Las columnas políticas hoy, viernes 6 de octubre de 2023

Traidores les dice el PRI a sus viejo cuadros...

El Consejo Político Nacional del PRI notificó de la expulsión de varios destacados cuadros políticos, entre ellos, los ex gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad; de Tlaxcala, Marco Mena; los ex secretarios de Gobernación; y de Relaciones Exteriores, que son actualmente senadores, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu.

Mario Zamora, confirmó a El Universal de este proceso de expulsión donde también destaca el caso del senador Jorge Carlos Ramírez Marín; también fueron expulsados Eviel Pérez Magaña, la senadora Nuvia Mayorga, Pedro Armentia, diputado federal 

Mario Zamora, dijo que además varios dirigentes y legisladores estatales, sobre todo del estado de Sinaloa que han manifestado respaldo a Claudia Sheinbaum; entre otros, Fernando Pucheta, Jesús Valdés, Faustino Hernández, Cinthia Valenzuela y Ricardo Madrid.

En comunicado, Alito Moreno, refirió que quienes han traicionado al tricolor, les dijo que “la lealtad es una decisión, la lealtad no se impone por la fuerza; ser leal es una elección que solo la gente con coraje, con valor y con carácter puede realizar”.

En tanto, el Secretario Técnico del Consejo Político, Pablo Angulo, fue designado como presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos, y se definió la Comisión Nacional para la Postulación de Candidaturas, así como el Plan Nacional de Elecciones.

Senadora electa por Morena se va al PRI; busca la candidatura del Frente Amplio en Puebla: Nancy de la Sierra Aramburo..

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Uriel Carmona mantiene respaldo en Congreso de Morelos para permanecer en el cargo

El fiscal Uriel Carmona Gándara mantuvo el respaldo del Congreso de Morelos para permanecer en el cargo, y desde la tribuna legisladores del PT, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) le manifestaron su apoyo, incluso en los procesos relacionados con el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.

Los diputados sólo coincidieron en la demanda de entregar resultados sobre el feminicidio de su compañera Gabriela Marín Sánchez, asesinada hace justamente un año cuando se estacionó en una farmacia para comprar artículos para su bebé.

Carmona Gándara los invitó a revisar de forma privada la carpeta de investigación, y a la pregunta de cuánto tiempo necesitaba para ofrecer resultados, contestó que no podía ofrecer un tiempo.

Al margen de esa exigencia, durante el resto de la comparecencia las expresiones de los legisladores se dividieron. Los diputados identificados con el G-15, mayoría en el Congreso, realizaron una defensa férrea del fiscal.

El diputado de MC, Julio César Solís le preguntó si era culpable de los tres cargos que se le imputan en el feminicidio de Ariadna Fernanda y de no aprobar los exámenes de control y confianza, como lo señaló la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde en conferecnia mañanera 

“No señor diputado, por supuesto que no soy responsable de esos señalamientos. No tengo nada de que avergonzarme”, respondió el fiscal desde una lateral de la tribuna legislativa, donde fue evidente las ausencias de la fiscal contra los feminicidios Fabiola García Betanzos y del coordinador general de Servicios Periciales, Samuel Nava, dos servidores que certificaron la necropsia de ley de Ariadna Fernanda.

Agregó que tiene las evaluaciones correspondientes y precisó que ese requisito administrativo no puede estar por encima de la soberanía de un estado. 

Dijo a los diputados que no piensa separarse del cargo y atenderá los procesos en su contra, porque el sistema jurídico se lo permite.

El legislador de Morena Arturo Pérez Flores lo insto a separarse del cargo por los nulos resultados, y en respuesta el fiscal afirmó que el procedimiento para separarlo del cargo está establecido en la ley y por lo tanto se ajustará al Estado de derecho.

Cuauhtémoc Blanco pide remover a fiscal por faltar 30 días

Casi en paralelo llegó la solicitud del gobernador Cuauhtémoc Blanco hacia el Congreso de Morelos para remover al fiscal porque la ley cita que el titular de la dependencia no puede estar sujeto a proceso penal, como ocurre con Carmina Gándara.

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Alejandro Mayorkas, aseguró ayer que Washington se  opone a la construcción del muro

López Obrador declaró que construir muros en la frontera es faramalla, lo mejor es construir puentes de amistad.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró ayer que la administración de Biden se opone a la construcción del muro fronterizo y que las informaciones sobre su reanudación fueron "sacadas de contexto".

“Yo creo que no van a construir”; AMLO afirma que Blinken le aseguró que gobierno de EU no quiere ampliar muro fronterizo con México

López Obrador afirmó que ayer el secretario de Estado de Estados Antony Blinken, le aseguró que el gobierno de Joe Biden no quiere construir 36 kilómetros de muro fronterizo con México y que esto es por un presupuesto que ya se tiene aprobado y que es la oposición quien está exigiendo la expansión del muro.

En conferencia de prensa en las instalaciones donde se construye la estación del Tren Maya, AMLO aseguró que la delegación de la Unión Americana que ayer participó en Palacio Nacional en el Diálogo de Alto nivel en Seguridad México- Estados Unidos le expresó que “quieren cumplir la ley”, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, pues, manifestó, eso no resuelven nada”.

Destacó que Biden es hasta ahora el único mandatario del país vecino que no ha ampliado el muro fronterizo con nuestro país.

“Aclararon que esto de construir 30 kilómetros, 36 kilómetros, es por una autorización que tienen en el presupuesto, y como tiene una oposición les están exigiendo que construyan estos 36 kilómetros, yo creo que no van a construir, entre otras cosas, porque así suele pasar en otro países y en México también en Palacio (Nacional), las cosas caminan despacio. Entonces no se van a construir los 36 kilómetros, y ellos no quieren hacerlo, es lo que nos expresaron quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelven nada”, dijo.

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Las columnas políticas hoy, viernes 6 de octubre de 2023

Poder Judicial: jugar a las “fuercitas”… y perder/Mario Maldonado

Su responsabilidad radica en su intransigencia y en su rechazo a negociar y buscar acuerdos con los otros Poderes

EL UNIVERSAL

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien hizo historia al colocarse como la primera mujer en encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llegó al máximo cargo del Poder Judicial de la Federación (PJF) con la convicción de defender su autonomía e independencia, en un contexto de polarización política y social; sin embargo, su falta de experiencia en cargos de alto nivel y su temperamento explosivo la hicieron caer en la trampa de la 4T: las “fuercitas” que la ministra presidenta quiso jugar con el Ejecutivo y Legislativo derivarán en la extinción de los fideicomisos del PJF y un recorte de por lo menos 20 mil millones de pesos para el próximo año; y se podría poner peor si tras las elecciones del 2024 Morena y sus aliados obtienen la mayoría calificada en el Congreso federal para que a los ministros y ministras sean elegidos por voto popular.

Norma Piña va a pasar a la posteridad no solo por “romper el techo de cristal” de la Corte, sino como la ministra presidenta responsable de permitir que se debilite la estructura del Poder Judicial de la Federación, por lo menos en el formato en el que la conocemos hasta nuestros días y que ha funcionado mayoritariamente bien, siendo un contrapeso y un equilibrio de los otros poderes, pero sin llegar al punto del enfrentamiento.

La responsabilidad de la también titular del Consejo de la Judicatura Federal, señalada incluso por sus colaboradores, radica en su intransigencia y en su rechazo a negociar y buscar acuerdos con los otros Poderes de la Unión, los cuales la tienen contra las cuerdas y a punto de quitarle una bolsa de recursos superior a los 15 mil 400 millones de pesos, que garantizaban principalmente prestaciones laborales para los más de 45 mil trabajadores de los tribunales y juzgados.

La extinción de 13 de los 14 fideicomisos que administra el Poder Judicial de la Federación es un tema que ya está incluido en el orden del día en la siguiente sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto, programada para el 10 de octubre. Sorprendentemente, ni los representantes de los partidos de oposición parecen decididos a bloquear la iniciativa, pues aunque el PAN ha intentado controvertirla en sesiones pasadas, hasta el momento nadie ha solicitado su retiro.

El cabildeo preventivo de la Corte con las diversas fuerzas políticas ha sido prácticamente nulo; la única reunión prometedora que tuvo la ministra presidenta fue con el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, pero los puentes que se tendieron con el también aspirante a gobernar Puebla ahora mismo son intrascendentes, pues fue el legislador quien presentó e impulsa la propuesta de extinguir los fideicomisos, por una orden directa de Palacio Nacional.

A este errático accionar de la ministra Norma Piña y su equipo se suma que Morena cuenta con suficientes argumentos para determinar que el manejo de los fideicomisos ha sido irregular. En este espacio revelamos las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha venido realizando sobre la acumulación de recursos en fideicomisos que no se están utilizando para cumplir con su objetivo original. Las prestaciones que estos deben cubrir, asegura el órgano de David Colmenares, se resuelven regularmente con el gasto corriente.

De esta manera, se obtiene que de enero a junio del presente año la administración de Norma Piña ha logrado sumar a sus fideicomisos la nada despreciable cantidad de mil millones de pesos para colocarlos en una cifra de ahorro total de 21 mil 554 millones. En ese mismo periodo el gasto o la inversión de esos recursos en prestaciones médicas, de pensiones o de mantenimiento de viviendas es marginal, por lo que o no se brinda cobertura a esas prestaciones o se cubren con otras fuentes de recursos.

Dicha irregularidad no es exclusiva del periodo de Norma Piña; incurrieron en ella los ministros Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar y muchos de los que fueron ocupando la presidencia en la Corte. Así se fue creando esta gran bolsa que muy seguramente -por lo menos en tres de sus cuartas partes- pasará a la Tesorería de la Federación. Tan sólo se respetará el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que guarda en la actualidad unos 6 mil 100 millones de pesos.

La clave de las administraciones anteriores en el Consejo de la Judicatura Federal para mantener ese ahorro que se reportaba permanentemente en el Diario Oficial de la Federación fue siempre el diálogo, tanto con el Poder Ejecutivo como con el Legislativo y hasta con la Auditoría Superior de la Federación, con quien Zaldívar, por ejemplo, tenía muy buena relación a través de su contralora Arely Gómez. Ese diálogo y cabildeo simplemente se canceló, y se sustituyó por un estilo que privilegió siempre el conflicto.

En el Poder Judicial, en todos lo niveles, l@s ministros, consejer@s, magistrad@s, jueces y juezas, tienen sentimientos encontrados sobre la posición de la plenipotenciaria presidenta de la Corte y del CJF; much@s piensan que los excesos a los que ha llegado para defender la independencia y autonomía han provocado una ruptura difícil de componer, por lo que su futuro y su seguridad son cada vez más inciertos.

@MarioMal

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Estrictamente Personal

Psss, psss, Presidente, los gringos le hablan/Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal

EL FINANCIERO.., 

El mismo miércoles que llegó una delegación de alto nivel de Estados Unidos a México encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, el periódico The New York Times desplegó en su primera plana una inquietante información que titulaba: El Partido Republicano respalda la idea de atacar a los cárteles mexicanos. Recordaba cuando, a principios de 2020, el entonces presidente Donald Trump dijo en privado que quería disparar misiles a territorio mexicano para destruir los narcolaboratorios y no tuvo consenso. Pero hoy, agregó, aquella fantasía de la Oficina Oval se está acercando a una especie de doctrina del Partido Republicano.

Hace una semana, en el segundo debate republicano en Los Ángeles, todos los participantes, de una o de otra manera, hablaron sobre planes de intervención militar en México para enfrentar a los cárteles de la droga, reflejando la tracción que está tomando la idea entre el electorado estadounidense. Una encuesta de Reuters e Ipsos publicada a mediados de septiembre, mostró que 52 por ciento de los estadounidenses apoyaba el envío de tropas a México para pelear contra los cárteles, y aun cuando fuera una decisión unilateral, una tercera parte seguía respaldando las acciones punitivas.

De manera reiterada, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado cualquier intervención militar en México y ridiculizado las iniciativas de ley en el Congreso que buscan darle atribuciones excepcionales al gobierno de Estados Unidos, como un mero asunto de politiquería electoral. En privado, la postura del Presidente es diferente. López Obrador ya entendió que no sólo es un tema electoral –que lo es–, sino una corriente de pensamiento que va creciendo en ese país ante la percepción, cada vez más generalizada, de su tolerancia a los cárteles de la droga y la docilidad con la que actúa ante ellos.

Los demócratas no están en la misma línea de intervencionismo militar de los republicanos, pero el gobierno del presidente Joe Biden ya agotó su paciencia con López Obrador, que ha estado recibiendo mensajes cada vez más críticos y abiertos de los departamentos de Estado, Seguridad Territorial, Justicia y la DEA, de que las cosas tienen que cambiar, quiera o no. La Casa Blanca ha ido endureciendo su posición con hechos, no sólo palabras, y hace dos semanas el Departamento de Seguridad Territorial reveló que iba a desplegar agentes y fiscales en el territorio mexicano para realizar investigaciones de alto nivel contra cárteles mexicanos.

El gobierno mexicano no ha dicho una sola palabra sobre esto y la semana pasada, cuando el corresponsal de N+ en Washington, Ariel Moutsatsos, le preguntó a la canciller Alicia Bárcena si se habían autorizado las visas para esos agentes –salvo el personal de la DEA, ninguna otra agencia está obligada a revelar la verdadera naturaleza de su trabajo en México–, evadió responder. Fuentes del gobierno de Biden le dijeron a Moutsatsos, sin embargo, que ya se habían recibido 14 visas para su nuevo personal.

La autorización para que agentes estadounidenses trabajen en México sólo se había dado durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. En aquellas ocasiones fue voluntaria, dentro de los marcos de cooperación, y en ésta, por toda la evidencia que hay, fue contra la voluntad de López Obrador, pero obligado ante la realidad objetiva de que su política de abrazos y no balazos contribuyó al fortalecimiento de los cárteles y su expansión trasnacional. En su evaluación de riesgos, el Departamento de Seguridad Territorial señaló a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, como “los principales contrabandistas de fentanilo” a Estados Unidos, agregando presión al gobierno mexicano.

La presión constante y escalando de Washington a López Obrador obligó a que la Secretaría de la Defensa Nacional incrementara sus decomisos de fentanilo y prácticamente forzó al Presidente a autorizar la extradición de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, considerado el principal introductor de esa droga a Estados Unidos, y que López Obrador se había resistido a hacerlo. Impedir que el joven Guzmán fuera enviado a Estados Unidos para enfrentar a la justicia fue una declaración política de López Obrador frente al gobierno de Biden, que ya no pudo sostenerse. Y tampoco contenerse.

La delegación estadounidense que sostuvo ayer reuniones con el Presidente y el gabinete trajo en lo alto de su agenda revisar el combate al fentanilo y solicitar la extradición de los otros tres hijos del Chapo Guzmán buscados por la justicia estadounidense, y de Rafael Caro Quintero, a quien quieren llevar a tribunales para responder por la tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

El calor contra el gobierno y la familia Guzmán está muy alto y hay señales de que entendieron el mensaje. Hace unos días se realizó algo insólito: un operativo militar en Badiraguato, el municipio sinaloense donde nacieron muchos de los capos del narcotráfico en México. Las autoridades militares señalaron que no iban en busca de nadie, sino para abastecer a las tropas, pero coincidió con un extraño mensaje, atribuido a Los Chapitos, donde se deslindaban de su participación en el tráfico de fentanilo y prohibían, como autoridad, la venta, fabricación, transporte y comercio de esa droga.

López Obrador y Los Chapitos dejaron de comer lumbre y, en acciones que coincidieron en el tiempo y espacio, dieron unos pasos para atrás. Cuánto les durará, es un cálculo incierto. Lo que sí es verificable en los hechos es que las operaciones militares en Culiacán se intensificaron en las últimas semanas y el Presidente dejó de bravuconear con los estadounidenses. Pero las cosas no van a cambiar, y por razones electorales, de salud y de seguridad nacional, en Estados Unidos seguirán elevando la temperatura a la presión.

Hasta dónde, no se sabe. ¿Habrá una intervención militar? Por el clima político que se está creando, las probabilidades aumentan, y más si ganara la elección Donald Trump. No ayuda la actitud de López Obrador de negar lo innegable, que lo ha colocado en una situación de debilidad, pagando el costo de su política laxa con los criminales y cuya factura seguirá creciendo discreta, sutil, pero eficazmente.

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¿Están en riesgo la UNAM y su autonomía?/Raúl Rodríguez Cortés

EL UNIVERSAL

La autonomía universitaria no es negociable ni renunciable. No está en riesgo con AMLO ni lo estará si su partido-movimiento continúa al frente del país. Con el gobierno, colaboración cercana y respeto mutuo. El país está en una etapa de transición, de definiciones y redefiniciones tras el fracaso del modelo neoliberal. La UNAM disfruta de estabilidad y no requiere cambios en su legislación El futuro, la sociedad del conocimiento, la obliga a actualizar planes de estudio, mejorar la calidad docente y apoyar mucho más la investigación.

Estas son algunas ideas y declaraciones del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de nuestra máxima casa de estudios y aspirante a dirigirla.

En una conversación con este licenciado en economía y doctor en historia por la UNAM de 53 años, se hace notar su personalidad sobria, pero deja ver un perfil empático y una sólida cultura al interactuar con él. Su círculo de trabajo más cercano refiere que es sereno y resiliente ante presiones y crisis.

De los diecisiete aspirantes a la Rectoría, parece ser el que mejor le tiene tomado el pulso a la Universidad, pues durante los últimos ocho años ha sido su secretario general, posición desde la que ha observado cada rincón de la institución y resuelto sus problemas.

De ninguna manera puede regateársele el que la UNAM haya tenido un largo período de estabilidad. El doctor Lomelí lo atribuye a la funcionalidad de sus órganos de gobierno (Consejo Universitario y Junta de Gobierno) que, en su opinión, no ameritan reforma alguna.

Recuerda que en 1990 el exrector Pablo González Casanova consideraba que la Ley Orgánica de la UNAM era muy flexible y se podía aplicar en un sentido más democrático, sin necesidad de ser reformada y sin perder de vista que define una forma de gobierno adecuada para una institución académica, no política. Y matiza: “los universitarios tienen todo el derecho de participar en política, no así la institución como tal, que debe mantenerse al margen de las contiendas políticas.

En ese sentido, una de sus propuestas como aspirante a la Rectoría es la de “explorar más formas de participación de la comunidad en los cuerpos colegiados y fortalecerlos para atender los problemas antes de que exploten y se conviertan en crisis”.

Esto no tocaría, de ninguna manera, el mecanismo de democracia indirecta mediante el cual un Consejo Universitario de 329 integrantes (directamente elegido por la comunidad), designa a los quince integrantes de la Junta de Gobierno.

“La Junta de Gobierno ha sido sin duda una pieza clave para la estabilidad de la Universidad”, afirma el doctor Lomelí y deja ver su vena de historiador al comparar el número de rectores que tuvo la UNAM antes y después de la existencia de la Junta.

Y, en efecto, la Universidad ha tenido 41 rectores desde su inauguración en 1910. Entre 1910 y 1929, etapa anterior a la autonomía, tuvo diez y entre 1929 y 1945 otros diez, sin contar interinos y sustitutos (en suma, más de veinte). Desde 1946 a la fecha, ya con la Junta de Gobierno como electora del Rector, han sido catorce.

Lomelí es un férreo defensor de los valores universitarios. De la autonomía dice: “Es condición necesaria para poder hacer nuestro trabajo… nos permite garantizar la libertad de cátedra y de investigación; sin ella no podríamos garantizar la pluralidad ideológica que es una de las fortalezas de la Universidad”.

- ¿Ve amenazada la autonomía por el actual gobierno a partir de recientes críticas de AMLO?

“A pesar de que el presidente ha sido crítico de algunos aspectos de la gestión universitaria (que se derechizó, que no fue crítica de las políticas conservadores), también ha reiterado ser respetuoso de la autonomía.

- De continuar el proyecto de la 4T al frente del gobierno, ¿cree que será respetuoso de la autonomía universitaria?

“Creo que sí. Ha habido iniciativas aisladas (de la 4T) para modificar la Ley Orgánica, pero rápidamente se han retirado”.

Para el doctor Lomelí la relación de la UNAM con el gobierno debe ser cercana y respetuosa, por conveniencia mutua; y debe transitar por una coyuntura muy compleja.

“El país está en una etapa de transición, venimos de un periodo en el que imperó una lógica basada en la apertura hacia el exterior, cambios que iniciaron en la década de los ochenta que no lograron construir una estrategia de desarrollo sostenida y estable”, añade el secretario general de la UNAM ya más en su vena de economista:

“Se gobernó creyendo que la economía se comporta como dicen los libros de texto y la verdad no es esa”, agrega, sin dejar de puntualizar que en el llamado período neoliberal el país tuvo un crecimiento más bien lento e inestable. De ahí la necesidad de construir una estrategia de desarrollo más incluyente a partir del importante cambio político que ha habido en el gobierno.

Respecto a los ajustes presupuestales que ha hecho el actual gobierno en diversos rubros de la administración, el doctor Lomelí reconoce que la 4T ha cumplido con su oferta de financiamiento: “se han asignado los mismos recursos presupuestales más la inflación, pero la inflación esperada, no la que al final de cuentas se observa, por lo que hay un pequeño retroceso”.

Explica que lo que más ha golpeado a la UNAM en cuanto a proyectos de investigación y becas de posgrado, es la drástica reducción de recursos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

En este aspecto la propuesta del doctor Lomelí es profundizar en los mecanismos de financiamiento de gobierno estatales, explorar los internacionales y aumentar la vinculación con el sector privado.

De un eventual aumentos de cuotas ni hablar. “Es un tema saldado que no debemos considerar no remotamente. Mejor esta en consonancia con la reforma constitucional que establece claramente la gratuidad de la educación que imparte el Estado en todos los niveles”.

A propósito de la gobernabilidad en la UNAM se le preguntó cuándo y cómo se va a recuperar el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, tomado por grupos ajenos a la Universidad desde hace 22 años.

El doctor Lomelí respondió: “No sé cuándo, pero sí el cómo: con mucho diálogo y mucha información, con el apoyo de toda la comunidad. De ser electo rector, me comprometo a hacerlo en el próximo período”

En próximas entregas, otros perfiles de las y los aspirantes a la rectoría de la UNAM.

Instantáneas:

1. EL CHOQUE CORTE-SENADO por el INAI escala. Como se sabe, la cámara alta aprobó en los primeros días de marzo pasado aprobó la designación de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alvizo como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pero dos semanas después AMLO determinó vetarlos porque, según informó, no destacaron en el proceso de elección. Vino después la conclusión de mandato de otro comisionado y al quedar solo cuatro integrantes de su pleno el INAI se vio impedido por ley de sesionar hasta que el 23 de agosto pasado, casi cinco meses después del veto de López Obrador, la Segunda Sala de la Corte determinó que el organismo de transparencia podía sesionar hasta que se completara su pleno. Así las cosas, el pleno de la Corte declaró el pasado lunes 2 de octubre que el Senado fue omiso en su obligación de nombrar a los comisionados del INAI faltantes y le ordenó nombrar a los tres comisionados que faltan. Ciertamente, la cámara alta tiene la obligación de cumplir con las atribuciones que la Constitución le confiere, pero el cumplimiento de tales deberes es complejo y no depende de la voluntad de una sola persona ni de una sola fuerza política, dijo ayer la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera. La senadora considero que por estar en período electoral va a ser más duro alcanzar acuerdos, lo que complica el nombramiento pendiente de los consejeros del INAI. Y no dejó pasar la oportunidad de decir que si bien es respetuosa de la división de poderes, no pierde e vista que el Judicial, desgraciadamente, es el que escoge los temas que resuelve y otros los deja de lado, además de recordarles que ministros y magistrados no han aplicado la ley de austeridad y siguen manteniendo sueldos y privilegios muy por encima del resto de la población.

2. OTRA EXPRESIÓN DEL choque de poderes la veremos pronto en la Cámara de Diputados donde Morena se aprestan a aprobar la iniciativa del líder de esa fracción parlamentaria, Ignacio Mier de disponer de los 15 mil 450 millones de pesos que actualmente se encuentran en 13 de los catorce fideicomisos del Poder Judicial. Se prevé que el próximo martes la Comisión de Presupuesto avale la propuesta y que el miércoles suba al pleno para su eventual aprobación.

3. ¿LES ALCANZARÁN LOS VOTOS? Para la extinción de esos fideicomisos se requiere una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos, es decir, 251. Morena tiene 252 que sumados a los de sus aliados PT (44) y Verde (11) completan 307. El problema es ahora el de los llamados diputados de Morena, PT y Verde identificados como “marcelistas”. Dicen los que saben que hasta ahora suman 40, lo que reduciría sus votos a 267, pero siempre con la posibilidad de que se sumen otros 17 (entre ellos los afines a Ricardo Monreal), lo que rompería la mayoría absoluta del oficialismo. Por lo pronto, los legisladores “marcelistas” van a presionar para que se discuta el paquete económico del año entrante y proponer aumentar en 50 mil millones de pesos para invertir en agua, carreteras y salud.

rrododriguezangular@hotmail.com

@RaulRodriguezC

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El asalto a la razón

Pídanle perdón y liberen a Murillo/Carlos Marín

Milenio

En su obsesión por echar abajo la “verdad histórica”, la 4T dedicó cinco años a perseguir a quienes dirigieron las primeras y más confiables investigaciones y a facilitar la excarcelación de asesinos que habilitó y adoptó como “testigos colaboradores”.

Sin embargo, esta semana (a nueve años de la noche de Iguala), el presidente López Obrador reivindicó la esencia de lo que a cuatro meses del crimen informó el entonces procurador Jesús Murillo Karam: los autores fueron delincuentes coludidos con autoridades locales de Guerrero.

Para vergüenza y desgracia: el caso está teniendo un patético giro de pastelazo.

Murillo Karam es quien encabezó las investigaciones que nadie ha podido echar abajo; es el más prominente personaje llevado a la cárcel por el efecto corruptor del desastre generado por el GIEI, la comisión de la verdad y la Fiscalía General de la República, bajo las demenciales acusaciones de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. 

Pero, ¿qué hizo de veras que se pueda comprobar?:

—Jamás dijo que todos, sino un “gran número” de Los 43 fueron victimados en el basurero de Cocula.

—Dejó abierta la investigación (nunca dijo que la entregaba cerrada).

—Lideró las diligencias, búsquedas y averiguaciones los dos primeros años con más de 500 elementos entre policías, peritos en distintas especialidades y personal de inteligencia (adicionalmente, la Federación desplegó como 10 mil elementos de la Policía Federal, Ejército, Marina y Cisen; se usó una treintena de helicópteros para la búsqueda y el propio Murillo acompañó a periodistas al basurero revelado por los homicidas).

—Solicitó el apoyo del FBI para los análisis telefónicos; recurrió a expertos de la UNAM, IPN, del Instituto Mexicano del Petróleo y los mejores nacionales e internacionales, y se aseguró (en el periodo 2014-2015) de que se realizaran más de 800 búsquedas y mil 300 peritajes en diversas especialidades.

—Tuvo reuniones con los padres de los muchachos y en Chilpancingo e Iguala participó en sesiones interinstitucionales; instruyó la integración de una mesa de información con autoridades de los distintos niveles de gobierno para recibir reportes en tiempo real sobre los avances en las indagaciones; creó un número 800 para recibir tips y ofreció recompensas.

—Con la finalidad de transparentar las investigaciones, les abrió las puertas al insidioso GIEI y al Equipo Argentino de Antropología Forense, ordenando se les diera acceso a todo el expediente del caso, y tanta fue su apertura que, por petición de los argentinos, autorizó que participaran en la selección de las muestras de restos para su envío a la universidad austriaca de Innsbruck (por ser una de las instituciones más reconocidas del mundo en antropología forense).

¿Murillo culpable de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia?

Va de nuez: padres, representantes y autoridades debieran ofrecerle disculpas y devolverle su libertad...

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Como 'diestro'/Manuel J. Jáuregui 

REFORMA, 06 octubre 2023;

Oiga usted, amable lector, qué rápido cambia la muleta de mano el "Diestro de Macuspana". Escasas 24 horas antes, Mr. López les decía a los "políticos norteamericanos" de "ambos partidos" que no tenían principios y que hasta eran "chuecos".

Pero ayer, en persona, ante el Secretario de Estado, Antony Blinken, y el Procurador General, Merrick Garland, el tabasqueño se desbordó en elogios y afirmó que para México es muy importante la relación con Estados Unidos, el entendimiento y la amistad, y que trabajarían juntos para resolver los problemas bilaterales.

O sea que cuando los tiene lejos los baña de insultos, pero cuando los tiene cerca los cubre con elogios. Como que aquí se está dando una bipolaridad diplomática que deja perplejos a los observadores, propios y extraños. ¿A cuál López creerle? ¿Cuál de los dos es el verdadero? ¿El que azota a los vecinos e invita al ejército RUSO a desfilar en el Zócalo o el que halaga zalameramente a los norteamericanos cuando le aprietan las verijas?

Por supuesto que al Gobierno mexicano y a México no sólo les debe interesar, sino que les conviene tener una estrecha y BUENA relación con los vecinos al norte del Río Bravo. Y si éste es el caso, entonces ¿para qué INSULTAR a los "políticos" de ambos partidos justo antes de la visita de esta importante delegación o provocar con la presencia de los RUSOS?

Si tiene razón López en su estilo diplomático de ayer, entonces NO LA TUVO anteayer. El cambio brusco de tono genera un marcado contraste y se mira mal, falso y convenenciero. Falsa, de toda falsedad, es la aseveración de que un discurso del macuspeño es para "consumo interno" y que el otro es para "consumo externo".

Tomaron nota los funcionarios norteamericanos tanto del discurso rijoso como del zalamero, en consecuencia, le creerán al "líder moral" de la 4T no por lo que dice, sino por LO QUE HACE. Si es cierto que le interesa la BUENA relación con los vecinos, entonces entregará a los capos del fentanilo que Estados Unidos busca extraditar. Si no clausura los laboratorios donde se fabrican, y expropian los precursores que se requieren para su fabricación, pues no le creerán y crecerán las presiones para México.

Ayer, por ejemplo, escuchamos al Presidente Joe Biden hablar del famoso MURO fronterizo, tema que era primordialmente de su antecesor republicano Donald Trump. Quien, por cierto, enfrenta varios juicios simultáneos, unos que tienen que ver con fraudes en sus negocios y otros con la "rebelión" que pretendió incitar cuando perdió las elecciones y mandó a sus hordas de "rednecks" a tomar el Capitolio.

Puede -y debe- interpretarse lo dicho por Biden respecto al muro como un cambio de tono, como una señal de que Estados Unidos ya está harto de escuchar promesas, pero no recibir cooperación real.

En suma, el ROLLO no funciona ni calmará las inquietudes de nuestros vecinos ante el crecimiento y proliferación de los CÁRTELES mexicanos. Estamos ya, o está la 4T, en un punto en el que su única salida es la ACCIÓN: los resultados, cumplir con los acuerdos, atender las preocupaciones de los vecinos, que son del todo legítimas ante la amenaza que las drogas sintéticas representan para la salud de la población norteamericana.

Mal, muy mal, se miró ante el mundo y los mexicanos el Presidente López cuando durante semanas enteras se aventó discurso tras discurso NEGANDO que en México se fabricara el fentanilo y se contrabandeara hacia Estados Unidos. Más aún, al tiempo que lo negaba, afirmaba que éste provenía de China: no fue que aceptó el Presidente lo que todos sabíamos era la verdad hasta que los norteamericanos mostraban pruebas, videos, conversaciones interceptadas y etcétera.

¿Qué pueden pensar los vecinos cuando un Presidente "amigo" se pone en "no" como pretexto para no ayudar? Lo menos es que no quiere; lo peor es que no puede ni quiere por oscuras razones.

Llegó la hora para los vecinos a la que le llaman la de "put up or shut up": o sea, HAZLO o CÁLLATE. Esto, hincado o parado, da igual.