Con aceptación del PAN, cierran PRD y PRI el paso a la creación de una policía única
■ Incluyen en predictamen que el Consejo Nacional de Seguridad Pública lo encabece el Presidente
Con aceptación del PAN, cierran PRD y PRI el paso a la creación de una policía única
■ Buscan que el jefe del Ejecutivo sea directamente responsable de las políticas en la materia
Enrique Méndez, reportero
■ Incluyen en predictamen que el Consejo Nacional de Seguridad Pública lo encabece el Presidente
Con aceptación del PAN, cierran PRD y PRI el paso a la creación de una policía única
■ Buscan que el jefe del Ejecutivo sea directamente responsable de las políticas en la materia
Enrique Méndez, reportero
Publicado en La Jornada, 2 de diciembre de 2008;
Los bancadas de PRD y PRI en la Cámara de Diputados incluyeron ayer, en el proyecto de dictamen de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que el Consejo Nacional de Seguridad Pública –el cual determinará las políticas en la materia– sea presidido por el presidente de la República y ya no por el secretario de Gobernación. Además, ambas fracciones cerraron el paso a la creación de una policía única y, aseguró el perredista Juan Guerra Ochoa, el PAN ya lo aceptó.
Esto fue posible luego de que en el documento entregado ayer a los integrantes de la Comisión de Seguridad se separó la carrera policial de las fuerzas federales de apoyo, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de los policías ministeriales y de investigación científica, que estarán a cargo del Ministerio Público Federal.
Incluso, el panista Eduardo de la Torre aseguró que si la mitad de las policías no es confiable, como reconoció Felipe Calderón, “con sólo 50 por ciento de elementos aptos una policía nacional nacería muerta”.
Si bien los legisladores decidieron abrir una pausa en la discusión del proyecto, para reanudar la sesión la tarde de hoy debido a algunas inconsistencias en la redacción, prevaleció el criterio expuesto por perredistas y priístas de no concentrar el manejo de las políticas de seguridad en la figura de Genaro García Luna, titular de la SSP. “No vamos a aprobar una supersecretaría ni la figura de la policía única”, atajó Guerra.
Con ello, se decidió que Felipe Calderón sea el responsable del consejo, y que en sus ausencias sea suplido por el secretario de Gobernación.
Al modificar de manera sustancial la iniciativa presidencial, los legisladores pretenden hacer al Ejecutivo directamente responsable de las políticas de seguridad, ya que el consejo tendrá entre sus atribuciones “impulsar los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendentes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública”.
Dicho consejo también deberá emitir acuerdos y resoluciones necesarios para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública; implementar políticas en materia de atención a víctimas del delito; asegurar la efectiva coordinación de las instancias que lo integran, y resolver sobre la entrega y cancelación de las transferencias federales a estados para gasto en seguridad.
Además, al presidir el consejo, será el Ejecutivo el que expida el reglamento del secretariado ejecutivo del sistema; nombre y remueva al titular de éste y a los de los centros nacionales de Información, Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como encargarse del proceso de certificación y acreditación, que en el proyecto original se asignaba al secretario de Seguridad Pública.
El proyecto señala que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que convergerán los titulares de las instituciones de procuración de justicia de la Federación, el Distrito Federal y los estados, será presidida por el procurador general de la República, mientras que el titular de la SSP tendrá a su cargo sólo la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.
Los legisladores incluyeron un capítulo sobre los delitos contra el funcionamiento del sistema, específicamente para prevenir el tráfico de información de las políticas de seguridad, por lo que incluyeron reformas al Código Penal Federal para sancionar estos ilícitos.
La comisión sugirió sancionar con destitución, inhabilitación de tres a seis años, así como una multa de 500 a mil días de salario mínimo, a quien inscriba como integrante del sistema de seguridad a quien no haya pasado las pruebas de confianza.
Asimismo, imponer de 5 a 10 años de prisión y de 500 a mil días de salario como multa a quien entre a la base de datos del sistema sin tener derecho, ingrese información errónea o pretenda dañar las bases de datos, copie, manipule o divulgue el contenido; o bien asigne un arma de fuego a personal que no haya pasado la prueba de confianza, u obstaculice la organización o funcionamiento de las instancias del sistema.
Regulan seguridad privada
Los legisladores también adicionaron la iniciativa con un capítulo sobre seguridad privada, para prever que “los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, establecimientos, bienes o valores, incluido su traslado, deberán obtener autorización” de la SSP o de las instancias estatales.
Además, la legislación los consideraría “auxiliares” de la función de seguridad, y se plantea que “coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de seguridad en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente”, federal, de los estados, el Distrito Federal o los municipios.
También se considera una reforma al artículo 250 bis del Código Penal Federal para tipificar el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas o de las instituciones de seguridad pública, con pena de prisión de cinco a 12 años y hasta 500 días de multa, así como de un año a seis de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien almacene, distribuya, posea o introduzca al país divisas militares o policiacas falsas; adquiera obtenga, conserve, facilite o enajene sin autorización los verdaderos uniformes militares o policiacos, y al que utilice uniformes, credenciales y divisas de tamaño similar o igual al reglamentario del Ejército y las policías.
Esto fue posible luego de que en el documento entregado ayer a los integrantes de la Comisión de Seguridad se separó la carrera policial de las fuerzas federales de apoyo, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de los policías ministeriales y de investigación científica, que estarán a cargo del Ministerio Público Federal.
Incluso, el panista Eduardo de la Torre aseguró que si la mitad de las policías no es confiable, como reconoció Felipe Calderón, “con sólo 50 por ciento de elementos aptos una policía nacional nacería muerta”.
Si bien los legisladores decidieron abrir una pausa en la discusión del proyecto, para reanudar la sesión la tarde de hoy debido a algunas inconsistencias en la redacción, prevaleció el criterio expuesto por perredistas y priístas de no concentrar el manejo de las políticas de seguridad en la figura de Genaro García Luna, titular de la SSP. “No vamos a aprobar una supersecretaría ni la figura de la policía única”, atajó Guerra.
Con ello, se decidió que Felipe Calderón sea el responsable del consejo, y que en sus ausencias sea suplido por el secretario de Gobernación.
Al modificar de manera sustancial la iniciativa presidencial, los legisladores pretenden hacer al Ejecutivo directamente responsable de las políticas de seguridad, ya que el consejo tendrá entre sus atribuciones “impulsar los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendentes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública”.
Dicho consejo también deberá emitir acuerdos y resoluciones necesarios para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública; implementar políticas en materia de atención a víctimas del delito; asegurar la efectiva coordinación de las instancias que lo integran, y resolver sobre la entrega y cancelación de las transferencias federales a estados para gasto en seguridad.
Además, al presidir el consejo, será el Ejecutivo el que expida el reglamento del secretariado ejecutivo del sistema; nombre y remueva al titular de éste y a los de los centros nacionales de Información, Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como encargarse del proceso de certificación y acreditación, que en el proyecto original se asignaba al secretario de Seguridad Pública.
El proyecto señala que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que convergerán los titulares de las instituciones de procuración de justicia de la Federación, el Distrito Federal y los estados, será presidida por el procurador general de la República, mientras que el titular de la SSP tendrá a su cargo sólo la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.
Los legisladores incluyeron un capítulo sobre los delitos contra el funcionamiento del sistema, específicamente para prevenir el tráfico de información de las políticas de seguridad, por lo que incluyeron reformas al Código Penal Federal para sancionar estos ilícitos.
La comisión sugirió sancionar con destitución, inhabilitación de tres a seis años, así como una multa de 500 a mil días de salario mínimo, a quien inscriba como integrante del sistema de seguridad a quien no haya pasado las pruebas de confianza.
Asimismo, imponer de 5 a 10 años de prisión y de 500 a mil días de salario como multa a quien entre a la base de datos del sistema sin tener derecho, ingrese información errónea o pretenda dañar las bases de datos, copie, manipule o divulgue el contenido; o bien asigne un arma de fuego a personal que no haya pasado la prueba de confianza, u obstaculice la organización o funcionamiento de las instancias del sistema.
Regulan seguridad privada
Los legisladores también adicionaron la iniciativa con un capítulo sobre seguridad privada, para prever que “los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, establecimientos, bienes o valores, incluido su traslado, deberán obtener autorización” de la SSP o de las instancias estatales.
Además, la legislación los consideraría “auxiliares” de la función de seguridad, y se plantea que “coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de seguridad en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente”, federal, de los estados, el Distrito Federal o los municipios.
También se considera una reforma al artículo 250 bis del Código Penal Federal para tipificar el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas o de las instituciones de seguridad pública, con pena de prisión de cinco a 12 años y hasta 500 días de multa, así como de un año a seis de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien almacene, distribuya, posea o introduzca al país divisas militares o policiacas falsas; adquiera obtenga, conserve, facilite o enajene sin autorización los verdaderos uniformes militares o policiacos, y al que utilice uniformes, credenciales y divisas de tamaño similar o igual al reglamentario del Ejército y las policías.
***
■ Acuerdan estudiar y “enriquecer” cuatro iniciativas en materia de seguridad y justicia
No queremos un Estado policiaco, advierten senadores y diputados
■ Aclaran que discutirlas no significa que serán enviadas al pleno para su respectiva aprobación
■ “Queremos que la fuerza del Ejecutivo sea limitada por los derechos humanos”: González Garza
Víctor Ballinas, reportero
■ Acuerdan estudiar y “enriquecer” cuatro iniciativas en materia de seguridad y justicia
No queremos un Estado policiaco, advierten senadores y diputados
■ Aclaran que discutirlas no significa que serán enviadas al pleno para su respectiva aprobación
■ “Queremos que la fuerza del Ejecutivo sea limitada por los derechos humanos”: González Garza
Víctor Ballinas, reportero
La Jornada, 2 de diciembre de 2008;
Las juntas de Coordinación Política de las cámaras de Diputados y Senadores se comprometieron ayer a dictaminar cuatro iniciativas en materia de seguridad y justicia, pero “eso no quiere decir que pasarán para su aprobación al pleno. El compromiso es estudiarlas, enriquecerlas y hacer pronunciamientos sobre ellas”, aseveró el presidente del Senado, Gustavo Madero, en conferencia conjunta con el PRI y el PRD.
En esa reunión, efectuada en el Club de Banqueros, los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras analizaron la agenda del Congreso para concluir este periodo y para el que se inicia el primero de febrero de 2009. Ahí, aseveraron, quedó claro que hay muchas coincidencias, pero persisten las diferencias en temas centrales de las reformas en materia de justicia y seguridad.
El coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, advirtió que “no hay compromiso en tiempos. Quiero ser muy claro en que hay voluntad de ambas cámaras para trabajar, y ojalá y podamos sacar en este periodo las leyes más importantes que tenemos pendientes”.
Hay avances sustanciales, reconoció el perredista y enseguida añadió: “es obvio, tenemos todavía dificultades. No queremos, ninguna de las dos cámaras, hacer una aprobación apresurada. Son temas difíciles en un momento muy complicado.
“Es obvio, por este asunto de derechos humanos que cobra tanta importancia, analizar con cuidado la fuerza que se va a dar al Ejecutivo; queremos que esa fuerza esté limitada por las garantías individuales y los derechos humanos de todos los mexicanos.
“No queremos un Estado policiaco, y esto tiene dificultades a la hora de redactar las leyes. Por eso no tenemos compromiso de tiempo. El compromiso es de trabajo y con la sociedad. Queremos aprobar el mayor número de instrumentos legales en lo que nos falta del periodo, siempre y cuando haya consensos, y que no nos vayamos a arrepentir.”
Incluso, el presidente del Senado, el panista Gustavo Madero, subrayó que uno de los temas que salieron en la discusión “es priorizar los derechos humanos a la hora de hacer la discusión sobre el empoderamiento y las facultades que se le están dando a los gobiernos federal, estatal y municipal”.
El coordinador de los senadores del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, informó que el compromiso entre las juntas de ambas cámaras es estar cerca de las comisiones dictaminadoras para facilitar el mayor consenso posible. Anunció que hay consensos con respecto a la minuta que se encuentra en la Cámara de Diputados y que aprobó el Senado con respecto a la telefonía celular: “se concluyó que puede tener una o dos modificaciones para su perfeccionamiento, que se remita al Senado para ser votada y concluida”.
De igual forma, abundó, se consideró apoyar la reforma al artículo 73 constitucional para que en el futuro se tenga una ley en materia de secuestro. También, dijo, se conversó sobre la miscelánea penal, que corresponde a las reformas constitucionales que hace poco aprobó el Congreso. Y también, la Ley de Seguridad Pública que se encuentra con los diputados como cámara de origen.
Ésos son los compromisos para trabajar en las comisiones de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Gobernación en ambas cámaras.
El panista Madero insistió en que “suscribimos el acuerdo que concierne a la dictaminación, no a la aprobación. Ojo, no se confunda: uno es el compromiso de analizar, discutir y dictaminar; pero ni siquiera significa que se apruebe y se vote en las comisiones para que se pase al pleno y se publiquen esas leyes. El compromiso es estudiarlas, compararlas con otras iniciativas, enriquecerlas y hacer pronunciamientos al respecto.
“En ese sentido vamos a cumplir satisfactoriamente con la gran mayoría de las iniciativas que fueron enviadas oportunamente, y que fueron cinco, y que seguramente podremos dictaminar casi la totalidad de ellas para el periodo que concluye el 15 de diciembre.”
Precisó que podrían aprobarse en comisiones “las iniciativas que tiene más avances, las que tengan consensos construidos y que permiten anticipar que puede llegarse a este nivel de dictaminación”. Dejó en claro que el tema de la extinción de dominio en inmuebles utilizados para cometer algún delito “hay planteamientos que se han hecho y se están atendiendo para poderse revisar y tratar de sacar un dictamen en estas fechas, y si no se puede de manera inmediata se retomarían los trabajos en el próximo periodo ordinario de sesiones”.
Abundó que las que tienen más avance son la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, la reforma en materia de secuestro y la miscelánea penal.
El perredista González Garza indicó en la conferencia conjunta que se conversó en la reunión sobre las agendas del Congreso, entre ellas las iniciativas pendientes en ambas cámaras. Por ejemplo, el Senado remitió a la Cámara de Diputados 87 minutas que no han sido dictaminadas en Xicoténcatl –35 en 2006, 40 en 2007 y 12 este año–; en San Lázaro se remitieron al Senado 98 minutas que no han sido dictaminadas: ocho en 2006, 60 en 2007 y 30 este año.
Lo que se acordó en este encuentro es buscar aquellas iniciativas que tienen preferencia en los grupos parlamentarios para ser dictaminadas.
En esa reunión, efectuada en el Club de Banqueros, los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras analizaron la agenda del Congreso para concluir este periodo y para el que se inicia el primero de febrero de 2009. Ahí, aseveraron, quedó claro que hay muchas coincidencias, pero persisten las diferencias en temas centrales de las reformas en materia de justicia y seguridad.
El coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, advirtió que “no hay compromiso en tiempos. Quiero ser muy claro en que hay voluntad de ambas cámaras para trabajar, y ojalá y podamos sacar en este periodo las leyes más importantes que tenemos pendientes”.
Hay avances sustanciales, reconoció el perredista y enseguida añadió: “es obvio, tenemos todavía dificultades. No queremos, ninguna de las dos cámaras, hacer una aprobación apresurada. Son temas difíciles en un momento muy complicado.
“Es obvio, por este asunto de derechos humanos que cobra tanta importancia, analizar con cuidado la fuerza que se va a dar al Ejecutivo; queremos que esa fuerza esté limitada por las garantías individuales y los derechos humanos de todos los mexicanos.
“No queremos un Estado policiaco, y esto tiene dificultades a la hora de redactar las leyes. Por eso no tenemos compromiso de tiempo. El compromiso es de trabajo y con la sociedad. Queremos aprobar el mayor número de instrumentos legales en lo que nos falta del periodo, siempre y cuando haya consensos, y que no nos vayamos a arrepentir.”
Incluso, el presidente del Senado, el panista Gustavo Madero, subrayó que uno de los temas que salieron en la discusión “es priorizar los derechos humanos a la hora de hacer la discusión sobre el empoderamiento y las facultades que se le están dando a los gobiernos federal, estatal y municipal”.
El coordinador de los senadores del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, informó que el compromiso entre las juntas de ambas cámaras es estar cerca de las comisiones dictaminadoras para facilitar el mayor consenso posible. Anunció que hay consensos con respecto a la minuta que se encuentra en la Cámara de Diputados y que aprobó el Senado con respecto a la telefonía celular: “se concluyó que puede tener una o dos modificaciones para su perfeccionamiento, que se remita al Senado para ser votada y concluida”.
De igual forma, abundó, se consideró apoyar la reforma al artículo 73 constitucional para que en el futuro se tenga una ley en materia de secuestro. También, dijo, se conversó sobre la miscelánea penal, que corresponde a las reformas constitucionales que hace poco aprobó el Congreso. Y también, la Ley de Seguridad Pública que se encuentra con los diputados como cámara de origen.
Ésos son los compromisos para trabajar en las comisiones de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Gobernación en ambas cámaras.
El panista Madero insistió en que “suscribimos el acuerdo que concierne a la dictaminación, no a la aprobación. Ojo, no se confunda: uno es el compromiso de analizar, discutir y dictaminar; pero ni siquiera significa que se apruebe y se vote en las comisiones para que se pase al pleno y se publiquen esas leyes. El compromiso es estudiarlas, compararlas con otras iniciativas, enriquecerlas y hacer pronunciamientos al respecto.
“En ese sentido vamos a cumplir satisfactoriamente con la gran mayoría de las iniciativas que fueron enviadas oportunamente, y que fueron cinco, y que seguramente podremos dictaminar casi la totalidad de ellas para el periodo que concluye el 15 de diciembre.”
Precisó que podrían aprobarse en comisiones “las iniciativas que tiene más avances, las que tengan consensos construidos y que permiten anticipar que puede llegarse a este nivel de dictaminación”. Dejó en claro que el tema de la extinción de dominio en inmuebles utilizados para cometer algún delito “hay planteamientos que se han hecho y se están atendiendo para poderse revisar y tratar de sacar un dictamen en estas fechas, y si no se puede de manera inmediata se retomarían los trabajos en el próximo periodo ordinario de sesiones”.
Abundó que las que tienen más avance son la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, la reforma en materia de secuestro y la miscelánea penal.
El perredista González Garza indicó en la conferencia conjunta que se conversó en la reunión sobre las agendas del Congreso, entre ellas las iniciativas pendientes en ambas cámaras. Por ejemplo, el Senado remitió a la Cámara de Diputados 87 minutas que no han sido dictaminadas en Xicoténcatl –35 en 2006, 40 en 2007 y 12 este año–; en San Lázaro se remitieron al Senado 98 minutas que no han sido dictaminadas: ocho en 2006, 60 en 2007 y 30 este año.
Lo que se acordó en este encuentro es buscar aquellas iniciativas que tienen preferencia en los grupos parlamentarios para ser dictaminadas.
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