Punto de Acuerdo

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a los Gobernadores de los Estados, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, un informe pormenorizado sobre los avances habidos en el cumplimiento  a los compromisos adquiridos por los Ejecutivos de las Entidades Federativas en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en agosto de 2008.

-EL C. PRESIDENTE NUÑEZ JIMENEZ: En el apartado de propuestas con punto de acuerdo, tiene la palabra el senador Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo, que solicita a los gobernadores de los estados, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, un informe sobre los avances habidos en el cumplimiento a los compromisos adquiridos por los ejecutivos de las entidades federativas, en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en agosto de 2008.

-EL C. SENADOR RAMON GALINDO NORIEGA: Gracias, señor presidente.  De urgente resolución, está hecha la propuesta.

Senadores, senadoras: Nuestro país está siendo sacudido por la brutal violencia, con que las bandas criminales se disputan el mercado del tráfico de drogas ilegales, entre otras actividades criminales.

De acuerdo a datos estadísticos aportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de cada 100 delitos que se comenten en este país, 90 corresponden al ámbito estatal; son del fuero común.

Esta situación permite afirmar, categóricamente, que ninguna institución del Estado mexicano puede considerarse exenta de responsabilidad alguna, en la ofensiva impunidad con que actúan las bandas de delincuentes.

En este contexto, el Ejecutivo Federal mantiene una estrategia de combate a la delincuencia organizada, en la que ha involucrado a las Fuerzas Armadas y elementos de la Policía Federal, desplegándolos en las zonas más conflictivas del país; buscando coordinación con las policías locales, estatales y municipales.

Aunado a lo anterior, el Ejecutivo ha asignado sumas sin precedentes a los gobiernos estatales y municipales, vía diferentes fondos, como son el FORTAMUN, el FASP y el SUBSEMUN, además del Fondo para la Unificación del Mando Único Policíaco, para ser aplicados en la prevención y combate a la delincuencia.

Sólo en 2010 y 11, estos fondos ascienden a 41 mil millones de pesos.

Además en el Fondo para la Unificación del Mando Único Policiaco, están asignados 2 mil 400 millones de pesos más para este año.

En virtud de esta situación, y un esfuerzo inédito, representantes del sector público y de la sociedad, firmaron en agosto de 2008, el llamado Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Por parte del sector público, en dicho documento, tanto el Ejecutivo Federal, el Legislativo, el Poder Judicial de la Federación, los gobiernos estatales, como los alcaldes, asumieron una serie de compromisos, con fecha de cumplimiento debidamente programado.

Concretamente, los gobiernos estatales se comprometieron a lo siguiente:

1. Depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

2. Reasignar recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos. El ejercicio de estos recursos sería acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.

3.  Conformación, desarrollo o fortalecimiento de unidades especializadas en combate al secuestro.

4.  Presentar en su congreso local, en un plazo de seis meses, una iniciativa de Ley de Seguridad Pública Estatal, en congruencia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

5.  Incorporación e Implementación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.

6.  Desarrollar programas por entidad federativa, que incorporen el componente social de la estrategia de seguridad pública.

7.  Establecer indicadores de evaluación y seguimiento. Y

8. Establecer un sistema información pública, sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos, en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Como ya fue expuesto en la presente proposición, por su parte el Gobierno Federal, ha venido desarrollando una serie de acciones encaminadas a abatir o en el mejor de los casos, acotar la actuación de las organizaciones criminales. 

Si bien, lo acepto, esta estrategia está siendo sujeta a debate y escrutinio, es de suyo oportuno y de estricta justicia, exigir el mismo nivel de compromiso y de involucramiento a todos los que comparten la responsabilidad de garantizar el respeto a la vida y a la seguridad de los mexicanos.

Esto, desde luego, incluye a los gobiernos subnacionales.

Es momento de señalar, sin tapujos, que el dolor y la muerte nos corresponde a todos, y que todos llevamos responsabilidad en los miles de huérfanos y en las familias aterrorizadas; y que a todos nos corresponde, hallar la forma de rescatar a ciudades enteras, virtualmente secuestradas por la delincuencia; decir lo contrario o guardar silencio, es también un acto incorrecto, por decir lo menos.

En virtud de lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable cámara, la presente proposición:

UNICO.- El Senado de la República solicita, respetuosamente, a los gobernadores de los estados, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, un informe pormenorizado sobre los avances habidos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los ejecutivos de las entidades federativas, en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmados por todos ellos, en agosto de 2008. 

Esto es simplemente una petición. Y la estamos presentando para que se analice de urgente resolución.

Para que los estados nos informen, de cómo han avanzado en un compromiso que hicieron, no ante el Congreso, sino ante la sociedad misma, que en aquel momento exigía resultados de parte de todos los órdenes públicos. 

Como siempre, los saludo con respeto. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE NUÑEZ JIMENEZ: Gracias, senador Ramón Galindo.  Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

Quienes estén porque se considere de esa forma, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se considere, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, presidente.

-EL C. PRESIDENTE NUÑEZ JIMENEZ: En consecuencia, está a discusión la propuesta. No habiendo quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica  si es de aprobarse la propuesta presentada. 

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si la propuesta presentada por el Senador Ramón Galindo es de aprobarse.

-Los que estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

 -Los que estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

 -Aprobada la propuesta, Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE NUÑEZ JIMENEZ: Aprobada La propuesta.

Comuníquese.

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a los Gobernadores de los Estados, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, un informe pormenorizado sobre los avances habidos en el cumplimiento  a los compromisos adquiridos por los Ejecutivos de las Entidades Federativas en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en agosto de 2008.

CO N S I D E R A C I O N E S

1. A partir de 2008 se desató una ola de violencia inédita en nuestro país a raíz de la lucha de diferentes grupos criminales por controlar la distribución de drogas ilegales.

2. Como consecuencia de esta disputa aumentaron en forma exponencial los homicidios entre grupos rivales y, a medida que se recrudecía dicha problemática, también se han incrementado las muertes de inocentes, siendo que a la fecha la cifra total de muertes rebasa las treinta y cinco mil.

3. Los estados que más han resentido esta lucha territorial son Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.

4. A efecto de financiar sus actividades ilegales, las organizaciones criminales que típicamente se habían dedicado exclusivamente al narcotráfico, han venido diversificando su actuar, incurriendo cada vez más en delitos del orden común como es el secuestro, la extorsión y el robo en todas sus modalidades, destacando el robo con violencia.

5. Por su parte los delincuentes comunes, ante la incapacidad de las autoridades a todos los niveles para hacer frente efectiva y prontamente a esta situación, también han intensificado sus actividades ilícitas.

6. En la actualidad y, de acuerdo a datos estadísticos aportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de cada cien delitos que se cometen en el país alrededor de noventa son del fuero común.

7. El grave problema de inseguridad ha sumido a los mexicanos en un sentimiento de desesperanza y reclamo a sus gobernantes en la medida que ven trastocados sus más elementales derechos, a la vida y a la seguridad.

8. La impunidad con que actúan los grupos criminales ha evidenciado una manifiesta debilidad de las Instituciones del Estado, que comprende tanto las funciones de seguridad pública, sea en la prevención o combate a la delincuencia, como también la investigación de los delitos y procuración de justicia, hasta llegar a la propia impartición de justicia y sistema carcelario.

9. Tristemente esta situación permite afirmar, categóricamente, que ninguna Institución del Estado mexicano puede considerarse exenta de responsabilidad, sea por acción u omisión y, en muchos casos inclusive por complicidad, de esta ofensiva impunidad.

10. Lo anterior impone entonces un indeclinable compromiso a los diferentes órdenes de gobierno, tanto en el ramo Ejecutivo, como Legislativo y Judicial, una acción más decidida, valiente, honesta e inteligente de la que se ha tenido hasta ahora.

11. En este contexto el Ejecutivo Federal mantiene una estrategia de combate a la delincuencia organizada, en la que ha involucrado a las fuerzas armadas y elementos de la policía federal, desplegándolos en las zonas más conflictivas del país,  buscando coordinación con las policías locales, estatales y municipales.

12. Aunado al despliegue táctico de elementos castrenses y de la policía federal, el Ejecutivo Federal ha asignado sumas sin precedentes a los gobiernos estatales y municipales, vía diferentes fondos, como son el FORTAMUN (Fondo de Aportaciones de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal) y Subsemun (Subsidio para la Seguridad de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal), para ser aplicados a la prevención y combate a la delincuencia. El siguiente cuadro indica los montos otorgados nada mas en los años 2010 y 2011:

	Ejercicio presupuestal 2011 (MDP)	Ejercicio presupuestal 2010 (MDP)
FORTAMUN/1	$ 9,523.6	$ 8,483.6
FASP	$ 7,124.3	$ 6,916.8
SUBSEMUN	$ 4,303.3	$ 4,137.9
Mando Único	$ 2,400.0	Ninguno
TOTAL	$ 23,351.2	$ 19,538.3

13. Sumados a los montos otorgados por el Subsemun, el FASP y el FORTAMUN, este año se otorgarán 2,400 MDP adicionales a los gobiernos estatales que firmen convenio para instaurar el llamado mando único policial en sus demarcaciones, monto que habría de distribuirse a razón de 100 MDP por entidad federativa. En total, entre 2010 y 2011 la suma otorgada a los gobiernos locales por el Ejecutivo Federal para aplicarse a la función de seguridad pública, asciende a 42,889.5 MDP.

14. Actualmente se discute la eficacia de esta estrategia federal, no obstante las propuestas son pocas y, muchas veces, los ciudadanos son testigos impotentes de que no se trasciende la arenga política.

15. Ahora bien, en un esfuerzo inédito de diferentes sectores del sector público y de la sociedad, en agosto de 2008 se firmó un acuerdo nacional para hacer frente a esta cruenta situación de inseguridad, llamado Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

16. Por parte del sector público, en dicho documento tanto el Ejecutivo Federal, el Legislativo, el Poder Judicial de la Federación, los gobiernos estatales como los alcaldes, asumieron una serie de compromisos con fecha de cumplimiento debidamente programado.

Concretamente los gobiernos estatales se comprometieron a lo siguiente:

1. Depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

• Crear o fortalecer un centro de evaluación y control de confianza (un año);
• Evaluación permanente de control de confianza (seis meses);
• Perfeccionar mecanismos de selección y capacitación de los elementos de instituciones policiales y de procuración de justicia (seis meses);
• Incrementar y etiquetar la asignación de recursos para la operación y desarrollo de las instituciones policiales y procuración de justicia (un año);
• Replicar a nivel estatal el sistema de desarrollo policial (un año); y
• Replicar a nivel estatal el esquema federal de certificación de confianza de ministerios públicos y condicionar la permanencia en instituciones de procuración, a su aprobación (un año).

 
2. Reasignar  recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos. El ejercicio de estos recursos sería acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y  transparentes. (Incluido en el Presupuesto 2009 de cada entidad).

3. Conformación, desarrollo o fortalecimiento de unidades especializadas en combate al secuestro (seis meses).

4. Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometieron a presentar en su congreso local una iniciativa de Ley de Seguridad Pública Estatal en congruencia con la Ley General de del Sistema Nacional de Seguridad Pública que apruebe el Congreso de la Unión (6 meses después  de la aprobación de la Ley por parte del Congreso de la Unión).

5. Incorporación e implementación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México (Un año).

6. Desarrollar programas por entidad federativa que incorporen el componente social de la Estrategia de Seguridad (31 de diciembre de 2008).

7. Establecer indicadores de evaluación y seguimiento (tres meses).

8. Establecer un sistema de información pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia (un año).

17. Como ya fue expuesto en la presente propuesta, por su parte el gobierno federal ha venido desarrollando una serie de acciones encaminadas a abatir o, en el mejor de los casos, acotar, la actuación de las organizaciones criminales. Si bien esta estrategia está siendo sujeta a debate y escrutinio, es de suyo oportuno y de estricta justicia, y en propio beneficio de la sociedad, exigir el mismo nivel de compromiso y de involucramiento a todos los que comparten la responsabilidad de garantizar el respeto a la vida y a la seguridad de los mexicanos, esto desde luego incluye a los gobernadores de los estados.

18. Es momento de señalar sin tapujos que los muertos son de todos, todos llevamos responsabilidad en los miles de huérfanos y en las familias aterrorizadas, a todos nos corresponde hallar la forma de rescatar a ciudades enteras virtualmente secuestradas por la delincuencia, decir lo contrario o guardar silencio sería también un acto criminal.

En virtud de lo expuesto, y atendiendo a los argumentos vertidos en el presente, se somete a la consideración de esta Cámara la proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a los Gobernadores de las entidades federativas, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, un informe pormenorizado sobre los avances en el cumplimiento a los compromisos adquiridos por los Ejecutivos Estatales en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en agosto de 2008.

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 76, numeral 1, fracción IX y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 108 Y 109 del mismo ordenamiento, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara, la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a los Gobernadores de los Estados, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, un informe pormenorizado sobre los avances habidos en el cumplimiento  a los compromisos adquiridos por los Ejecutivos de las Entidades Federativas en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en agosto de 2008.

México, Distrito Federal, dado en el salón de sesiones a los 15 días del mes de febrero de 2011.