Bien Jorge, coincido contigo!
Blindaje/Jorge Alcocer V.
Publicado en Reforma, 2 diciembre 2008
Publicado en Reforma, 2 diciembre 2008
Lo que inició como una propuesta aislada, con tintes de propaganda, ha derivado en agrio debate en el que, sin deberla ni temerla, el Instituto Federal Electoral y su presidente han sido colocados en medio del fuego declarativo y epistolar de los partidos políticos, que les exigen "blindar" las precampañas y campañas del riesgo de la penetración de dinero proveniente del narcotráfico.
La idea surgió del hoy Partido Socialdemócrata, que solicitó al Consejo General del IFE establecer un convenio con el Cisen a fin de prestar colaboración a los partidos políticos para, a solicitud expresa, investigar los antecedentes de presuntos candidatos de dudosa trayectoria; objetivo y convenio que escapan de las facultades del IFE, y también del órgano de seguridad nacional. El asunto fue enviado para su estudio y dictamen a una comisión de consejeros, que buscaron explicar al promovente la inviabilidad legal de su idea.
Sin embargo, al calor del recrudecimiento de las actividades de la delincuencia organizada y su secuela de violencia, legisladores y dirigentes del PRD y del PAN retomaron la iniciativa del PSD y se lanzaron a un torneo declarativo, exigiendo al presidente del IFE, Leonardo Valdés, dar una respuesta inmediata a la petición de blindaje de las contiendas que darán inicio el 31 de enero de 2009, día en que habrán de iniciar las precampañas electorales.
Las declaraciones fueron subiendo de tono, hasta convertirse en acusaciones sin fundamento que han tenido como destinatario al PRI, señalado por sus opositores como presunto beneficiario de dinero sucio, lo que -dicen- explica sus recientes éxitos en comicios locales. Como es natural, los dirigentes del tricolor, empezando por Beatriz Paredes, reaccionaron con dureza, rechazando las temerarias acusaciones y condicionando su firma en cualquier documento al respecto. La semana pasada, en un nuevo acto de propaganda, los presidentes nacionales del PAN y del PRD enviaron una misiva a Leonardo Valdés conminándolo a dictar las reglas para el blindaje.
La petición es no solamente temeraria, sino pueril. Asemeja la que harían los niños en un salón de párvulos pidiéndole al maestro reglas especiales que los obliguen a bien portarse. Quizá atendible entre párvulos, resulta inadmisible entre políticos de los que cabe exigir seriedad y apego a la ley.
No es al IFE al que corresponde blindar a los partidos políticos frente al riesgo de que dinero proveniente de fuentes ilegales o ilícitas financie a sus candidatos y campañas; son los propios partidos los que pueden y deben tomar las medidas, y para ello no requieren que el IFE las dicte, ni de convenio alguno para comprometerse. Bastaría con la estricta aplicación de las normas legales y reglamentarias sobre las fuentes de ingresos y la comprobación del uso de los mismos.
Los temores por el riesgo de que el crimen organizado financie a precandidatos, candidatos y partidos, siendo explicable, no debe llevar a perder de vista que, hasta hoy, los problemas observados en esta materia han surgido de otras fuentes de ingreso contrarias a la ley, como los donativos no declarados o encubiertos, que desbordaron con creces los límites establecidos en las normas legales, dando lugar a fuertes multas.
No recuerdo un solo caso en el que se haya presentado formal denuncia, con pruebas para presumir el ilícito, contra un candidato supuestamente financiado con dinero del narcotráfico. No dudo que exista el caso, pero los hechos conocidos apuntan en otra dirección.
La normatividad reglamentaria, emitida por el IFE, obliga a los partidos y candidatos a depositar los ingresos provenientes de cualquier fuente en cuentas bancarias, así como a realizar los pagos a través del mismo medio. Esa obligación debe extenderse a las precampañas y precandidatos, incluyendo, en todos los casos, la prohibición de dar y recibir (proveedores) pagos en efectivo por servicios o bienes proporcionados a los partidos y sus candidatos.
En el mismo sentido, ha llegado el momento de suprimir por completo los pagos por servicios personales bajo la figura de reconocimientos por actividad política (repap), obligando a partidos y candidatos a dar una mínima formalidad a las remuneraciones que realizan a las personas que para ellos trabajan de manera temporal.
Evaluar la trayectoria personal y política de quienes aspiran a ser candidatos a cargos de elección popular es una responsabilidad, intransferible, de cada partido. En caso de duda fundada respecto de asuntos de naturaleza penal, existen los canales institucionales para solicitar a las autoridades competentes -no al IFE- la cooperación (discreta) para disipar cualquier duda.
La presunción de que todo aspirante o candidato es un delincuente potencial que merece ser investigado y fiscalizado por autoridades ajenas a lo electoral es un enorme desatino; al evidente deterioro de la imagen social de la política y los políticos no se le combate añadiendo acusaciones sin fundamento y propuestas que solamente alimentan la desconfianza ciudadana.
La idea surgió del hoy Partido Socialdemócrata, que solicitó al Consejo General del IFE establecer un convenio con el Cisen a fin de prestar colaboración a los partidos políticos para, a solicitud expresa, investigar los antecedentes de presuntos candidatos de dudosa trayectoria; objetivo y convenio que escapan de las facultades del IFE, y también del órgano de seguridad nacional. El asunto fue enviado para su estudio y dictamen a una comisión de consejeros, que buscaron explicar al promovente la inviabilidad legal de su idea.
Sin embargo, al calor del recrudecimiento de las actividades de la delincuencia organizada y su secuela de violencia, legisladores y dirigentes del PRD y del PAN retomaron la iniciativa del PSD y se lanzaron a un torneo declarativo, exigiendo al presidente del IFE, Leonardo Valdés, dar una respuesta inmediata a la petición de blindaje de las contiendas que darán inicio el 31 de enero de 2009, día en que habrán de iniciar las precampañas electorales.
Las declaraciones fueron subiendo de tono, hasta convertirse en acusaciones sin fundamento que han tenido como destinatario al PRI, señalado por sus opositores como presunto beneficiario de dinero sucio, lo que -dicen- explica sus recientes éxitos en comicios locales. Como es natural, los dirigentes del tricolor, empezando por Beatriz Paredes, reaccionaron con dureza, rechazando las temerarias acusaciones y condicionando su firma en cualquier documento al respecto. La semana pasada, en un nuevo acto de propaganda, los presidentes nacionales del PAN y del PRD enviaron una misiva a Leonardo Valdés conminándolo a dictar las reglas para el blindaje.
La petición es no solamente temeraria, sino pueril. Asemeja la que harían los niños en un salón de párvulos pidiéndole al maestro reglas especiales que los obliguen a bien portarse. Quizá atendible entre párvulos, resulta inadmisible entre políticos de los que cabe exigir seriedad y apego a la ley.
No es al IFE al que corresponde blindar a los partidos políticos frente al riesgo de que dinero proveniente de fuentes ilegales o ilícitas financie a sus candidatos y campañas; son los propios partidos los que pueden y deben tomar las medidas, y para ello no requieren que el IFE las dicte, ni de convenio alguno para comprometerse. Bastaría con la estricta aplicación de las normas legales y reglamentarias sobre las fuentes de ingresos y la comprobación del uso de los mismos.
Los temores por el riesgo de que el crimen organizado financie a precandidatos, candidatos y partidos, siendo explicable, no debe llevar a perder de vista que, hasta hoy, los problemas observados en esta materia han surgido de otras fuentes de ingreso contrarias a la ley, como los donativos no declarados o encubiertos, que desbordaron con creces los límites establecidos en las normas legales, dando lugar a fuertes multas.
No recuerdo un solo caso en el que se haya presentado formal denuncia, con pruebas para presumir el ilícito, contra un candidato supuestamente financiado con dinero del narcotráfico. No dudo que exista el caso, pero los hechos conocidos apuntan en otra dirección.
La normatividad reglamentaria, emitida por el IFE, obliga a los partidos y candidatos a depositar los ingresos provenientes de cualquier fuente en cuentas bancarias, así como a realizar los pagos a través del mismo medio. Esa obligación debe extenderse a las precampañas y precandidatos, incluyendo, en todos los casos, la prohibición de dar y recibir (proveedores) pagos en efectivo por servicios o bienes proporcionados a los partidos y sus candidatos.
En el mismo sentido, ha llegado el momento de suprimir por completo los pagos por servicios personales bajo la figura de reconocimientos por actividad política (repap), obligando a partidos y candidatos a dar una mínima formalidad a las remuneraciones que realizan a las personas que para ellos trabajan de manera temporal.
Evaluar la trayectoria personal y política de quienes aspiran a ser candidatos a cargos de elección popular es una responsabilidad, intransferible, de cada partido. En caso de duda fundada respecto de asuntos de naturaleza penal, existen los canales institucionales para solicitar a las autoridades competentes -no al IFE- la cooperación (discreta) para disipar cualquier duda.
La presunción de que todo aspirante o candidato es un delincuente potencial que merece ser investigado y fiscalizado por autoridades ajenas a lo electoral es un enorme desatino; al evidente deterioro de la imagen social de la política y los políticos no se le combate añadiendo acusaciones sin fundamento y propuestas que solamente alimentan la desconfianza ciudadana.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario