La Sala Superior del TEPJF discutirá en los próximos días la propuesta de la magistrada ponente Janine Otálora de restituir a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE...
El presidente López Obrador acusó a la magistrada Janine Otálora de actuar de forma “parcial e ilegal”, tras presentar un proyecto en el que propone que el Tribunal Electoral inaplique el artículo del llamado plan B que ordenó el cese inmediato del ahora ex secretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo, por considerar que va contra la Constitución.
Después de que se reveló este proyecto, AMLO a través de su consejería jurídica, exigió al TEPJF que la magistrada Otálora no participe en la votación del asunto, al considerar que tras haberse hecho pública la propuesta se está violando el debido proceso.
Aunque el Presidente no forma parte de esta impugnación, pues se trata de un juicio electoral interpuesto por el INE y por el propio Edmundo Jacobo contra las leyes promulgadas por el Congreso de la Unión, López Obrador entró a la discusión exigiendo el veto de la magistrada.
María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente presentó un incidente de impedimento para que la magistrada se abstuviera de participar en la resolución.
"Promueve impedimento en el expediente SUP-JDC-118/2023, al considerar que la Magistrada Janine Otálora, instructora en dicho juicio, ha dado a conocer, en forma indirecta o directa, su postura de Magistrada ponente ante la opinión pública sobre la demanda de Edmundo Jacobo Molina", se lee en la publicación del turno en la página electrónica del Tribuna
Pese a que el proyecto no fue difundido por Otálora ni se expuso alguna prueba que así lo demostrara, la consejera Juridica la acusa de actuar “de manera parcial e ilegal” tras darse a conocer “de forma directa o indirecta su postura de magistrada ponente ante la opinión pública”.
El escrito termina advirtiendo que “de estimarse lo contrario, podría entenderse que el tribunal actúa de manera parcial y arbitraria, lo que vulneraría el Estado de derecho y dejaría en duda la legitimidad de dicho tribunal”.
Por la mañana, el Presidente fue cuestionado sobre el tema, quien señaló que no le extrañaba porque “ese tribunal ha retorcido la ley como ha querido”...“No me extraña porque es parte de lo mismo, es el mismo grupo, lo único que dejaría de manifiesto, una vez más, es que son muy ambiciosos, sobre todo este señor (Jacobo) que estuvo ahí 30 años, 14 y 15 años ganando un dineral.
Hoy lo llamó don Porfirio..
La Sala Superior del TEPJF discutirá en los próximos días la propuesta de la magistrada ponente Janine Otálora de restituir a Edmundo Jacobo.
El pleno determinó que el asunto no es apremiante, ya que se distribuyó fuera del límite ordinario, y NO serán discutidos en la sesión de este miércoles 8 de marzo.
El jueves 2 de marzo a las 07:36 horas se recibió el expediente SUP-JE-23/2023 y a las 11:12 horas el expediente SUP-JDC-118/2023.
A las 20:18 horas del mismo día, la magistrada Janine M. Otálora Malassis circuló el proyecto de sentencia, a través de la lista de distribución de correo electrónico, para análisis de las magistraturas.
Al tratarse de un asunto que se distribuyó fuera del límite ordinario (jueves de cada semana a las 18:00 horas), el pleno de la Sala determinó que el asunto no reviste el carácter de urgente, por lo que se acordó no listarlo para resolverse en la sesión pública.
Por otro lado, una jueza admite a trámite amparo que impugna cese de Edmundo Jacobo del INE.
De acuerdo con registros judiciales- dice Milenio-, el amparo fue promovido el 2 de marzo, fecha en que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
En la demanda, se omite el nombre del quejoso, pero enfatiza que su demanda está dirigida contra el artículo décimo séptimo transitorio, a través del cual se ordenó a Edmundo Jacobo Molina ser cesado del cargo.
El quejoso solicitó que se concediera la suspensión provisional, pero la juzgadora no dio a conocer si otorgó la medida cautelar.
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Avivan ley antinarco en EU ¡para México!:Reforma Pp
El plagio de cuatro estadounidenses en Matamoros, dos de ellos asesinados presuntamente por elementos del Cártel del Golfo, reavivó presiones y propuestas de una acción militar de Washington en territorio mexicano.
El Senador republicano por Florida, Marco Rubio, también reclamó. "El Presidente mexicano le ha entregado secciones enteras de su País a los cárteles de la droga que han invadido nuestra frontera sur", dijo Rubio.
Con una postura menos agresiva, el Senador republicano Ted Cruz, de Texas, dijo que la respuesta al problema no es la invasión a México.
"La respuesta es presionar a México y hacer que el Ejército mexicano arreste a estos tipos y los extradite a Estados Unidos", señaló Cruz en una entrevista con Fox News.
El Procurador General de EU, Merrick Garland, aseguró que el Departamento de Justicia será implacable en el castigo de los culpables.
El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expuso su preocupación por la situación en Tamaulipas.
"Nos preocupa particularmente el control que ejerce el cártel del Golfo en la zona conocida como la frontera chica", apuntó.
Y muchas reacciones más...
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Las columnas políticas hoy, miércoles 8 de marzo de 2023
A sus órdenes, señor Presidente
Bajo Reserva/el Universal
Nos hacen ver que quien no lució muy bien ayer fue el gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien, sin que le dijeran agua va, fue puesto en altavoz por el presidente Andrés Manuel López Obrador en plena conferencia de prensa mañanera para que informara sobre el estatus del caso de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros —dos de ellos fueron asesinados—. La crítica no fue el que se informara al Presidente de lo sucedido, sino el tono en el que lo hizo don Américo. “Señor, siguiendo sus instrucciones y el trabajo conjunto, no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos a este problema, y hoy, aproximadamente hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos, y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la fiscalía”. ¿Un gobernador que recibe instrucciones del Presidente?
Una oferta para MC por sus votos en el Edomex
Nos dicen que dentro de la alianza PAN-PRI-PRD hay una oferta sobre la mesa para Movimiento Ciudadano para que dirijan el voto de su militancia en el Estado de México hacia esa coalición. El ofrecimiento, nos comentan, es que ellos no harían sombra al candidato que MC decida presentar al gobierno del estado de Jalisco en la elección de 2024, entidad que hoy es gobernada por el emecista Enrique Alfaro. ¿Qué pensará MC de la oferta?
Feminismo a contentillo
Nos cuentan que feministas de larga carrera, y que hoy forman parte del oficialismo en el Senado, al parecer, olvidaron su lucha histórica y ante los cuestionamientos de senadoras del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional por la violencia verbal, descalificación y linchamiento mediático cotidiano del presidente López Obrador contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, optaron por el silencio o por justificar al inquilino de Palacio Nacional. Malú Micher, Citlalli Hernández, entre otras. Hay defensas más importantes que hacer, que la defensa de las mujeres que son víctimas de la violencia verbal.
Senador pide que omitan su apellido materno
Nos cuentan que, en el Senado, el presidente de la Mesa Directiva, el poblano, Alejandro Armenta Mier, instruyó a sus operadores de prensa que omitieran su segundo apellido de toda comunicación oficial y entrevistas. Será que el aspirante a la candidatura al gobierno de Puebla le pesa el apellido Mier por aquello de que lo vayan a confundir con su primo el diputado Ignacio Mier, quien es su rival dentro del partido, pues ambos quieren la candidatura al gobierno de Puebla. ¿Qué va a decir la familia Mier?
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Confidencial/El Financiero
Según el titular de Gobernación, Adán Augusto López, otra vez “los señores Ciro Murayama, Lorenzo Córdova y otros actores relevantes de la oposición” mienten al asegurar que los despidos por el plan B de la reforma electoral “son de aproximadamente 8 mil trabajadores”. Ayer en Guadalajara el tabasqueño sacó sus ‘otros datos’ y dijo: “No, son mil 200, porque son 2 por 32, son 64 y 4 por 300, mil 200, son mil 264 becarios que terminan su función…”. “Porque es una beca suculenta, en la cual solamente trabajan 20 días al año…”. ¿Será?
‘Se cae el sistema’ de examen para consejeros del INE
Además de que algunos ni llegaron y abandonaron el proceso, al comité técnico de evaluación “se le cayó el sistema” electrónico durante el examen de ayer a los aspirantes a consejeros del INE. “Fue un examen electrónico en tabletas y se les descompuso por algún momento, se les desbordó el sistema”, reveló Sergio González Muñoz, el primero en terminar la prueba y salir del salón de plenos de San Lázaro. Se notó la ausencia de 23 aspirantes, de los 531 que pasaron a esta etapa, que no acudieron a responder las 80 preguntas sobre derecho constitucional, derecho electoral, derechos humanos…
Me confunden, dice Ovidio
Ovidio el Ratón Guzmán, hijo del Chapo, dice que él no es quien las autoridades dicen que es. Durante la audiencia donde se le informó a Guzmán que Estados Unidos quiere que cumpla su condena en allá, el Ratón sostuvo que “no soy la persona que ellos creen”. Es claro que se trata de una estrategia legal del capo para no ser extraditado, y busca apostar a que lo arrestaron solamente por un posible parecido físico. Como la quinta dimensión.
Mensajes claros del PJF
Contundente mensaje mandó el ministro Jorge Pardo para defender la independencia del Poder Judicial, y resaltando que los juzgadores del país no son oposición, como se señala con frecuencia en la mañanera. Más prudente, aunque no menos contundente, fue la ministra presidenta, Norma Piña, quien resaltó que “entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos”. Con esto, la ministra quiso decir que los ministros se apegan a la Constitución. Punto.
Gertz, ahora sí a chambear
Ante los hechos de Tamaulipas, el presidente López Obrador sostuvo un encuentro privado con Alejandro Gertz Manero por alrededor de dos horas, y a poco de que se confirmó el hallazgo de los secuestrados, dos de ellos sin vida, y la detención del primer implicado.
Amurallan Palacio
Ni la mañanera dura tanto. El amurallamiento de la mayor parte de la Plaza de la Constitución ante la marcha feminista de hoy duró alrededor de cuatro horas, pues fueron decenas y decenas de placas que se colocaron para resguardar los edificios históricos.
Taboada no espera a eso de “el golpe avisa…”
¿Qué sabrá el alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, que ya anda anticipándose al golpe? “Me informan que la jefa de Gobierno @Claudiashein y su fiscal @ErnestinaGodoy_ preparan un nuevo ataque, en el marco de la persecución política y la elección de Estado en la que se han empeñado. El motivo: mi intención de gobernar la ciudad en 2024″, acusó en su cuenta de Twitter. Veremos qué es lo que sucede.
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Templo Mayor/ en REFORMA;
BASTÓ con que Estados Unidos le tronara los dedos al gobierno mexicano para que por fin las autoridades federales y estatales hicieran lo que siempre deberían hacer: proteger a las víctimas y perseguir a los criminales. Lo ocurrido en Matamoros deja muy mal a la 4T, por donde se le vea.
DE ENTRADA resulta evidente que ni el gobierno federal ni los estatales tienen bajo control el territorio nacional. En el caso específico de Tamaulipas, la administración de Américo Villarreal gobierna en el pedacito que le deja el crimen organizado. Además, la intervención rápida y sin miramientos de las dependencias norteamericanas puso en evidencia a las mexicanas, pues nunca actúan y ni siquiera se plantean la posibilidad de perseguir a los criminales.
LO MÁS GRAVE es ver cómo se ha normalizado en México la barbarie y la violencia. El video del ataque y levantón de los cuatro estadounidenses fue visto en redes sociales sin que nadie pusiera el grito en el cielo, nadie se preocupara por saber quiénes eran las víctimas y, sobre todo, dónde se las habían llevado. De no haber sido ciudadanos de EU, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no habría reaccionado y el video habría sido uno más de los muchos que se registran a diario en el país de los abrazos para los delincuentes.
QUE NADIE se sorprenda si los morenistas obtienen las mejores calificaciones en el examen que ayer se aplicó a quienes aspiran a ser consejeras y consejeros del INE. Y no es porque hayan estudiado mucho... ¡sino porque les filtraron las respuestas!
ASPIRANTES que participaron aseguran, sin mucha duda, que varios candidatos cercanos a la 4T llevaban acordeón. Y el examen tenía preguntas que, en vez de medir qué tanto sabían de leyes electorales, parecían teledirigidas para que sólo unos cuantos contestaran. Tan es así que verdaderos expertos en legislación electoral no le encontraban la cuadratura al examen.
SERÍA muy extraño -y lamentable- que se hubiera filtrado el examen. Sobre todo porque no se ve quién en el Comité Evaluador podría estar interesado en huachicolear al INE. Porque Enrique Galván Ochoa nomás es morenista de hueso colorado y uno de los jilgueros favoritos del Presidente; Andrés García Repper fue representante de Morena en Tamaulipas; y Evangelina Hernández trabajaba en la Guardia Nacional. Ni modo de pensar que alguno de ellos está actuando de forma partidista. ¿Verdaaad?
MILES y MILES y miles de mujeres salen hoy a las calles, a las plazas, a las redes de todo el país. Es el Día Internacional de la Mujer, pero no salen a celebrar. Salen a reclamar por sus derechos; por una igualdad de oportunidades en la vida real y no en los discursos; piden, exigen seguridad para ellas, sus madres y sus hijas, de tal forma que deje de ser normal hablar de 10 feminicidios al día. Y si salen y se movilizan no es por gusto, no es por hacer enojar a alguien en Palacio Nacional (aunque se enoje), lo hacen porque es necesario y es justo y es tiempo de hacerlo.
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Estrictamente Personal
Asesinatos en Matamoros/Raymundo Riva Palacio
El Financiero,
Desde 1985, cuando secuestraron en Guadalajara al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, no se había visto una reacción pública y generalizada en Estados Unidos –gobierno, políticos y medios– tan uniformemente encendida como ahora, con la privación de la libertad de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, y que crecerá tras la ejecución de dos de ellos. El episodio, como sucedió hace 38 años, provocó una crisis en el gobierno mexicano. Hay un problema de Estado, y el gobierno mexicano quedó envuelto en sus contradicciones.
El gabinete de seguridad federal y el gobierno tamaulipeco, que encabeza el morenista Américo Villarreal, que se reunieron ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocían al detalle desde hace meses las operaciones criminales en Matamoros, una plaza totalmente controlada por el Cártel del Golfo. No había acciones contra esa organización criminal en la ciudad, que ha sido su bastión por años, porque no estaba bajo disputa. En sus calles operaba, de manera impune, el grupo armado del cártel, llamado Escorpión, probablemente el responsable directo del secuestro y asesinato de los estadounidenses.
Matamoros es una de las 13 ciudades hermanas en la frontera con Estados Unidos, vecina de Brownsville, que a falta de acceso al mar de la ciudad tamaulipeca, depende del cercano puerto de Brownsville para las exportaciones marítimas. En esa ciudad, centro de control de todas las actividades del Cártel del Golfo en Tamaulipas y en San Luis Potosí, donde también tienen fuerte presencia, se da una febril actividad criminal, como el tráfico humano, el contrabando de todo tipo de mercancías, incluidos los combustibles, y el control de la aduana, que actualmente está administrada por la Marina.
Nada se mueve sin que lo sepa el Cártel del Golfo, que tiene en Matamoros un santuario desde donde se dirige la guerra contra el Cártel del Noreste, que tiene su base en Nuevo Laredo, y con el que disputa el control en la zona llamada ‘ribereña’, que comprende Ciudad Gustavo Díaz Ordaz, Nueva Ciudad Guerrero y Miguel Alemán. Díaz Ordaz, el punto más cercano donde hay enfrentamientos, está a 134 kilómetros de Matamoros.
El Cártel del Golfo mantiene otra zona de confrontación en Ciudad Valles, San Luis Potosí, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero a 550 kilómetros al sur de Matamoros. Desde octubre, en otro flanco abierto con un viejo aliado del cártel, y en la actualidad con el Jalisco Nueva Generación, Héctor Crescencio de León Fonseca, el R-3 o el Pantera, la organización empezó a desplegar sus sicarios hacia El Mante, a 224 kilómetros al sur de Matamoros, y a Jiménez, a 450 kilómetros, que conecta con la costa del municipio Soto la Marina, que son de alta relevancia para el tráfico de migrantes.
El secuestro de los estadounidenses fue en el centro de Matamoros. De acuerdo con el reporte inicial de las autoridades, el viernes pasado, la privación de la libertad se dio al término de la persecución de una camioneta a la que le iban disparando, que chocó con dos vehículos, en uno de los cuales, una miniván blanca, iban las víctimas. Los criminales los echaron en el piso de una camioneta pick up y, según un informe publicado por El Universal, fueron encontrados ayer en el ejido de El Tecolote, a poco más de 10 kilómetros al noreste de Matamoros, que tiene una población de apenas un centenar de personas.
No se conocen detalles de cómo fue que llegaron las autoridades a ese ejido, aunque todo indica que fue un hallazgo, no como resultado de una investigación. Tampoco se sabe qué motivó la persecución de un vehículo en el centro de Matamoros, aunque existe la posibilidad de que se tratara de una acción preventiva. La experimentada corresponsal en Washington, Dolia Estévez, informó, de acuerdo con fuentes estadounidenses con quienes habló, que habían sido confundidos con traficantes haitianos. En abono a esta versión, en estos momentos no hay ninguna disputa por el liderazgo del Cártel del Golfo, como fue hace un año, tras la captura de José Alfredo Cárdenas Martínez, apodado el Contador, en la Ciudad de México.
Tras su detención se generó una disputa entre los lugartenientes de Cárdenas Martínez, y su primo Osiel Cárdenas, Osielito, hijo del astuto y sanguinario exjefe del Cártel del Golfo y Los Zetas, Osiel Cárdenas. Las disputas no cesaron y en la actualidad no hay un liderazgo visible en la organización, aunque desde el lunes, como consecuencia del secuestro, se comenzó a manejar en las zonas criminales en Matamoros el nombre de José Alberto García Vilano, el Kena, uno de los jefes en esa ciudad, como el posible nuevo líder del cártel.
La estructura criminal del Cártel del Golfo, sus alianzas y sus enemigos, sus actividades y protección institucional no eran desconocidos por el gobierno mexicano. En uno de los correos hackeados por el grupo conocido como Guacamayas a la Secretaría de la Defensa Nacional, se describe cómo las diferentes facciones del Cártel del Golfo tenían la protección y el apoyo de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional para enfrentar al CJNG. El reporte del Ejército señala cómo el cártel reclutó a miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la policía tamaulipeca y de la Guardia Nacional, para ubicar a las células del CJNG y de sus aliados al mando del Pantera.
El secuestro y la ejecución de los estadounidenses dejó expuesto al gobierno mexicano. Por un lado, la rapidez con la que las autoridades encontraran a los estadounidenses explica la celeridad con la que los criminales se deshicieron de una bomba que les estalló en sus manos, no una eficiente investigación. Con toda la información recabada por el Ejército, como se reveló en el correo de los Guacamaya Leaks difundido a mediados del año pasado, lo increíble es que no tuvieran inteligencia actualizada para encontrarlos antes. Si no capturan a los autores intelectuales y materiales, el calor quemará en Palacio Nacional, porque saben aquí y en Washington quién manda en Matamoros.
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A vivos y muertos los movían de un lado a otro/Héctor De Mauleón
Fuentes consultadas indican que es probable que,al ver el tamaño del problema, el mismo Cártel del Golfo reveló la ubicación de las víctimas
El Universal, 08/03/2023;
Uno de los sobrevivientes dijo que el olor a muerto era tan fuerte que no podían resistirlo. A vivos y muertos los movieron de un rancho a otro, a través de brechas de terracería, en los extensos campos que circundan Matamoros.
Desde el pasado viernes habían circulado en redes sociales imágenes que ilustraban la manera en que cuatro ciudadanos estadounidenses eran arrastrados, “como perros muertos”, dijo uno de los familiares de las víctimas, hasta la caja de una camioneta de color blanco,
Las cámaras del C5 mostraron que en los hechos ocurridos en la calle Lauro Villar habían participado cinco o seis vehículos que se dirigieron hacia el rumbo de Playa Bagdad, en la región costera.
En Lauro Villar había quedado abandonado el vehículo en que los cuatro extranjeros habían llegado a Matamoros, la mañana del 3 de marzo. Una de las viajeras, según las autoridades, habría acudido a practicarse una liposucción. La unidad tenía placas de Carolina del Norte.
La primera versión indicaba que “los levantados” eran haitianos involucrados en el tráfico de drogas. Se pensó que se había tratado de un enfrentamiento entre los grupos criminales que disputan el control de esa parte de la frontera, y son escisiones del Cártel del Golfo.
Una identificación hallada en el interior de la camioneta abandonada indicó otra cosa. Pero no había denuncias de desaparición. Agentes de la fiscalía contactaron a autoridades estadounidenses basadas en el Consulado General de Estados Unidos en Matamoros para ver si el vehículo tenía reporte de robo. Mientras avanzaba el fin de semana, las pesquisas dejaron claro que no se trataba de ciudadanos haitianos, sino de un grupo de estadounidenses que aquella misma mañana había cruzado desde Brownsville, Texas.
El domingo, el FBI tomó conocimiento del asunto y entabló comunicación con el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas. El Buró solicitó también la ayuda de ciudadanos que pudieran aportar información: ofreció una abultada recompensa y abrió una línea de emergencia para la recepción de datos. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se comunicó con el gobernador Américo Villarreal —quien mientras Matamoros se hallaba en llamas había salido a practicar el alpinismo. La fiscalía estatal solicitó también la colaboración ciudadana.
A lo largo del lunes se comenzaron a recibir llamadas. Supuestos testigos hablaban de convoyes que se movían en brechas, de vehículos incendiados, de migrantes secuestrados y de cadáveres abandonados en ranchos y ejidos.
Fuentes cercanas a la investigación relatan que agentes de la fiscalía, reforzados por más de 40 agentes federales de la Conase, se dividieron en bloques de búsqueda y comenzaron a seguir las pistas. “Fueron a todas”, explican. Pero no había ni incendios ni muertos.
Al fin, quedaron solo 17 puntos.
Los “halcones” del Cártel del Golfo, a quienes el viernes pasado no les llevó mucho detectar el arribo de los estadounidenses, se habían esfumado de las calles. No había rastros de Ciclones, ni del temible Grupo Escorpión.
La búsqueda tomó toda la noche del lunes.
En la región hay ranchos de cientos y de miles de hectáreas. Lugares en que a lo lejos se yergue solo una casucha abandonada, el cuarto de los peones o el sitio en que se almacenan herramientas y materiales.
Ayer en la mañana, de acuerdo con autoridades consultadas, uno de los grupos se aproximó al ejido El Tecolote, en las inmediaciones del sitio conocido como La Lagunota: un lugar de apenas un centenar de habitantes repartidos a lo largo de extensos campos.
Había un pequeño cobertizo pintado “de color shedrón o ladrillo”. A un lado estaban algunas de las camionetas que los investigadores buscaban.
Ahí hallaron a los dos sobrevivientes del drama que comenzó en la calle Lauro Villar. Ahí estaban también los cuerpos de quienes perdieron la vida, y entraban ya en descomposición.
Fuentes consultadas indican que es probable que, al ver el tamaño del problema, el mismo Cártel del Golfo reveló la ubicación de las víctimas (lo que explicaría que a vivos y muertos los llevaran de un lado a otro).
Un joven de unos 23 años, encargado presuntamente de cuidar a los secuestrados, fue aprehendido en el lugar. Una fuente indica que “estaba aleccionado”, que “pidió un abogado”, que se negó a hablar.
De acuerdo con el relato oficial, un par de horas después de llegar a Matamoros, sicarios del CDG le marcaron el alto a los estadounidenses: estos no se quisieron detener por miedo.
Un grupo de camionetas comenzó a perseguirlos y entonces les tiraron. Uno de los visitantes echó a correr: le dispararon. Los otros se echaron al piso. Los sicarios subieron a rastras a la caja de una camioneta a los cuatro extranjeros (al menos uno ya estaba muerto), y las sacaron de Matamoros. Todo ocurrió a unas calles del Palacio Municipal, en pleno viernes, a las 11:40 de la mañana.
A los visitantes los movieron al menos tres veces: “los tenían unas horas, revueltos a los vivos con los muertos, en una casa de seguridad. Los interrogaban. Más tarde los llevaban a otro sitio”.
Pronto se conocerá a detalle la historia de Latavia McGee, Shaeed Woodard, Zindella Brown y Eric Williams. Pronto se sabrá si eran extranjeros en viaje médico o si su viaje tuvo otros motivos.
En todo caso, la suya será una historia propia de la realidad que miles de mexicanos viven diariamente en Tamaulipas, y no solo en Tamaulipas: en el país del presidente “más popular del mundo”, colocado de pronto en el campo de visión de la Casa Blanca, del FBI, del planeta entero.
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Vecinos encolerizados/Francisco Garfias
Arsenal
Excelsior,
Tenían que secuestrar a cuatro ciudadanos de Estados Unidos –dos de ellos asesinados– para que el gobierno mexicano dejara de voltear para otro lado frente a las continuas masacres que el crimen organizado comete a sus anchas por todo el país.
En los cuatro años, tres meses, veinte días de “abrazos, no balazos”, han sido asesinados más de 140 mil ciudadanos mexicanos, una cifra más alta que en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. Guanajuato, Sinaloa, Zacatecas, Sonora, Colima, Guerrero, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, entre otros, son estados donde el narco controla porciones del territorio.
Las matanzas se suceden unas tras otras, pero el Presidente tiene “otros datos”: En México ya no hay masacres.
* Los cuatro estadunidenses secuestrados fueron localizados en tiempo récord, si lo comparamos con secuestros de los nacionales. El Cártel del Golfo, que tiene bajo su control la Ciudad de Matamoros, los confundió con narcotraficantes de otra pandilla, según el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios. El viernes los levantaron. El martes los encontraron en una casa de madera del ejido El Tecolote, vecino de Matamoros.
Los sobrevivientes fueron entregados en el puente internacional a las autoridades de la Unión Americana. En el ataque murió una mujer mexicana por una bala perdida, informó el fiscal Barrios, pero su caso apenas se menciona. Las autoridades ya lograron una hazaña: capturaron al que vigilaba a los secuestrados. Un joven de 24 años.
* Lo ocurrido en Matamoros vigorizó en Estados Unidos la iniciativa para que se les declare terroristas a los cárteles de la droga. Ya está en el Congreso y en el Senado. Eso significa, según las leyes de aquel país, que pueden recurrir a una intervención armada para combatir a los cárteles. El senador por Carolina del Norte, Lindsey Graham, la llevó a la Cámara alta, luego que el republicano por Texas, Dan Crenshaw, lo hiciera en la Cámara baja. El embajador Ken Salazar hizo público un comunicado en el que subraya que la violencia contra ciudadanos estadunidenses en Tamaulipas demuestra la imperante necesidad de actuar contra los cárteles.
* En México la reacción del presidente López Obrador no fue la más atinada hacia los medios de comunicación de Estados Unidos. “Llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información. No así cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias… se rasgan las vestiduras como hipócritas”.
* Las autoridades mexicanas niegan que haya agentes gringos moviéndose en territorio mexicano, pero ayer salió a la luz que la oficina más grande que el FBI tiene fuera de la Unión Americana está en la embajada de ese país en nuestro país. A Germán Martínez no se le escapó la declaración del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, quien reveló que el FBI está trabajando con las autoridades mexicanas en el territorio nacional. Nota en mano nos dijo: “Es absolutamente una cesión de soberanía”.
* Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta, afirmó que lo ocurrido en Matamoros no puede ser pretexto para invadir o aplicar extraterritorialmente una norma jurídica. “No hay condiciones para una invasión. Es absurdo, es francamente inadmisible. No se atreverían. Es una invasión tajante de la soberanía. No creo que haya mexicanos, salvo algunos golpistas, que lo admitan”, puntualizó.
El gobierno de Estados Unidos no se ha sumado a la iniciativa que les permite invadir países terceros para cazar terroristas, pero al presidente Biden, que busca su reelección, se le estrecha el margen para no dar una respuesta contundente.
* Las senadoras de Morena, Imelda Castro y Malú Micher, no toleraron que la priista Beatriz Paredes leyera en tribuna un desplegado de 75 destacadas mujeres que exigen poner fin a la violencia, por razones de género, contra la titular de la SCJN, Norma Piña.
Dijo Beatriz: “Desde el día de su toma de posesión, la presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha sido objeto de críticas y descalificaciones infundadas por parte de la Presidencia de la República. Apenas con dos meses de haber asumido el cargo, se le han formulado acusaciones inverosímiles, lo que nos hace concluir que se juzga porque es mujer y ser independiente… Al hacerlo, el Presidente abre la puerta a que se amenace la integridad física de la ministra Piña, como ya sucedió”.
La primera morenista que brincó fue Malú Micher: “No voy a permitir que se diga aquí que se está ofendiendo, que se está ejerciendo violencia de género por parte del Ejecutivo. No nos confundamos”, pidió. Las panistas Xóchitl Gálvez y Josefina Vázquez Mota se sumaron a Beatriz, pero otra morenista, Imelda Castro, dio la nota humorística de la sesión: “Tenemos al Presidente más feminista que hayamos tenido en toda la historia”. El debate ocurrió durante la presentación y aprobación de cinco dictámenes que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia.
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Maestría de Yasmín sí, (pero) ¡11 años después!…/Enrique Aranda
De naturaleza política
Excelsior,
Por las mujeres, por sus derechos, hoy y siempre…
No acaba de esclarecer el supuesto plagio de la tesis que para obtener el grado de licenciatura en derecho en 1998 —cédula 1225326— presentó ante una mesa sinodal en la UNAM, y la cuestionada Yasmín Esquivel Mossa debe aclarar ya, también, cómo es que en 2009 alcanzó el doctorado —6276638— expedido por la Universidad Anáhuac y el de maestría —12321712— en el campus Tlalpan de la Universidad del Valle de México ¡11 años después, en 2021!
Cómo, vale preguntar, cuando conforme a la información promocional de los posgrados que imparte la Universidad “legionaria”, contar con el grado de “maestría en el campo de las ciencias sociales y en derecho, o en cualquier área, con licenciatura en en derecho, o maestría en cualquier campo del conocimiento y con experiencia profesional vinculante al área del programa y que, a juicio del comité académico, pueda integrarse exitosamente al mismo” era un requisito indispensable, incluso, quiero pensar, para quien entonces cumplía ya dos años —el domingo 12 serán tres, por cierto— como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nuevo escándalo éste, pues, que urge una aclaración pública y no sólo guardar silencio porque, a la vista, los registros de grados obtenidos y las fechas en que ellos fueron expedidos, nada parece más evidente que hay ahí algo “anormal”, por decir lo menos, que, si bien a decir de autoridades de Educación Pública (SEP) pudo suceder merced a “una excepción”, no existe constancia alguna de que la misma hubiera sido solicitada y/u otorgada, y las razones de ello. Así las cosas…
Y es a la vista de esto, y de todo el escándalo que, desde diciembre pasado, le antecede, por lo que se antoja, no sólo oportuno, sino justo, aunque previsiblemente inútil, el reclamo de senadores de oposición de que “en un acto de vergüenza elemental”, la ministra plagiaria se abstenga de participar en el debate y dictamen por parte de la Corte de las múltiples acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la tramposa reforma electoral (plan B), puesto que, déjeme le pregunto: ¿alguien duda en qué sentido será su voto?…
ASTERISCOS
* Revelador exhorto el que, a iniciativa del coordinador de la bancada oficialista Ricardo Monreal Ávila, hiciera ayer el Senado al canciller Marcelo Ebrard para que presente un listado de empresas mexicanas que puedan o pudieron estar vinculadas con la estadunidense Purdue Pharma a la que, allá, se atribuye la crisis de los opioides…
* Alerta de más de 2 mil defraudados con 5 mil millones de pesos por AE Capital para que hoy cuando se evalúe la vinculación a proceso de Daniela Berlín Tolentino, socia con Luis Antonio Echevarría, Gabriel Antuán y Roberto Trujillo, no vaya a ser favorecida por un fallo “a modo”…
* Incuestionable, el aporte real del turismo a la economía —16 mil millones de dólares, según el WTTC— que se refuerza ahora merced a la expansión de la actividad de Airbnb que, entre 2017 y la fecha, ha pagado 1,400 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre el Hospedaje. Bien…
Veámonos el viernes con otro asunto De naturaleza política.
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Seguridad, desprestigio y sinsentidos/Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excelsior,
No se termina de comprender en Palacio Nacional la magnitud del conflicto existente con Estados Unidos en temas de seguridad y comerciales. Si la reacción de instituciones como el FBI o el departamento de Estado (y hasta de la Casa Blanca), medios y legisladores de ese país, ante el secuestro de cuatro ciudadanos estadunidenses en Matamoros fue durísima, otra, en las redes sociales, puede exhibir mucho mejor los riesgos que se transitan.
Conciliar o pelear/Carlos Loret de Mola
La apuesta de la candidatura de Alejandra Del Moral es conquistar al electorado por la vía del discurso de la reconciliación entre todos
El Universal,
Después de que MC se bajó de la contienda por la gubernatura del Estado de México, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra Del Moral, quien se supone sería la gran beneficiaria de esa jugada política, publicó un video desde su automóvil en movimiento: serena, sin mayor entusiasmo, sin un solo ataque, hizo un respetuoso llamado a su rival morenista Delfina Gómez para actuar con sororidad en la campaña y la invitó a cinco debates sobre los temas obvios (seguridad, economía, etc.).
Fue el fiel reflejo de su estrategia de campaña: no confrontar. La alianza en Edomex no apuesta a recoger las banderas del anti-AMLO, no pelea con Morena, no ataca al Presidente, no está en actitud de guerra. Un reflejo de cómo ha conducido su relación con la federación el gobernador del Estado, el priista Alfredo Del Mazo, quien se volvió uno de los gobernadores consentidos de López Obrador e incluso buen amigo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
La apuesta de la candidatura de Alejandra Del Moral es conquistar al electorado por la vía del discurso de la reconciliación entre todos, de presentarse como una política capaz de trabajar de maravilla con un presidente como AMLO (tal cual lo ha hecho Del Mazo).
Sus críticos dicen que así no entusiasma a nadie. Que si lo que busca el electorado es alguien que pueda trabajar bien con AMLO, pues quién mejor que Delfina. Que debería ajustar su campaña para volverla una suerte de referéndum anti-Morena: tiene en su rival a una de las políticas más cuestionadas del sexenio, tiene un cinturón de la Ciudad de México que puede heredar el anti-AMLO que descolocó a Sheinbaum en el 2021 y tiene a muchos agraviados con los excesos morenistas y obradoristas.
Ese choque de estrategias —conciliación vs. ataque— permea también entre las “corcholatas” de oposición rumbo a la contienda presidencial del 2024. Hay quien opta por el discurso de “amor y paz” (como los gobernadores panistas de Yucatán, Mauricio Vila, y Querétaro, Mauricio Kuri) y hay quien tiene como eje volverse la opción anti-AMLO (como Lilly Téllez y recientemente Santiago Creel). Y hay muchos en medio que de pronto critican y de pronto se suavizan (como Enrique de la Madrid y otros priistas que se han mostrado interesados).
Los polos podrían ser Mauricio Vila y Lilly Téllez. Los entrevisté hace algunas semanas y sin evasivas respondieron que él no iba a confrontar y ella que sí; él que no se debía meter a López Obrador a la campaña, y ella que hay que hacer de la contienda presidencial un referéndum sobre el Presidente.
Yo no sé cuál sea mejor estrategia, pero lo que sí me queda claro es que, al menos en eso, la campaña de la alianza en el Estado de México va a ser un buen termómetro de cuál puede ser una ruta exitosa para arrebatar a Morena lo que las encuestas le marcan como suyo… o no.
historiasreportero@gmail.com
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Sube presión de Washington a AMLO: ¿politiquería o real politik?/Salvador García Soto
El Universal,
La coyuntura del pasado fin de semana no pudo ser más desafortunada y delicada para México ni para el gobierno de López Obrador. Apenas reaccionaba el mandatario mexicano contra la iniciativa denominada Resolución 18, en la que los senadores republicanos Dan Crenshaw y Mike Waltz proponen declarar “organizaciones terroristas” a los cárteles mexicanos y permitir así que las fuerzas militares estadounidenses entren a combatir a territorio mexicano el tráfico de fentanilo, cuando el FBI confirmaba el domingo por la noche que cuatro ciudadanos estadounidenses, originarios de Carolina del Sur, habían sido atacados y secuestrados por sicarios en Matamoros, muy cerca de la línea fronteriza con Brownsville, Texas.
Al embate de los sectores duros republicanos en el Congreso, que se sumaron a la propuesta del exfiscal estadounidense William Barr, para que el Ejército de su país combata la producción del fentanilo mexicano que está envenenando a cientos de miles de estadounidenses, y a la propuesta de 21 fiscales estatales de la Unión Americana que también pidieron la clasificación de terrorismo para las organizaciones del narcotráfico que operan en México, se sumó ahora la fuerte presión directa de la Casa Blanca, de las grandes cadenas de la televisión norteamericana y de agencias como el FBI, para que las autoridades de México resolvieran el caso de secuestro en contra de los cuatro jóvenes —y asesinato de dos de ellos— que fueron atacados por el Cártel del Golfo apenas cruzaron la frontera mexicana, al confundirlos con supuestos narcos de origen haitiano.
Como en ningún otro momento del sexenio —y en un tono que no se recuerda incluso para otros gobiernos mexicanos—, los voceros de la administración de Joe Biden cuestionaron la violencia criminal en México en contra de ciudadanos de su país, la tacharon de “inaceptable” y criticaron la actuación de las autoridades mexicanas que durante 72 horas, desde el viernes al mediodía en que ocurrió el ataque armado a los cuatro jóvenes afroamericanos y hasta el lunes pasado, no habían informado siquiera del hecho y mucho menos de avances en las investigaciones por el violento secuestro. Fueron los videos de personas que presenciaron los hechos y las investigaciones del FBI, incluso en territorio mexicano, lo que llevó a esa agencia a confirmar el domingo por la noche que, efectivamente se trató de un ataque criminal de un grupo del narcotráfico contra los cuatro ciudadanos estadounidenses.
El informe del FBI desnudó la indolencia e ineficacia no sólo del gobierno de Tamaulipas, cuyo gobernador, Américo Villarreal, y el fiscal Irving Barrios nada habían informado sobre el tema, sino también la inexistente estrategia del gobierno federal que todavía el lunes, en la información de la Sedena que le proporcionaban a López Obrador, hablaban de que los jóvenes estadounidenses —que hoy se sabe cruzaron la frontera en busca de una operación estética para la mujer del grupo, Latavia McGee— habían quedado atrapados “en un enfrentamiento entre bandas”, cuando en realidad fueron perseguidos, acosados y baleados en su propio auto por un grupo de sicarios del Cártel del Golfo, que presuntamente los confundió con haitianos metidos en el tráfico de drogas. ¿En casi 72 horas no pudieron saber las autoridades de México lo que había ocurrido hasta que se los informó el FBI?
Ya que regresaron ayer a los dos sobrevivientes, entre ellos la chica McGee, además de los dos cuerpos de los estadounidenses asesinados, el tema no terminará ahí para México. La Casa Blanca insiste en que quiere “justicia” por el ataque contra sus cuatro ciudadanos, mientras que la opinión pública de Estados Unidos está indignada ante la fuerte campaña de los medios de aquel país. Difícilmente Washington se conformará con un presunto culpable, como el joven de 24 años que ayer detuvieron en la casucha de madera en donde según el gobernador Américo Villarreal tenían a los jóvenes afroamericanos, tanto a los muertos como a los vivos. Tendrán que caer cabezas, líderes del Cártel y no sólo sicarios de poca monta que ejecutaron el ataque armado y luego aventaron los cuerpos en la caja de una camioneta “como si fueran perros”, diría la madre de uno los jóvenes asesinados, al que reconoció al ver los videos grabados el viernes en Matamoros.
Este caso marcará un antes y un después en la tolerancia que Washington ha tenido hacia la fallida estrategia de seguridad hacia el narcotráfico que ha mantenido López Obrador. Se lo dijeron en varias ocasiones y en varios tonos, a través de distintos enviados, primero con Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, y luego en la misma voz y presencia del presidente Joe Biden en la cumbre de Norteamérica en enero pasado en Palacio Nacional: “Necesitamos acciones contundentes contra el fentanilo y su producción y tráfico a los Estados Unidos”; pero al no ver resultados ni avances reales en el combate a los productores y traficantes de la droga que ha matado a más de 100 mil estadounidenses, la decisión de Washington parece ser la de exhibir y presionar al gobierno lopezobradorista y su dudosa política contra los cárteles mexicanos.
Y mientras la administración demócrata de Biden no soltará fácilmente el tema del fentanilo, para los grupos republicanos que empujan la intervención militar en México, el asesinato y secuestro de los jóvenes estadounidenses es gasolina pura para su discurso en el que acusan al Presidente de México de proteger y no combatir al narcotráfico. Figuras como el senador Dan Crenshaw, que ya cuestiona duramente a López Obrador en las redes sociales con preguntas como: “Señor presidente, ¿está usted con el pueblo o con los cárteles?”, seguirán endureciendo y magnificando la percepción de que el gobierno de López Obrador encubre y tolera a los capos de la droga y que su partido, Morena, es favorecido por los grupos criminales.
Y aunque las iniciativas en el Congreso de Estados Unidos son hasta hoy solo de la bancada republicana, no es del todo imposible que grupos de demócratas puedan apoyarlas a pesar de que representan una violación a la soberanía mexicana. Porque después de todo, en el caso de los cuatro jóvenes de Carolina del Sur atacados en Matamoros, agentes del FBI ya estuvieron investigando y rastreando en territorio mexicano y en colaboración con las autoridades mexicanas.
Al final, lo que más impacta todo este asunto, que el presidente López Obrador ha querido minimizar con su ya clásico discurso de que se trata de “politiquería” desde Washington, es a la sucesión presidencial en México. Washington no va a tolerar a otro gobierno similar a López Obrador, al menos no en su política hacia el narcotráfico, y en ese sentido la posición estadounidense hacia las elecciones mexicanas, en la que históricamente se dice que “los gringos no votan, pero sí vetan”, cobra sentido en la actual coyuntura y a unos meses de las definiciones que tomarán el partido gobernante y la oposición en la definición de sus candidatas o candidatos a la Presidencia.
Lo que se pudo ver en estos últimos días, es que la presión de Washington hacia el gobierno mexicano, sobre todo en el tema del fentanilo, irá en aumento. Y no lo están haciendo, como torpemente lo lee el inquilino de Palacio, como un acto de “politiquería”, sino de Real Politik, una operación de Estado que claramente busca algo más que respuestas demagógicas de su contraparte mexicana. Veremos qué hace ante eso López Obrador, que no entendió la dimensión y la urgencia del problema del fentanilo para los vecinos estadounidenses. O se pone las pilas y cambia su política para golpear, detener y desarticular a las dos principales organizaciones productoras y exportadoras de fentanilo a los Estados Unidos, léanse Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, o tendrá que ceder cada vez más al embate de Washington. Porque al final, como buen echeverrista, AMLO aplica la demagogia y el populismo puro en su relación con la Casa Blanca: por las mañanas crítica y cuestiona a los Estados Unidos, pero por las noches les abre la puerta a los acuerdos a veces inconfesables.
NOTAS INDISCRETAS…
Un jugoso y lucrativo negocio fue el que encontró en la transparencia el autonombrado “Zar de las solicitudes de información”, José Luis Moyá Moyá. A través del uso de esta herramienta ciudadana, este sujeto obtenía información sobre documentos, contratos y otras informaciones sobre empresas contratistas del gobierno, particulares y hasta denunciantes en casos penales, y con los documentos e informes que le entregaba vía transparencia el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Inai, el autonombrado “consultor” armaba expedientes que luego utilizaba para vender “protección” a empresas o particulares a cambio de no revelar la información que había obtenido por las vías oficiales. Así llegó a tener información sobre el caso Wallace, en la que aseguraba que Hugo Alberto Wallace Miranda estaba vivo y con ese presunto expediente en su poder acudió a visitar a Isabel Miranda y a pedirle dinero a cambio de no hacer pública la información que después aparecería publicada en varias columnas periodísticas ante la negativa de la madre de pagar lo que era en realidad una extorsión. El mismo modus operandi, que se convirtió también en un modus vivendi que le reportaba importantes ingresos, lo utilizó José Luis Moyá para presentarse ante directivos de Grupo Andrade y El Heraldo de México a los que les dijo tener información, obtenida vía transparencia, sobre los contratos que habían obtenido empresas de ese grupo empresarial para el arrendamientos de autos y patrullas en dependencias federales y locales, contratos que por lo demás son todos lícitos y a los que no se les ha comprobado ninguna irregularidad. Para no hacer públicos esos contratos, Moyá Moyá solicitó un pago mensual a los directivos de Grupo Andrade, algo así como una extorsión en forma de iguala a cambio de un supuesto silencio. Ante la negativa de pagarle por su supuesta información comprometedora, el Zar encontró a otros empresarios, competidores de Andrade en el negocio de la venta y el arrendamiento inmobiliario que sí aceptaron pagarle a Moyá por su información, misma que utilizaron para pagar varias preguntas en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador (donde ya se ha documentado las preguntas se venden y se pagan cuando hay temas de los que empresas, consultoras o cualquier interesado quieren que el Presidente opine) y así trataron de posicionar el tema de los contratos de Grupo Andrade como un asunto irregular o de corrupción. A través de portales de internet como El Centinela, a cuyo titular le daban las preguntas previamente redactadas, insistieron una y otra vez en pedirle al Presidente un pronunciamiento sobre dichos contratos, a lo que López Obrador llegó a declarar, ante la insistencia, que pediría una investigación al respecto al SAT y a otras áreas de su gobierno. Quién sabe si esa investigación realmente se las instruyó el Presidente a sus colaboradores y si presentarán algún resultado, pero lo que sí es un hecho es que el Grupo del Heraldo de México presentó ya dos denuncias por el delito de extorsión contra José Luis Moyá Moyá; la primera que ya derivó en la Carpeta de Investigación CUJ-1/UI-1 s/D/16561/11-2019 presentada justamente en el 2019 y la segunda se presentó el pasado viernes en la Fiscalía Desconcentrada de Benito Juárez y que fue radicada la Fiscalía Antisecuestros. Veremos en qué termina esta trama que, por lo pronto, revela la existencia de personajes que ha convertido la práctica de la transparencia, una herramienta ciudadana y periodística para tener acceso a información oficial, en un jugoso negocio… Los dados mandan Serpiente Doble. La semana empezó complicada.
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Matamoros, la narrativa de la derecha y el dilema para AMLO/ Alejandro Hope
La hipótesis de la fiscalía tamaulipeca sugiere que casi cualquier persona puede ser víctima de un crimen atroz solo por estar en mal lugar y en mal momento.
El Universal, 08/03/2023;
El fin de semana, cuatro estadounidenses cruzaron la frontera en Matamoros y acabaron siendo víctimas de un secuestro. Siguieron dos días de silencio, pero para el lunes, el asunto había escalado: el FBI estaba encabezando la búsqueda y la noticia dominaba todos los medios en Estados Unidos.
El desenlace no fue feliz. Este martes encontraron a las víctimas, dos de ellas muertas, una más seriamente herida, una ilesa.
La hipótesis de la fiscalía tamaulipeca es que se trató de una confusión. Dado lo que se sabe hasta ahora sobre el incidente, no parece una teoría descabellada.
Pero no es buena noticia: sugiere que, en una ciudad como Matamoros, casi cualquier persona puede ser víctima de un crimen atroz solo por estar en mal lugar y en mal momento.
Eso alimenta la narrativa, impulsada por la derecha estadounidense y reforzada por parte del aparato de inteligencia, de México como país sin ley, dominado por grandes bandas criminales, con instituciones paralizadas por la corrupción. Es decir, la historia contada por los fiscales en el juicio a García Luna, traída al tiempo presente.
Esto sucede además justo cuando la crisis del fentanilo empieza a ser usada proactivamente por los republicanos como garrote contra la administración Biden. Se han multiplicado los llamados a medidas de mano dura contra los “cárteles” en México, incluyendo la posible designación de las bandas criminales mexicanas como organizaciones terroristas y la autorización del uso de la fuerza militar estadounidense en territorio mexicano.
Lo segundo probablemente no suceda, pero hay presión creciente para lo primero. ¿Qué significaría una designación de ese tipo? Desde la perspectiva de los vecinos, implicaría poder utilizar en contra del grupo en cuestión el arsenal legal e institucional que utiliza el gobierno de Estados Unidos en el combate al terrorismo: entre otras cosas, la persecución de proveedores y clientes por “apoyo material al terrorismo”, el congelamiento de una gama amplia de instrumentos financieros, restricciones migratorias a los miembros del grupo en cuestión, etc. Asimismo, pondría al grupo específico no sólo en la mira de las agencias de persecución del delito (DEA, ICE, etc.), sino de toda la comunidad de inteligencia (CIA, NSA, etc.).
Pero como ya han comentado otros (bit.ly/3Jlh0gV), esos poderes adicionales probablemente se utilizarían más dentro de Estados Unidos que en el extranjero. Para México, el asunto tendría más costos que beneficios. Habría restricciones para algunas formas de financiamiento estadounidense y para ciertos programas de cooperación. Pero, sobre todo, tendría un costo reputacional enorme: reforzaría la narrativa de la derecha estadounidense que describe a México como un estado fallido, trata al terrorismo y al narcotráfico como fenómenos gemelos, y utiliza esos argumentos para exigir el cierre de la frontera. Sería el anti-nearshoring perfecto.
Para conjurar esa posibilidad, el presidente López Obrador podría a) endurecer un poco su discurso en materia de seguridad y b) tener algunos gestos simbólicos en materia de combate a los grupos criminales y control del fentanilo.
Pero eso le implicaría separarse de su discurso de diferenciación con el pasado. No puede decirse distinto si empieza a hablar muy parecido a los gobiernos que le precedieron. Eso tendría costos políticos, pero sobre todo le generaría una dificultad psicológica seria. No creo ser injusto si digo que es de ideas fijas. La flexibilidad no es lo suyo.
En conclusión, el presidente está en un dilema mal ajustado a su temperamento. Y el costo puede ser para el país.
alejandrohope@outlook.com
Twitter: @ahope71
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