La CNDH y el Ejército en Michoacán

Comunicado de la CNDH
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, presentó ayer martes 15 de mayo hoy a la opinión pública un Informe Preliminar sobre los hechos ocurridos en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, así como en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, con motivo de los operativos militares en contra del crimen organizado, y reveló que, de acuerdo con las investigaciones de la CNDH, algunos militares incurrieron en violaciones de suma gravedad a los derechos humanos de personas de la población civil.
Soberanes Fernández subrayó que se presumen atentados en contra de la integridad física y sexual de cuatro mujeres menores de edad, además de dos casos de tortura, así como detenciones arbitrarias, allanamientos de morada con daños en propiedad ajena, cateos ilegales, atentados a la integridad física y ejercicio indebido del servicio público.
Manifestó que la CNDH está de acuerdo con la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, dadas las circunstancias a que se ha llegado por los desbordamientos de la violencia; sin embargo, ésta debe ajustarse a los principios sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego, así como al orden jurídico vigente.
El presidente de la CNDH subrayó que a diez años de creada la Policía Federal Preventiva no ha logrado ser el instrumento que requiere la sociedad y lógicamente ahora se padece el descuido en la lucha contra el crimen organizado que se dio en el anterior sexenio. “Estamos pagando esos costos”.
Explicó que esta conferencia de prensa tuvo un doble propósito, tanto informar a la sociedad sobre las indagatorias de la CNDH sobre los hechos, como para evitar que continúen estas conductas. “Para que sepan los soldados que están siendo vigilados, que la población está consciente de ello y que nosotros pendientes de todo ello, como una medida preventiva y evitar así posteriores violaciones a derechos humanos tan graves como las que se han presentado”.
Destacó que la CNDH no acepta complacencia alguna con las violaciones a los derechos humanos, pero tampoco propone o secunda voces que piden la limitación de las garantías individuales de la población con la falsa idea de que tal medida permitiría a las autoridades operar más enérgicamente contra el crimen organizado.
“Las conductas indebidas y atropellos que señalamos son una señal que la sociedad mexicana no puede ignorar. Estamos a tiempo de evitar que casos como éstos se repitan; a tiempo de frenar a quienes atentan contra personas indefensas escudándose en el poder de una institución del Estado”, aseguró.
Tras informar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha colaborado con la CNDH y sus mandos han expresado un compromiso de respeto a la justicia, puntualizó que esta actitud refleja al mismo tiempo esperanza y evidencia que no se pueden tolerar actos violatorios de los derechos fundamentales de ninguna persona encuadrada en el servicio público desde las fuerzas armadas.
Acompañado por la segunda visitadora general, Susana Thalía Pedroza de la Llave, Soberanes Fernández expresó su certeza de que la verdad fortalece la democracia; no así cualquier forma de silencio o encubrimiento, que la haría retroceder.
Explicó que la presencia temporal y la acción de elementos de las fuerzas armadas en tareas de combate a bandas del narcotráfico plantea diversas dificultades que deben analizarse y resolverse a cabalidad; sin embargo, al entender y asumir que esa presencia es necesaria dadas las circunstancias especialmente graves de los desbordamientos criminales, se requiere hacer un claro deslinde que haga muy nítida la obligación de todo el personal encuadrado en las filas militares y de las corporaciones policíacas, de ceñirse al cumplimiento de las órdenes de mando y conducirse siempre conforme a derecho.
Soberanes Fernández dijo que en los casos de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo las autoridades señaladas como responsables de presuntas violaciones a derechos humanos son la Sedena, la Agencia Federal de Investigación y la Procuraduría General de la República, por lo que desde el momento en que se recibió la queja se solicitaron medidas cautelares tanto a la PGR como a la Sedena, para proteger la integridad y seguridad de los habitantes de la región. Indicó que la Sedena aceptó dichas medidas, no así la PGR, que argumentó no haber participado en los hechos.
Respecto de las menores víctimas de probables agravios sexuales (tres de 17 años y una de 16), dio a conocer que en su queja afirmaron no saber cuántos días las tuvieron con la cara cubierta y las golpearon; que les dieron a oler alguna sustancia que les produjo profundo sueño; que se les amenazó con tomar represalias contra sus familiares en caso que de que se quejaran y detallaron otras conductas de naturaleza sexual presuntamente perpetradas por personal militar.
El Ombudsman nacional reveló que visitadores de la CNDH localizaron a las madres de las agraviadas el 11 de mayo de este año y en el pantalón de mezclilla de una de ellas se localizó una mancha blanquecina amarilla; la prenda está bajo el resguardo de esta Comisión Nacional y se han tomado muestras para su correspondiente estudio médico clínico de laboratorio.
Resumió que hasta el día de ayer se recibieron 52 quejas, de las que se advierte que 10 personas presentan lesiones que fueron certificadas por peritos médicos de la CNDH como de las que tardan menos de 15 días en sanar, y en dos casos los agraviados presentan lesiones que hacen presumir que fueron víctimas de tortura.
En cuanto al caso Apatzingán, la CNDH inició queja de oficio, además de siete quejas que ha recibido este organismo nacional y 25 actas circunstanciadas recabadas por su personal actuante.
Dio a conocer que personal del Programa de Agravio a Periodistas de la CNDH certificó el estado físico y de salud del camarógrafo Russell Jurel Pérez Díaz, quien declaró haber sido agredido por soldados en la ciudad de Morelia, mientras desempeñaba funciones periodísticas.
Soberanes Fernández señaló que la CNDH está en espera de los informes que solicitó a las autoridades e hizo un llamado a los ciudadanos a conocer y defender sus prerrogativas. Dijo que la mejor garantía de que los derechos humanos serán respetados está en manos de los ciudadanos conscientes e informados, capaces de denunciar los abusos de la autoridad.
Reiteró que los ciudadanos cuentan con el respaldo y la atención de la CNDH y que ante cualquier queja que se reciba se defenderán los derechos de los agraviados con toda convicción en la fuerza de la ley. Hasta ahí el cmunicado ficial de la CNDH www.cndh.org.mx
En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió de inmediato un comunicado No 43, que dice: "de conformidad con el artículo 21 Constitucional, esta secretaria se mantendrá pendiente de los resultados de las investigaciones, para que sean las autoridades competentes quienes se pronuncien por lo que a derecho proceda. En el supuesto caso de que se encuentren pruebas fehacientes en contra de algún elemento del Ejército, la Procuraduría General de Justicia Militar, consignara los probables responsables, exigiendo el máximo castigo con todo el rigor de la ley. En ninguna situación o circunstancia se encubrirán acciones delictuosas del personal militar, pero de a misma manera, si los órganos juridiscionales resuelven que no se incurrió en ilícitos, se exigirá respetar la determinación".
El asunto esta en las primeras planas de todos los diarios.
¡Informe macizo!: Ciro Gómez.
Dice el periodistas Ciro Gómez Leyva en Milenio Diario que “un incompleto, el trabajo de la CNDH luce macizo. Más le vale al ombudsman José Luis Soberanes que así sea. De lo contrario tendrá que entregar su renuncia. Si apuntó de esta forma y en este momento al Ejército y las pruebas se evaporan, nada justificaría su permanencia hasta el 30 de noviembre de 2009.
El Ejército respondió rápido y bien: “En ninguna situación o circunstancia se encubrirán acciones delictuosas del personal militar”. Y en Los Pinos se escuchó una voz en el mismo sentido. Un pelotón de violadores, un par de torturadores, no alcanzan a pervertir a un ejército. La mesa está servida, pues, para que el comandante supremo y el general cuatro estrellas digan que la guerra contra el hampa se tiene que librar y ganar, pero que un solo muerto inocente, una sola vejación pasada por alto, una violación no castigada, valen más que la cabeza de todos los capos juntos. La razón de Estado no puede amparar la brutalidad.”