Aguas Blancas

Retrospectiva

COMUNICADO LEIDO POR EL (entonces) C. SECRETARIO DE GOBERNACION, LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, 4 de marzo de 1996

Los hechos ocurridos el pasado 28 de junio, en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benitez, en el estado de Guerrero, constituyen una afrenta para todos los mexicanos, como lo señaló desde el primer momento el Presidente de la República. Este suceso en el que perdieron la vida diecisiete personas y resultaron heridas veinte, reclama que se haga justicia, no solo para los agraviados, sino para la sociedad toda.

Una vez ocurridos los lamentables acontecimientos, las autoridades competentes iniciaron la averiguación previa y consignaron ante el órgano judicial a diez presuntos responsables, todos ellos integrantes de las fuerzas de seguridad pública de la entidad.

Posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación conteniendo entre otros, los siguientes puntos principales:

• Que un fiscal especial subsanara procesal y ministerialmente los errores, las deficiencias y las omisiones de la indagatoria;

• Que se suspendiera en el ejercicio de sus funciones al Secretario General de Gobierno;

• Que se destituyera y arraigara al Procurador General de Justicia del Estado y a dieciocho servidores públicos más.

Una vez designado el fiscal especial, ejercitó acción penal contra 43 personas como probables autores de los delitos de homicidio, lesiones, abuso de autoridad, ejercicio indebido y abandono de la función pública. Entre los presuntos responsables se encuentran tanto funcionarios del gobierno del estado de Guerrero como elementos de las fuerzas de seguridad pública.

Sin demérito de todas estas actuaciones el Gobierno Federal ha estado desde el principio del caso atento a su desenvolvimiento.

Los delitos cometidos en Aguas Blancas, de acuerdo con la ley deben ser juzgados por las autoridades judiciales del estado de Guerrero, y con el objeto de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, el Congreso de la entidad designó un fiscal especial.

En todo momento el Ejecutivo Federal se ha mantenido respetuoso de las actuaciones de las autoridades locales.

El martes pasado concluyó la etapa previa de averiguación con la consignación de las personas que el fiscal especial encontró presuntamente responsables. Hoy, el Gobierno de la República apegado estrictamente a la Constitución ha decidido hacer uso de una facultad orginariamente plasmada por el Constituyente de 1917, en el párrafo segundo del artículo 97 de nuestra Carta Magna.

De acuerdo con dicha norma, el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el Gobernador de algún estado podrán solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nombre alguno o algunos miembros de su seno, o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designe uno o varios comisionados especiales, para que averigue algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de una garantía individual.

Hace casi cincuenta años que no se ejerce esta facultad.

Con pleno respeto al proceso legal que está en marcha en relación a los lamentables sucesos referidos, el Ejecutivo Federal ha decidido recurrir a esa atribución, porque considera que hay la materia grave que le da sustento.

Por eso, el titular del Ejecutivo de la Unión ha instruido a la Secretaría de Gobernación para que presente y hoy lo hizo la solicitud correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El estado de derecho se fortalece cuando en lugar de reaccionar por la vía de los hechos frente a ilícitos o conductas punibles, se recurre a la ley para combatirlos.

Para algunos esta decisión podrá parecer tardía. No lo es. El Ejecutivo Federal la adopta una vez que se han desahogado las fases de averiguación previa del proceso respectivo.

Otros la considerarán insuficiente. Tampoco lo es. La justicia se alcanza a través de procedimientos que no pueden ser violentados, pues por el contrario, su observancia asegura la objetividad y equidad necesarias para alcanzar un resultado apegado al derecho.

Habrá quienes piensen que vulnera la autonomía estatal. Hay que recordar que el federalismo no se pactó para crear ámbitos excluyentes de los controles de constitucionalidad y legalidad a los que cualquier autoridad está sujeta más bien, la fórmula federal se adoptó para fortalecer niveles propios de responsabilidad. La Constitución y las leyes que emanan de ella, establecen los mecanismos para asegurar a un tiempo, la autonomía de los estados y la plena vigencia del principio de legalidad en todo el país.

Hay que reconocer pues, en el derecho, la fuente legítima que abre opciones y posibilidades reales para hacer justicia. Siguiendo la norma, destruimos falsos dilemas entre legalidad y negociación política, entre el respeto al Pacto Federal o impunidad.

Queremos que en el caso que nos ocupa, se distinga muy bien, la materia central de la investigación, la manera cómo ésta se ha llevado a cabo y las responsabilidades que deben fincarse en consecuencia, pero sobre todo, y a fin de cuentas, queremos justicia.

En los sucesos de Aguas Blancas, el Presidente de la República ha considerado que por tratarse de hechos de excepcional gravedad que conculcan las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, es menester agotar todas las instancias para lograr el total esclarecimiento de los hechos y dar una satisfacción real al agravio ocasionado a las víctimas, a sus familiares y a la comunidad nacional.

Dando aplicación concreta a esta importantísima facultad que tiene el más alto tribunal de la nación y cuyo ejercicio excepcional sólo se justifica ante la gravedad de los hechos a investigar, se reafirma el orden constitucional y el régimen de derecho.

Los atributos de autoridad moral, imparcialidad, solidez y profesionalismo de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, generarán, sin duda, la certidumbre que la sociedad reclama.

El procedimiento que la Constitución establece implica que al culminar, se rinda un informe que señale las acciones y procedimientos que en su caso, se encuentren pendientes de desahogar por las distintas autoridades competentes para alcanzar la verdad.

Sabe muy bien el Ejecutivo Federal, que los señalamientos que formule la Suprema Corte en su informe, deberán ser atendidos por todas las autoridades, de manera respetuosa y rigurosa.

Acontecimientos como el de Aguas Blancas no deben repetirse. Pero por otra parte, deben servirnos para reflexionar sobre el valor y la trascendencia de la justicia, que se alcanza sólo a partir del derecho.

Por eso, no nos apartaremos de nuestra meta de consolidar a México como un país de leyes y de instituciones. Lograrlo es en esencia, el principal mandato que el pueblo mexicano le ha dado al Gobierno de la República.

Los mexicanos queremos justicia, no impunidad.

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Fueron nombrados los ministros Román Palacios y Juventino V. Castro y Castro, para integrar una comisión especial de la Suprema Corte para investigar en 1995 la matanza en el paraje Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, Guerrero, indagatoria que marcó un hito en la SCJN por ser la segunda vez en su historia que se abocaba a conocer una demanda sobre la presunta grave violación a garantías individuales.