Columna Estira y afloja/J. Jesús Rangel M.
Milenio Diario, 2012-08-10
El jueves 23 de agosto se creará la sección México de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología que presidirá el doctor Moisés Moreno. Analizará y propondrá políticas públicas para que el sistema de justicia del país no continúe por la ruta de “propiciar la violación a los derechos humanos”, y participará en los estudios para unificar en América Latina los sistemas de justicia penal a fin de combatir con mejores herramientas las organizaciones criminales.
Otros socios-fundadores son Augusto Sánchez Sandoval, Luis Armando González Placencia, Fernando Coronado Franco, Fernando Tenorio Tagle, María Elena Leguízamo Ferrer, Miguel Ontiveros Alonso, Alicia González Vidaurri, Sergio Correa García, José Héctor Carreón Herrera, Rodolfo Félix Cárdenas y Jorge Nader Kuri, doctores y catedráticos especializados en diversos temas.
Moreno Hernández me dice: “Buscaremos humanizar el sistema de justicia en México y en América Latina, y unificar criterios para contener el abuso en el ejercicio de la política penal, lo que implica analizar el tema de las policías y los centros de reclusión, por ejemplo. La sección México responde a la necesidad de contar con una entidad que aglutine a los penalistas y criminólogos nacionales para promover la investigación, la difusión del conocimiento, el debate jurídico, criminológico y político-criminal, el intercambio académico y docente, la crítica jurídica y social”.
En abril del año pasado se constituyó la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (Alpec), que encabeza el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y profesor de derecho penal de la Universidad de Buenos Aires, con el propósito de abordar los problemas de interés común en la región en materia de justicia penal y seguridad pública, y profundizar en torno a ellos y a sus posibles soluciones tomando en cuenta las realidades regionales y sus particularidades tanto sociales, legales, políticas y económicas, como en particular las estructuras de sus sistemas penales y de las agencias que los componen.
Ambas organizaciones no tienen por objeto competir ni segregarse de las asociaciones mundiales que se ocupan de las materias que le son propias, sino de configurar un foro que coordine una mayor y mejor participación de la región en ellas. Hasta hoy la voz de los estudiosos latinoamericanos en esas asociaciones internacionales, no pesa y no es y no es tomada en cuenta, situación que se trata de superar.
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