(Los) Ministros hablan (lo que dijeron en San Lázaro).

REVISTA R

(Los) Ministros hablan (lo que dijeron en San Lázaro).

Lo publica la revista R de Reforma, 30 junio 2024

Uno a uno, los 11 ministros de la Suprema Corte expresaron el pasado jueves en la Cámara de Diputados sus opiniones sobre la reforma judicial. La mayoría defendió la carrera judicial y pidió que, si se decide elegir a través del voto a los juzgadores, se haga de forma gradual.

i) Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Muy buenas tardes, señoras y señores legisladores, distinguidas invitadas e invitados, compañeras y compañeros. He recibido invitación y agradezco sinceramente esta oportunidad para expresar mi opinión personal en relación con la llamada reforma judicial, vinculada con dos enfoques específicos: qué Poder Judicial tenemos y qué Poder Judicial queremos.

El Poder Judicial federal que tenemos se encuentra estructurado sobre el principio de carrera judicial consagrado en nuestra Constitución, e implica un sistema que permite tomar en consideración los méritos, la antigüedad y la experiencia para poder aspirar a ocupar los cargos de juez o jueza de distrito, magistrada o magistrado de circuito, a través de concursos de oposición, en donde sólo los que resultan triunfadores pueden acceder a tan importantes cargos, garantizando de esa manera la objetividad en su designación.

En mi opinión, y después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integramos la Judicatura Federal.

También en esta estructura que contiene nuestro Poder Judicial actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Comisión de Disciplina, recibe las denuncias de posibles actos de corrupción, así como de posibles faltas administrativas cometidas en el desempeño de las funciones, y se encarga las correspondientes investigaciones y, en su caso, de seguir los procedimientos adecuados para sancionar a aquellos servidores que se demuestre que han actuado indebidamente.

Tengo la convicción de que la gran mayoría de las y los juzgadores federales prestan su servicio con honestidad y profesionalismo, y que los casos de corrupción son la excepción no la regla general. No obstante lo anterior, debemos reconocer que la justicia federal tiene áreas de oportunidad en las que se debe mejorar y evolucionar, en aras de atender de mejor manera a la sociedad a la que servimos y eso nos lleva al segundo eje de estos diálogos, es decir, cuál es el Poder Judicial que queremos.

Entiendo la intención de materializar una reforma de alto impacto al Poder Judicial de la Federación, transformación que tiene como principal eje un esquema en el que juezas y jueces, magistradas y magistrados federales, ministras y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto directo de la ciudadanía.

Independientemente de que en lo personal no comparta que ese mecanismo sea el más idóneo para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege ni la independencia y autonomía de los tribunales federales, me parece que la implementación de ese cambio trascendental, como se propone, es decir sustituir en un solo momento a más de mil 600 personas juzgadoras federales, además de la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federal en los que, como todos conocemos, se encuentran procesos judiciales en trámite y corren cotidianamente plazos para definir en distintos supuestos la situación jurídica de las personas que acuden a ellos.

Por lo anterior, me permito hacer la sugerencia en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando. De manera tal que pueda haber interacción, colaboración y sinergia entre las personas juzgadoras provenientes del sistema de carrera judicial y las que emanen de los procesos electorales que se plantean en la iniciativa que comentamos. Estimo que de esa manera se reducirá la posibilidad de afectación en los derechos de los usuarios del servicio de administración de justicia federal.

En otro orden de ideas, quisiera mencionar que las funciones que se asignan al tribunal de disciplina judicial, cuya creación se propone, implicaría que un solo cuerpo de juzgadores pudiera actuar a la vez como fiscal y, a la par, como instructor y juez.

Además de que las causas que se prevén para sancionar a las personas juzgadoras en la iniciativa, por su amplitud y ambigüedad, podrían interferir con la independencia judicial, lo que estimo que debería reflexionarse.

Finalmente, me permito mencionar que la reforma que se propone debe poner especial cuidado en relación con los derechos laborales de las y los juzgadores que podrían ser sustituidos con motivo de su entrada en vigor.

Las disposiciones constitucionales y convencionales en materia de jubilación y retiro, considero que no deben ser eliminadas, a fin de proporcionar una culminación de la función digna a quienes hemos servido en el Poder Judicial de la federación.

Para concluir y hablando en nombre propio, pero con la certeza de que es un sentimiento compartido entre quienes integramos el Poder Judicial de la federación, estaremos, como no puede ser de otra manera, a lo que determine el poder reformador de la Constitución, pero reiteramos que seguiremos sirviendo, desde la Judicatura, defendiendo con honor y con dignidad a la Constitución, a las instituciones que derivan de ella y los derechos humanos que protege y que dan sustento al Estado de derecho, a la República y a nuestra democracia. Muchas gracias

ii) Ministra Lenia Batres Guadarrama.

Muchas gracias, distinguidos diputados, diputadas, senadores, senadoras, ministros, ministras, consejeras, consejeros, representantes de miembros del Poder Judicial de la Federación.

Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos, no es una apreciación subjetiva. De cerca de 258 mil tesis aisladas. Y de jurisprudencia vigentes, sólo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua.

En contraste, se han emitido 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria. Mil 387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano.

¿Es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano? Yo creo que no, cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión, garantizar justicia.

Hasta hoy ha fracasado en esa labor la reforma que se propone, plantea tres temas: elección de personas juzgadoras, sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y un órgano de administración, acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 constitucional.

La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general, crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras.

La reforma garantiza que, de una vez por todas, se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas impuesto hace 14 años cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo.

A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía: propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución empezando por la Suprema Corte; limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa; limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional; eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios; transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios; suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte.

Para nuestra población la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial".

De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros Poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades.

Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias.

Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los Poderes de la Unión, para eliminar la indebida supremacía judicial que existe en el pacto.

Por otro lado, debemos generar mecanismos y criterios que faciliten la defensa de derechos sociales en las instancias jurisdiccionales, si alguna atribución de la Corte debe ser amplia, eficaz y contundente es la que se circunscribe a su propia naturaleza de instancia revisora, propongo a esta soberanía que otorgue a la Suprema Corte, la facultad de plenitud de jurisdicción.

Es decir, que el principio de cosa juzgada tenga como excepción las resoluciones emitidas en contradicción con las leyes y normas constitucionales, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha denominado cosa juzgada fraudulenta.

Permanentemente, llegan casos a la Corte en los que se defraudan la justicia, la defensa, el procedimiento, la instancia y quedan en absoluta impunidad. Las principales victimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales, son las personas más humildes. Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos que justicia en las y los abogados con los jueces mexicanos.

Para nuestra población la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. (aqui le aplaudieron algunos morenistas presentes en la sala)

En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público. Con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre con humildad y vocación de servicio.

Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial, su único propietario es el pueblo mexicano que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno.

iii) Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Muchísimas gracias. Agradezco la convocatoria de este órgano legislativo para expresar una postura para la iniciativa de reforma a título estrictamente personal, como fue solicitado.

Consciente que he llegado al pináculo de mi carrera, entenderán ustedes que no es una ambición personal el motivo de mi actuar, pero sí la firme convicción de que la unidad nacional se alimenta de la diversidad de opiniones. Hay un reclamo inefable de justicia, un reclamo de justicia que no encuentra remedio en el modelo actual y la ciudadanía acudió a las urnas para no votar esta reforma en específico, pero sí para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como un valor primordial. Por ello, es latente la necesidad de las reformas a los Poderes Judiciales.

Considere que de aprobarse en sus términos, la reforma no ofrece solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país a nivel federal y muchísimo menos a nivel local. En contrapartida la iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas, para millones de mexicanos.

No obstante, ya no es momento para negacionismos ni para críticas generales, sino para contribuir, para dialogar con los objetivos y con los retos identificados en la iniciativa.

Se pretende modernizar a todos los Poderes Judiciales del país, dotarlos de legitimidad democrática, de transparencia y de responsabilidad pública. Esos son objetivos loables y son apremiantes. La pregunta que debiéramos formular es: ¿Cómo diseñar una reforma que permita alcanzarlos?

Para dar respuesta, me pronunciaré sobre dos puntos medulares: la votación popular y la separación de la Corte y el Consejo. Por el tiempo conferido, me centraré exclusivamente en el régimen aplicable a magistrados y a jueces federales porque considero que deben recibir un trato diferenciado y mucho más deferente y protector que el que tienen las ministras y los ministros.

Las personas juzgadoras son la cristalización de la carrera judicial y de la expertise que, a lo largo de los años y con esfuerzo, se ha construido en México con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Mucho se ha dicho sobre la elección popular de personas juzgadoras, pero pongámonos de acuerdo. Lo que realmente se propone en la iniciativa es que sean elegidas por la ciudadanía. Sin embargo, la convocatoria no es abierta, pues las candidatas serán postuladas por los tres Poderes de la Unión.

Aquí veo dos problemas centrales que podrían solucionarse conservando e incluso reforzando el sentido del voto popular. El primero es que se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia. Estamos politizando los nombramientos. La ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político.

El segundo problema: la ciudadanía vota usualmente por propuestas, pero no evalúa resultados, por eso debemos de preguntarnos qué papel queremos que cumpla en la función judicial, el voto popular. ¿Queremos una campaña judicial que venda promesas a futuro o preferimos otra que nos permita definitivamente evaluar el desempeño pretérito?

Si ha de mantenerse el voto popular, considero que este debería de fungir como un medio para evaluar el desempeño y decidir definitivamente sobre la permanencia de las personas juzgadoras, pero no para reemplazar los concursos de la carrera judicial que permiten acceder al cargo mediante el mérito, mediante la honradez y el profesionalismo de sus aspirantes.

En otro aspecto, la creación de órganos administrativos y disciplinarios independientes puede fortalecer la rendición de cuentas. Ahora bien, para que el Tribunal de Disciplina pueda tener una incidencia real sin menoscabar la independencia de las personas juzgadoras es necesario acotar sus facultades, pero robustecer el aparato disciplinario de la escuela de formación judicial.

Señores legisladores, salgamos de la lógica punitivista, pues un tribunal disciplinario integrado por cinco magistrados no podrá revisar eficientemente la labor cotidiana de más de mil 600 personas juzgadoras. Cerremos las puertas, sí, a la corrupción desde la formación de los integrantes de la carrera judicial.

Estas propuestas parten tanto de los objetivos como de los medios elegidos por la iniciativa. Busquemos entablar un diálogo constructivo, un diálogo abierto, un diálogo desinteresado, pero un diálogo realista en donde el punto de llegada sea la mejora y el perfeccionamiento de los Poderes Judiciales que demandan y esperan los mexicanos.

Muchas gracias.

iv) Ministro Javier Laynez Potisek.

Muchas gracias. Muchísimas gracias, por este ejercicio de transparencia, de apertura y de colaboración entre Poderes, de veras, se aprecia.

Coincido que, efectivamente, el Poder Judicial de la Federación, como cualquier gran institución, en dimensión enormes y de enorme complejidad, somos más de 50 mil servidores públicos, enfrente fallas, carencias y problemas y que debemos de resolverlas y atenderlas.

Hace casi 30 años México apostó por la implementación y desarrollo de la carrera judicial, que puso en el centro a juezas, jueces, magistradas y magistrados, para que estos ocuparan su cargo exclusivamente con base en la preparación profesional, el esfuerzo y la valuación de su desempeño, es decir, el mérito.

Discúlpenme y lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después este sistema solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. 

Sigo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia. 

Esto lo he aprendido visitando durante los nueve años que tengo como ministro cada uno de los circuitos

La jueza de Chihuahua, que otorgó el amparo para reconocer el derecho a la verdad de una menor de edad desaparecida.

Los jueces en Tijuana, que trabajan sin horarios ni descanso para atender los juicios de amparo promovidos ahora por los migrantes, que se duplicaron este año. 

El juez de Oaxaca, que protegió la parcela escolar del ejido como un bien fundamental. La jueza de Tlaxcala, que reconoció el acoso laboral de las trabajadoras.

Ninguno de ellos son corruptos, ninguno de ellos están alejados de la sociedad, como no lo están también el ejército ahora de jueces capacitados, especializados en el nuevo sistema oral y de justicia laboral que, votada por esta soberanía y, por cierto, que se está convirtiendo en un modelo en América Latina.

Estamos hablando de mil 647 personas juzgadores que cesarán en su cargo, y su posible reingreso y posteriormente su prórroga o ascenso estará sujeto a sus aptitudes para comprometer, para hacer campaña y buscar el voto, aún y cuando previamente se pretenda certificar sus aptitudes técnicas.

La mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia".

Insisto, claro que hay problemas y deficiencias muy importantes que no pueden soslayarse y menciono una y reconozco la incapacidad que hemos tenido en el Poder Judicial para comunicarnos con la sociedad, para transmitirles qué hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos. 

Pero, por favor, no tomen esto como un acto de soberbia o de arrogancia, es que fuimos educados e instruidos en la idea de que el juez es una persona que hace su trabajo de manera prudente, de manera discreta, en la soledad de su despacho y que solo habla por sus sentencias.

Bueno, ya nos dimos cuenta que esto hoy en día no es tan real y que no hemos sabido acercarnos a las jóvenes, a los jóvenes. Pero retomo, considero que en la elección –pues mi punto de vista personal– por votación popular, no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial federal. 

Y, permítanme ponerlo sobre la mesa como tema de discusión, yo temo que esta propuesta pueda agravar drásticamente estos problemas.

Por supuesto que quienes resuelven los asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo. Sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego, únicamente a la ley.

El método de elección popular por propia definición y naturaleza busca generar un compromiso con el elector, eso lo saben ustedes mejor que nadie, esa es la esencia.

El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción de conflicto de interés.

¿Cuál es el aliciente para un juez de prepararse, especializarse para buscar su ratificación y la permanencia en el cargo si conoce de antemano que su reelección y ascenso depende de la contienda electoral?

Permítanme hacer una comparación con la carrera magisterial, no se eligen a las maestras y a los maestros, estos ingresan mediante un sistema de carrera que busca, además, la capacitación y profesionalización constante, garantizando la permanencia en el sistema como una opción debida.

Ya no menciono a los demás puestos del Sistema de Carrera Judicial, más de 30 mil oficiales, actuarios, secretarios, que son los que proyectan las sentencias, quienes perderán todo incentivo para prepararse y concursar para llegar a ser juez y, en un futuro, magistrados.

Ahora habrá que salir a buscar los apoyos para ganar una elección, insisto, aunque se ratifique antes o se confirme la experiencia que pudieran tener.

Señoras y señores legisladores, entiendo que tendremos oportunidad en los foros –porque son foros temáticos– de analizar la experiencia en otros países. Entiendo, la minoría, que han optado –en casos muy específicos– por el sistema de elección, los discutiremos de manera puntual.

Pero yo les pido y estoy seguro que lo harán –así ha sido esta invitación amplia–, que escuchen a las juezas, a los jueces, a las magistradas y a los magistrados porque serán ellos quienes les van a aportar los mayores elementos de cómo llegaron al Poder Judicial, cómo accedieron a su cargo, cómo realiza su labor cotidiana, por qué el rezago. Sí. Qué tanto daño hace. Cuál es la carga de trabajo. Cómo son las evaluaciones.

Yo estoy seguro que tendremos mucho que aportar en esos puntos. Yo, por lo pronto, no tengo sino darles las gracias.

v) Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Señoras y señores legisladores, agradezco a ustedes la posibilidad de participar en este ejercicio democrático, que implica el análisis de reformar nuestro Poder Judicial.

Creo que nadie duda que es un imperioso deber de nuestro tiempo efectuar los cambios que requiere esta importante función de impartir justicia, para recuperar la confianza ciudadana. El mandato de las urnas es claro, no podemos ponernos una venda en los ojos ante una nueva realidad social.

Hoy nos tiene esa realidad social aquí sentados. Esta realidad impone el deber de impulsar los cambios que sean necesarios y, entre otros, no puede dejar de considerarse tomar las acciones para la elección de juzgadores como una medida, entre varias, que permitan recobrar la confianza en sus juzgadores.

La impartición de justicia es una función esencial del Estado mexicano, ¿requerimos jueces por elección popular? Sí. Y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar.

La elección progresiva sobre la que gira mi propuesta consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos: renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa.

La elección progresiva sobre la que gira mi propuesta consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos: renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa".

Tales posiciones se irán ocupando gradualmente por medio de la elección directa, que a su vez garantice los elevados estándares de calidad de quienes sean postulados. Ello permitirá elevar el nivel técnico y de competencia de todas las personas juzgadoras federales que cubran los cargos, a partir de ahora, para lograr la renovación total y de manera paulatina.

Queremos jueces de excelencia y con legitimidad social. En este contexto, siendo plausible democratizar el acceso a la titularidad de los cargos del Poder Judicial de la Federación, todavía enfrentamos un reto mayor, consiste en mantener su independencia y autonomía respecto de los demás poderes constituidos e inclusive con relación a los otros poderes fácticos o económicos.

Ambos atributos, independencia y autonomía, son inherentes a la función jurisdiccional en todos los países libres, son las cualidades que nos garantizan a todos, mujeres y hombres, a quienes viven en la pobreza, la riqueza o la clase media, así como extranjeros y mexicanos, que la legislación nacional que se aplicará libre de toda atadura ideológica o política y que quienes decidan emprender cualquier actividad productiva o comercial, así como se les exige respetar el marco legal aplicable, de ese mismo modo se les solicite también y se les proteja en un orden jurídico que brinde la protección suficiente a través de sus autoridades y jueces. 

Para evitar esto, que se dé a interpretaciones arbitrarias, lo que debemos es generar seguridad jurídica.

El Poder Judicial de la Federación ya cuenta con un amplio capital humano de personas juzgadoras, cuyo acceso al cargo pasó, como se ha dicho aquí, por cursos de especialización, evaluaciones, concursos de oposición y que resuelven casi más de 1 millón 500 mil asuntos anualmente en sus diversas materias.

Hoy el reto que tenemos es generar consensos, identificar los puntos de acuerdo, entre la elección directa, como fue el mandato popular, asegurar la independencia judicial, garantizar los derechos laborales adquiridos, asegurar el conocimiento técnico especializado de las personas juzgadoras en beneficio de los justiciables y contar con un sistema de impartición de justicia fuerte y confiable.

Acorde al mandato expresado por la mayoría de los ciudadanos, me permito entregar a esta honorable soberanía mi propuesta que, como elementos esenciales, contiene siete: la elección por voto popular de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal de Disciplina Judicial, la sustitución progresiva de juezas, jueces, magistrados y magistradas, la garantía de idoneidad y excelencia de los perfiles de juzgadores que van a participar, el respeto a los derechos laborales de todas y todos, la observancia, la paridad de género, los jueces cercanos a la gente y la justicia para todas las personas por igual.

Señoras y señores legisladores, un Poder Judicial fuerte y con respaldo popular es indispensable para el Estado de derecho, para la democracia, para garantizar la justicia y para que sirva y sirva bien al pueblo de México. Gracias.

vi) Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas los legisladores, compañeros, expositores y público en general presente en este honorable Congreso de la Unión.

Agradezco y reconozco el esfuerzo de todas las bancadas de esta legislatura que han convocado a este parlamento abierto nacional para analizar y discutir la reforma al Poder Judicial presentada por el Presidente de la República. 

También agradezco de manera especial la invitación del diputado Juan Ramiro Robles Ruiz, presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales, para expresar mi postura en este foro denominado: ¿Qué Poder Judicial tenemos? Y ¿Qué poder judicial queremos?

Hemos sido convocados para discutir los méritos de una reforma constitucional que pretende reformar a los 33 poderes judiciales del país, tanto el federal como los locales.

En estos breves minutos me enfocaré en la independencia judicial y su importancia en la economía nacional.

La independencia judicial es fundamental para lograr una cancha pareja en los tribunales, garantizando que las personas sean escuchadas en igualdad de condiciones independientemente de su poder político o económico, la independencia judicial es la venda que le tapa los ojos a la justicia.

¿Es valiosa la independencia judicial para el desarrollo de una economía nacional? Sin duda lo es, cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de esa premisa, una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico. 

Es necesario hacer visibles las posibles distorsiones de una reforma de esta envergadura para discutir posibles remedios.

Asumiendo que el poder reformador de la Constitución decide instaurar un modelo de elección popular de jueces y magistrados, es importante considerar el impacto económico de un mal diseño. 

Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados.

La incertidumbre y la necesidad de navegar un sistema judicial sesgado podría aumentar los costos para las nuevas empresas. 

Si el contribuyente optara por el modelo de elección directa de jueces, deben reforzarse otras garantías de independencia judicial para que el modelo de elección no genere barreras de entrada para los usuarios. 

Las barreras de entrada pueden exacerbar la desigualdad, beneficiando a los que ya tienen poder y recursos, mientras que los pequeños emprendedores encontrarán dificultades para prosperar.

La percepción de que el sistema judicial no es imparcial puede erosionar la confianza pública, afectando negativamente la inversión y el desarrollo económico a largo plazo. Los inversionistas buscan mercados donde la ley sea aplicada de manera equitativa y predecible.

Personalmente, considero que, y esto es sugerencia, que lo mejor sería una reforma al sistema meritocrático de carrera judicial que ya tenemos. El sistema meritocrático, bien implementado, es superior porque los jueces seleccionados por mérito tienden a tomar decisiones más consistentes y previsibles para ascender en la carrera judicial.

Si la decisión del Constituyente es cambiar el modelo a uno de elección popular, la eventual reforma constitucional, a mi juicio, debe de incluir los siguientes remedios a problemas ya presentes y que podrían agravarse con la eventual reforma:

Primero, profesionalización de la función judicial. Se debe mantener la profesionalización de la función mediante capacitación permanente con una escuela judicial autónoma. Esto garantiza que la función judicial siga siendo técnica y jurídica.

¿Es valiosa la independencia judicial para el desarrollo de una economía nacional? Sin duda lo es, cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de esa premisa, una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico".

Segundo, garantía de estabilidad en el cargo. La función judicial es una vocación de vida. Se deben revisar y fortalecer las garantías de estabilidad en la función, incluyendo permanencia, ratificación, adscripción y disciplina de sus integrantes. La estabilidad evita intromisiones y permite que la función judicial sea predecible.

Además, solo se debería sancionar a los jueces bajo criterios de disciplina objetivos y técnicos. Usar criterios subjetivos o arbitrarios mata la independencia judicial.

Remuneración justa y un plan de retiro digno, una remuneración y un plan de retiro digno garantiza el diseño óptimo para atraer y retener el talento jurídico más calificado, lo cual, asegura estabilidad y continuidad del sistema judicial.

Profesionalización de los litigantes y fortalecimiento de las defensorías públicas. Se debe de asegurar que los litigantes, privados y públicos, sean profesionales de estatura ética y profesionalismo mediante exámenes de conocimiento y sanciones por faltas a la administración de justicia aplicadas por el órgano de administración del Poder Judicial.

En conjunto, deben fortalecerse las defensorías públicas para los más necesitados.

Revisión de los Poderes Judiciales locales, replicar las garantías de independencia a nivel local y establecer un porcentaje presupuestal fijo en las constituciones locales destinado a los Poderes Judiciales Locales.

Esta propuesta también debería de ser considerada para el Poder Judicial Federal y, por último, fortalecimiento del arbitraje. Dado que existe riesgo de que la reforma genere costos y barreras de entrada al mercado, se debe de plantear una alternativa a los tribunales, la alternativa es el arbitraje.

Cualquier reforma que pretenda fomentar el crecimiento económico con inversión extranjera a largo plazo debe incluir garantizar la ejecutabilidad de los laudos arbitrales, así como, la eliminación de las reglas que obstaculizan el fácil acceso al arbitraje. Es cuanto. Muchísimas gracias.

vii) Ministro Alberto Pérez Dayán.

Agradezco a esta soberanía la oportunidad de expresar en líneas generales algunas reflexiones en torno a la iniciativa constitucional en materia de justicia, presentada por el Ejecutivo federal.

Coincido con el eje fundamental que la motiva. Las instituciones del Estado, en conjunto, no han alcanzado hasta ahora el nivel de satisfacción y certidumbre que demanda la sociedad. Precisamente por eso estamos aquí.

Toda reforma constitucional, por su trascendencia, impone un estudio profundo, la mayor serenidad en su planteamiento, esfuerzo y talento de sus promotores. Debe siempre dar el tiempo necesario. 

La prisa no es un buen consejero. Su diseño y probada eficacia son absolutamente imprescindibles. No es aceptable ni recomendable, obviamente, tomar riesgo alguno. Los arrebatos, como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos.

Bajo esa premisa el Constituyente federal de ese mismo año fijó las bases de la representación nacional, haciéndola coincidir, en la medida más precisa posible, con los resultados de una elección, tantos diputados como votos recibidos.

Los límites impuestos a la sobrerrepresentación no son casuales, guardan una lógica indiscutible con sus propósitos.

Toda reforma constitucional, por su trascendencia, impone un estudio profundo, la mayor serenidad en su planteamiento, esfuerzo y talento de sus promotores. Debe siempre dar el tiempo necesario. La prisa no es un buen consejero".

Significan, en las propias palabras de su autor, el respeto absoluto a la pluralidad democrática y el reconocimiento de todas las expresiones de la voluntad popular, con esos precisos perímetros numéricos, 300 para ser exacto.

Se aseguró que ninguna fuerza política, por sí misma, pueda reformar el texto constitucional. Es decir, que siempre debe hacerlo con la concurrencia de la oposición complementaria que le dé la legitimación y fuerza que requiere toda norma fundamental.

Con ello presente, señoras y señores legisladores, destaco de entre muchos, tres temas principales:

Primero. Prohibir la suspensión de normas generales en acciones inconstitucionalidad y controversias constitucionales que muy excepcionalmente otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significa admitir, también, la posible violación a derechos humanos de modo irreversible si esas normas resultan inconstitucionales. Recuérdenlo y ha sucedido, nada ni nadie lo repara.

Segundo. Suprimir efectos generales a determinadas sentencias de amparo implica desarticular la doctrina del interés legítimo que caracteriza hoy al instrumento jurídico más avanzado de nuestra tradición jurídica. 

De aprobarse así la iniciativa, nada impedirá que se ejecute una norma que afecta severamente, por ejemplo, el medio ambiente o exponga la colectividad a un daño injusto, pues solo habrá de proteger a quien tuvo recursos para defenderse de ella, no más.

Con esa óptica, el caso de las trabajadoras del hogar iniciado con una sentencia y concretado en la ley en este recinto, sería impensable siquiera.

Tercero. La carrera judicial implica un servicio civil de excelencia. La militancia y el sufragio la desvirtúan y la destruyen, no lo digo yo, ya se ha dicho aquí y mucho.

Concluyo, la división de Poderes y el sistema de frenos y balances de las funciones públicas caracterizan y dan fuerza a los regímenes democráticos modernos, México no deber ser la excepción, no debemos dejar pasar la inmejorable oportunidad que representa para esta nación esta valiosa iniciativa, sumemos ahora sí la experiencia legislativa, la experiencia judicial e impulsemos la voluntad del Ejecutivo de modo que los tres Poderes, unidos como garantes, refrenden el compromiso del gobierno con su pueblo, eso es lo que persigue una mejor justicia.

Ceñido a los cinco minutos, que están por concluir, les agradezco la oportunidad.

viii) Ministra Loretta Ortiz Ahlf.

Buenas tardes. Saludo a las y los legisladores presentes, a mis compañeras y compañeros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todas las personas asistentes y, en especial, a todo el público que sigue con particular interés el desarrollo de estos diálogos nacionales relativos a la reforma al Poder Judicial de la Federación.

Me honra ser parte de este proceso de diálogo e intercambio, a la vez que reconozco ampliamente los esfuerzos institucionales que dan cauce a los aportes que viertan en estos espacios las personas legisladoras, los académicos, los servidores públicos, las juzgadoras, así como la sociedad en general.

La iniciativa con proyecto de decreto en materia de reforma al Poder Judicial, documento base para estos diálogos, incluye aspectos tan variados y relevantes como la modificación a la composición y funcionamiento de la Suprema Corte, la creación de un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial, así como la elección directa de las y los juzgadores de todos los niveles.

Sin embargo, dado el tiempo y la naturaleza de este espacio, me enfocaré en los mecanismos de selección de quienes integran los más altos órganos del Poder Judicial de la Federación, particularmente de la Suprema Corte de Justicia, dado su rol como tribunal constitucional.

Los tribunales constitucionales se han afianzado como actores decisivos para consolidar los esquemas de protección de los esquemas fundamentales contenidos en las normas supremas. Por ello, diversos aspectos asociados a estos y al propio constitucionalismo contemporáneo son objeto de numerosos debates y enfoques críticos a lo largo del mundo.

Criterios objetivos de selección basados en: mérito personal y capacidad profesional de las personas candidatas, regirse por los principios de transparencia y publicidad, garantizar la oportunidad de toda persona sin discriminación a acceder al cargo en igualdad de condiciones".

Por ejemplo, el papel que desempeñan dentro del sistema político, la naturaleza y alcance de sus mecanismos de control judicial, su diseño en facultades o los sistemas de selección de sus miembros.

Si un tribunal constitucional o corte suprema se erige como el órgano judicial de mayor jerarquía con la función de interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental, es comprensible que una de las principales inquietudes de la sociedad se centre en la forma en que estos se integran y en los mecanismos que garanticen a la población el adecuado desempeño de sus funciones.

Es fundamental tomar como punto de partida que los estándares internacionales no establecen un modelo ideal o deseable de selección de jueces, al ser una materia que corresponde al ejercicio soberano de cada Estado.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, que no le corresponde indicar cuáles son los órganos que deben intervenir en un procedimiento de selección de las y los operadores de justicia, ya que es una materia que escapa de su competencia.

Por el contrario, este órgano ha señalado que lo más relevante para cualquier procedimiento de selección es que desde una perspectiva sustancial y con independencia de que se elija un mecanismo de designación directa o indirecta, deben existir garantías que aseguren que estos no sean realizados ni percibidos como decisiones de carácter político, afectando así la convicción de los justiciables.

De ahí la importancia de uno de los objetivos centrales de estos diálogos, reformar el Poder Judicial, a fin de que su conformación y actuación cuente con el respaldo y con la legitimidad democrática necesarias para hacer valer sus decisiones.

Dentro del Sistema Interamericano se ha concluido que con independencia del proceso definido en cada país estos siempre deberán contar con criterios objetivos de selección basados en: mérito personal y capacidad profesional de las personas candidatas, regirse por los principios de transparencia y publicidad, garantizar la oportunidad de toda persona sin discriminación a acceder al cargo en igualdad de condiciones.

Como señala en su informe la Comisión Interamericana que mencioné, es difícil determinar los beneficios que aparejan los distintos modelos de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia, sin embargo, los procesos deben asegurar como únicos elementos ineludibles que haya criterios de selección objetivos basados en el mérito personal y en la capacidad profesional.

Lo más deseable a partir de estos ejercicios de escucha y reflexión, es que dejemos atrás cualquier aplicación pasiva y mecánica de las normas para colocar en el centro de la reforma del Poder Judicial a las personas justiciables. Muchas gracias.

ix) Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

Muchas gracias. Distinguidos integrantes del Poder Legislativo, poder reformador de la Constitución; compañeras ministras y compañeros ministros integrantes del Poder Judicial de la Federación, muy buenas tardes a todos.

Agradezco la amable invitación de la Cámara de Diputados a través de su distinguido presidente, el diputado Robledo, a este encuentro de personas que aspiramos a mejorar responsablemente el sistema de justicia para que siga brindando estabilidad y confianza en el porvenir.

¿Qué Poder Judicial tenemos? Para responder es indispensable explicar pacientemente a la sociedad que hay Poderes Judiciales locales y un Poder Judicial de la Federación. Y que son distintos entre sí, profesionales los dos.

Luego hay que recordar que existen tribunales en materia agraria, administrativa, laboral y que no están siendo integrados en la reforma. Además, debe reconocerse que México enfrenta una dura y añeja realidad, y es que mucha gente concibe a las fiscalías, procuradurías, defensorías, comisiones de derechos humanos, de búsqueda y de atención a víctimas como parte del sistema de justicia, donde se presentan muchas problemáticas que no están siendo abordadas en la iniciativa de reforma. Espero que lo sean.

¿Qué Poder Judicial queremos? Respetuosamente considero que una buena reforma legislativa debe tener cuatro características. Primera: estar verdaderamente orientada a resolver problemas, no según la ilusión, sino según la realidad. Segunda: no desarreglar lo que funciona para no crear problemas. Tercera: ser económica. Cuarta: implementarse con sencillez.

Con ese pragmatismo, opto por compartir algunas ideas mínimas.

Primer tema: fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados. Los estados son soberanos para diseñar su sistema judicial, pero hay casos donde los cargos son cuotas de partidos políticos. Sería de gran beneficio para la gente de cada estado que contara con jueces de primera instancia elegidos por examen y que los magistrados revisaran en apelación y fueran jueces ascendidos con la posibilidad de que la ciudadanía preparada participe en convocatorias públicas para integrar salas de constitucionalidad local.

Bastaría una reforma al artículo 116 constitucional utilizando adicionalmente incentivos fiscales para adoptar mejores prácticas y dotar de estabilidad financiera a la justicia local. Las disponibilidades de recursos con las que cuentan los estados al cierre de los ejercicios integrados por recursos federales etiquetados regresan a la Tesofe, pero en lugar de justificar desequilibrios financieros para su retención por parte de los estados, los recursos pueden asignarse al fortalecimiento de los sistemas judiciales locales, según las reglas que deriven del artículo 116 constitucional.

Ahí están los recursos, solamente se reorientan los incentivos.

Una buena reforma legislativa debe tener cuatro características. Primera: estar verdaderamente orientada a resolver problemas, no según la ilusión, sino según la realidad. Segunda: no desarreglar lo que funciona para no crear problemas. Tercera: ser económica. Cuarta: implementarse con sencillez".

Eso nos lleva al segundo tema: fortalecer a la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación para que pueda capacitar a profesionales de los poderes judiciales locales, de las fiscalías, de las comisiones de derechos humanos, de atención a víctimas y procuradurías para la defensa de los menores, entre otros. 

Los estados no gastarían en profesionalizar, lo haría la Escuela de Formación, de larga trayectoria y probados resultados. Esto elevaría la calidad de la burocracia e incluso podría certificar a la abogacía, cristalizando el añejo ideal de colegiación obligatoria y de paso certificar escuelas de derecho, pues proliferan las llamadas patito. La sociedad merece juristas acreditados y no usurpadores de la profesión.

Tercer tema, este responde a una preocupación. Se opina que falta dimensión social en la Judicatura. Yo creo que no, pero siempre es posible mejorar, se puede hacer un ajuste a la carrera judicial para que la escuela de formación facilite que futuros jueces incluyan un año de servicio social jurídico no gratuito, en defensorías públicas, centros de atención a adicciones, estaciones migratorias, comunidades indígenas donde hay infancia maltratada, donde tanta falta hace. 

Pero la carrera judicial no debe desaparecer, sino mejorar para que siga siendo una de las más profesionales de México, y donde además existe movilidad social. 

De por sí son pocos los espacios que permiten movilidad social, necesitamos preservarlos.

Esto se relaciona con el cuarto tema, clínicas de asesoría jurídica gratuita que la defensoría pública lleve a cabo con universidades, a fin de que jóvenes abogados de la mano de la abogacía profesional, brinden ayuda legal en zonas marginadas. 

Si un adulto mayor va a prestar dinero, que lo documente. Si una mujer renta su vivienda, que lo formalice. No solo ayudarles cuando hay problemas, sino evitárselos. Esta, por cierto, es una idea que quedó en el tintero de las desarrolladas en el plan de nación del Presidente López Obrador. Es lamentable que no se haya llevado a cabo.

Quinto tema. Que los Poderes Judiciales locales cuenten con jueces mediadores, que serían electos por voto popular de sus vecinos dada la proximidad, y que les ayudarían a resolver problemas cotidianos de convivencia, de inseguridad, de servicios públicos, en fin, facilitara la vida municipal, porque serían mediadores y gestores. 

Esto impulsaría la cultura de la mediación, del arbitraje, de la resolución de controversias de manera sencilla y desahogaría la carga propiamente jurisdiccional y la agobiante estadística, y con el retraso de la justicia.

Finalmente, sexto tema. Mayor uso de la tecnología y de la inteligencia artificial para difundir el quehacer judicial de forma pedagógica a fin de que la gente conozca ese quehacer y pueda verdaderamente participar en mecanismos de justicia abierta sobre cómo alcanzar el ideal de justicia.

Si pensamos con generosidad surgen ideas creativas, útiles y realistas, desde un enfoque desconfiado o egoísta no surge nada verdaderamente valioso ni transformador, procuramos servir a México con responsabilidad y lo mejor de nuestras capacidades en no perder esto de vista abona a una sociedad más serena y humanista.

Y, finalmente considero conveniente tener cuidado de no denostar lo que las generaciones de mexicanos y mexicanas han forjado a lo largo de su vida, se vulneraría no solamente su memoria y nuestra historia, sino que se menoscaba la serenidad y esperanza de la generación actual, especialmente de quienes tienen menos.

Esta generación de mexicanas y mexicanos debe saber que cuenta con instituciones sólidas, republicanas y democráticas, resultado de nuestra historia y del esfuerzo de nuestros antepasados, tan es así que aquí estamos en un esfuerzo interinstitucional de diálogo, democrático y además en respetuosa colaboración entre Poderes, razón para estar contentos por estar haciendo lo correcto. Muchas gracias

x) Ministro Luis María Aguilar Morales.

Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a las diputadas y diputados que hicieron el favor de invitarnos a participar en este importante momento de una posible reforma a la Constitución y, desde luego, a todos los que participan en esta gran mesa de análisis.

En realidad, creo yo, que estamos en esta primera etapa, en la inauguración de estos foros. Los cuales, entiendo, que se verán ya con detalle en las mesas de trabajo según los temas específicos.

Yo coincido con muchas de las opiniones que se han expresado aquí, con propuestas que se han señalado, con participaciones de muchos de los evaluadores y analistas que han participado en esta ocasión, de tal manera que no quiero repetir cuestiones tan importantes como las que, por ejemplo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena señaló como requisitos en la vida de los jueces o los juzgadores que, además, son parte de los principios de independencia de la Judicatura que se expidieron desde 1985 en Naciones Unidas y de las cuales México aprobó en la Asamblea General.

Muchos de estos principios, como la inamovilidad, las condiciones salariales, los nombramientos adecuados, son estos principios a los que México debería estar comprometido para poderlo seguir adelante, ya que fue partícipe de la aprobación de estos principios.

Yo creo, desde luego, en la carrera judicial. Me es inevitable tener que creer en ella porque, actualmente tengo 75 años de edad prácticamente y 55 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Empecé como mecanógrafo en un Tribunal y he ido ascendiendo gracias a la carrera judicial, hasta llegar al honroso cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Creo en la carrera judicial, creo que es una institución que ha servido y se ha ido perfeccionando. Durante todos estos años he visto cómo ha evolucionado y he visto cómo se ha perfeccionado y cómo, a partir de exámenes, de preparación, de requisitos específicos para la elección de los juzgadores, se ha buscado siempre el mejoramiento para los juzgadores de nuestro país.

Y no es la independencia judicial que se logra con la carrera judicial un privilegio de los juzgadores, es un derecho del pueblo de México tener jueces independientes que cumplan cabalmente con su tarea y con la independencia necesaria. No es una cuestión accidental, es una cuestión sustancial que los jueces sean independientes para servir al pueblo de México. El derecho a ser independiente, no es de los jueces, es del pueblo de México que recibe el servicio de ellos. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano jurisdiccional en materia de justicia constitucional.

Pero yo quiero insistir en algo que, como que se diluye un poco, ya el magistrado Guerra ha señalado algo de los tribunales de los estados, y los que les llamamos los tribunales locales. Pero aquí se habla de una reforma al Poder Judicial como si solo hubiera un solo bloque en el país de Poder Judicial.

En realidad tenemos dos grandes bloques de justicia en el país y que están impartidos por dos grandes instituciones: el Poder Judicial de la Federación, es de lo que más hemos hablado aquí y que creo que es uno de los que ha tenido mayor evolución y perfeccionamiento en todos sus niveles, como ahora lo dijo la consejera Lilia Mónica, en vigilancia, en disciplina, en sanciones, pero también en capacitación, la Escuela Judicial, el antiguo instituto de la Judicatura Federal.

Todo esto ha perfeccionado la justicia federal. Pero no descuidemos a la justicia de los estados. La justicia de los estados también requiere un sistema mucho más estricto de selección, los juzgadores. Que no sean los gobernadores de cada estado los que impongan a los magistrados de los tribunales superiores de justicia. Que haya una verdadera carrera judicial. Porque, insisto, para mí la carrera judicial es la que garantiza la independencia de los juzgadores.

Y hablo desde mi punto de vista, perdón que lo diga, pero yo empecé como mecanógrafo, como les decía, vengo de una familia, digamos, humilde, mi abuela era una indígena maya de un pueblo de Yucatán, Ticul, mi abuelo materno era un conductor de tranvías aquí en la Ciudad de México, nunca hemos sido gente rica ni mucho menos influyentes desde el punto de vista como lo conocemos en nuestro país.

Yo he ido avanzando gracias a la carrera judicial, a mi trabajo y a la disposición para ir haciendo de la justicia algo que me convence, que es parte ahora de mi propia vida personal. Y estoy convencido de que mi trabajo debe servir al pueblo de México todos los días con independencia, con honestidad y con trabajo constante.

Muchos de nosotros lo hemos dicho en otros foros del que pertenecemos a la carrera judicial, a veces sacrificamos el tiempo de nuestra familia, estamos muy empeñados en cumplir con nuestro deber a cualquier hora que se necesite y yo creo que esto es algo que debemos reconocer. No debemos destruir lo que se ha avanzado durante tantos años.

Aprovechemos la carrera judicial, perfeccionémosla, en efecto. La elección de jueces y magistrados y en especial de ministros ni siquiera es una novedad, en el Constituyente del 17 ya se había hecho la propuesta de elegir a los ministros de la Suprema Corte mediante elección popular. 

Lo hizo el diputado Truchuelo, que después por cierto fue ministro de la Corte, y propuso que se eligieran uno por cada estado de la república, un ministro para que hubiera al menos 28 ministros en la Suprema Corte.

Personas tan inteligentes y cultas, como eran los diputados Hilario Medina y Manuel Lizardi, dieron razones muy amplias, que están ahí en el Diario de los Debates para hacer señalar las inconveniencias de hacer una elección de esa naturaleza.

No niego que toda institución humana puede mejorarse, puede desde luego perfeccionarse e irle agregando cada vez más cosas, pero siempre en la mejoría y en el bienestar de nuestro pueblo, que es a quien está dirigida la justicia y a quienes deben garantizarse la independencia de los jueces.

Yo creo que si tenemos en cuenta esto, aprovechemos la carrera judicial. Si se puede combinar de manera eficiente con la elección popular, pues que se haga. Yo no me opongo. Mi única condición, y lo he dicho, mi única condición es que los jueces y los juzgadores sean independientes. Si se elige un sistema determinado, magnífico, qué bueno, a la mejor se avanza. Pero mientras no se pierda la independencia quiere decir que vamos por buen camino.

Yo creo que limitar mucho las facultades de la Suprema Corte, cuyo artículo primero constitucional ya le compromete a buscar la mejor interpretación, interpretación en favor de los derechos humanos, yo creo que es una labor fundamental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va estableciendo criterios en general en todo el país.

Por qué hay unos criterios en unas materias más que en otros. Porque los tribunales recibimos las demandas, las demandas de los justiciables. Los ministros, los jueces no eligen los temas que han de conocer, los elige la propia ciudadanía, al presentarlos los propios ciudadanos.

En fin, yo creo que podemos perfeccionar siempre las instituciones. Y yo creo en la carrera judicial y que no se pierda la independencia de los jueces. Muchas gracias.

xi) Ministra Presidenta Norma Lucia Piña Hernández.

Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Agradezco la invitación a esta sesión inaugural de los diálogos nacionales. 

Este ejercicio representa una oportunidad única para reflexionar y debatir sobre temas de trascendencia nacional que nos involucra a todos los Poderes de la Unión, como lo es la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial, no solo al Federal, también al local.

Desde la Judicatura Federal participaremos y expresaremos nuestras posturas sobre cada uno de los temas que en ella se abordan. Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. Estamos en el umbral de una reforma al Estado Mexicano, desde sus cimientos, compartimos, con los que están aquí presentes, el objetivo de mejorar la justicia en México.

Precisamente, en este entendido y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde a inicios del presente año el Poder Judicial de la Federación convocó a la construcción colaborativa de una agenda nacional de seguridad y justicia.

El objetivo más importante de esta agenda ha sido construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas y el camino que tienen que recorrer para defender y proteger sus derechos. Cualquier reforma judicial debe de responder principalmente a sus necesidades.

Es por esto que llevamos más de cuatro meses escuchando a miles de personas en todas las regiones del país, compartimos las mesas de escucha no solo con autoridades civiles, sino también con policías, con fiscales, con defensores públicos, con peritos, con legisladores, con estudiantes, profesores, miembros de la sociedad civil como defensores de derechos humanos, madres buscadoras, víctimas, miembros de grupos en situación de vulnerabilidad.

Generamos y recopilamos información, tanto cualitativa como cuantitativa sobre los problemas prioritarios del país en estos temas. Tenemos propuestas concretas para mejorar el sistema de seguridad y justicia en nuestro país. Esta agenda propositiva estará a disposición de ustedes y de toda la sociedad.

De este ejercicio de escucha desprendimos algo muy claro, la justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales; la justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad, la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial, lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis.

Pensar en una reforma al Poder Judicial implica como mínimo reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver, de manera imparcial e independiente, los conflictos que surgen en una sociedad democrática.

Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión, resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada".

Seamos críticos de la justicia en México. La realidad no nos permite otra actitud, pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de esta, las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general. Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto.

Critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado.

Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio.

Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión, resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada.

Señoras y señores legisladores, el paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores. 

En las últimas décadas, esta soberanía ha impulsado reformas en diversas materias como la penal, la civil, los mecanismos alternativos, la laboral y la judicial. Cada uno de estos cambios ha requerido amplitud temporal y gradualidad. Ustedes así lo determinaron.

Por ello, en la reforma judicial que hoy nos convoca no debe pesar más la celeridad que la idoneidad. Las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas.

Estoy convencida de que en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias. Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división, los derechos y las libertades de las y los mexicanos. 

Muchas gracias