Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2022,

El Parlamento Europeo pidió el jueves 10 de marzo a las autoridades mexicanas que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos

En una resolución aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, la Cámara destaca que "México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra". Sólo desde principios de 2022 han sido asesinados siete periodistas.

Los eurodiputados resaltan que la situación se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018: según fuentes oficiales, al menos 47 periodistas han sido asesinados desde entonces. A ello se suma, advierte el texto, un problema endémico de impunidad, ya que alrededor del 95 % de los asesinatos de periodistas permanecen impunes.

Jueves 10 de marzo de 2022 - Estrasburgo

 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2022, sobre la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México (2022/2580(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre México,

–  Vistos el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra(1) (Acuerdo Global UE-México), en vigor desde 2000, y el acuerdo modernizado,

–  Vistos los diálogos de alto nivel UE-México sobre derechos humanos y el diálogo de alto nivel sobre cuestiones multilaterales,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos y sobre la libertad de expresión en internet y fuera de internet,

–  Vista la declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza, de 15 de febrero de 2022, sobre el asesinato del periodista Heber López Vásquez,

–  Vista la declaración conjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 28 de enero de 2022, en la que se condena el asesinato de María de Lourdes Maldonado López,

–  Vista la declaración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 19 de octubre de 2020, titulada «Experta de la ONU exhorta a México a aumentar la protección de las personas defensoras de derechos humanos»,

–  Visto el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, de 2012,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la violencia, las violaciones de los derechos humanos y los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos, incluidos los defensores del medio ambiente y los pueblos y comunidades indígenas y los defensores de los derechos de las mujeres, están aumentando enormemente en México; que la violencia generalizada en México sigue intensificándose, como se mostró durante las elecciones locales y regionales de junio de 2021, y que la situación del Estado de Derecho se está deteriorando de forma grave; que un número preocupante y dramático de periodistas y defensores de los derechos humanos, en particular los que investigan casos de corrupción que implican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de cárteles delictivos de la droga, especialmente a nivel local, son apercibidos, acosados, amenazados, violados, atacados, hechos desaparecer e incluso asesinados, y vigilados por autoridades gubernamentales o grupos delictivos; que el 27 de febrero de 2022 se produjo una masacre en la que diecisiete personas fueron asesinadas;

B.  Considerando que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra, según diferentes organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales; que, según Reporteros Sin Fronteras, en 2021 y por tercer año consecutivo, México fue el país más peligroso del mundo para los periodistas y ocupó el puesto 143 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2021;

C.  Considerando que 2022 marca el comienzo de año más mortífero para los periodistas en México, con al menos seis periodistas asesinados; que los asesinatos de María de Lourdes Maldonado López, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Heber López Vásquez o Roberto Toledo son solo algunos ejemplos dramáticos de ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación; que los periodistas han de soportar unas condiciones laborales deficientes y muchos carecen de acceso a los servicios de salud y atención mental; que la situación se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018, y que al menos 47 periodistas han sido asesinados desde entonces, según fuentes oficiales;

D.  Considerando que, según la Secretaría de Gobernación del Gobierno mexicano, desde diciembre de 2018 al menos 68 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en México; que el nivel de violencia contra las mujeres y el número de feminicidios son elevados y que, a pesar de algunas medidas institucionales, el número de personas que han desaparecido es muy alarmante;

E.  Considerando que el presidente López Obrador ha utilizado con frecuencia una retórica populista en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas; que la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes; que, bajo el pretexto de luchar contra las noticias falsas, el Gobierno mexicano ha creado una plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica; que, en febrero de 2022, los periodistas organizaron protestas en 13 de los 32 Estados de México exigiendo mayor seguridad y más investigaciones sobre los ataques contra periodistas;

F.  Considerando que, en enero de 2022, el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantenía medidas de protección para 1 518 personas, 1 023 defensores de los derechos humanos y 495 periodistas; que el Mecanismo está lastrado por graves deficiencias en lo que se refiere al volumen de la financiación y al número de empleados de que dispone, una falta de acompañamiento adecuado, una falta de coordinación con los Gobiernos estatales y retrasos en la aplicación de las medidas de protección, que a menudo costaron vidas; que al menos nueve beneficiarios que se encuadraban en el programa de protección han sido asesinados;

G.  Considerando que el Estado mexicano está trabajando en la creación de un sistema nacional de prevención y protección para defensores de los derechos humanos y periodistas, que se basará en una Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos e incluirá la adopción de un modelo nacional de prevención, la creación de registros nacionales de ataques y la aplicación de un protocolo nacional de protección;

H.  Considerando que la corrupción institucionalizada y generalizada, inducida por un sistema judicial deficiente, genera un problema endémico de impunidad, ya que alrededor del 95 % de los asesinatos de periodistas permanecen impunes; que, como ha señalado la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta impunidad envía un mensaje de permisividad de la violencia, lo que alienta la comisión de nuevos delitos y genera un efecto de autocensura; que el Gobierno mexicano no ha llevado a cabo de forma adecuada las reformas necesarias para reducir la violencia y la impunidad, incluidos los delitos contra periodistas y defensores de los derechos humanos;

I.  Considerando que existen claros indicios de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica destinadas a luchar contra el terrorismo y los cárteles, incluido el programa espía Pegasus, contra periodistas y defensores de los derechos humanos;

J.  Considerando que, en noviembre de 2020, México ratificó el Acuerdo de Escazú, que establece una fuerte protección de los defensores del medio ambiente; que México debe dar prioridad a su aplicación;

K.  Considerando que recientemente se ha presentado en el Congreso una propuesta legislativa preocupante que tiene por objeto prohibir a cualquier ONG que reciba financiación extranjera que intente influir en la legislación o participar en litigios estratégicos;

L.  Considerando que varias reformas constitucionales de los sistemas electoral y judicial, iniciadas por la administración de López Obrador, plantean dudas sobre la estabilidad del Estado de Derecho y la seguridad jurídica;

M.  Considerando que la asociación estratégica UE-México ha permitido una cooperación más estrecha entre México y la Unión Europea en asuntos de importancia mundial, y en particular un diálogo ampliado, una mayor coordinación y el desarrollo de los intercambios en ámbitos como la seguridad, los derechos humanos, la reforma electoral, el desarrollo regional y las políticas regulatorias y comerciales; que México y la Unión Europea comparten valores comunes;

N.  Considerando que el Acuerdo Global UE-México incluye cláusulas sobre derechos humanos y democracia, concretamente en sus artículos 1 y 39; que el diálogo de alto nivel UE-México sobre derechos humanos que tuvo lugar en 2020 culminó en un acuerdo sobre el trabajo conjunto en México para reforzar la protección de los defensores de los derechos humanos;

1.  Condena las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, incluidos defensores del medio ambiente y de los pueblos y comunidades indígenas; pide a las autoridades que investiguen los asesinatos de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial y, en el caso de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, de conformidad con el protocolo aprobado para la investigación de los delitos contra la libertad de expresión;

2.  Transmite su más profunda solidaridad y empatía, así como su más sentido pésame, a todas las víctimas de los atentados terroristas y a sus familias; reitera su preocupación por el clima de inseguridad y hostilidad al que se enfrentan los defensores de los derechos humanos y los periodistas y manifiesta su solidaridad para con ellos;

3.  Subraya que la libertad de expresión en línea y fuera de línea, la libertad de prensa y la libertad de reunión constituyen mecanismos clave para el funcionamiento de una democracia sana; pide a las autoridades mexicanas que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para los periodistas y los defensores de los derechos humanos en consonancia con las normas internacionales establecidas, entre otras formas, abordando a escala estatal y federal el problema de la corrupción generalizada, la formación y los recursos inadecuados, la complicidad de algunos funcionarios y los sistemas judiciales deficientes, lo que da lugar a unas tasas tan elevadas de impunidad;

4.  Observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor, y condena los frecuentes ataques contra la libertad de los medios de comunicación y contra los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación en particular; reitera que la labor periodística solo puede llevarse a cabo en un entorno libre de amenazas, agresiones físicas, psicológicas o morales u otros actos de intimidación y acoso, y pide a las autoridades mexicanas que defiendan y salvaguarden las normas más estrictas en materia de protección de la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de elección;

5.  Pide a las autoridades, y en particular a las más altas instancias, que se abstengan de publicar cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, exacerbar el ambiente contra ellos o distorsionar sus líneas de investigación; pide a dichas autoridades que destaquen públicamente el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos y los periodistas en las sociedades democráticas;

6.  Insta al Gobierno de México a que adopte medidas concretas, rápidas y eficaces para reforzar las instituciones nacionales, estatales y locales y a que aplique un conjunto de estrategias urgentes, exhaustivas y coherentes de prevención, protección, reparación y rendición de cuentas con el fin de garantizar que los defensores de los derechos humanos y los periodistas puedan continuar sus actividades sin temor a represalias y sin restricciones, en consonancia con las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; recomienda que México integre una perspectiva de género al abordar la seguridad de los periodistas y los defensores de los derechos humanos;

7.  Insta al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que cumpla su promesa de aumentar su financiación y sus recursos y a que establezca unos procesos más rápidos para incluir a los defensores y periodistas entre sus beneficiarios, al objeto de salvar vidas y garantizar la seguridad de las personas amenazadas, incluida la concesión de medidas de seguridad a sus familias, colegas y abogados; subraya que las políticas de protección pública deben implicar efectivamente a los organismos e instituciones gubernamentales de cada Estado y al nivel local;

8.  Anima al Gobierno mexicano a que adopte medidas para reforzar las instituciones del Estado y consolidar el Estado de Derecho con el fin de abordar algunos de los problemas estructurales que subyacen a las violaciones de los derechos humanos, y pide que las organizaciones civiles que trabajan en el ámbito de los derechos humanos participen en este proceso; acoge con satisfacción la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) con el objetivo de buscar fosas comunes en todo el país y tomar medidas para determinar y publicar el número real de personas que han desaparecido;

9.  Pide al Gobierno mexicano que coopere plenamente con los órganos de las Naciones Unidas y que extienda una invitación permanente de visita a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que coopere con ellos de manera proactiva;

10.  Acoge con satisfacción la reciente visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada a México y el reconocimiento por parte del Gobierno de la jurisdicción del Comité para examinar casos referentes a México, permitiendo que las familias de las víctimas presenten casos ante el Comité una vez hayan agotado los recursos legales a escala nacional;

11.  Pide a todos los Estados miembros, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Delegación de la Unión Europea en México que planteen las preocupaciones en materia de derechos humanos a sus homólogos mexicanos y que confieran a la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos un lugar destacado en los diálogos UE-México; insta a la Delegación de la Unión y a los Estados miembros a que apliquen plenamente las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos y sobre la libertad de expresión en internet y fuera de internet, con el fin de prestar todo el apoyo adecuado a la labor de los defensores de los derechos humanos y los periodistas;

12.  Subraya la relevancia de México como socio estratégico; recuerda la importancia de una relación sólida y profunda entre la Unión Europea y México y reafirma su compromiso de fomentar las relaciones a través del Acuerdo Global UE-México modernizado, que refuerza aún más las disposiciones en materia de derechos humanos y permite a la Unión y a México debatir una serie de cuestiones, como los derechos humanos, con la sociedad civil, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos y otros interlocutores a escala multilateral;

13.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros, a la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al presidente, al Gobierno y al Congreso de México.

(1) DO L 276 de 28.10.2000, p. 45.

Última actualización: 11 de marzo de 2022