Reprocha Gobierno críticas de ONU-DH por tren maya...

Reprocha Gobierno críticas de ONU-DH por tren maya...
La 4T  se lanzó  contra la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), luego de que ésta afirmó que el proceso de consulta indígena y el ejercicio participativo sobre el Tren Maya no cumplieron con estándares internacionales.
En un pronunciamiento difundido por Presidencia, Secretaría de Gobernación, e INPI, sostuvo que la ONU-DH México no sólo perdió objetividad, sino que abonó a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la decisión que tomaron las comunidades indígenas.
Respetamos su posición política, pero no compartimos que la descalificación sea el método para posicionar las demandas que dicen abanderar en nombre de sus organizaciones”..
Caray...!
Secretaría de Gobernación Prensa
Participación democrática y diálogo permanente: vías necesarias para la construcción del Proyecto de Desarrollo Tren Maya.

23 de diciembre de 2019
Ciudad de México, 23 de diciembre de 2019.- Convencidos de que en la democracia manda el pueblo y que no se puede hacer nada por la fuerza, sino todo por la razón y el derecho, el Gobierno de México puso en manos de las comunidades indígenas y de la ciudadanía la decisión de implementar el Proyecto de Desarrollo Tren Maya. Para ello, el 15 de noviembre de 2019, con las formalidades necesarias, se convocó a un proceso de consulta indígena y ejercicio participativo ciudadano en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, anunciando incluso que sus resultados serían vinculantes.
Atendiendo a este mandato, se implementó el proceso de consulta indígena a través de 30 Asambleas Regionales, 15 Informativas y 15 Consultivas, efectuadas los días 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre de 2019, respectivamente, en las que participaron 10 mil 305 personas pertenecientes a 1,078 comunidades indígenas de las cinco entidades federativas.
Es importante destacar que asistieron 3 mil 502 participantes con el carácter de autoridades comunitarias, municipales, agrarias y tradicionales, con quienes se estableció un diálogo abierto, constructivo y horizontal.
Con este histórico proceso donde las comunidades indígenas aprobaron el Proyecto de Desarrollo Tren Maya -y se acordó la forma en que participarán en su implementación y en la distribución justa y equitativa de los beneficios-, el Gobierno de México demuestra con hechos su voluntad y compromiso de transformar la vida pública nacional con la participación democrática de la ciudadanía y, en especial, de los pueblos indígenas, en un marco de respeto, buena fe y sin ningún tipo de simulación o manipulación.
Por esta razón, expresamos nuestra preocupación ante las descalificaciones que han vertido diversos actores, en especial la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), pues prejuzgando sobre hechos futuros relacionados con el proyecto de desarrollo, abonan a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la legítima voluntad que han expresado las comunidades indígenas. 
Por ello, con la finalidad de contribuir a la certeza jurídica del proceso de consulta y los acuerdos alcanzados, así como para fortalecer la confianza generada entre todas las partes, el Gobierno de México considera necesario hacer las siguientes precisiones: 
Los estándares internacionales que prevén y garantizan la consulta indígena, son principios generales que los Estados deben adecuar a las realidades concretas y particularidades de cada medida administrativa o legislativa relacionada con los pueblos y comunidades indígenas involucradas. Por ello, en la consulta indígena fueron adecuados dichos estándares a las características específicas del Proyecto de Desarrollo Tren Maya, obra de modernización y ampliación del tren que actualmente funciona en los estados de Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán, y que, es importante destacar, cuenta con derechos de vía en un 95 por ciento de su trayecto; asimismo, tomó en consideración la diversidad cultural y natural de esa parte del territorio nacional.
De esta manera, el protocolo y la convocatoria contemplan una consulta de carácter general a todas las comunidades indígenas ubicadas en el área de influencia del proyecto, así como consultas específicas a comunidades que sean susceptibles de sufrir un impacto directo o significativo, las que habrán de ser identificadas cuando se tengan los estudios correspondientes.
La consulta indígena tuvo un carácter vinculante. Así lo anunció el titular del Poder Ejecutivo el 15 de noviembre de 2019, al hacer pública la convocatoria, y ese carácter tuvieron las 15 Asambleas Regionales Consultivas celebradas los días 14 y 15 de diciembre del año en curso, donde se tomaron acuerdos con autoridades e instituciones representativas de las comunidades indígenas que participaron en este proceso. De esto dan fe las actas de las Asambleas Regionales Consultivas suscritas por los representantes del Gobierno de México, las autoridades indígenas correspondientes y otras instancias participantes. Por ello, es falso que no se haya contemplado obtener el acuerdo o consentimiento de las comunidades consultadas como lo afirma la ONU-DH México.
Es aventurado afirmar sin fundamento que las comunidades hayan aprobado el proyecto a cambio de recibir atención a sus necesidades básicas como agua, salud y educación. En las 30 Asambleas Regionales no hubo una sola manifestación en este sentido, como se podrá observar de las evidencias documentales y videograbaciones de este proceso. Antes bien, tratándose de un proyecto de desarrollo, se estima oportuno, complementario y pertinente que las comunidades indígenas presenten temas de desarrollo económico, social, territorial y de infraestructura a funcionarios públicos de más de 26 dependencias de los órdenes municipal, estatal y federal que participaron en la consulta. Ello forma parte, en el proceso de diálogo que estipula la consulta, de los beneficios que puede conllevar un proyecto de desarrollo. La ONU-DH México pierde objetividad y asume la posición de una militancia social opositora, válida y respetable desde luego, cuyo único resultado satisfactorio habría sido el rechazo del proyecto, lo cual no fue el caso. Con esta actitud se aparta de su misión de construir las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos.
La consulta se sujetó a reglas y principios que privilegiaron la participación de todos. El protocolo y la convocatoria de la consulta, así como el material informativo, se tradujeron en lengua maya, ch’ol, tseltal y tsotsil; fueron ampliamente difundidos y directamente entregados a las autoridades e instituciones representativas de las comunidades indígenas asentadas en el trayecto del proyecto del Tren Maya. Gracias a esta amplia convocatoria participaron 1,078 comunidades indígenas durante las Asambleas Regionales Informativas, lo que representa el 74.86 por ciento; y 985 comunidades indígenas durante las Asambleas Regionales Consultivas, que representa el 68.40 por ciento, del total de 1,440 comunidades convocadas. En este sentido, lamentamos que algunas de las voces que hoy se pronuncian en contra del proceso de consulta y del proyecto de desarrollo, no hayan acudido a las asambleas regionales, a fin de poner en manos de los participantes sus opiniones y críticas, así como su propuesta de desarrollo. Respetamos su posición política, pero no compartimos que la descalificación sea el método para posicionar las demandas que dicen abanderar en nombre de sus organizaciones.
Afirmamos con claridad que no existe acuerdo alguno en el que las comunidades y pueblos indígenas autoricen el despojo de sus tierras, la destrucción de su cultura o la devastación del medio ambiente. Reiteramos el compromiso del Gobierno de México de respetar la integridad cultural y territorial de las comunidades indígenas ubicadas en el trayecto del Proyecto de Desarrollo Tren Maya. La consulta realizada fue el espacio para iniciar un proceso de diálogo permanente con las comunidades y pueblos indígenas de las cinco entidades federativas y será el espacio para seguir construyendo un futuro con justicia y dignidad que satisfaga sus reclamos históricos. 
Finalmente, es oportuno señalar que el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, requiere de un marco normativo adecuado, así como de una crítica constructiva que renueve la confianza de la ciudadanía y propicie condiciones para la construcción colectiva de soluciones a retos complejos. A ello está abierto y comprometido el Gobierno de México. Pero es preciso señalar que no contribuye a este propósito la descalificación ni la crítica simple, sin sustento, ligera y parcializada.
A todas las comunidades indígenas que participaron en la consulta indígena, hacemos patente que seremos respetuosos de sus derechos fundamentales y honraremos los acuerdos adoptados el 14 y 15 de diciembre de 2019.
A quienes por alguna razón no acudieron a las referidas asambleas, anunciamos que continuaremos el diálogo para que, con la participación de todas y todos, construyamos juntos un horizonte de esperanza para nuestros pueblos, a fin de alcanzar la paz, la justicia y la democracia en nuestro país.
Comunicado conjunto