Las columna políticas hoy, lunes 4 de agosto de 2025

Llegará a Lavado de dinero -la UIF-, un perosna cercana de Harfuch

Omar Reyes Colmenares, será nombrado titular de Unidad de Inteligencia Financiera.

Fue titular de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y es -segun Reforma-,  considerado uno de los principales estrategas de investigación policial del grupo de Harfuch y encabezó los principales golpes contra el crimen organzado en la Ciudad de México en el sexenio anterior.

Es licenciado en Derecho por la UNAM y fue director en la Oficina Central Nacional de Interpol México.

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Piden diálogo y consenso en reforma electoral de 4T

Grupo REFORMA

Ex consejeros electorales y líderes de la Oposición alertaron del riesgo de la reforma electoral que anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum y llamaron a buscar un consenso y diálogo nacional.

También en una carta pública, 22 ex consejeros y ex dirigentes del INE llamaron construir una reforma a partir de consensos.

Tras admitir la necesidad de una reforma electoral, los ex magistrados y ex consejeros apuntaron que debe construirse a partir de una deliberación amplia y acuerdos, no sólo tomando como referencia los votos.

"No sólo importan los votos en el Congreso, sino la voz de todos, incluyendo minorías. Una democracia se fortalece cuando todos tienen cabida, aunque tengan menos votos", sostuvieron ex Consejeros como Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Woldenberg y Alejandra Latapí.

Los firmantes propusieron seis puntos para integrar en la iniciativa, donde contemplan la preservación, fortalecimiento y autonomía de los organismos electorales, además de distribuir los asientos en el Congreso de forma proporcional a los votos que obtengan las fuerzas políticas en las urnas.

"Ante la próxima reforma electoral proponemos: Fortalecer los mecanismos de representación política. Corregir las distorsiones que nos han llevado a esquemas de subrepresentación y sobrerrepresentación excesivos. Proponemos acercar la distribución de los asientos en los congresos, al porcentaje de votos obtenidos por las fuerzas políticas en las urnas", indican.

Asimismo, preservar y fortalecer la autonomía de los organismos electorales en los ámbitos federal y estatal.

"Buscamos garantizar la colegialidad de los órganos directivos como fundamento esencial para la toma de decisiones, así como la profesionalización de sus estructuras ejecutivas, materializadas en el Servicio Profesional Electoral Nacional", señalan.

Asimismo, rechazaron que la integración del Consejo General del INE sea por voto popular.

"En los perfiles debe prevalecer la experiencia, el conocimiento, la imparcialidad y la técnica, designados por el Congreso y no por voto popular", sostuvieron.

En torno al Poder judicial, proyectaron adecuar las normas y procedimientos para que los próximos Ministros, Jueces y Magistrados electos se elijan con base en sus capacidades.

"Que la designación de personas juzgadoras privilegie sus méritos, capacidad técnica, garantice su independencia y que forme parte de una carrera judicial", apuntaron.

En tanto, Luis Carlos Ugalde, Director General de la consultora política Integralia, advirtió que aumentó el riesgo de que la reforma electoral desmantele al INE y erosione la democracia, tras la designación de Pablo Gómez al frente de la Comisión electoral.

"Aumenta el riesgo de una reforma electoral que desmantele al INE y erosione más la democracia, una reforma que cierre la ventanilla de la competencia política en México", advirtió el ex presidente del INE, Luis Carlos Ugalde.

Recordó que Pablo Gomez  fue quien construyó el Plan A del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluía desaparecer a los plurinominales, elegir a consejeros por voto popular y reducir el financiamiento de los partidos.

"Lamento que la salida política que encontró la Presidenta para Pablo Gómez haya sido mandarlo a destruir lo que queda de nuestra democracia; será un rasputín electoral, lleno de rabia, rencor y resentimiento", dijo el legislador panista Federico Döring.

Con información de Nadia Rosales

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Las columna políticas hoy, lunes 4 de agosto de 2025

Confidencial/el Financiero

Omar Reyes fortalecerá la UIF/

El casi seguro arribo de Omar Reyes Colmenares a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene mayor trascendencia de un cambio de funcionario. La razón es que Reyes Colmenares ha sido uno de los colaboradores más cercanos del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch. El mensaje que se manda es inequívoco: la UIF jugará un papel más activo en la estrategia para combatir al crimen organizado en México y aun dependiendo de la Secretaría de Hacienda, se coordinará de manera fluida con el gabinete de seguridad. Se trata, sin duda, de una muy buena señal que será bien recibida en México y también por parte del vecino del norte.

Se ausenta Kuri de acto de Sheinbaum

Llamó la atención que el gobernador Mauricio Kuri no participó en el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Amealco de Bonfil, Querétaro. El político panista sólo publicó un mensaje en su cuenta de X, acompañado de una fotografía con la mandataria. “Me reuní con la presidenta durante su visita a nuestro estado, con la firme convicción de superar los retos comunes en seguridad, inversión y comunicaciones”, expresó. Sin embargo, el protocolo marca que, en cualquier acto que encabece el presidente en turno, tanto el gobernador como el presidente municipal deben estar presentes.

Renuncia en Aduanas

Nos confirman que la semana pasada se concretó una baja importante en la Agencia Nacional de Aduanas México, cuyo titular es Rafael Marín Mollinedo. Resulta que renunció el director de Supervisión de Aduanas Fronterizas, Ernesto Vadillo Trueba, un general del Ejército Mexicano que cumplía con una comisión de civil. La irrevocable renuncia, según las fuentes involucradas, se dio tras una muy ríspida reunión sostenida entre los directivos de la ANAM y los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Morena, los saldos del fuego amigo

Tan fuerte está la división en Morena y en sus fracciones legislativas, que en San Lázaro ya piden paz y terminar con el fuego amigo. Las pugnas entre grupos, nos cuentan los guindas, en favor y en contra de Adán Augusto López y Ricardo Monreal son “cada vez más dañinas”. Por eso, ayer el político zacatecano pidió a su partido “no caer en esa lucha ni en la narrativa de descalificación. Sería suicida que a eso acudiera”, les anticipó. Pidió “mucha madurez política, disciplina y organización para que la población siga confiando en nuestro movimiento”. ¿Aún será posible?

Lejanos, los acuerdos con la oposición

Nos adelantaron los de la oposición del PRI y el PAN que “se ve difícil llegar a acuerdos” con Morena para una reforma electoral. “Ni entre ellos que se dicen de la ‘4T’ los tendrán”, anticipan. Y es que advierten que “con Pablo Gómez no es posible”. El priista Rubén Moreira deslizó que “no puede haber acuerdo con los que van a una dictadura”. El panista Federico Döring se quejó de que vienen con un ánimo de odio, de rencor y resentimiento”. Sin embargo, en ambos partidos nos aseguran que sí se sumarán a los trabajos y que participarán en las discusiones del tema.

Reciben impugnación por acordeones

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió la primera impugnación contra la decisión del Instituto Nacional Electoral de multar a los candidatos que aparecieron en los acordeones y ganaron la elección judicial. El recurso fue interpuesto por Rafael Linares Rivera, juez electo en materia mixta en Michoacán, a quien el INE le impuso una multa de siete mil 14 pesos por el beneficio que le dio aparecer en las guías de votación. En las próximas horas se irán sumando más recursos, pues en total fueron sancionados 172 aspirantes. Apenas comienza.

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Estrictamente Personal

Otra pluma quitada al ganso/Raymundo Riva Palacio

EL Financiero, 

La salida de Pablo Gómez como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llegó con casi 10 meses de retraso. Ese cargo formaba parte del diseño del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para alinear los trabajos de inteligencia en el combate de la delincuencia.

Sin embargo, ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni él, habían logrado que Gómez –respaldado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador– lo entregara. Su relevo muestra lo difícil que ha sido para Sheinbaum ir tomando el poder, que dejó amarrado López Obrador para servir a sus intereses.

El diseño de García Harfuch, aprobado por la entonces presidenta electa, incluía colocar a funcionarios que le respondieran a él, en el marco de la nueva estrategia de seguridad, en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Agencia Federal de Investigación Criminal (AIC), la Cofepris, en las áreas de seguridad en Pemex que combaten el robo de combustible, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la UIF.

Esta lucha continua intramuros, y el respaldo directo o indirecto de López Obrador han tenido consecuencias no vistas públicamente en la lucha contra el crimen.

El CNI, que manejaba la Secretaría de la Defensa por decisión del expresidente, se lo entregaron a García Harfuch en vísperas de la toma de posesión de Sheinbaum, pero completamente desmantelado. La FEMDO y la AIC, que dependen de la Fiscalía General, no le han sido entregadas como se ofreció –pese a que la relación con el titular Alejandro Gertz Manero es bastante buena–, y la CNBV se quedó en promesa como también pasó con la Cofepris.

La propia Secretaría de Seguridad que recibió García Harfuch era un cascarón: sin policías, ni vehículos, helicópteros o aviones.

La Defensa, aún sin el control administrativo de la Guardia Nacional en ese momento, lo maltrató. La promesa del secretario de Defensa designado, el general Ricardo Trevilla, de entregarle 15 mil guardias nacionales para que tuviera capacidad operativa, quedó en el aire.

Luego le dijeron que le traspasarían los elementos, pero sin las plazas –lo que hacía inviable el movimiento–, y más adelante le anticiparon que tendría ese número, aunque cinco mil se quedarían de cualquier forma en la Guardia Nacional, otros cinco mil trabajarían como Servidores de la Nación, y el resto sería para él, aunque no tienen todavía ahora del permiso para portar armas, que entrega la Defensa. La relación de García Harfuch con el general Trevilla es casi nula, al grado que prácticamente no se hablan.

Los comunicados diarios del Gabinete de Seguridad que da a conocer García Harfuch hablan sistemáticamente de una colaboración de todas las áreas, pero es sólo para mantener la narrativa de unidad en el gobierno en esta materia, que no existe como tal. De ahí que el relevo de Gómez, concretado el viernes pasado y anunciado un día después, con el énfasis en su nueva tarea al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, buscó restar atención pública al movimiento de fondo, en seguridad y política, que se hizo.

Gómez era una obstrucción. Cuando se hizo la transferencia constitucional del poder, la Secretaría de Hacienda, el entonces titular, Rogelio Ramírez de la O, no hizo nada por apurar el cambio en la UIF –o no pudo–, que depende de esa dependencia. García Harfuch envió personal a las oficinas de la UIF en Constituyentes esperando que Gómez facilitara el relevo, pero recibieron un cubetazo de agua fría en la cabeza. No renunciaría, les dijo, porque lo había nombrado López Obrador, ignorando la instrucción de Sheinbaum.

El equipo del secretario se tuvo que conformar con trabajar en una oficina dentro de la UIF, pero sin poder alinear los esfuerzos en el combate al lavado de dinero al diseño general de García Harfuch. En las últimas semanas coincidió que hubo fallas de operación en la UIF, por lo que Gómez fue criticado por no haber dado las alertas al gobierno que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos investigaba a casa de bolsa Vector, Intercam y CIBanco, por presuntamente tener relaciones con cárteles de la droga y empresas chinas que trafican fentanilo.

No está claro, sin embargo, si esas omisiones fueron por incapacidad, deliberadas u obedecieron a que, por la crisis de recursos que arrastra el gobierno, no se pagaron las licencias que permiten una actualización binacional de información sobre lavado de dinero en tiempo real.

Lo que sí fue detectado en la Secretaría de Seguridad fue que, una vez que se pagaron las licencias y el sistema volvió a operar con normalidad, Gómez envió un alto volumen de información confidencial al Departamento del Tesoro sobre un número no determinado de empresarios y operaciones financieras sospechosas bajo observación. Esta información no se la habían requerido en Estados Unidos.

Una persona que conoce lo que sucedió dejó entrever que la información confidencial que se envió a Washington fue después de que Gómez entendió que su salida de la UIF era inminente, aunque las razones por las que lo pudo haber hecho no están claras. Fue lo último que hizo en este caso visto internamente como un acto de rebeldía –“traición” le llaman algunos– del extitular de la UIF contra el gobierno de Sheinbaum.

Su relevo será Omar Reyes Colmenares, quien tiene más de 25 años de especialización en inteligencia, y a quien conoció García Harfuch en la Agencia Federal de Investigaciones, hoy AIC, a principios de siglo.

Reyes Colmenares fue subsecretario del Sistema Penitenciario con García Harfuch, cuando era secretario de Seguridad en la Ciudad de México, y fue su primera propuesta para encabezar el CNI.

El funcionario goza de respeto en las áreas de inteligencia y tiene, entre otras cosas, excelentes relaciones en Estados Unidos. Su nombramiento –que no parece que por presiones se caiga–, ayudará a profesionalizar la UIF, sacarla de los enfoques políticos en los que ha estado desde hace más de una década, y seguir armando la alineación que desea García Harfuch para combatir a la delincuencia que tanto le ha costado construir a costa de quitarle plumas al ganso.

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Coordenadas

Trump le ‘cortó la cabeza’ a la mensajera/ Enrique Quintana

El Financiero,  agosto 04, 2025 | 4:55 hrs

¿Se imagina que la presidenta Claudia Sheinbaum removiera de su cargo a la titular del INEGI, Graciela Márquez, porque una estadística económica producida por ese instituto no le gustó?

De entrada, no podría hacerlo, ya que el INEGI tiene autonomía constitucional y su titular no está bajo las órdenes del Ejecutivo.

Y aun si fuera el caso, tenga la certeza de que no lo haría.

No es el caso de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que calcula indicadores tan relevantes como empleo y desempleo, salarios o el índice de precios al consumidor.

El viernes pasado, como ocurre cada primer viernes de mes, se dio a conocer la cifra de creación de empleos no agrícolas correspondiente a julio. El dato fue de apenas 73 mil nuevos empleos, muy por debajo de las expectativas.

El presidente Donald Trump afirmó que los datos habían sido “manipulados políticamente” para perjudicarlo a él y a los republicanos, y despidió de manera fulminante a Erika McEntarfer, comisionada del BLS, a quien acusó de ser una infiltrada política de Joe Biden.

En 2022, McEntarfer formaba parte del Consejo de Asesores Económicos del entonces presidente Biden, quien la nominó para el cargo que ocupó hasta la semana pasada. Fue ratificada por el Senado con una abrumadora mayoría bipartidista: 86 votos a favor y 8 en contra.

Su trayectoria ha sido eminentemente técnica, con una reputación intachable.

Sin embargo, un dato que no fue del agrado de Trump le costó el cargo.

La cifra de creación de empleos en julio, aunque por debajo de las estimaciones, no fue un dato aislado. En mayo y junio las cifras también fueron débiles: 19 mil y 14 mil nuevos empleos, respectivamente.

Si una funcionaria responsable de generar estadísticas hubiera sido despedida por ese motivo en otro país, probablemente habría generado un gran escándalo. Actos como ese minarán en el futuro la credibilidad de los datos producidos por agencias gubernamentales, como la BLS.

En el caso de Trump, parece tratarse simplemente de otra acción dirigida a debilitar el llamado “estado profundo”: ese entramado institucional compuesto por técnicos y funcionarios profesionales que no son incondicionales del presidente.

Este episodio anticipa también los riesgos que podrían materializarse con el reemplazo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Aunque las decisiones de la autoridad monetaria estadounidense son colegiadas —y no tomadas por una sola persona—, si a la presidencia de la Fed llega alguien cuyo principal atributo sea su lealtad a Trump, se pondrá en riesgo la independencia de la institución y se erosionará su credibilidad.

Volviendo a las cifras de empleo, es cierto que hoy vemos señales encontradas en la economía estadounidense.

Por un lado, los datos laborales sugieren un debilitamiento de la actividad productiva, como ya lo reconoció la propia Reserva Federal tras su decisión de política monetaria la semana pasada.

Por otro lado, sorprendió el crecimiento del PIB en el segundo trimestre, que fue del 3 por ciento de acuerdo con la metodología estadounidense, pero que se ubicaría en torno al 2 por ciento si se aplicara la forma de cálculo utilizada por la mayoría de los países.

Aunque Trump haya decidido “cortar la cabeza de la mensajera” —en este caso, la comisionada del BLS—, ese gesto no cambiará la realidad: hay señales claras de debilidad económica, muchas de ellas derivadas del caos generado por sus propias decisiones, en particular por su política arancelaria.

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Cadena fraudulenta/Jesús Silva-Herzog Márquez 

REFORMA, 04 agosto 2025;

Dentro de unas semanas comenzará, con toda formalidad, la monodia autoritaria. Tomarán protesta de sus cargos los integrantes de la nueva Corte y del flamante tribunal del látigo. Habrá terminado la polifonía que entrelazaba distintas voces, distintas melodías, distintos ritmos. Todas las piezas del Estado cantarán a una sola voz.

Se pintó al juez como el enemigo del pueblo. Desde el gran poder se emprendió una campaña feroz que lo culpabilizaba de las peores atrocidades: burócrata opulento, defensor del privilegio, cómplice del crimen, enemigo del voto. Se encargó a militares la función de describir sus traiciones frente a la nación. La reforma que se propuso no tenía más lógica que ser vehículo de un escarmiento. No la precedió un diagnóstico sino el rencor. Se trataba de castigar a los insolentes y de segar las bases de la independencia y del profesionalismo judicial. Se torcieron las reglas para entregarle a la mayoría una representatividad que no le confiaron los electores. Se compraron senadores para alcanzar los votos necesarios para dar el golpe definitivo a la separación de poderes. La corrupción parlamentaria se exhibió orgullosa y cínicamente. Los voceros del gobierno ofrecieron argumentos para justificar la compra del voto definitivo. Las instituciones electorales consintieron o abarataron todas las ilegalidades. Finalmente se puso en marcha un operativo ilegal para poner a delegados del régimen en las posiciones de mayor relevancia.

La destrucción del Poder Judicial ofrece el itinerario del cambio de régimen en su último impulso. Tras la caza del culpable absoluto, una compleja maquinación fraudulenta. La autocracia burló la ley para implantarse. Desde 2018 el país vivió un proceso de autocratización. Debilitamiento de las instituciones independientes, eliminación de contrapesos, colonización de organismos autónomos, hostigamiento de la crítica. Pero el acelerón autoritario de 2024 no solamente fue un cambio de velocidad sino de mecanismo. Muchas normas esenciales se cambiaron en cortísimo tiempo y sin deliberación parlamentaria alguna. Pero la marca esencial de ese proceso no fue la velocidad sino el descaro con que se rompió la ley. Los cambios constitucionales no fueron, como los justifica el nuevo régimen, consecuencia de una victoria avasalladora. Por el contrario, fueron producto de una apretada cadena fraudulenta. Así murió la democracia constitucional mexicana. No por votos, sino con fraudes.

Esa cadena fraudulenta comenzó con la formación de una supermayoría espuria. Por supuesto, los votantes le dieron a Morena y a sus aliados la Presidencia y el control de ambas Cámaras federales. La voluntad electoral fue muy clara para dar poderes amplios al oficialismo. Lo fue también al fundar los límites de ese poder: permiso de hacer la ley, no de reescribir la Constitución. La clave de la fundación autoritaria fue el sometimiento del tribunal electoral. Fue suficiente la subordinación de tres jueces para dejar caer la navaja sobre el pluralismo democrático. Con su entrega, el supremo tribunal electoral se convirtió en la brocha de legitimación del nuevo régimen.

El reporte sobre la elección judicial que han publicado José Ramón Cossío y Jorge Alberto Medellín documenta el último eslabón de ese gran fraude. Se trata de una radiografía valiosísima del episodio electoral de la captura. El cambio se vendió como una legitimación democrática del Poder Judicial. Si todos los poderes se deben a la gente, los jueces deberían surgir de la misma fuente. Así habrá jueces cercanos y sensibles. Con ese cartel se promovió el producto. En realidad, la desangelada elección judicial fue una imposición de la maquinaria oficial. Detrás de los nuevos jueces no hay ciudadanos que, con libertad, evalúan los méritos y las trayectorias de los candidatos, sino la aplanadora del oficialismo. Los patrones de votación registrada en junio siguen una única plantilla. Los autores no especulan sobre el fraude: lo muestran. "La cooptación, dicen los autores, no se infiere, se ve". En efecto: los votos en que se funda la "legitimidad popular" de los nuevos jueces son calcas.

La fuente del nuevo Poder Judicial no es el voto, sino el fraude, una larga cadena fraudulenta.

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Vallarta, absuelto

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

REFORMA, 04 agosto 2025

"La vida no es más que

una competencia para ser

el criminal antes que la víctima". Bertrand Russell

 Para empezar, es inaceptable que una persona sea recluida en una cárcel sin sentencia durante casi 20 años. El caso de Israel Vallarta debería ser una lección para los políticos del régimen que insisten en mantener la prisión preventiva oficiosa. Preocupa más, sin embargo, que la absolución se dé sin prestar atención a las víctimas. Cuando Florence Cassez fue liberada, López Obrador comentó el 24 de enero de 2013: "La Suprema Corte debió atraer el asunto y hacer la investigación de fondo, pero no dejarla en libertad solo por fallas en el procedimiento, cuando los familiares de los afectados, de las víctimas, están hablando de que ella participó en todo lo relacionado con el secuestro. Creo que fue una barbaridad lo que hicieron". AMLO acusó al entonces presidente Peña Nieto de estar detrás del fallo.

La absolución de Vallarta el 31 de julio por Mariana Vieyra Valdés, juez tercera de distrito en materia penal del estado de México, cita la sentencia de la Suprema Corte en el proceso de Cassez: "El Alto Tribunal del País determinó que existió un proceso de escenificación ajena a la realidad, lo que se tradujo en un efecto corruptor del proceso" (p. 265). La Agencia Federal de Investigación provocó un "efecto agravante" por la difusión de la escenificación en las "cadenas de televisión", lo cual "no solo violentó... el principio de presunción de inocencia, sino además de forma grave los derechos humanos de las víctimas del delito" (p. 266).

La juez Vieyra decidió que en el caso Vallarta debe aplicarse el principio de "cosa juzgada refleja", o sea, los mismos criterios que en el de Cassez, aunque reconoce que "no hay identidad de sujetos" (p. 295). La absolución se basa así en el supuesto de que la escenificación anula las pruebas.

Hay dudas sobre si se puede aplicar el principio de "cosa juzgada refleja" en este proceso, en el que hay otras víctimas y se acusa a Vallarta de ser el líder de la banda de secuestradores; pero, además, el montaje de televisión no se presentó nunca como prueba. La ley obliga a fiscales y jueces a considerar todas las pruebas, incluyendo los testimonios que no hayan sido contaminados.

Seis víctimas de secuestro testificaron contra Vallarta. Cristina R y su hijo menor declararon no solo haber sido secuestrados, sino violados. No vieron la escenificación antes de declarar porque estaban siendo trasladados a la AFI cuando se difundió. Cristina identificó a Cassez por voz, ya que presuntamente esta alimentaba a los secuestrados, pero a Vallarta por rostro, porque lo vio en las violaciones que sufrió. Estos testimonios no pueden simplemente descartarse por una falta en el procedimiento.

Vallarta se autoinculpó como líder de la banda de secuestradores, pero después dijo que fue torturado. Suponiendo que sea cierto, esto no excluye el testimonio de Cassez ante el ministerio público en presencia del cónsul francés, en el que señaló, entre otras cosas, que no entendía por qué se compraba tanto alimento para la finca de Las Chinitas, donde estaban varios secuestrados, si solo ella y Vallarta vivían allí.

El caso ha tenido desde hace años interpretaciones políticas. Si bien López Obrador acusó a Peña Nieto de haber intervenido en la liberación de Cassez, ahora la 4T defiende la absolución de Vallarta porque golpea a Genaro García Luna, quien montó la escenificación para la televisión. Yo coincido con el López Obrador de 2013, sí, el que afirmaba que esta falta no debería borrar las demás pruebas ni los testimonios de las víctimas.

· LA JUEZ

Mariana Vieyra Valdés apenas asumió el cargo de juez de distrito en septiembre de 2024. El 14 de marzo de 2025 dictó sentencia de 89 años contra Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez, por secuestro. Apareció en los acordeones oficialistas y fue electa en la elección judicial del 1 de junio.

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