Revista Proceso # 1855, 20 de mayo de 2012
La detención del general de brigada Roberto Dawe González no causó extrañeza entre gran parte de la jerarquía castrense. Desde hacía años se le conocía como un militar al que “le gustaba mucho el dinero”.
En su edición 1850 Proceso dio cuenta de la denuncia que el mayor Arturo González, del Cuerpo de Guardias Presidenciales (CGP), presentó ante los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en septiembre de 2008 contra Dawe –entonces jefe del Estado Mayor de ese cuerpo– por malversación y abuso de autoridad.
El señalamiento, que no le significó molestias al general, derivó en el procesamiento penal en diciembre de 2008 del mayor González por presuntos vínculos con los Beltrán Leyva. Desde entonces está en el penal de El Rincón, Nayarit, pese a que operadores del cártel de esos hermanos sinaloenses, como Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, dijeron no conocerlo y a que su defensa ha demostrado inconsistencias en la afirmaciones del testigo protegido, Roberto López Nájera, Jennifer.
Aun cuando el nombre del mayor González fue mencionado en notas periodísticas como uno de los testigos contra Dawe y el general de división Tomás Ángeles Dauahare, arraigados desde el jueves 17 a solicitud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la esposa del mayor, Karina Pérez, rechazó la versión en entrevista con la reportera.
“Lo único que mi esposo hizo fue señalar los actos de corrupción de quien era su superior, el general Dawe, y lo hizo ante las instancias correspondientes, en ese momento el general Godínez Ruiz”, explica.
Ni en el auto de formal prisión ni en el proceso penal que se le sigue a González Rodríguez, documentos de los que este semanario tiene copia, aparecen los nombres de los generales detenidos el miércoles 16 por sus presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, mucho menos se incluye el expediente que el mayor integró por los presuntos actos de corrupción de quien fuera su superior jerárquico.
En ascenso
Dawe, a quien se le abrió la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, es un oficial con una larga carrera.
En 1996, durante la regencia de Óscar Espinoza Villarreal en el DF, fue nombrado director de la Unidad Especial de la Secretaría de Seguridad Pública entonces a cargo del general Enrique Salgado Cordero.
El gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas no le dio cabida en su gabinete y regresó a las filas del Ejército, al Estado Mayor Presidencial donde fue ascendido a coronel en 2000, promovido por el entonces secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre.
En 2007 fue ascendido a brigadier y en 2008 fungía como jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Guardias Presidenciales.
El 16 de septiembre de 2008 el mayor Arturo González entregó un documento a Godínez Ruiz en el que hacía una relatoría de su trabajo en el CGP y de las diferencias que tuvo con Dawe; entre ellas que el general solía ordenarle dar de baja vehículos militares y venderlos como chatarra (Proceso 1850).
Trasladado en septiembre de 2008 a Chiapas, el 23 de diciembre González fue sacado por policías militares del cuartel de San Quintín y trasladado a la SIEDO. Desde marzo de 2009 está en el Cefereso de El Rincón.
Roberto Dawe siguió al frente del Estado Mayor del CGP hasta diciembre de 2009. Ese mes, bajo la gestión del entonces procurador Arturo Chávez Chávez, fue enviado a Ciudad Juárez como director de la Policía Ministerial Federal.
En 2010 se reintegró a las filas castrenses como comandante de la guarnición de San Luis Río Colorado, Sonora, cargo del que fue relevado en diciembre de ese año por Raúl Güereca Valenzuela, para ser asignado como jefe de Estado Mayor de la 20 Zona Militar en Colima.
El año que estuvo en San Luis Río Colorado coincidió con la gestión del comandante de la policía municipal Alejandro Tablero López, exagente de la PGR.
Ese funcionario municipal fue destituido el 21 de febrero de 2011 luego de que en un operativo militar se descubrieron 12 toneladas de mariguana en la zona residencial de esa ciudad fronteriza.
Tras el hallazgo, a Tablero –quien de acuerdo con los medios locales llegó a la policía de San Luis Río Colorado por recomendación de Manlio Fabio Beltrones– se le consideró responsable de dar protección a los narcomenudistas que distribuían droga a domicilio en los llamados “carros felices”, y de brindar vigilancia a las aeronaves cargadas de estupefacientes que aterrizaban en territorio del municipio.
Aun cuando la guarnición militar y el retén que resguardan el paso hacia la frontera estaba bajo la responsabilidad de Dawe, quien a su vez respondía a las órdenes del comandante de la II Región Militar, el general de división Alfonso Duarte Mújica, las sospechas sólo se dirigieron hacia el funcionario municipal, quien tras su renuncia no fue vuelto a ver en San Luis Río Colorado.
Abandonados por la Sedena
Guadalupe García, esposa de Roberto Dawe, reprochó a la Sedena el abandono de los generales arraigados por la SIEDO. Entrevistada por los medios el jueves 17, al salir de las oficinas de la Subprocuraduría, declaró: “Yo quiero que estén aquí presentes la gente de la Secretaría (Sedena) para que los apoye, porque la verdad los dejaron solos”.
“No sé si haya consigna del gobierno de la República, sea una línea del Estado Mayor Presidencial… no entiendo qué vaya a pasar”, dijo.
“No podemos saber qué es lo que está sucediendo, si es por las elecciones o si es para demostrar algo”, remató.
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