Un
maltrecho mecanismo de protección a periodistas/GLORIA
LETICIA DÍAZ
Revista
Proceso # 1955, 19 de abril de 2014;
Recursos
subutilizados, no integración de los comités técnicos encargados de manejar los
fondos y adjudicación directa de contrato a una empresa que no ofrece todos los
servicios requeridos, son algunos de los problemas del mecanismo de protección
para periodistas y defensores de derechos humanos. Que este mecanismo funcione
es una obligación del gobierno federal en cumplimiento de medidas cautelares
ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Arrendamiento
mensual de un vehículo compacto por casi 22 mil pesos; por una camioneta
blindada, 245 mil; departamento habilitado como “refugio de seguridad” por casi
34 mil pesos y guardias armados por 18 mil y 34 mil pesos, son algunas de las
cotizaciones incluidas en el contrato que formalizó el gobierno de Enrique Peña
Nieto para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos y atender
así las medidas cautelares y precautorias ordenadas por el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH).
Las
estimaciones están incluidas en el contrato firmado por Juan Carlos Gutiérrez
Contreras –entonces titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos
Humanos (UDDH), dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos, a cargo de Lía Limón García– y la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V.,
representada por Israel González León.
El
contrato para atender a defensores, periodistas y beneficiarios de medidas
cautelares –del cual Proceso tiene copia– tiene vigencia del 15 de febrero de
2014 al 31 de enero de 2017 y es por un monto mínimo de 25 millones 999 mil 999
pesos con 99 centavos y un máximo de 64 millones 999 mil 999 pesos con 99
centavos.
Para
hablar de este contrato y de la situación actual del Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, este semanario
solicitó una entrevista con Lía Limón; hasta el cierre de esta edición la
funcionaria no había respondido.
Según
el documento, el pasado 14 de febrero el proveedor fue notificado de la
adjudicación directa del contrato y aunque inició su operación un día después,
éste no fue firmado sino hasta el 27 de febrero.
La
fecha de arranque del “servicio integral de protección y seguridad técnica del
mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y
periodistas, y el cumplimiento de medidas cautelares”, es la misma en la que
Gutiérrez Contreras dejó la UDDH.
Ésta
permaneció acéfala hasta el jueves 10, cuando “por instrucciones del secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong” –según el comunicado 187 de la
Segob–, Limón nombró a Víctor Manuel Serrato Lozano, exómbudsman michoacano y
exdirector general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de
Derechos Civiles de la CNDH.
La
separación de Gutiérrez Contreras no se ha explicado oficialmente. El abogado
de origen colombiano fue director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos y litigó ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos la desaparición forzada en 1974 de Rosendo Radilla Pacheco.
Lo
único que se sabe es lo dicho ante jóvenes egresados de la Escuela Nacional de
Cuadros del PRI –quienes cuestionaron esa separación– por Osorio Chong el
sábado 5, declaración reproducida por el diario La Jornada: “No renunció, lo
renunciamos”.
La
exigencia de reemplazar cuanto antes al jefe de la UDDH se había generalizado
entre organizaciones nacionales e internacionales pues de ese funcionario
depende la liberación de recursos para proteger a periodistas y defensores en
riesgo.
Fallas
y fideicomisos
En
junio de 2013 organizaciones civiles entregaron a Osorio Chong un diagnóstico
sobre las fallas del mecanismo de protección; destacaban la ausencia del Comité
Técnico del Fideicomiso del Fondo para acceder a los recursos acumulados desde
2012.
Clasificado
como reservado por 12 años, el documento está registrado con el número
SG/CNS/38/2014. Establece que los recursos de los que el gobierno federal
dispondrá para atender los requerimientos de periodistas, defensores y
beneficiarios de medidas cautelares y precautorias están en los fideicomisos
“Para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos” y “Fondo
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”
–fideicomisos 10233 y 10232–, los cuales tienen como fiduciario al Banco del
Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
El
presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores
pasó de 28 millones en 2012 a 129.5 millones en 2013 y a 134.4 en 2014, lo que
suma 291.9 millones de pesos.
Los
montos asignados a la atención de las resoluciones de la Comisión y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos así como de la CNDH en esos mismos años
fueron de 33.5 millones, 53.5 y 51 millones de pesos. Un total de 138 millones
de pesos.
Del
fideicomiso del mecanismo, el contrato con RCU Sistemas podrá disponer en los
tres años de entre 23 millones 999 mil 999 pesos con 99 centavos y 59 millones
999 mil 999 pesos con 99 centavos. Es decir que de ejercerse el monto máximo en
los tres años, restarían por ejecutarse más de 230 millones de pesos.
De
los recursos acumulados para atender las resoluciones del SIDH y de la CNDH el
convenio refiere que se dispondría de un monto mínimo de 2 millones de pesos y
un máximo de 5 millones, dejando sin ejecutar, en caso de que se ejerciera la
cifra mayor, 133 millones de pesos.
Los
fondos de ambos fideicomisos estuvieron detenidos en tanto no se definieran las
reglas de operación y la creación de los comités técnicos que permitieran la
liberación de recursos asignados por el Congreso de la Unión.
En
noviembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaron las
reglas de operación para ambos fideicomisos, entre las cuales se incluyen
detalles de la creación de sus comités técnicos.
En
el caso del fideicomiso para atender las obligaciones con el SIDH y la CNDH, la
formación del comité es precisa: está integrado por la subsecretaria de
Derechos Humanos (Lía Limón), quien preside el órgano; el oficial mayor, Jorge
Francisco Márquez Montes; el subsecretario de Gobierno, en este caso Luis
Enrique Miranda Nava; y la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta.
Esa
precisión no se da en el caso del comité responsable del Fideicomiso para el
Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas.
En
las reglas de operación publicadas el 5 de noviembre del año pasado se señala
que su comité técnico está integrado por representantes de Gobernación, de la
Secretaría de Seguridad Pública “o la entidad que lo sustituya”, de la
Procuraduría General de la República y de la cancillería.
En
las reglas de operación se señala que “los miembros del Comité Técnico contarán
con voz y voto y deberán tener un nivel jerárquico no inferior al de
subsecretario o su equivalente. Los miembros del Comité Técnico designarán a
sus suplentes, quienes no deberán tener un nivel jerárquico inferior al de
director general o su equivalente”.
RCU
Sistemas
En
los documentos consultados por Proceso se dice que ambos comités fueron
consultados para aprobar la contratación –por adjudicación directa– de RCU
Sistemas, empresa registrada con la escritura pública 113,841 de la notaría
número 48, a cargo de Felipe Guzmán Núñez, el 28 de noviembre de 2005 en el
Distrito Federal.
En
el contrato se establece que la empresa adjudicada para dar el servicio a los
beneficiarios del mecanismo y de las medidas cautelares tiene como objeto
social “la compra, venta, arrendamiento, representación, distribución,
producción, fabricación, elaboración, adquisición, reparación, importación,
exportación, negociación y comercialización en general, ya sea directa o como
representante intermediario de terceros, de todo tipo de aparatos y efectos
para y relacionados con todos los medios de comunicación y transferencia de
datos vía satélite, y en especial con la localización satelital y el rastreo
satelital de bienes muebles (GPS)”.
La
empresa también tiene como objeto “la compra, venta, arrendamiento,
representación, distribución, diseño, producción, fabricación, elaboración,
adquisición, reparación, importación, exportación, negociación,
comercialización, licencia y registro de todo tipo de software en general y
particularmente del relacionado con medios de comunicación y transferencia de
datos vía satélite, y en especial con la localización satelital y rastreo
satelital de bienes muebles (GPS)”.
Una
revisión en internet revela que RCU Sistemas es proveedora de equipos de
radiocomunicación, chalecos antibalas, patrullas y otros servicios de seguridad
de municipios de Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Jalisco y
Zacatecas.
En
el caso del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de
Derechos Humanos se señala que el contrato con RCU Sistemas “fue autorizado
mediante Acuerdo 2/1ra Sesión Extraordinaria, emitido por la Primera Sesión
Extraordinaria del Comité Técnico”, presidido por Limón, el 14 de febrero de
2014, cuando a la empresa se le notificó que era beneficiaria de la
adjudicación.
En
cuanto al fideicomiso del mecanismo, se destaca que el 13 de septiembre de 2013
en la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico “se hizo del conocimiento el
presupuesto operativo para la contratación del ‘servicio integral de protección
y seguridad técnica del mecanismo para la protección de personas defensoras de
derechos humanos y periodistas’ previo a someterlo a la junta de gobierno por
un monto mínimo de 23 millones 999 mil 999 pesos con 99 centavos y un monto
máximo de 59 millones 999 mil 999 pesos con 99 centavos, aprobado por
unanimidad por los miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la
protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas,
mediante acuerdo JG/ORD/77/2013, emitido en su novena sesión ordinaria
celebrada el 12 de diciembre de 2013”.
En
el acta se pone como cuarto punto la presentación de la “Propuesta para la
aprobación de la Junta de Gobierno del Procedimiento de Contratación del
‘Servicio Integral de Protección y Seguridad Técnica del Mecanismo para la
Protección de Personas de Derechos Humanos y Periodistas’”.
Según
el documento –del cual Proceso tiene copia– “los miembros de la Junta de
Gobierno del Mecanismo aprobaron por unanimidad el procedimiento de
contratación a través de adjudicación directa”. En el acta se hace referencia a
la exposición que hizo Limón del procedimiento de contratación, y de la
solicitud que hizo la consejera Jade Ramírez Cuevas de la última versión del
anexo técnico.
A
la petición, se asienta, Limón respondió que el documento “estaba a disposición
para su conocimiento en las oficinas que ocupa el mecanismo, lo anterior, por
cuestión de la confidencialidad que requiere el tema”.
El
acta refiere que durante el desarrollo de la sesión a los consejeros Ramírez
Cuevas y Édgar Cortez Moralez se les permitió revisar una copia del anexo
técnico “que proporcionó la licenciada Norma Ita González Pérez”, responsable
de la operación del fideicomiso.
El
contrato incluye el anexo técnico, donde se enlistan 37 servicios de protección
que tendría que cumplir RCU Sistemas.
Fuera
quedaron otro tipo de atenciones incluidas en las Reglas de Operación
publicadas en noviembre de 2013 en el DOF, como las asesorías psicológicas y
jurídicas, la atención médica, los seguros de bienes e insumos adquiridos, la
transportación área o marítima y el “almacenamiento de bienes muebles en caso
de evacuación forzada”.
Sobre
el anexo entregado a la empresa, se incluye una relación de cotizaciones
mensuales y por unidad, de acuerdo al tipo de servicio requerido.
Por
ejemplo, se enlistan rentas mensuales de entre 2 mil 700 y 2 mil 900 pesos en
equipo de telefonía celular, satelital y de radiocomunicación; el arrendamiento
del servicio de circuito cerrado, sin cámaras, por 21 mil 400 pesos, y 3 mil
pesos por cada cámara.
La
lista de los 37 servicios requeridos incluye sensores de movimiento, extintores
o chalecos antibalas “tipo ejecutivo”, por mil 890 pesos al mes. Se incluye el
arrendamiento de automóviles compactos, por 21 mil 863 pesos mensuales, o de
camionetas blindadas para siete pasajeros, por 245 mil pesos.
La
empresa presta también servicio de luminarias, cercado eléctrico y malla
ciclónica para la protección perimetral de inmuebles, protectores de ventanas y
puerta “acorazada contra intrusos”. Ofrece el servicio mensual por guardia de
seguridad “especializado en la protección de personas, experto en combate
cuerpo a cuerpo y especializado en el manejo de armas, que cuente con
capacitación comprobada para minimizar cualquier situación de riesgo”, por 34
mil 717 pesos por elemento, o por 18 mil 750 un guardia uniformado para
seguridad intramuros.
En
casos extremos se ofrece el servicio de alquiler mensual de un inmueble amueblado,
“refugio de seguridad”, por 33 mil 829 pesos, así como la dotación alimenticia
por persona por mil 652 pesos.
Los
servicios enlistados serían utilizados para atender las necesidades de
seguridad de los 130 beneficiarios inscritos en el Mecanismo de Protección, de
los cuales 89 estaban en rezago según información difundida por consejeros
ciudadanos del mismo organismo el pasado 24 de marzo, cuando anunciaron su
retiro temporal de las reuniones de la Junta de Gobierno.
El
viernes 11, un día después del nombramiento de Serrato Lozano, los consejeros
ciudadanos retomaron el diálogo con Limón.
Mientras
estuvo acéfala la UDDH fue imposible la aplicación del contrato, pues el
responsable de solicitar los servicios, una vez aprobados por la Junta de
Gobierno, era el jefe de esa dependencia.
Y
pese al nombramiento del nuevo encargado, el jueves 10, hasta el cierre de esta
edición no se había recurrido a los servicios.
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