
Vivimos en el Congreso una situación singular. En tanto componentes selectos de la clase política, tenemos la obligación de escuchar y de informar, y nuestra capacidad de legisladores nos obliga a darle forma jurídica al Estado.
El poder Legislativo es el único órgano creador del Estado.
¿Ahora qué hacemos con la Cuarta Transformación?
Yo digo que se impone de suyo. La gente sabe que está en la Cuarta Transformación, pero tiene que aprender a ir con los demás por el mismo camino; que no es lento.
Hay que pensar que de este periodo de sesiones sólo nos quedan 25 días y 12 proyectos mayores acumulados, como la nueva Ley General del Congreso.
Ahora bien, si no se satisfacen las necesidades más inmediatas de la gente, aquellas por las que movilizaron, aquellas por la que refrendan su igualdad y aquellas que reverdecen su esperanza, será muy difícil en los meses próximos seguir adelante.
Tenemos la obligación constitucional de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo que, creemos, debe ser, por primera vez, veraz y, como dijo aquí Zaldívar, exigir, muy importante. Para que los derechos humanos y para que los derechos políticos sean tales, necesitan ser exigibles y judiciables, como hicimos en la Constitución de la Ciudad de México.
A este periodo de sesiones sólo le faltan 25 días y, sin embargo, vamos a responder a las necesidades inmediatas del futuro.
Tenemos ya un conjunto de reformas constitucionales que dan plena igualdad a las mujeres. Basta, Olga, por ejemplo, que sea obligado el sujeto actor a proponer mujeres hasta que se empareje, sujeto actor el que tenga que proveer al candidato hasta que se empareje, y luego ya nos vamos de filo.
Ha surgido con fuerza arrolladora el tema central de toda organización política, es donde la cultura y la política se insertan, es el tema de la educación.
Más allá de los derechos de los padres, de los maestros y de los estudiantes, hay ahí una definición teórica sobre los objetivos y métodos de la educación.
El autor de las reformas en 1945, don Jaime Torres Bodet, insistió en dos párrafos, en tres, espero no vayan a naufragar, en los mares de los sargazos parlamentarios.
El primero, el único lugar de la Constitución que dice que es el Estado es el artículo 3º. Sí, el Estado-Federación, estados y municipios, no de otro lugar.
Y el único el que define qué es democracia también está en el artículo 3º. La democracia entendida no solo como un régimen político, sino como un sistema de vida dirigido al constante mejoramiento material y moral del pueblo, eso está en el artículo 3º y en ninguna parte de la Constitución.
Yo quisiera no extenderme. Son muchas las ideas que me vienen a la cabeza con el peligro de disertarme después.
Necesitamos considerar, por último, diré cuáles son las grandes fallas de la Constitución.
La primera es su prolijidad, tiene un número de párrafos que la universidad ha tratado (inaudible) a la tercera parte y muchos son inútiles, y se prestan a la confusión.
Segundo. Es la más dúctil de todas las Constituciones regidas, 900 reformas y las que faltan por la adopción de las normas internacionales del derecho comisional, que el ministro de Larrea ha llamado ‘el bloque constitucional’, eso me acuerdo muy bien.
Por último. Necesitamos buscar en los días que vienen en el quehacer cotidiano la memoria y la luz.
Los estados de la República se han visto esta mañana queretana en el espejo de la Federación que, a su vez, le ha devuelto 32 peces y 32 panes.
Sigamos multiplicando, mediante una generosa plataforma federalista, descentralización del poder y justicia para todos.
Muchas gracias.
MODERADOR: A continuación, hace uso de la palabra el senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores.
MARTÍ BATRES GUADARRAMA: Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados; doctor Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Francisco Domínguez, gobernador del estado de Querétaro.
Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; amigas y amigos del gabinete presidencial.
Todo proceso de cambio está acompañado de una propuesta jurídica, así fue en la Revolución de Independencia. Los insurgentes llevaron sus ideas a la Constitución de Apatzingán en 1814, como la soberanía popular, y después a la Constitución de 1824, donde se consagró el federalismo.
Los liberales de la Reforma plasmaron sus postulados en las leyes para la abolición de los fueros eclesiásticos y militares, y para la desamortización de los bienes de las corporaciones eclesiásticas, primero; en la Constitución de 1857, después, y finalmente en las leyes de Reforma, que nos legaron el más sólido Estado laico del continente americano.
A su vez, la Revolución Mexicana le dio a la humanidad la primera Constitución social, cuando el dogma dominante sólo reconocía derechos individuales.
En los largos años de la estabilidad institucional se ha reprochado a nuestra República la gran cantidad de reformas, más de 700, que se han hecho a nuestra Carta Magna, a través de un siglo.
Sin embargo, a pesar de ello, el pacto básico se ha mantenido. Es más, la andanada neoconservadora de la globalización cuestionó y matizó, pero no disolvió el pacto social constitucional.
En las últimas décadas, las luchas democráticas llevaron a la Constitución nuevos derechos sociales, derechos individuales, autonomías y la pluralidad política.
Hoy en día existe un conjunto de principios constitucionales que podemos calificar como irreductibles pilares de nuestra República, base de nuestra estabilidad. Entre ellos la Soberanía Popular, el Federalismo, el Municipio libre, la División de Poderes, las autonomías, el Estado laico, el voto universal, libre, directo y secreto; la no intervención y autodeterminación de los pueblos.
Asimismo, la propiedad originaria de la nación, la economía mixta, pública, privada y social; la rectoría económica del Estado, las áreas estratégicas exclusivas de la nación, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la progresividad de los derechos humanos.
Sin embargo, actualmente, desde distintas posturas políticas o ideológicas, todas y todos reconocemos que vivimos una nueva época de cambios y que existe un conjunto de propuestas jurídicas sobre la mesa.
Hasta ahora no parece que esté a la orden del día un nuevo Congreso Constituyente o una nueva Constitución, pero sí está planteada una nueva constitucionalidad a través de profundas reformas.
En el debate nacional se pueden identificar cuando menos 10 grandes trazos de una agenda que pretende modificar la Constitución y las leyes. Entre ellos encontramos los siguientes elementos.
Uno. La austeridad republicana, la honrada medianía y el combate a la corrupción.
Dos. La moderna abolición de los fueros y privilegios.
Tres. El establecimiento de una presidencia republicana.
Cuatro. La democracia participativa y directa.
Cinco. El reconocimiento del Estado de bienestar social y los nuevos derechos sociales.
Seis. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y la paridad en todos los órganos del Estado, los tres poderes, los tres niveles de gobierno y los órganos autónomos.
Siete. El reconocimiento de las diversidades y de los pueblos indios como sujetos de Derecho.
Ocho. El fin del corporativismo y la democracia sindical.
Nueve. La equidad salarial y el salario digno para el trabajador.
Y diez. Sufragio efectivo y limpieza electoral.
Sobre la Constitución hay muchas visiones teóricas. Es conocida la frase de Lasalle de que la Constitución son los factores reales de poder. Pero la tradición kantiana dice lo contrario: que la Constitución son los límites al poder. Hauriou afirma que la Constitución es la soberanía nacional.
El constitucionalista mexicano Arnaldo Córdova afirmó que la Constitución es norma fundamental, pero también proyecto nacional.
Señoras y señores:
Representantes populares de los estados y de los poderes:
Construyamos los consensos. Utilicemos el diálogo para realizar en esta hora de cambio político de la República y de renovación del proyecto nacional, las transformaciones que el país demanda.
Transformar fue el mandato del pueblo en las urnas.
Muchas gracias.
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