La SCJN ante Atenco: trascendencia de un fallo /Editorial
La Jornada, 11 de febrero de 2009;
Durante el segundo día de discusiones en torno a los atropellos cometidos por elementos de la fuerza pública en San Salvador Atenco en mayo de 2006, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manifestaron posturas encontradas en torno a la responsabilidad de las autoridades políticas y de los mandos policiales en esos sucesos: por un lado, el ministro Genaro Góngora señaló que los operativos policiacos realizados en la localidad mexiquense obedecieron a una venganza, una acción premeditada de las autoridades federales y estatales, que constituyeron actos de represión con los que se pretendió “imponer una pena ejemplificativa, dejar un mensaje claro para todos aquellos que retan a la autoridad”; en contraste, Sergio Valls y Mariano Azuela, si bien admitieron que hubo violaciones a las garantías individuales –como establece el dictamen elaborado por el magistrado José de Jesús Gudiño–, justificaron el uso de la fuerza durante los desalojos; por su parte, Salvador Aguirre Anguiano negó que se haya demostrado la existencia de un plan para atentar contra los atenquenses, e incluso señaló que, lejos de afectar la forma de vida de la comunidad, la represión gubernamental dejó “muy contentos (a) los ciudadanos de Atenco”, pues “les ha permitido vivir con mayor tranquilidad”. Significativamente, el propio Aguirre Anguiano había manifestado, el pasado lunes, su animadversión hacia este tipo de investigaciones y discusiones, por considerarlas “tóxicas” para la institución a la que pertenece.
La división en el seno del máximo tribunal es preocupante por cuanto pudiera prefigurar un fallo judicial que, lejos de contribuir al esclarecimiento cabal del caso Atenco y de poner fin a la impunidad que ha prevalecido en todo este tiempo, cancelaría la posibilidad de investigar a los posibles responsables políticos e intelectuales de los atropellos policiales ocurridos hace casi tres años.
En ese sentido, declaraciones como las de los ministros Valls, Azuela y Aguirre parecieran obedecer a un empeño por eximir de toda pesquisa a personajes que, como el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora –dos connotados integrantes de la alianza política de facto que gobierna el país–, detentaban, en mayo de 2006, posiciones de poder en las que cabe presumir alguna responsabilidad por los hechos y quienes, por esa sencilla razón, y así fuera para limpiar sus respectivas trayectorias, deben ser investigados.
Una absolución a priori de estos y otros funcionarios (como Wilfrido Robledo y Abel Villicaña, ex titulares de la Agencia de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia mexiquenses, respectivamente) significaría una claudicación inaceptable del estado de derecho y una alarmante demostración de incapacidad de las instituciones del Estado para corregir por sí mismas los excesos autoritarios. Dicha perspectiva implicaría, por añadidura, un golpe catastrófico a la de por sí menguada credibilidad del sistema judicial en su conjunto, y de la SCJN en particular; el prestigio de esa instancia, cabe recordarlo, está afectado por el vergonzoso fallo de finales de noviembre de 2007, cuando los ministros Ortiz Mayagoitia, Valls, Aguirre Anguiano, Azuela, Sánchez Cordero y Luna Ramos desecharon, en votación mayoritaria, los elementos que probaban la participación del gobernador poblano, Mario Marín, en una conjura para violar los derechos humanos de la informadora Lydia Cacho, y de esa forma dieron protección de segunda instancia a la trama de pederastia y explotación de menores que había sido denunciada por la periodista y que le valió una persecución injustificada por parte de Marín y de sus amigos.
Si la SCJN persiste, en esta ocasión, en la vía del encubrimiento a miembros prominentes del grupo en el poder, se ratificará, a ojos de la opinión pública, su condición de instancia gestora de complicidades y de intercambios de favores entre gobernadores priístas y funcionarios panistas y, por añadidura, pondrá en entredicho la vigencia del principio de separación de poderes.
Es necesario, en suma, que los ministros del principal órgano judicial del país entiendan la magnitud y la importancia de su decisión de cara a la majestad de las instituciones y que, en consecuencia, no se dejen influenciar ni presionar por los intereses políticos; no hay estado de derecho cuando posibles responsables de abusos graves son exonerados de cualquier averiguación, en razón de su encumbramiento en el poder público, por instancias cuya obligación es hacer valer la ley.
La división en el seno del máximo tribunal es preocupante por cuanto pudiera prefigurar un fallo judicial que, lejos de contribuir al esclarecimiento cabal del caso Atenco y de poner fin a la impunidad que ha prevalecido en todo este tiempo, cancelaría la posibilidad de investigar a los posibles responsables políticos e intelectuales de los atropellos policiales ocurridos hace casi tres años.
En ese sentido, declaraciones como las de los ministros Valls, Azuela y Aguirre parecieran obedecer a un empeño por eximir de toda pesquisa a personajes que, como el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora –dos connotados integrantes de la alianza política de facto que gobierna el país–, detentaban, en mayo de 2006, posiciones de poder en las que cabe presumir alguna responsabilidad por los hechos y quienes, por esa sencilla razón, y así fuera para limpiar sus respectivas trayectorias, deben ser investigados.
Una absolución a priori de estos y otros funcionarios (como Wilfrido Robledo y Abel Villicaña, ex titulares de la Agencia de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia mexiquenses, respectivamente) significaría una claudicación inaceptable del estado de derecho y una alarmante demostración de incapacidad de las instituciones del Estado para corregir por sí mismas los excesos autoritarios. Dicha perspectiva implicaría, por añadidura, un golpe catastrófico a la de por sí menguada credibilidad del sistema judicial en su conjunto, y de la SCJN en particular; el prestigio de esa instancia, cabe recordarlo, está afectado por el vergonzoso fallo de finales de noviembre de 2007, cuando los ministros Ortiz Mayagoitia, Valls, Aguirre Anguiano, Azuela, Sánchez Cordero y Luna Ramos desecharon, en votación mayoritaria, los elementos que probaban la participación del gobernador poblano, Mario Marín, en una conjura para violar los derechos humanos de la informadora Lydia Cacho, y de esa forma dieron protección de segunda instancia a la trama de pederastia y explotación de menores que había sido denunciada por la periodista y que le valió una persecución injustificada por parte de Marín y de sus amigos.
Si la SCJN persiste, en esta ocasión, en la vía del encubrimiento a miembros prominentes del grupo en el poder, se ratificará, a ojos de la opinión pública, su condición de instancia gestora de complicidades y de intercambios de favores entre gobernadores priístas y funcionarios panistas y, por añadidura, pondrá en entredicho la vigencia del principio de separación de poderes.
Es necesario, en suma, que los ministros del principal órgano judicial del país entiendan la magnitud y la importancia de su decisión de cara a la majestad de las instituciones y que, en consecuencia, no se dejen influenciar ni presionar por los intereses políticos; no hay estado de derecho cuando posibles responsables de abusos graves son exonerados de cualquier averiguación, en razón de su encumbramiento en el poder público, por instancias cuya obligación es hacer valer la ley.
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Atenco: Corte fijará responsabilidades
Carlos Avilés, reportero.
Carlos Avilés, reportero.
El Universal Miércoles 11 de febrero de 2009;
Señalará hoy a funcionarios y qué garantías se vulneraron
La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia llegó a la conclusión de que sí hubo violaciones graves a las garantías de la población en los enfrentamientos de Atenco registrados el 3 y 4 de mayo de 2006, durante el segundo día de análisis en torno a este caso.
Pero dejaron pendiente para hoy precisar cuáles derechos de los pobladores se violaron y la participación de funcionarios involucrados, desde el gobernador Enrique Peña Nieto, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, hasta mandos de la policía a cargo de los operativos.
En cinco horas de discusión separadas por dos recesos, 10 ministros coincidieron en que se violaron derechos a la vida, a la no discriminación por género, a no ser torturado, a la integridad personal, al debido proceso legal, a la justicia, a la igualdad ante la ley, a no ser detenido arbitrariamente, a la inviolabilidad del domicilio y a las libertades de trabajo, sexual y de expresión.
El único en desacuerdo con declarar la existencia de violaciones a garantías fue Sergio Aguirre Anguiano e incluso puso en duda que algunas mujeres hubieran sido víctimas de abusos sexuales. Su propuesta no tuvo eco.
Genaro Góngora, Juan Silva, Sergio Valls, Mariano Azuela, José Ramón Cossío, Olga Sánchez, Fernando Franco, Margarita Luna y Guillermo Ortiz coincidieron con el dictamen que presentó el ministro José de Jesús Gudiño, aunque con diversos matices, en que en Atenco sí era necesario emplear la fuerza pública, pero al aplicarla se incurrió en las violaciones citadas.
Uno de los puntos en que hubo divergencia fue la muerte de Javier Cortés y Alexis Benhumea, pues mientras el ministro Góngora se mantuvo en su postura de culpar a la policía, la mayoría de sus compañeros se pronunció por no determinar si los responsables fueron policías, por no contar con pruebas suficientes para determinar quién detonó la bala que mató al primero ni quién arrojó el artefacto que hirió y provocó la muerte del segundo.
Para la sesión de hoy se espera que el Pleno de la Corte revise cuáles autoridades estuvieron involucradas en estos hechos.
La discusión en torno a la participación de la autoridades que intervinieron en el conflicto partirá de la propuesta que presentó el ministro Gudiño Pelayo, como encargado del caso, en el sentido de declarar que si bien la violencia no fue planeada por autoridad alguna, sí se encontraron elementos que permiten considerar que, una vez que se dieron los enfrentamientos y las detenciones, las agresiones fueron permitidas y alentadas por los mandos de la policía que estaban al frente de los operativos.
Se trata de una conclusión que de antemano y antes de empezar su discusión, fue puesta en duda por Genaro Góngora Pimentel.
En su opinión, la violencia en los enfrentamientos fue una venganza planeada por autoridades de rangos “superiores”, a quienes calificó como los autores intelectuales de las agresiones.
Sin mencionarlo por su nombre, cuestionó, de manera directa, la actuación del procurador Medina Mora, quien era secretario de Seguridad Pública federal, por no aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a las violaciones registradas por policías federales.
“Quienes no aceptaron la recomendación de la CNDH –dijo- violaron gravemente los derechos humanos en su conjunto, pues implica un total desprecio a la dignidad humana”.
La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia llegó a la conclusión de que sí hubo violaciones graves a las garantías de la población en los enfrentamientos de Atenco registrados el 3 y 4 de mayo de 2006, durante el segundo día de análisis en torno a este caso.
Pero dejaron pendiente para hoy precisar cuáles derechos de los pobladores se violaron y la participación de funcionarios involucrados, desde el gobernador Enrique Peña Nieto, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, hasta mandos de la policía a cargo de los operativos.
En cinco horas de discusión separadas por dos recesos, 10 ministros coincidieron en que se violaron derechos a la vida, a la no discriminación por género, a no ser torturado, a la integridad personal, al debido proceso legal, a la justicia, a la igualdad ante la ley, a no ser detenido arbitrariamente, a la inviolabilidad del domicilio y a las libertades de trabajo, sexual y de expresión.
El único en desacuerdo con declarar la existencia de violaciones a garantías fue Sergio Aguirre Anguiano e incluso puso en duda que algunas mujeres hubieran sido víctimas de abusos sexuales. Su propuesta no tuvo eco.
Genaro Góngora, Juan Silva, Sergio Valls, Mariano Azuela, José Ramón Cossío, Olga Sánchez, Fernando Franco, Margarita Luna y Guillermo Ortiz coincidieron con el dictamen que presentó el ministro José de Jesús Gudiño, aunque con diversos matices, en que en Atenco sí era necesario emplear la fuerza pública, pero al aplicarla se incurrió en las violaciones citadas.
Uno de los puntos en que hubo divergencia fue la muerte de Javier Cortés y Alexis Benhumea, pues mientras el ministro Góngora se mantuvo en su postura de culpar a la policía, la mayoría de sus compañeros se pronunció por no determinar si los responsables fueron policías, por no contar con pruebas suficientes para determinar quién detonó la bala que mató al primero ni quién arrojó el artefacto que hirió y provocó la muerte del segundo.
Para la sesión de hoy se espera que el Pleno de la Corte revise cuáles autoridades estuvieron involucradas en estos hechos.
La discusión en torno a la participación de la autoridades que intervinieron en el conflicto partirá de la propuesta que presentó el ministro Gudiño Pelayo, como encargado del caso, en el sentido de declarar que si bien la violencia no fue planeada por autoridad alguna, sí se encontraron elementos que permiten considerar que, una vez que se dieron los enfrentamientos y las detenciones, las agresiones fueron permitidas y alentadas por los mandos de la policía que estaban al frente de los operativos.
Se trata de una conclusión que de antemano y antes de empezar su discusión, fue puesta en duda por Genaro Góngora Pimentel.
En su opinión, la violencia en los enfrentamientos fue una venganza planeada por autoridades de rangos “superiores”, a quienes calificó como los autores intelectuales de las agresiones.
Sin mencionarlo por su nombre, cuestionó, de manera directa, la actuación del procurador Medina Mora, quien era secretario de Seguridad Pública federal, por no aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a las violaciones registradas por policías federales.
“Quienes no aceptaron la recomendación de la CNDH –dijo- violaron gravemente los derechos humanos en su conjunto, pues implica un total desprecio a la dignidad humana”.
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