Un maltrecho mecanismo de protección a periodistas

Un maltrecho mecanismo de protección a periodistas/GLORIA LETICIA DÍAZ

Revista Proceso # 1955, 19 de abril de 2014;

Recursos subutilizados, no integración de los comités técnicos encargados de manejar los fondos y adjudicación directa de contrato a una empresa que no ofrece todos los servicios requeridos, son algunos de los problemas del mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Que este mecanismo funcione es una obligación del gobierno federal en cumplimiento de medidas cautelares ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Arrendamiento mensual de un vehículo compacto por casi 22 mil pesos; por una camioneta blindada, 245 mil; departamento habilitado como “refugio de seguridad” por casi 34 mil pesos y guardias armados por 18 mil y 34 mil pesos, son algunas de las cotizaciones incluidas en el contrato que formalizó el gobierno de Enrique Peña Nieto para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos y atender así las medidas cautelares y precautorias ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 Las estimaciones están incluidas en el contrato firmado por Juan Carlos Gutiérrez Contreras –entonces titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, a cargo de Lía Limón García– y la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V., representada por Israel González León.

El contrato para atender a defensores, periodistas y beneficiarios de medidas cautelares –del cual Proceso tiene copia– tiene vigencia del 15 de febrero de 2014 al 31 de enero de 2017 y es por un monto mínimo de 25 millones 999 mil 999 pesos con 99 centavos y un máximo de 64 millones 999 mil 999 pesos con 99 centavos.

 Para hablar de este contrato y de la situación actual del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, este semanario solicitó una entrevista con Lía Limón; hasta el cierre de esta edición la funcionaria no había respondido.

Según el documento, el pasado 14 de febrero el proveedor fue notificado de la adjudicación directa del contrato y aunque inició su operación un día después, éste no fue firmado sino hasta el 27 de febrero.

La fecha de arranque del “servicio integral de protección y seguridad técnica del mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, y el cumplimiento de medidas cautelares”, es la misma en la que Gutiérrez Contreras dejó la UDDH.

Ésta permaneció acéfala hasta el jueves 10, cuando “por instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong” –según el comunicado 187 de la Segob–, Limón nombró a Víctor Manuel Serrato Lozano, exómbudsman michoacano y exdirector general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Civiles de la CNDH.

La separación de Gutiérrez Contreras no se ha explicado oficialmente. El abogado de origen colombiano fue director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la desaparición forzada en 1974 de Rosendo Radilla Pacheco.

Lo único que se sabe es lo dicho ante jóvenes egresados de la Escuela Nacional de Cuadros del PRI –quienes cuestionaron esa separación– por Osorio Chong el sábado 5, declaración reproducida por el diario La Jornada: “No renunció, lo renunciamos”.

La exigencia de reemplazar cuanto antes al jefe de la UDDH se había generalizado entre organizaciones nacionales e internacionales pues de ese funcionario depende la liberación de recursos para proteger a periodistas y defensores en riesgo.

Fallas y fideicomisos

En junio de 2013 organizaciones civiles entregaron a Osorio Chong un diagnóstico sobre las fallas del mecanismo de protección; destacaban la ausencia del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo para acceder a los recursos acumulados desde 2012.

Clasificado como reservado por 12 años, el documento está registrado con el número SG/CNS/38/2014. Establece que los recursos de los que el gobierno federal dispondrá para atender los requerimientos de periodistas, defensores y beneficiarios de medidas cautelares y precautorias están en los fideicomisos “Para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos” y “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” –fideicomisos 10233 y 10232–, los cuales tienen como fiduciario al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

El presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores pasó de 28 millones en 2012 a 129.5 millones en 2013 y a 134.4 en 2014, lo que suma 291.9 millones de pesos.

Los montos asignados a la atención de las resoluciones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como de la CNDH en esos mismos años fueron de 33.5 millones, 53.5 y 51 millones de pesos. Un total de 138 millones de pesos.

Del fideicomiso del mecanismo, el contrato con RCU Sistemas podrá disponer en los tres años de entre 23 millones 999 mil 999 pesos con 99 centavos y 59 millones 999 mil 999 pesos con 99 centavos. Es decir que de ejercerse el monto máximo en los tres años, restarían por ejecutarse más de 230 millones de pesos.

De los recursos acumulados para atender las resoluciones del SIDH y de la CNDH el convenio refiere que se dispondría de un monto mínimo de 2 millones de pesos y un máximo de 5 millones, dejando sin ejecutar, en caso de que se ejerciera la cifra mayor, 133 millones de pesos.

Los fondos de ambos fideicomisos estuvieron detenidos en tanto no se definieran las reglas de operación y la creación de los comités técnicos que permitieran la liberación de recursos asignados por el Congreso de la Unión.

En noviembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaron las reglas de operación para ambos fideicomisos, entre las cuales se incluyen detalles de la creación de sus comités técnicos.

En el caso del fideicomiso para atender las obligaciones con el SIDH y la CNDH, la formación del comité es precisa: está integrado por la subsecretaria de Derechos Humanos (Lía Limón), quien preside el órgano; el oficial mayor, Jorge Francisco Márquez Montes; el subsecretario de Gobierno, en este caso Luis Enrique Miranda Nava; y la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta.

Esa precisión no se da en el caso del comité responsable del Fideicomiso para el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En las reglas de operación publicadas el 5 de noviembre del año pasado se señala que su comité técnico está integrado por representantes de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública “o la entidad que lo sustituya”, de la Procuraduría General de la República y de la cancillería.

En las reglas de operación se señala que “los miembros del Comité Técnico contarán con voz y voto y deberán tener un nivel jerárquico no inferior al de subsecretario o su equivalente. Los miembros del Comité Técnico designarán a sus suplentes, quienes no deberán tener un nivel jerárquico inferior al de director general o su equivalente”.

RCU Sistemas

En los documentos consultados por Proceso se dice que ambos comités fueron consultados para aprobar la contratación –por adjudicación directa– de RCU Sistemas, empresa registrada con la escritura pública 113,841 de la notaría número 48, a cargo de Felipe Guzmán Núñez, el 28 de noviembre de 2005 en el Distrito Federal.

En el contrato se establece que la empresa adjudicada para dar el servicio a los beneficiarios del mecanismo y de las medidas cautelares tiene como objeto social “la compra, venta, arrendamiento, representación, distribución, producción, fabricación, elaboración, adquisición, reparación, importación, exportación, negociación y comercialización en general, ya sea directa o como representante intermediario de terceros, de todo tipo de aparatos y efectos para y relacionados con todos los medios de comunicación y transferencia de datos vía satélite, y en especial con la localización satelital y el rastreo satelital de bienes muebles (GPS)”.

La empresa también tiene como objeto “la compra, venta, arrendamiento, representación, distribución, diseño, producción, fabricación, elaboración, adquisición, reparación, importación, exportación, negociación, comercialización, licencia y registro de todo tipo de software en general y particularmente del relacionado con medios de comunicación y transferencia de datos vía satélite, y en especial con la localización satelital y rastreo satelital de bienes muebles (GPS)”.

Una revisión en internet revela que RCU Sistemas es proveedora de equipos de radiocomunicación, chalecos antibalas, patrullas y otros servicios de seguridad de municipios de Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Zacatecas.

En el caso del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos se señala que el contrato con RCU Sistemas “fue autorizado mediante Acuerdo 2/1ra Sesión Extraordinaria, emitido por la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico”, presidido por Limón, el 14 de febrero de 2014, cuando a la empresa se le notificó que era beneficiaria de la adjudicación.

En cuanto al fideicomiso del mecanismo, se destaca que el 13 de septiembre de 2013 en la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico “se hizo del conocimiento el presupuesto operativo para la contratación del ‘servicio integral de protección y seguridad técnica del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas’ previo a someterlo a la junta de gobierno por un monto mínimo de 23 millones 999 mil 999 pesos con 99 centavos y un monto máximo de 59 millones 999 mil 999 pesos con 99 centavos, aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, mediante acuerdo JG/ORD/77/2013, emitido en su novena sesión ordinaria celebrada el 12 de diciembre de 2013”.

En el acta se pone como cuarto punto la presentación de la “Propuesta para la aprobación de la Junta de Gobierno del Procedimiento de Contratación del ‘Servicio Integral de Protección y Seguridad Técnica del Mecanismo para la Protección de Personas de Derechos Humanos y Periodistas’”.

Según el documento –del cual Proceso tiene copia– “los miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo aprobaron por unanimidad el procedimiento de contratación a través de adjudicación directa”. En el acta se hace referencia a la exposición que hizo Limón del procedimiento de contratación, y de la solicitud que hizo la consejera Jade Ramírez Cuevas de la última versión del anexo técnico.

A la petición, se asienta, Limón respondió que el documento “estaba a disposición para su conocimiento en las oficinas que ocupa el mecanismo, lo anterior, por cuestión de la confidencialidad que requiere el tema”.

El acta refiere que durante el desarrollo de la sesión a los consejeros Ramírez Cuevas y Édgar Cortez Moralez se les permitió revisar una copia del anexo técnico “que proporcionó la licenciada Norma Ita González Pérez”, responsable de la operación del fideicomiso.

El contrato incluye el anexo técnico, donde se enlistan 37 servicios de protección que tendría que cumplir RCU Sistemas.

Fuera quedaron otro tipo de atenciones incluidas en las Reglas de Operación publicadas en noviembre de 2013 en el DOF, como las asesorías psicológicas y jurídicas, la atención médica, los seguros de bienes e insumos adquiridos, la transportación área o marítima y el “almacenamiento de bienes muebles en caso de evacuación forzada”.

 Sobre el anexo entregado a la empresa, se incluye una relación de cotizaciones mensuales y por unidad, de acuerdo al tipo de servicio requerido.

Por ejemplo, se enlistan rentas mensuales de entre 2 mil 700 y 2 mil 900 pesos en equipo de telefonía celular, satelital y de radiocomunicación; el arrendamiento del servicio de circuito cerrado, sin cámaras, por 21 mil 400 pesos, y 3 mil pesos por cada cámara.

La lista de los 37 servicios requeridos incluye sensores de movimiento, extintores o chalecos antibalas “tipo ejecutivo”, por mil 890 pesos al mes. Se incluye el arrendamiento de automóviles compactos, por 21 mil 863 pesos mensuales, o de camionetas blindadas para siete pasajeros, por 245 mil pesos.

La empresa presta también servicio de luminarias, cercado eléctrico y malla ciclónica para la protección perimetral de inmuebles, protectores de ventanas y puerta “acorazada contra intrusos”. Ofrece el servicio mensual por guardia de seguridad “especializado en la protección de personas, experto en combate cuerpo a cuerpo y especializado en el manejo de armas, que cuente con capacitación comprobada para minimizar cualquier situación de riesgo”, por 34 mil 717 pesos por elemento, o por 18 mil 750 un guardia uniformado para seguridad intramuros.

 En casos extremos se ofrece el servicio de alquiler mensual de un inmueble amueblado, “refugio de seguridad”, por 33 mil 829 pesos, así como la dotación alimenticia por persona por mil 652 pesos.

Los servicios enlistados serían utilizados para atender las necesidades de seguridad de los 130 beneficiarios inscritos en el Mecanismo de Protección, de los cuales 89 estaban en rezago según información difundida por consejeros ciudadanos del mismo organismo el pasado 24 de marzo, cuando anunciaron su retiro temporal de las reuniones de la Junta de Gobierno.

 El viernes 11, un día después del nombramiento de Serrato Lozano, los consejeros ciudadanos retomaron el diálogo con Limón.

 Mientras estuvo acéfala la UDDH fue imposible la aplicación del contrato, pues el responsable de solicitar los servicios, una vez aprobados por la Junta de Gobierno, era el jefe de esa dependencia.

 Y pese al nombramiento del nuevo encargado, el jueves 10, hasta el cierre de esta edición no se había recurrido a los servicios.