Alegato por Presunto culpable/ Roberto Hernández, director del documental Presunto culpable
En Nexos, http://www.nexos.com.mx/
Empecé a escribirle esta carta en noviembre del año 2007, cuando el segundo juicio en contra de Antonio Zúñiga apenas
Viernes 10 de junio de 2011Estimada Rosa María Pacheco:Empecé a escribirle esta carta en noviembre del año 2007, cuando el segundo juicio en contra de Antonio Zúñiga apenas reiniciaba. Entonces no le entregué mi carta pues el abogado Rafael Heredia no lo consideró oportuno. Teníamos enfrente un juicio y no sabíamos si usted estaba dispuesta a escucharnos.
Desde que comenzamos a investigar el caso que dio origen a Presunto culpable buscamos un contacto personal con usted. Fuimos a buscar a su hermana en dos ocasiones durante el verano de 2007. Le llevamos flores y una tarjeta. Su hermana me contó que Juan Carlos era un muchacho responsable, que sentía compasión por Víctor Reyes y que trataba de protegerlo como a un hermano; que su familia no entendía por qué a Juan Carlos le había tocado la peor parte. Dado el trabajo que emprendíamos, nosotros nos sentimos moralmente obligados a buscarla para comentar con usted nuestro punto de vista. Sus familiares, sin embargo, no consideraron prudente darnos un teléfono ni una dirección y, luego de un segundo intento, nos pidieron que no regresáramos.
El deseo de escribirle esta carta revivió en mí por los cuestionamientos que se han publicado sobre la cinta en diversos medios. Mi objetivo es recoger las objeciones más importantes a la cinta y darles una respuesta, pero pensando principalmente en usted. Mi carta se divide en tres partes. La primera parte atiende la pregunta de si Toño Zúñiga probó absolutamente su inocencia. Aquí explico que esa pregunta es en sí equivocada. En cambio, ofrezco los datos por los cuales considero que el Estado no probó que Antonio Zúñiga fuese culpable. La segunda parte es uno de los temas más discutidos: si deben videograbarse, editarse y transmitirse los juicios por medios informativos. La tercera parte toca el tema de si Presunto culpable es un documental “objetivo”.
¿Probó Toño Zúñiga ser inocente de disparar el arma que mató a su hijo?
La respuesta corta es que eso no puede saberse. Si la pregunta fuera: “¿Probó el gobierno que Toño Zúñiga es culpable de haber disparado el arma que mató a su hijo?”, eso sí puede saberse. Aunque parezcan similares, la diferencia entre una y otra pregunta es abismal. Esta es la diferencia más importante entre la democracia y la dictadura. La democracia cuestiona cómo la policía y el fiscal ejercieron su poder de investigar y su poder de acusar. La dictadura, en cambio, cómodamente acusa bajo una mera sospecha y obliga a los ciudadanos a probar su inocencia. En muchos países democráticos del mundo la ley exige al defensor probar que hay dudas razonables en la acusación. No le exigen probar, de plano, la inocencia de su cliente. En eso consiste la presunción de inocencia. En cambio, un dictador puede encarcelar o ejecutar a alguien sobre cualquier base, a veces sin necesidad de hacer un juicio, tal cual lo hizo Stalin. En eso consiste la presunción de culpa.
En México estamos en graves problemas. Históricamente hemos estado dispuestos a tolerar toda clase de atropellos por parte de la policía y fuerzas armadas siempre que se trate de “nuestra seguridad”. Simulamos que hacemos juicios donde normalmente subsidiamos los defectos de cualquier investigación, como si fueran tecnicismos irrelevantes. Presunto culpable es un ejemplo de esto y muestra un proceso que presume la culpa.
Probar la inocencia es casi imposible. En general, no haber cometido un crimen no deja huellas físicas en el mundo. Si yo no hice algo, ¿cómo encuentro evidencia de que no lo hice? Por ejemplo, en Estados Unidos anualmente los tribunales deciden miles de casos, que incluyen miles de absoluciones, pero en su historia reciente 270 personas han logrado probar absolutamente que no cometieron un crimen gracias a un golpe de suerte. Lo lograron producto de dos casualidades: en estos 270 casos había evidencia biológica que las autoridades por error o por obligación habían preservado. Ese material biológico contenía ADN (ácido desoxirribonucleico, o material genético) que es único para cada ser humano. La segunda casualidad es que para entonces el desarrollo científico era tal que los abogados defensores pudieron cotejar el ADN de las escenas criminales con el ADN del acusado. Puede leer sobre estos 270 exonerados aquí: http://www.innocenceproject.org/know/
Si quisiéramos probar indubitablemente la inocencia de mexicanos encarcelados, como se hizo en el ejemplo de arriba, esto no sería posible. México prácticamente no cuenta con protocolos para la preservación de la evidencia física. Aquí las evidencias biológicas suelen destruirse de forma casi inmediata, como sucedió en el caso de su hijo. El siguiente enlace contiene legislación modelo para la preservación de evidencias biológicas.
http://www.innocenceproject.org/docs/2010/ Preservation_of_Biological_Evidence_Prescriptive_Model_Bill_2010.pdf
Preguntemos entonces: ¿Probó el Estado que Toño Zúñiga es culpable de haber disparado el arma que mató a su hijo? Nosotros creemos que no. Ésta es, esencialmente, la acusación que enfrentó Antonio, no una coparticipación en el crimen. Siguiendo el enlace debajo de este párrafo, usted puede descargar el pliego de consignación del caso: http://dl.dropbox.com/u/2739435/ 03%20pliego%20de%20consignacion.tiff
Como evidencia de que Zúñiga disparó, la Procuraduría ofreció esencialmente dos pruebas: una prueba que resultó negativa a la pólvora y el testimonio de Víctor Reyes. Ambas pruebas son problemáticas.
Debilidad de la acusación con una prueba de pólvora negativa
Algunos seguramente me dirán: “¡Hay miles de razones por las cuales esa prueba podría resultar negativa!”. En alguna ocasión tal cual me lo dijo el propio juez Palomares. También Ricardo Cayuela Gally en el artículo “Presunto culpable, una lectura heterodoxa” (Letras Libres, abril 2011), afirmó que si el examen de pólvora no se practica dentro de 12 horas, la prueba es inútil. (El listado completo de las inconformidades de Cayuela Gally y las réplicas escritas por Layda Negrete, puede consultarlos en: http://twe.ly/A9mb). Es falso que la pólvora de un disparo se desvanezca en 12 horas. Basta una búsqueda en google scholar (google académico) usando las palabras “gunpowder residue test” para encontrar más de ocho mil artículos especializados sobre el tema de residuos de pólvora por disparar un arma. Destaca un estudio publicado en 2008 sobre un método eficaz que permite encontrar residuos de pólvora hasta 5.27 días después de disparar un arma: http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=as-62-11-1238
Debilidades del testimonio
de Víctor Reyes
La Procuraduría ofreció como prueba de que Toño Zúñiga había disparado el arma el testimonio de su sobrino Víctor Reyes. Sin embargo, desde el primer momento que habló con la policía, Víctor Reyes dijo no haber presenciado el momento del disparo. Tampoco alcanzó a oír el percutir de las balas. Claramente no era un testigo del hecho concreto del cual se juzgó a Zúñiga (disparar un arma).
Por otro lado nosotros cuestionamos la calidad del testimonio de Víctor dado que no fue ofrecido en un contexto de libertad. Víctor estuvo detenido durante más de 24 horas y durante ese tiempo no estuvo en comunicación con su padre. Un procedimiento de trato ilegal para un menor de edad.
Debido a que no hay ninguna supervisión real en los separos, hoy nadie más que Víctor y la policía saben exactamente qué sucedió en ese tiempo. En el juicio el padre de Víctor contó, entre otras cosas, cómo unos policías se llevaron a su hijo el domingo a las tres de la tarde y se lo devolvieron el lunes como a las nueve de la noche, y que el padre no lo vio para nada durante ese lapso. En cambio, en el expediente dice que el padre estuvo con su hijo “en todo momento”, y que Víctor no estuvo detenido nunca.
También sabemos que, dentro del contexto de su detención, tres policías subieron a su sobrino Víctor a un coche sin placas sin permiso de su papá ni del Ministerio Público. Es en ese procedimiento, también ilegal, donde se dio la supuesta identificación de José Antonio Zúñiga.
Creemos que Víctor Reyes nunca había visto a Zúñiga. Víctor Reyes nunca señaló a Antonio Zúñiga por nombre en su relato inicial de los hechos. Notará usted, leyendo el expediente, que Víctor tuvo al menos dos oportunidades de mencionar a Antonio Zúñiga por nombre: con la policía judicial Mayda Bastida Gómez, que lo entrevistó, y con el Ministerio Público. No sabemos por qué no lo mencionó o describió en esas dos primeras oportunidades. Sólo sabemos que la primera mención a Zúñiga en el expediente es posterior a la detención del propio Antonio. Y como se ve en la cinta, son los policías quienes le proporcionan el nombre del detenido a Víctor Reyes.
Además de usar una prueba de pólvora negativa y un testigo problemático, la investigación de la Procuraduría del D.F. fue deficiente por las razones que listo en los siguientes párrafos.
Creemos que en lugar de investigar el caso, el comandante José Manuel Ortega Saavedra presionó a Víctor Daniel durante el tiempo que estuvo detenido en el Ministerio Público, para que señalara a una persona cualquiera. ¿Por qué lo creemos? Y subrayo la palabra, creemos. Sabemos que, en general, los policías suelen incurrir en interrogatorios coercitivos con bastante frecuencia, pues laboran bajo una enorme presión para cerrar las investigaciones. Según una encuesta del CIDE, 40% de las confesiones se obtienen bajo humillaciones y torturas. Sabemos que su sobrino fue tratado como sospechoso e interrogado, y que además el Ministerio Público hizo esfuerzos por ocultar este hecho, falseando la información que puso en el expediente. Por lo tanto, hay motivos para dudar que el interrogatorio de su sobrino fuera cordial. A eso se suma un factor determinante: quien estuvo a cargo de la investigación fue el comandante Ortega Saavedra, del cual Reforma publicó un titular que decía: “Fabrica mando culpables”, donde presenta otros casos cocinados por el mismo comandante. Años antes, el mismo periódico dio a conocer que varios policías judiciales se quejaban de que su superior llegaba ebrio al trabajo, dando tiros al aire. Por eso habían presentado una queja por violación de sus derechos humanos. Resultó que su comandante era el señor Ortega Saavedra. Finalmente, una televisora realizó un reportaje especial sobre el comandante que reveló otros datos que indican que el comandante y algunos de sus familiares operaban al margen de la ley, y pueden verlo aquí: http://www.youtube.com/watch?v=e_zXTDlYZ-o
Es posible que algunos policías dudaran de la calidad de la detención de Antonio. Durante el juicio, uno de los policías judiciales que lo detuvo dijo a Zúñiga: “Recuerdo que te entrevisté, te vi muy decente, y no creo que hayas sido tú, pero pues ni modo, hay una parte acusadora”. http://www.youtube.com/watch?v=-bpxW-L2LRI&feature=channel_video_title
Falta de búsqueda de sospechosos. En su primer contacto con la policía judicial Mayda Bastida, Víctor le proporcionó a la policía todos los datos que pudo de tres de los cinco supuestos atacantes: de Luis, Ojitos y Crucito. Incluso, Víctor entregó los domicilios a la policía judicial Mayda Bastida Gómez. Lo hizo poniéndose en riesgo pues, según el informe de la policía, los asesinos lo conocían de tiempo atrás. ¿Cómo se explica que teniendo esos domicilios la policía no haya hecho algo útil con esa información? Durante el juicio, la policía judicial declaró que en realidad sólo pudo estar vigilando el domicilio de Luis durante dos horas. Esto, dado el sistema de turnos absurdo que sigue la Procuraduría capitalina. En el ensayo “Investigadores de papel”, Elena Azaola describe por qué tenemos una policía investigadora a la que le es imposible investigar. Léalo aquí: http://www.insyde.org.mx/images/artic_invest_papel_espa%C3%B1ol.pdf
Ausencia de otros testigos del homicidio. No sabemos por qué únicamente Víctor es el testigo que fue citado para la investigación y el ulterior juicio siendo que el hecho ocurrió en plena luz del día, en un domingo en que las calles estaban repletas de gente y, por lo tanto, con muchos testigos potenciales. Meses después, específicamente, el 2 de julio de 2006, acudí personalmente al lugar de los hechos y entrevisté a varias personas que me relataron lo que vieron ese día y puedo asegurarle que hay muchos testigos que la policía no entrevistó adecuadamente: un señor que vende cocos; un señor que atendía un puesto de carnitas; una señora que vendía verduras. Ninguno de ellos fue contactado por la Procuraduría.
Falta de consideración de los testigos que vieron a Antonio Zúñiga en otro lugar el día del homicidio. Preocupados, varios de los testigos que vieron a Zúñiga en otro lugar el día del homicidio se enteraron de que él estaba detenido, y acudieron a la agencia de Ministerio Público. A ellos no se les permitió declarar ni se les informó de qué acusaban a Zúñiga. No sólo eso, uno de los amigos de Zúñiga escuchó cómo los policías judiciales dijeron, mirándolo con una actitud acusatoria: “Mira, éste es el quinto que nos faltaba”. Víctor Reyes había nombrado a cinco atacantes; pero inicialmente sólo a tres por nombre o apodo. Con Antonio detenido, les “faltaba” un quinto. Para estos policías cualquier amigo que viniera a preguntar a la agencia les funcionaba como sospechoso.
Se me ha cuestionado que en la cinta Presunto culpable aparece el puesto de videojuegos de Zúñiga y que frente a él son entrevistados los testigos que lo vieron ese 11 de diciembre de 2005. Evidentemente, Zúñiga estaba en prisión y no fue él quien colocó el puesto ese día. Fue su esposa quien hizo el favor de colocarlo y de esta manera pudimos visualmente comunicar dónde decía él que se ubicaba el puesto, qué tipo de puesto era, y entrevistar a las personas que dijeron que lo habían visto. El juez Palomares descartó estos testigos porque supuestamente había pasado mucho tiempo entre el crimen y el proceso penal a pesar de que la agenda de audiencias está bajo el control del propio juez. Al descartar la credibilidad de los testigos, el juez demostró que piensa que su trabajo consiste en cuestionar al acusado, no al Estado. Su horizonte cultural es presumir la culpa.
Esta parte de la filmación se hizo el 2 de julio de 2006. Entiendo que puede uno creerles o no a los testigos que dicen que vieron a Zúñiga en otro lugar. Un testigo que dice habernos visto no es lo mismo que la prueba de ADN que indubitablemente exonera a un supuesto violador. Las personas pueden equivocarse en cuanto a lo que vieron y en qué fechas lo vieron. Por eso entrevisté a toda la gente con una cámara en la mano. No quería que se me escapara ni se me olvidara un solo detalle. Sé que el domingo que dicen haber visto a Zúñiga era el 11 de diciembre de 2005, y no otro domingo, porque todos recordaban las celebraciones del día de la virgen de Guadalupe.
Entrevistamos exhaustivamente a los testigos de Zúñiga y buscamos hablar con otras personas que lo hubieran visto ese día. De ese modo encontramos a varias personas que recuerdan cómo lo vieron en su puesto el día del homicidio. Acostumbro entrevistar a las personas extensamente. Todavía recuerdo cómo me contaron que ese día Toño Zúñiga montó su puesto temprano, jugó video-juegos durante horas con una pantalla defectuosa; reparó una bocina al señor Torres, dueño del acuario frente al cual colocaba su puesto. Por la tarde, los amigos de Zúñiga recuerdan que vieron pasar unas patrullas y oyeron sirenas y hasta vieron pasar a la ambulancia que se dirigía al lugar de los hechos. Más tarde, recibió una computadora con una tarjeta de video quemada de un joven llamado Saúl López, y platicó con él tantas horas, al punto de que Nancy Gabriela, la amiga que lo acompañaba, se impacientó. Finalmente, Zúñiga recogió su puesto y fue a buscar a Eva Gutiérrez. Estuvo a la vista de decenas de personas que me narraron exactamente qué hicieron. El relato era tan rico en detalles que a mí no me cabe la menor duda de que Antonio Zúñiga estuvo en su puesto no sólo en los momentos críticos del crimen, sino todo el día. Zúñiga no pudo haber matado a su hijo.
¿Deben de videograbarse
los juicios penales?
Que en este caso haya habido un inocente en prisión es el resultado de una mala investigación. Pero también de un mal juicio. Luego de que terminara de escribirle esta carta, la revista emeequis publicó un artículo de portada sobre otros casos juzgados por el juez Palomares. Es un reportaje doloroso de leer. Puede verlo aquí: http://www.m-x.com.mx/2011-05-29/los-otros-casos-del-juez-de-presunto-culpable/. Padgett nos confirma que lo que le pasó a Toño Zúñiga, lo que le pasó a usted, le ha pasado a muchas personas que cruzaron por ahí. ¿Cómo podemos cambiar estas maneras de juzgar, mejorar estos procesos, para que los juicios sean mejores para todos?
Una posibilidad muy prometedora es inducir la mayor transparencia posible en los juicios penales. Eso en sí mismo alteraría radicalmente la estructura de incentivos que hacen que los jueces no presencien los juicios y que las fiscalías los litiguen de manera letárgica. Sabedores del escrutinio ciudadano y de la amenaza de las cámaras, lo que vimos en Presunto culpable dejaría de ser políticamente aceptable. Sería escandaloso que en juicios futuros unos detectives respondieran “no recuerdo” a toda pregunta que les hicieran. Dejaría de ser aceptable que una fiscal entregue sus conclusiones en un disquete. Dejaría de ser aceptable que un juez condenara sin pruebas confiables o que un defensor se presente a juicio con una cédula profesional falsa. Hoy todo eso sucede, pero no lo vemos porque nadie lo filma y lo muestra. A la mayoría de las personas que enfrentan un proceso penal les toca un juicio mucho peor que el que vivió Antonio Zúñiga. Dice la Constitución que los juicios son públicos, pero lo son sólo de nombre.
Las personas que están verdaderamente interesadas en los casos (los familiares del detenido y los familiares de la víctima) no ven ni oyen casi nada de lo que sucede en el juicio. Recuerdo haber visto a sus familiares parados en la barandilla del juzgado, y junto a ustedes a mi esposa con audífonos. Ella podía escuchar lo que pasaba en las audiencias. Ustedes escuchaban casi nada. Van tres razones por las cuales no sólo el juicio de ciudad de México v. Antonio Zúñiga, sino todos los juicios en México, deben de videograbarse: usar papeles y dictado para registrar juicios en lugar de videograbarlos es costoso e ineficiente. La grabadora de sonido y la videocámara son más fidedignas que el dictado de un juez.
Costos de registrar juicios por escrito mediante expedientes
1. Costo en dinero público. Nos cuesta como 15 empleados públicos por juzgado elaborar los expedientes judiciales. Pagamos con nuestros impuestos a funcionarios que sólo se dedican a transcribir, taladrar, imprimir y trasladar tambaches de papel en diablitos.
2. Costo en tiempo. Cuesta a todos los usuarios del sistema de justicia el doble de tiempo declarar pues, absurdamente, se pierde tiempo en poner a la gente a dictar sus “generales” (nombre, ocupación, etcétera) y sólo entonces emiten sus testimonios. La información pierde calidad por agotamiento y hartazgo de los testigos.
3. Costo en la obtención de fotocopias. Para colmo, tanto víctimas como acusados en la ciudad de México pagan más de cuatro pesos con 50 centavos ¡por página! de expediente para tener acceso a la información de un caso. En la nota publicada el 8 de abril de 2011, la reportera Diana Martínez de Reforma documentó los montos que se gastan, mismos que representan varios miles de pesos y equivalen a una denegación de justicia. Mientras tanto, el magistrado presidente, Édgar Elías Azar, defendió estos precios para “evitar un uso abusivo de las fotocopias”. En Chile, señora, los juicios se registran mediante audio, en CD y ese registro está disponible para todos los intervinientes que lo soliciten de forma gratuita. En Chihuahua, señora, todos los juicios se videograban. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal financia nuestra mala justicia con lo que recauda de sacar fotocopias.
4. Mal registro. El registro resultante, a pesar de ser tan caro, es incompleto y parcial. El juez procura que sólo ingrese en el registro del juicio lo que a él le place. Incluso se permite editar las declaraciones de los testigos y dejar de incorporar discusiones acerca de si una pregunta es admisible o no. Hay miles de detalles que fueron captados por las cámaras en el juicio de Toño Zúñiga que no llegaron al expediente judicial.
5. Ruido. Por último, habiendo consultado encuestas a personas recluidas, puedo contarle que 60% de los acusados ni siquiera alcanzan a oír lo que los testigos dicen en su juicio. El público, como usted en el juicio del Distrito Federal v. Antonio Zúñiga, pudo oír mucho menos. Esto se debe a que la mayoría de los juzgados generan una enorme cantidad de ruido para imprimir documentos con viejas impresoras de matriz de punto, de modo que se vuelve casi imposible escuchar nada. Para registrar un juicio el micrófono y la videocámara son claramente una solución superior.
6. Ausentismo judicial. Encima de todo, so pretexto de que son tantos los expedientes que tienen que coser, imprimir, rastrear y leer, ¡los jueces no se presentan en los juicios!, y esto coloca al proceso de juzgar al borde del ridículo. Hoy en día, en la ciudad de México, 93% de los jueces no se aparecen en los juicios. En Presunto culpable, sin embargo, vemos al juez presente cada minuto del juicio. Su presencia es estadísticamente sorprendente, y creemos que se debe a la presencia de las cámaras, pues miles de encuestados no vieron al juez, pero en el minuto que aparecimos con nuestras cámaras, el juez también se apareció en la audiencia. Ese es el poder de la vergüenza.
Por todos estos motivos pienso que debemos usar la videograbación de juicios para suplantar el método de registro y el papeleo actual. No es necesario ver a un juez dictar a paso de tortuga lo que todos podríamos oír directamente (si el tribunal callara su bullicio para dejarnos escuchar). No es deseable tener un juzgador que, so pretexto de generar un expediente, nos impida hablar con normalidad. No es deseable que el registro de un juicio carezca de objetividad. No es deseable que los mexicanos tengamos que pagar miles y miles de pesos para poder enterarse de un caso que les concierne.
Videograbar los juicios eliminará de golpe todos estos problemas. No son, empero, todos los problemas que tiene nuestro sistema de justicia. Hay muchos problemas bastante graves que surgen en etapas tempranas de una investigación y que por motivos de espacio no puedo tocar aquí. También es claro que el juicio de Antonio Zúñiga, no por ser videograbado, fue un buen juicio. Sin embargo, sí fue un mejor juicio que el que se tuvo sin la presencia de las cámaras: por lo menos estuvo el juez presente, y por lo menos pudimos generar un registro electrónico completo e independiente de lo que sucedió en esas audiencias y, por eso mismo, pudimos exhibir la injusticia que vimos. También estoy seguro de que si quitamos el registro de juicios mediante expedientes y los suplantamos con las cámaras, daremos un paso importante en nuestra democracia: por lo menos lograremos que los jueces estén presentes en los juicios.
Un experimento realizado por Esther Dufló, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos demuestra cuál podría ser el impacto en general. Ella demostró el impacto que pueden tener cámaras de teléfono celular para mitigar el ausentismo de maestros en escuelas rurales en la India. Su trabajo se titula Monitoring Works, Getting Teachers To Come To School y puede consultarlo aquí: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1141004. Ella y sus colegas demostraron con un sofisticado experimento que unas camaritas de teléfono celular rápidamente lograron lo que ningún regaño o visitaduría. En esas escuelas rurales los maestros tenían que tomarse una foto con sus alumnos al principio y al final de la clase. Si los maestros no se tomaban la foto, no les pagaban. Como resultado de esta política, los maestros empezaron a ir a dar clase. Y su presencia tuvo el impacto deseado, los alumnos aprendieron más. Me parece que las conclusiones de Esther Dufló y sus colegas serían prometedoras en otros contextos en que tenemos que supervisar a un funcionario, como a un juez.
Hoy por hoy, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es una institución pésimamente administrada, que transfiere sus costos de operación a usuarios a los que maltrata de forma sistemática. Si en México quitamos los expedientes físicos y suplantamos ese registro con la videograbación; si premiamos la celebración de audiencias y la celeridad con que ocurren, puedo garantizarle que los jueces vendrán a los juicios, celebrarán más audiencias y escucharán a más gente. La calidad de los testimonios será mucho mejor.
Evidentemente, esta solución no está exenta de problemas. Esto presenta de forma esquemática algunos de los problemas de esa solución.
Protección de víctimas. Otros piensan que si un juicio va a filmarse, necesariamente hay que proteger la identidad y privacidad de las víctimas. Evidentemente, pueden tomarse medidas para proteger a las víctimas que así lo ameriten. Muchos países, en casos de delincuencia organizada o víctimas menores, colocan un biombo que impide ver al testigo. Ésas son soluciones aceptables, que pueden incorporarse caso por caso. Cabe decir que no creo que todas las víctimas ameriten una protección a su identidad así de radical. Creo que las limitaciones a la publicidad del juicio deben ser la excepción, no la regla. En principio, creo que un juicio no es parte de la vida privada de nadie. Un delito es un asunto público que debe examinarse de forma tan pública como sea posible, justamente porque la publicidad del juicio es un fuerte antídoto contra la corrupción o, cuando menos, el abandono de los casos. Puedo comentarle, por cierto, que nos hicimos esta pregunta y no consideramos que Víctor Reyes mereciera estas protecciones, pues no era menor de edad en el momento en que lo filmamos. Jamás durante el juicio Víctor Reyes ni el Ministerio Público solicitaron alguna protección especial a su identidad. Estas son algunas de las protecciones a víctimas en Chile: http://www.iapcopenhagen.org/Files/Filer/Papers/IAP_-_Protecci%F3n_de_Testigos_en_Chile_-_Julio_2005.pdf
Impacto de transmitir juicios por medios informativos. La cuestión es ¿qué impactos adversos, en términos de opinión pública, pueden sobrevenir del hecho de transmitir juicios por cine o televisión? Yo preferiría dedicar un ensayo completo nada más para hablar de este punto. El problema que enfrenta la ciencia en este aspecto es que no se puede hacer un experimento con facilidad en donde se compare el impacto de televisar un juicio contra el impacto de no televisar ese mismo juicio.
¿Cuál es el riesgo? Tan sólo en la ciudad de México se resuelven 18 mil juicios penales al año. La televisión y el cine sólo se pueden meter con un manojo de esos casos, así que parecería que el riesgo no es muy grande. Sin embargo, va un ejemplo fuerte: de los cientos de casos que se han juzgado en Chihuahua, la televisión se metió principalmente con el caso Rubí, y no lo hizo del todo bien. Se apresuraron a sacar conclusiones sobre todo el trabajo de reforma en Chihuahua sin tener en cuenta el contexto histórico ni el comportamiento del resto de los casos de ese estado, que condena, no absuelve, a la mayoría de los acusados. Aquí puede ver la estocada mortal que se le dio al proceso de reforma en Chihuahua: http://www.youtube.com/watch?v=HItYBIUdouY&feature=related
Con base en este caso, algunas voces se alzaron para pedir que se suspendiera la aplicación de la reforma penal estilo Chihuahua, por ejemplo, la de Isabel Miranda de Wallace. En otro ocasión he analizado con más detalle el caso Rubí, y estas son algunas de mis observaciones: https://apps.facebook.com/causes/posts/612216. Pienso que aun en el caso Rubí se puede ver, sin embargo, un tribunal que, comparado con el que vimos en Presunto culpable, parecería de otro país. Lamentablemente, cuando esto salió al aire, los periodistas que informaron sobre el caso no tenían un punto de comparación, ni quizás las destrezas técnicas para valorar qué representaba realmente ese momento.
Empero, yo creo que las críticas y cuestionamientos que recibió el sistema de Chihuahua, así como las críticas y cuestionamientos que ha recibido el sistema de justicia de la ciudad de México, son deseables.
El nivel de corrupción de roles y de abandono de los casos que hay en México hace evidente que nuestro sistema de justicia necesita a los ciudadanos observándolo. Ojalá con el tiempo y la experiencia seamos mejores en la tarea. Sin embargo, más allá de lo que el caso Rubí Frayre o el caso de Toño Zúñiga podrían representar para la reforma de un sistema de justicia de manera global, la pregunta más importante en el futuro será: ¿cómo proteger la imparcialidad de los jueces en un caso concreto? Hoy esa es una pregunta casi irrelevante, atento al hecho claramente documentado de que hoy los jueces de la ciudad de México no tienen condiciones de trabajo que permitan la imparcialidad. Todos los sesgos están en una dirección: en contra del acusado. 95% de las sentencias son condenatorias a pesar de la falibilidad de las pruebas.
Empero, yo no quisiera que el día de mañana los jueces escuchen un caso, luego vean la televisión y luego decidan. Por eso considero que el ingreso de cámaras y la transmisión de imágenes por cine o televisión debe hacerse de manera tal que la transmisión de la imagen no afecte el resultado del juicio. Pienso que la única manera de lograrlo es que se permita filmar, y que cuando el juicio concluya, sólo entonces se permita transmitir la imagen de forma pública. También creo que este tema se manejará mucho mejor desarrollando la cultura periodística que sujetando la cobertura de temas judiciales a leyes. Yo prefiero confiar en el criterio de un periodista bien entrenado en temas judiciales que en el criterio de un juez para decidir qué puede transmitirse por televisión.
Existen riesgos, lo reconozco, pero considero que son menores frente a lo que todos hemos aprendido sobre la justicia mexicana con el proceso de Zúñiga. Los beneficios en términos de pedagogía pública, de incitar críticas a nuestro sistema, de lograr la libertad de un hombre inocente, de atraer atención hacia nuestro propio sistema de justicia y difundir sus mecanismos de operación, de incitar a actores políticos a promover cambios, son ya incalculables. Como diría Louis Brandeis, la luz del sol es el mejor desinfectante. En este caso las cámaras son el mejor desinfectante para un sistema que se ha acostumbrado a operar en la sombra.
Por último, ¿se necesita el consentimiento de los participantes en un juicio para filmarlo, editarlo y transmitirlo? Creo honestamente que no. Un juicio es un ejercicio de rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no es voluntaria. En un juicio comparecen personas que a veces no quieren entregarnos información, que tienen que contarnos cosas que preferirían ocultar. Requerir su consentimiento sería absurdo; anularía el poder del juicio como mecanismo de rendición de cuentas. Respecto del tema del consentimiento en cuanto a rendición de cuentas, sugiero leer el ensayo de Andreas Schedler, ¿Qué es la rendición de cuentas?
http://www.ifai.org.mx/descargar.
php?r=/pdf/temas_transparencia/
publicaciones/publicaciones/&a= cuader nillo3.pdf
¿Es Presunto culpable
un documental objetivo?
Cuando filmó Fizcarraldo, Werner Herzog tuvo el privilegio de trabajar con indígenas de Shivakoreni, un pueblo tan aislado de Perú que algunos de sus pobladores se preguntaban si al otro lado de los Andes había cuerpo de agua inmenso, y si el agua era salada. Con ocasión de un viaje que con Herzog hicieron para hablar con el presidente de Perú, dos representantes de la tribu llegaron a una playa al sur de Lima. Herzog relata así este momento:
En silencio miraron las olas romperse; luego uno pidió una botella, le di una botella de cerveza vacía. No, eso no serviría, tenía que sellar bien. Compré una botella de vino chileno barato, y vertí el vino en la arena. Enviamos la botella a la cocina para que la limpiasen tan bien como se pudiera. Luego los hombres tomaron la botella y en silencio se dirigieron a la orilla. Entraron al mar hasta que el agua les llegó a los codos. Ahí, probaron el agua, llenaron la botella y cuidadosamente la sellaron con el corcho. Ésta era la prueba para su pueblo de que existía el océano. Con cautela pregunté si esto no era simplemente parte de la verdad. “No —contestaron—, si hay una botella con agua de mar, entonces todo el océano existe.
Presunto culpable es como esa botella. Se me ha cuestionado si nuestra película es objetiva; si cuenta toda la verdad. A ellos les respondo como quizás responderían los indígenas de Shivakoreni. La historia de Toño Zúñiga es muestra de un océano de injusticias. La justicia que vemos retratada en la pantalla no le sirvió a usted, no le sirvió a Zúñiga, y no le sirvió a su hijo. Tampoco, por cierto, le sirvió al hijo de Javier Sicilia, ni al hijo de Alejandro Martí, y tampoco, en caso de que a mí o a alguien de mi familia le llegara a pasar algo terrible, nos serviría a nosotros. No le ha servido a ninguno de los 40 mil muertos de este sexenio ni a las miles de personas que diariamente son detenidas y acusadas de un delito en nuestro país. A todos ellos nuestra justicia los coloca día con día en una posición imposible. En México la mayoría de las víctimas y de los criminales carecen de nombre, de investigación y de juicio. Nosotros metimos un pedacito de ese mar en una botella, y atravesamos enormes obstáculos para llevarla a nuestro pueblo. Mucho se rumoraba que ese océano existía, ahora todos pueden verlo, tocarlo, probarlo.
Junto con mi equipo, ensamblé y volví a ensamblar la cinta hasta que fue fiel a lo que vi, entendí y sentí durante el juicio de Toño Zúñiga. Edité el material hasta que me hizo llorar. Lamento mucho, Rosa María, el dolor, la incertidumbre, la sensación de injusticia, la confusión que esto pudo haberle causado. Si todo este dolor ha valido la pena, el crimen del cual fue víctima su hijo marcará un antes y un después en la forma en que se entiende y se imparte la justicia en México.
Me parece muy injusto que usted haya perdido a un hijo. Sólo me puedo imaginar su dolor. Le pido perdón si no hemos sido suficientemente sensibles a su sentir, y a su manera de ver las cosas. Nada de lo que hagamos puede recuperar la vida de Juan Carlos, pero creo sinceramente que sí salvamos la vida de una persona inocente y que mostramos un hueco que nuestros gobernantes deben atender con urgencia. Ojalá podamos reunirnos, y trabajar juntos para cambiar este sistema que no le hace bien a nadie.
Cordialmente,
Roberto Hernández
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