Combaten corrupción desde sede irregular/ Reforma!
La nueva sede se trata de un edificio que ostenta diez niveles y está ubicado en el 710 de Avenida México.
Dice la nota de Víctor Fuentes de Reforma que "Los Magistrados que aplicarán las sanciones por los casos graves de corrupción ya tienen sede en un edificio nuevo de San Jerónimo Lídice; sin embargo, dicha construcción tiene cuatro pisos más de los permitidos y viola el uso de suelo para dicho predio.”
Se trata de un edificio que ostenta diez niveles y está ubicado en el 710 de Avenida México.
La construcción fue desarrollada por la empresa Mexihom y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) empezó a rentarla desde el mes pasado....
La renta ronda los 249 mil 251 dólares; es decir, 4.7 millones de pesos mensuales.
Seguramente la operación fue autotizada por el C. Magistrado Presidente, Carlos Chaurand...
#
Agradecimiento del papa Francisco..
“Agradezco sinceramente a las autoridades civiles y eclesiásticas y a todas las personas que ayudaron a hacer posible este viaje (a Palermo); agradezco a los buenos pilotos del avión y el helicóptero. Agradezco especialmente a los queridos obispos Rosario Gisana y Corrado Lorefice por su excelente servicio pastoral. Agradezco a los jóvenes, a las familias y a toda la gente maravillosa de esta hermosa tierra de Sicilia por su cálida bienvenida”.
“¡Que el Señor os bendiga, sicilianos y a vuestro país! ¡Aplausos a los sicilianos!”
#
Templo Mayor/ Reforma,
AHORA que Andrés Manuel López Obrador dijo que Rosario Robles es un chivo expiatorio y que no es su intención meterla a la cárcel por los saqueos en Sedesol y Sedatu, seguramente la aludida tuvo un "dèjá vu".
Y ES QUE las palabras del Presidente electo le deben haber sonado muy parecidas a las que le dirigió Enrique Peña Nieto el 19 de abril del 2013 durante el arranque de la llamada "Cruzada contra el hambre", en Chiapas.
ESE DÍA, a pesar de las acusaciones en su contra por supuestamente haber desviado fondos para favorecer electoralmente a Javier Duarte, le dijo en público: "Rosario, no te preocupes, hay que aguantar". ¡Y vaya que ha aguantado!
VAYA COSAS peculiares suceden con la inteligencia artificial. Cada vez que un usuario de Twitter sigue a alguien, le aparecen sugerencias para seguir a más personas que tienen historiales y actividades similares.
Y LLAMA la atención que en el caso de la titular de la Sedatu, Rosario Robles, los primeros que aparecen son Emilio Lozoya y Gerardo Ruiz Esparza, quienes también traen cuentas pendientes por su actuación como servidores públicos. Ahora sí que: el PRI los hace... ¡y las auditorías y el Twitter los juntan!
HAY QUIENES aseguran que la licencia de Manuel Velasco en el Senado no fue aprobada por Morena a cambio de que el PVEM le cediera cinco diputados para alcanzar la mayoría en San Lázaro.
NOMÁS que la versión alternativa de esa historia es más truculenta que la original. Según esto, todo comenzó por la grilla interna morenista entre el coordinador Ricardo Monreal y el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres.
LO NORMAL es que las solicitudes de licencia de los senadores sean un simple trámite que no se vota en el pleno. Pero, como la solicitud de Velasco no aparecía en el orden del día, "alguien" se puso vivo y pidió que se votara, para darle un calambre.
PERDIDA la votación, entró al rescate Monreal, quien le debía un favor a Velasco por la vez que, en el 2015, intercedió en favor de tres colaboradoras del morenista que fueron detenidas con mucho efectivo en el aeropuerto de Tapachula. ¡Esos son amigos y no payasos!
ASÍ COMO el nuevo gobierno pretende plantar un millón de hectáreas con árboles, cuentan que ahora traen la idea de "sembrar" un millón de vaquillas para reactivar la ganadería nacional.
LA PREGUNTA obligada es: ¿de dónde saldrá el dinero para comprarlas? Si como están las cosas las cuentas no salen, menos aún si se ponen a regalar vacas.
#
Frentes Políticos/ Excelsior
I. Llorón. Los expresidentes de México se quedarán sin pensión. En la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, avalada en el Congreso de la Unión, el pasado viernes, se prohíben percepciones de retiro que no estén sustentadas jurídicamente. La Ley, que ya había sido aprobada por los senadores recientemente, fue enviada al presidente de la República Enrique Peña Nieto para su promulgación. Hasta el momento, de los cinco expresidentes pensionados, sólo se ha quejado Vicente Fox Quesada. Afirmó que no es justa la medida, ya que los mandatarios sirvieron con orgullo y con responsabilidad al país y que es su premio por no haber caído en la tentación de robar. Fin del comunicado.
II. Respeto patrio. En Ocoyoacac, Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, y Alfredo del Mazo, gobernador mexiquense, montaron guardia de honor en el Monumento Ecuestre Batalla del Monte de las Cruces, por el aniversario de la lucha de Independencia de México. La ceremonia estuvo llena de simbolismos. Asistieron legisladores federales y locales, quienes colocaron tres coronas de rosas blancas con la leyenda: “Gobierno de la República, cuarta transformación”, en los monumentos ecuestres de Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Mariano Jiménez.
III. Prudencia. Cuando no se puede, pues no se puede. Así que en el estado de Guerrero, ante los problemas de violencia en los últimos días en dos municipios de la Costa Grande, los ayuntamientos de Petatlán y Atoyac cancelaron el Grito de Independencia. De acuerdo con las autoridades de Atoyac, después de una reunión con personal militar del 109 Batallón de Infantería, se tomó la decisión por cuestiones de seguridad. “Con el fin de salvaguardar la integridad y la seguridad de la población se cancela el Grito de Independencia del 15 de septiembre y el desfile del 16 de septiembre”, se les informó. Hay gritos de dolor que es necesario evitar. Y si no se puede...
IV. Fallas. Es preocupante comprobar que las modificaciones a la justicia simplemente no resultaron. Con el nuevo sistema, el panorama empeoró. Raymundo Collins, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, afirmó que el trabajo de la policía capitalina es detener a quien cometa delitos, y se les detendrá las veces que sea necesario. Sin embargo, argumentó, las leyes no tienen una operatividad real: “Hay personas que hemos detenido 16, 17 veces”. Y para empeorar las cosas, surgió otro video donde se observa a Los Diablitos, niños de 12 años, delinquiendo de nuevo. Urgen ajustes antes de que alguien les haga un daño a estos niños traviesos.
V. Cero pretextos. Ser mexicano y sentirlo y vivirlo en fiestas patrias no debe ser un acto vergonzoso, a pesar de que muchas personas terminen ahogadas de borrachos. La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos advirtió que el consumo de bebidas alcohólicas aumenta entre 30 y 40 por ciento en este par de días, lo cual a su vez incrementa el riesgo de accidentes automovilísticos y las urgencias médicas. En estos días, los mexicanos ingieren más bebidas alcohólicas que el resto del año, pues la celebración de la Independencia de México “es uno de los pretextos más usados para embriagarse”, señala la organización. Ser mexicano es mucho más que unos tequilas.
#
En la mira, excesos inmobiliarios…
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior..
El auge de desarrollos inmobiliarios en zonas específicas de la capital ha generado no sólo la natural molestia de los vecinos, sino, más grave, el deterioro en la calidad de muchos de los servicios que estos reciben
Mañana, cuando de manera formal quede instalado el primer Congreso de la Ciudad de México, sus integrantes de extracción morena, en su mayoría, buscarán imprimir mayor celeridad a la elaboración del ya iniciado diagnóstico de la (compleja) situación inmobiliaria existente en la capital con miras a posibilitar, en una segunda etapa, avanzar en la investigación y eventual encauzamiento legal de un buen número de anomalías denunciadas sobre el punto y, también, en la revisión y reforma de la legislación vigente sobre la materia.
Y ello, a decir de quienes más cerca operan ya de Ernestina Godoy Ramos, la designada coordinadora de la fracción lopezobradorista y segura presidenta de la Cámara, en razón de las múltiples denuncias que sobre el particular, en campaña, recibieron tanto los futuros diputados como la futura jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, con la que, previsiblemente, la mayoría legislativa —42 de 66 diputados— confían trabajar de manera coordinada.
Hablamos, se entiende, de una problemática particularmente sensible para la ciudadanía que, ante el poco cuidado —“por no decir irracional e invasivo…”— auge de desarrollos inmobiliarios en zonas específicas de la capital —Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón, Tlalpan y Miguel Hidalgo, de manera destacada—, ha generado no sólo la natural molestia de los vecinos ante la falta de control sobre las obras y, en no pocos casos, la obvia violación de la ley, sino, más grave, el deterioro en la calidad de muchos de los servicios que estos reciben: agua potable, servicios eléctricos (luminarias), seguridad, vialidades, etc.
Huelga destacar que, al margen de la urgente necesidad existente de que la autoridad regule de manera efectiva y con pleno apego a la ley este tipo de desarrollos, la premura en atender el tema que ahora exhiben los próximos miembros del primer Congreso capitalino, los más identificados con el manejo (“clientelar”) de grupos en apoyo al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su dirigencia en la metrópoli, así como de sus aliados de Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), no parece ser del todo ajeno a la posibilidad de hacerlo con la intención de posicionarse políticamente tanto al nuevo órgano legislativo como, claro, al gobierno de la Ciudad y al federal, además de sus contrapartes a nivel alcaldías, once de las 16 para ser exactos…particularmente, ante la inminencia del primer aniversario de los sismos del 19 de septiembre.
Ello, obvio, al margen de la significación que avanzar en la solución de demandas como las mencionadas pudiera acarrear en lo que a control y/o apertura de alternativas de “diálogo y negociación” con alcaldes ajenos a sus filas —un panista, un priista y tres perredistas— en razón de que si el fenómeno que ahora nos ocupa creció y se salió incluso de control en la forma en que ello ocurrió, fue durante la gestión de personajes miembros del Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional, particularmente en Benito Juárez en el último de los casos.
De concretarse, dicen quienes junto con especialistas trabajan el tema, el asunto resultará particularmente “explosivo”, dados los muchos nombres y/o personajes del recientísimo pasado capitalino a nivel jefatura de gobierno y/o delegacionales —“no más de 6 o 9 años…”— que, con absoluta seguridad, serán mencionados y, en una de esas, hasta podrían resultar implicados…
ASTERISCOS
* Pasadas las fiestas patrias, por cierto, el trabajo legislativo a nivel federal deberá asumir una nueva dinámica producto, entre otras cosas, de la distribución e instalación de las diversas comisiones en San Lázaro y en el palacete de Reforma; la mayoría de ellas encabezadas por diputados y senadores afines al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
#
Paradojas/Eduardo Caccia
Reforma 16 Sep. 2018
Confieso mi debilidad por las paradojas, más allá de su apariencia inicial encierran una revelación sorprendente o al menos contradictoria a lo que se considera verdadero (de ahí que también se llamen antilogías), en cualquier caso borran la aburrida planicie de las ideas para llevarnos entre argumentos escarpados donde la lógica sucumbe a las creencias. Y de pronto iluminan. Considera por ejemplo esta sutil paradoja de Bohr: "Lo opuesto a un enunciado correcto es un enunciado falso. Pero lo opuesto a una verdad profunda bien podría ser otra verdad profunda".
El próximo gobierno de la República enfrenta varias paradojas. El Presidente electo ha dicho que su gobierno va a perdonar actos delictivos "pero a nosotros no queremos que nos perdonen". La enorme expectativa que tienen millones de mexicanos en su nuevo líder y su nuevo gobierno encierra más paradojas: ¿empobrecer al gobierno enriquece al pueblo?, ¿podemos luchar contra la pobreza en México dando ejemplo de "pobreza franciscana"?
Chesterton se nos anticipó. Su obra plagada de paradojas, parábolas y simbolismos retrata condiciones humanas que escapan al tiempo y las latitudes. En su cuento con tintes medievales "Las dos tabernas" narra la historia de dos socios de una taberna que terminan separados por sus diferentes personalidades: uno, Giles, dado a presumir y generar muchas expectativas; el otro, Miles, parco de argumentos y alabanzas. Cada uno abre su propia taberna con el vino que trasvasaron de una barrica propiedad de ambos a dos barriles más pequeños. Un buen día el rey Cole visitó la taberna "El Sol Naciente", adornada con símbolos fastuosos y leyendas hiperbólicas, donde Giles le habló de "el mejor vino del mundo", no una sino varias veces hasta que el monarca, harto ya de tan anunciado y espléndido brebaje, decidió probarlo para luego afirmar que no le pareció tan bueno. En su camino de regreso el rey paró en la modesta "La Media Luna", donde Miles le anunció que no había algo digno de servirle a su majestad y que nada más tenía un vino barato que seguramente le parecería el peor que habrá tomado en su vida. Luego de probar la copa, el monarca quedó sorprendido de la "buenísima bebida".
¿Habrá sido mejor para AMLO no prometer tanto en campaña? Seguramente, pero no habría tenido la aceptación abrumadora que tuvo. Paradoja. Como sea, todo indica que es mejor prometer poco y entregar mucho, que lo opuesto. En otro nivel significativo, podríamos decir que el nuevo gobierno carga con el anuncio del buen vino y la austeridad del modesto figón.
El autor de El hombre que fue jueves tiene otra historia paradójica cuando da vida al personaje de William Hicks en el relato corto "La caballerosidad empieza en casa", donde este hombre tiene un súbito apetito por recobrar la naturaleza aventurera de los expedicionarios y colonizadores ingleses. Como es un oficinista (hoy "godín") y no le alcanza el dinero para costearse una aventura, Hicks decide generar adrenalina en absurdos lances urbanos que le causan más de un arresto policiaco y hasta ser confinado en un manicomio del que huye hacia Londres. En la capital del imperio decide atacar el emblemático domicilio de Downing Street; trepa al tejado y baja por la chimenea. Sobreviene un reflexivo diálogo con un ministro de gobierno que no parece sorprendido de verle. Hicks justifica su atrevimiento, argumenta que los ingleses "alaban el coraje y la aventura", cuestiona por qué su cultura aprecia a los pioneros y aplaude las hazañas de aventureros en tierras lejanas. El político le responde "precisamente, por ser tierras lejanas. ¿No cree usted que ha contestado a su propia pregunta?... la aventura es algo grande, algo glorioso, ¿y por qué? Porque acaba con la gente aventurera... Porque mantiene fuera del país a todos los aventureros, como elementos extraños, indeseables". Después de escuchar eso, Hicks, que había entrado osadamente por la chimenea, sale tranquilamente por la puerta.
El apetito voraz de Morena demostrado desde el Poder Legislativo y las potenciales tentaciones autoritarias que da "la silla del águila" en la Presidencia, podrían llevarnos a una paradoja chesterniana: la democracia es buena porque acaba con los demócratas.
Espero que el nuevo poder hegemónico se equivoque con un acierto.
#
Autosabotaje/Juan E. Pardinas
Reforma, 16 Sep. 2018
Todo gobierno tiene tres tipos de problemas: los que hereda de sus antecesores, las broncas imprevistas que encuentra durante el ejercicio del poder y los autosabotajes, esos conflictos generados por los efectos colaterales de sus propias decisiones.
El viernes pasado, el presidente López Obrador encaró a un grupo de personas que les ha tocado sufrir el lado más brutal y siniestro de nuestro país. AMLO tuvo el temple y el estómago para escuchar los testimonios desgarradores de familiares de desaparecidos. En medio de la más cruel de las incertidumbres, el Estado trató a sus seres queridos como expedientes apilados en un escritorio. Ese legado de dolor y cómplice ineptitud por parte de la autoridad será uno de los problemas más grandes que heredará el nuevo Presidente. Sólo la semana pasada en Veracruz se encontraron 166 cadáveres en una fosa clandestina. En un país con decenas de miles de desaparecidos esa fosa no será el último agujero con restos anónimos. Las fosas que se encuentren a partir del 1o. de diciembre serán un problema del gobierno de la Cuarta Transformación.
No tenemos una bola de cristal. No sabemos nada sobre los conflictos que estallarán en el futuro, pero se puede entrever que el mapa del porvenir tendrá sus curvas y desbarrancaderos. Sobre los problemas generados por iniciativa propia, el gobierno de AMLO aún no empieza formalmente su periodo constitucional, pero ya tiene varios frentes abiertos. En los tres párrafos que le quedan a este texto me referiré a sólo uno de los incendios iniciados en el seno del equipo de gobierno: la hipotética cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Hace dos semanas, un amigo que encabeza una dinámica startup de tecnología viajó a China en busca de nuevos inversionistas. Los números de su empresa son sólidos y su crecimiento constante. Durante cuatro meses cortejó a sus socios potenciales y recibió señales muy positivas. Sin embargo, ya en Shanghái, apareció un tema incómodo en la agenda: "Nuestros jefes, dijeron los chinos, están preocupados por el tema de la cancelación del tren a Querétaro". El emprendedor mexicano no daba crédito de la preocupación de sus interlocutores. El proyecto en cuestión no tenía absolutamente nada que ver con ferrocarriles, ni transporte, ni infraestructura. La cancelación del tren ocurrió en noviembre de 2014. El dueño del Grupo Higa, que había ganado contratos importantes para construir el tren, fue el generoso prestamista para que la familia presidencial adquiriera su residencia familiar. En medio del escándalo de la Casa Blanca, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió cancelar el proyecto adjudicado a empresas chinas y contratistas mexicanos. Casi cuatro años después, el tema apareció en el centro de una mesa de negociaciones en Beijing. El prometedor acercamiento de la startup mexicana con los inversionistas chinos se diluyó en un memorándum de entendimiento con compromisos modestos. En el círculo de inversionistas chinos, el nombre de México aún genera desconfianza.
Cancelar la construcción de un aeropuerto no es cancelar una orden de enchiladas en una fonda. Los pleitos legales con inversionistas, nacionales y extranjeros, pueden durar años y sus costos son difíciles de estimar, ya que las cifras definitivas dependen de una sentencia judicial. El próximo gobierno heredará tragedias colectivas y problemas mayúsculos. Sólo el tema de la inseguridad da para tener insomnio durante todo el sexenio.
El Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Academia de Ingeniería y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros ya dijeron que, a pesar de los desafíos de la obra, el NAICM de Texcoco es la mejor opción para la seguridad de los pasajeros y la conectividad aérea del país. Ante este consenso absoluto de los estudios técnicos, el nuevo gobierno aún coquetea con la idea de su aeródromo en Santa Lucía. Si ya hay tantos problemas en México, ¿para que se inventan nuevos?
@jepardinas
#
El subsuelo histórico maya/ Isabel Turrent
Reforma, 16 Sep. 2018
Para Kik en su cumpleaños.
La guerra civil yucateca, la guerra de castas, fue terriblemente cruenta, larga y compleja
Todos los territorios tienen su historia y su memoria. El que recorrerá el Tren Maya que se propone construir López Obrador tiene una historia terrible. Y los mayas, sobre todo los herederos de los "indios bravos" que estuvieron a punto de expulsar de Yucatán a los criollos (o dzulob como llamaban a los blancos), que los habían explotado por siglos, han cultivado una memoria precisa y viva.
El libro clásico de la guerra de castas de Nelson Reed traza una pintura idílica de los mayas coloniales y decimonónicos, que casa muy bien con los mitos que han rodeado la historia de sus antepasados, aquellos arquitectos y astrónomos que construyeron ciudades majestuosas. Es una imagen sugerente y casi literaria, donde los mayas se internan en la selva como si fuera su vecindario, lleno de referencias conocidas, donde las cuevas y los cenotes tienen nombre, al igual que los espíritus protectores a quienes los mayas dedicaban sus parcelas antes de consultar al H-men, que sanaba, encontraba lo perdido, leía el futuro y sabía mejor que nadie cuándo empezar a sembrar.
Así deben empezar los libros sobre la guerra de castas, porque la destrucción de su modo de vida y la pérdida de sus tierras fue uno de los hilos de la enredada madeja de causas que culminaron en el levantamiento de 1847, encabezado por líderes, no sólo mayas (como Cecilio Chi, líder político o batab de Tepich), sino por mestizos y hasta mulatos relegados en la jerarquía social, que compartían el descontento de los indios.
Todos los mayas resentían, además de la explotación secular, la carga de impuestos, eclesiásticos y civiles, que pesaban sobre ellos y muchos habían sido reclutados por los incorregibles caudillos criollos que se peleaban sin prisa ni pausa por el poder en el siglo XIX. Aprendieron estrategia militar y a usar las armas que los dzulob les habían dado. Pero no todos se levantaron: los del sureste fueron los que encabezaron la rebelión.
La guerra civil yucateca, la guerra de castas, fue terriblemente cruenta -diezmó a la población de Yucatán- y terriblemente larga y compleja. Hasta la reina Victoria estuvo involucrada: los mayas rebeldes, comerciantes hábiles, compraban armas y pólvora en el actual Belice a cambio de maderas finas. Sin los ingleses, la rebelión nunca se hubiera prolongado hasta el siglo XX y los mayas no hubieran abrigado la esperanza de que la Corona británica los incorporara a su Imperio.
Los enfrentamientos armados entre soldados federales y los mayas bravos terminaron hasta los años treinta. Tres décadas después de que don Porfirio convirtiera al sureste yucateco en un territorio federal -Quintana Roo- y lo ocupara a sangre y fuego.
¿Qué rescoldos quedan de aquella historia? Un archipiélago de comunidades pequeñas que comparten una lengua, modos de vida y una religión peculiar, que incorporó un cristianismo siempre sincrético, el culto a las cruces sagradas (vestigio de aquella cruz parlante que daba instrucciones a los mayas levantados desde el altar de la masiva iglesia de su capital, Noh Cah Santa Cruz, hoy Carrillo Puerto). Y el añadido a la memoria viva de los mayas de un nuevo ciclo de explotación. Esas cruces, y los mayas, se han refugiado en el interior desde que la costa de Quintana Roo se abrió al turismo masivo. Cancún y la Riviera Maya se construyeron en buena parte sobre tierras expropiadas o compradas a precio de remate a ejidatarios y propietarios mayas. Los más viejos, todavía rijosos y memoriosos, esperan aún la ayuda de su majestad británica; los jóvenes, celular en mano, se han ajustado como han podido a la irrupción del turismo (y a la corrupción, las drogas y la prostitución que lo acompañan).
Quintana Roo no necesita más turismo depredador: ese que ha convertido a la costa, que era un paraíso, en un amontonamiento de construcciones horrendas y un desastre ecológico. Y ciertamente los mayas, su historia y su memoria, tampoco necesitan ni merecen un tren que atraviese parte de sus tierras y divida en dos la biosfera protegida de Calakmul, a cambio de supuestos beneficios que los abogados del proyecto no le han podido explicar ni a ellos, ni a nadie.
#
Revista Proceso # 2185, 16 de septiembre de 2018..
A un año de la tragedia no hay censo de víctimas ni de daños/
PATRICIA DÁVILA
Damnificados del sismo del 19 de septiembre y funcionarios del próximo gobierno local coinciden: no hay un censo de inmuebles dañados ni de vecinos afectados por el terremoto, lo que significa un alto riesgo en caso de otro siniestro. Tampoco existe ninguna claridad en cuanto al ejercicio de los recursos económicos para la reconstrucción: nadie sabe qué pasó con los miles de millones de pesos que se destinaron en 2017 y 2018 a la reparación de daños.
A un año del sismo del 19 de septiembre aún se carece de un diagnóstico de las afectaciones y no hay certeza sobre el número de damnificados, la cantidad de inmuebles dañados y el nivel de riesgo que éstos representan. A ello se suma la falta de claridad en el ejercicio de los recursos económicos y sus reglas de operación. En concreto, no hay un programa real de reconstrucción.
Vania Salgado, representante de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, es clara: “A un año del sismo la reconstrucción de las viviendas no ha empezado y los pocos lugares en que se avanzó fue en los que se puso recurso privado; pero la mayoría de los damnificados no tenemos aún una solución”.
Por ello, el 26 de julio presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Reconstrucción: “El verdadero problema es que no hubo una priorización en la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas. El presupuesto para 2018 no establece ningún rubro para esto; sólo hubo uno para que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) construyera 11 edificios. Tardíamente, el 7 de junio se creó el Fideicomiso para la Reconstrucción, que intentará rehabilitar y construir multifamiliares; pero el problema es que no se garantiza el derecho a vivienda digna y decorosa para todos los damnificados”.
A Damnificados Unidos se sumaron vecinos de Azcapotzalco, Tlalpan, Gustavo A, Madero y Miguel Hidalgo: “Desconocemos cuántos damnificados hay porque el censo de personas afectadas y de inmuebles dañados no ha sido concluido por el gobierno. La cifra oficial del Comité de Emergencias es de mil 71 inmuebles afectados, pero en una rápida revisión detectamos que hay un subregistro y al menos 27 no están incluidos. Es probable que haya más de 100 que no aparecen”.
Explica: “En nivel de afectados en algún momento vi una cifra con unos 14 mil en toda la Ciudad de México. La falta de un censo certero provoca, por un lado, la desatención a las personas que habitan estos inmuebles, y por otro, los riesgos latentes para la ciudad, porque mientras no se conozca el riesgo no se puede mitigar sus efectos. Un edificio que está en riesgo alto de colapso y que no se ha demolido es un edificio que representa un alto riesgo tanto para los propietarios como para la comunidad.
“Entonces, no concluir los censos implica la desatención a damnificados y la falta de mitigación de riesgo para la Ciudad de México. No hay protocolos para homologar las dictaminaciones. En un principio hubo un número importante de brigadas, de instituciones del gobierno de la Ciudad de México –como el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), de la Seduvi–, colegios de estructuristas y de arquitectos que empezaron a realizar esta tarea, pero no había un protocolo formal para utilizar la información y se perdió.
“Por otro lado, hay 450 directores responsables de obra que están habilitados en toda la Ciudad de México para cubrir los más de 13 mil inmuebles donde se solicitó revisión. Al final quien terminó haciendo los dictámenes o avalándolos y revisándolos fue el ISC, que además tiene muy poco personal. Eso les ha costado que los recursos aprobados no se destinen al instituto para reforzarlo, esta es la posible respuesta de por qué no se ha concluido el censo.”
–¿Esto está impactando en ustedes?
–Por su puesto, porque hay personas que viven en inmuebles que no están dictaminados, de los que no se sabe cuál es el riesgo. En algunos la verificación la hicimos nosotros y encontramos que en 25% de los inmuebles que revisamos y que estaban en riesgo alto de colapsar, sus habitantes siguen viviendo en ellos. Por supuesto que no concluir los censos, no demoler lo que se tiene que demoler, representa un problema importante para las personas, que pueden perder sus vidas en cualquier momento, y para la comunidad que los rodea.
Falta un censo
Por su parte, la asambleísta Dunia Ludlow, quien será directora del Centro Histórico en el equipo de Claudia Sheinbaum, próxima jefa de Gobierno, coincide con Salgado en que se desconoce el estado de los inmuebles dañados en la Ciudad de México y no se sabe el tipo de atención que se le tiene que dar a cada uno.
“Va a llegar otro sismo de la misma magnitud o peor, y evidentemente no estamos preparados. Y los miles de edificios que quedaron tocados están en riesgo, como los catalogados en amarillo y rojo”, afirma, en referencia a la catalogación hecha por Plataforma CDMX, la página en internet para consulta y ubicación de los inmuebles dañados por el sismo del año pasado.
“Además –prosigue Ludlow– no tenemos la certeza de que efectivamente sean rojos –a punto de colapsarse– o que efectivamente sean amarillos. También hay dobles clasificaciones. Por eso los vecinos hablan de la falta de certeza que brinda la Plataforma CDMX, cuando ésta debería ser el instrumento de comunicación y transparencia de la reconstrucción.”
Otro de los puntos que han obstaculizado la reconstrucción es precisamente la falta de claridad que brinda la Plataforma CDMX sobre los recursos económicos ejercidos.
“Con base en el recuento realizado en el desglose de los recursos de 2017, 182 millones de pesos fueron desviados o mal aplicados; esto incluye el reintegro al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, la ayuda a damnificados falsos y el destino al gasto operativo de las delegaciones.
“La Plataforma CDMX no ha aclarado el destino de más de mil 810 millones de pesos que teníamos disponibles en 2017 y que no sabemos qué pasó con ellos. En el caso de 2018, se puede documentar que se desviaron 898 millones de pesos, recursos que estaba establecido que iban a irse específicamente a la reconstrucción y que no sabemos dónde están.
“También falta aclarar el destino de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, que es la diferencia entre lo asignado en el artículo 14 de la Ley de Reconstrucción, lo que dice la Plataforma CDMX y lo que dice el Fideicomiso (para la Reconstrucción) sobre la manera en que se va a asignar. En total, entre los recursos de 2017 y los de 2018, podemos decir que se han desviado o están en opacidad mil 80 millones de pesos y no sabemos qué pasó con ellos.
“Para arreglar esta situación se presentó una iniciativa con el propósito de que el recurso se vaya a donde se tiene que ir, a reconstrucción y reparación de viviendas y a reparación del patrimonio de las personas que lo perdieron todo, y también para establecer criterios con el fin de que la entrega de estos recursos se haga de manera transparente desde el momento en que se discuta la asignación del presupuesto”, explica Ludlow.
“Como hoy no tenemos un censo, no tenemos un diagnóstico que nos permita saber cuál es el universo de las afectaciones que resultaron del sismo; la respuesta de las autoridades ha sido en reacción a la capacidad de movilización de los damnificados. Para ser escuchados, ante la falta de respuesta de la autoridad, se empezaron a unir en colectivos. Uno es Damnificados Unidos del Multifamiliar Tlalpan, y otro, Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc.”
A partir de este par de colectivos, los damnificados han logrado distintos apoyos de las autoridades, unos a fondo perdido, otros bajo un esquema que les permite acceder a 35% de recursos del Fideicomiso, otros a partir de esquemas mixtos, “pero no es la misma atención para todos, esa es la gran injusticia que ha generado este gobierno.
“No toma en cuenta que quizá haya gente que por necesidad está impedida de dar seguimiento a su daño; es decir que la gente de Iztapalapa, Xochimilco, que vive al día, no puede estar yendo a las asambleas, enterándose por redes sociales, porque vive al día, y esa gente no está siendo atendida”, señala.
–¿Dónde se va a reconstruir con el 35% adicional? ¿Los damnificados ya no van a pagar?
–A partir de ese 35% la desarrolladora les construye y con ese 35% paga la construcción y tiene un poco más de ganancia. En teoría no tendría que pagar nada, pero hay algunos estudios en los que la corrida financiera no sale para los desarrolladores, y entonces hacen esquemas mixtos, y los damnificados tienen que acceder a los créditos de sociedad hipotecaria federal o a los créditos que se van a abrir en la ciudad bajo esquema del Invi para poder pagar.
La reconstrucción
Cesar Cravioto, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y quien el próximo 5 de diciembre será el nuevo comisionado para la Reconstrucción, habla sobre los problemas de los damnificados:
“En el proceso de reconstrucción hemos encontrado áreas de oportunidad donde podemos mejorar la atención a los damnificados; agilizar los procedimientos; hacerlos más sencillos; estar más cerca de las zonas donde hay afectaciones; convocar a más instituciones, organizaciones y fundaciones; organizar mejor a las empresas que están participando en la reconstrucción; mejorar la Ley de Reconstrucción; mejorar los procesos administrativos para eliminar los escollos que impiden a los damnificados acceder a los apoyos económicos”, asegura.
“Vamos a hacer que los programas gubernamentales sean más sencillos, todo un cambio de procedimiento en atención a los damnificados para que la reconstrucción sea más rápida y eficiente.”
–Ya pasó un año y no se ha reconstruido un solo inmueble. ¿Cuáles son los problemas?
–Primero hubo mucha irresponsabilidad de Miguel Ángel Mancera, a quien le urgía renunciar al gobierno para ser candidato a senador; luego se empecinaron en sacar una ley que no generó certidumbre de cómo se iba a atender a los damnificados. Después vino el asunto de que tres diputados de la ALDF quisieron controlar los recursos de la reconstrucción y eso ocasionó que la primera comisión renunciara, y tuvo que entrar una segunda comisión; eso, a cinco meses del sismo, generó aún más incertidumbre.
“Hay muchas dependencias de gobierno a las que los damnificados tienen que acudir. Nosotros vamos a simplificar todo y sólo tendrán que tratar con la Comisión de Reconstrucción, y vamos a organizar a las sedes de gobierno que tienen que ver con la reconstrucción, para que el ciudadano no tenga que tocar muchas puertas.”
También afirma que se van a instalar módulos en las colonias más afectadas, para que la gente no tenga que ir al Zócalo a entregar la copia de un documento o a preguntar cómo va la reconstrucción.
Y toca el tema de que no hay transparencia en la reconstrucción: “No sabemos cuánto (dinero) se ha comprometido, cuánto está por ejercerse. No hay un censo que nos dé confianza, hay mucha información disgregada, dispersa. Vamos a empezar un censo este mes y lo vamos a terminar antes de que acabe este gobierno, para tener información fidedigna de cuántas viviendas hay que levantar, cuántas familias están afectadas, para poder planear y presupuestar el costo de la reconstrucción de la ciudad.
“La información con la que se cuenta está fragmentada; el gobierno de la ciudad tiene unas cifras, las dependencias otras y las delegaciones otras, por eso vamos a trabajar el censo.”
–Usted es parte de la Asamblea que está por concluir y que no dictaminó las iniciativas para modificar la Ley de Reconstrucción que enviaron, por separado, Miguel Ángel Mancera y las organizaciones Ciudadanos S19 y Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, en la que plantean vías para el mejor manejo y trasparencia de los recursos.
–Ya lo dialogué con Ernestina Godoy Ramos, quien fue coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena para el primer Congreso de la Ciudad de México, y en cuanto tome posesión la Legislatura se van a aprobar. Este 19 de septiembre anunciaremos estas acciones –asegura.
#
Revista Proceso # 2185, 16 de septiembre de 2018..
Opacidad en el uso de fondos/JORGE CARRASCO ARAIZAGA...
A un año de la tragedia, la reconstrucción de los inmuebles dañados no ha sido la prioridad del gobierno. De los 6 mil 800 millones de pesos que se han aprobado para ejercer, apenas 600 millones se destinaron a ese fin en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Su sucesor, José Ramón Amieva, decidió utilizar 2 mil 500 millones de pesos del Fondo de Atención a los Desastres en la Ciudad de México (Fonaden) que el anterior gobernante se rehusó a usar.
Ese es el panorama a un año del sismo de 7.1 grados Richter que puso en crisis a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017.
A la confusión de los primeros días siguió una maraña de cifras, planes y declaraciones de Mancera y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), órgano que fenecerá este lunes 17 para dar paso al primer Congreso de la Ciudad de México, al que le tocará revisar lo hecho por los asambleístas y el gobierno que termina en diciembre.
Lo que ahora tiene el gobierno de la Ciudad de México son cifras preliminares que permiten ver aspectos del desastre no sólo en los inmuebles de uso habitacional, sino en los negocios, las escuelas, hospitales, edificios de gobierno, la infraestructura pública y el patrimonio cultural y religioso.
Según la Comisión de Reconstrucción, 3 mil 393 inmuebles resultaron dañados, de los cuales 2 mil 6 son habitables. Aunque señala que el resto –mil 387– son parcialmente habitables o se deben rehabilitar, apenas reconoce 60 como imposibles de habitar; es decir, que tienen alto riesgo de colapso. Además reporta 519 no habitables pero que se pueden rehabilitar.
A falta de cifras certeras, lo que hay son estimaciones. Protección Civil del gobierno capitalino cifró en 230 las personas fallecidas por el colapso de edificios. Un año después el número podría ser 10 veces mayor si se colapsan los edificios aún en pie pese a las graves afectaciones que sufrieron.
La ONG Nosotrxs, que se ha dedicado a transparentar las labores de reconstrucción, verificó 639 construcciones con alto riesgo de caer. Son inmuebles habitados, sin tratamiento alguno y que en ningún momento han sido desalojados. Un temblor de mediana proporción podría derrumbarlos y afectar a más de 2 mil personas, entre quienes las habitan y sus vecinos, señala la organización en un reporte que se dará a conocer en el primer aniversario del sismo y que conoció Proceso.
De acuerdo con Nosotrxs, 33% de los propietarios sigue viviendo en edificaciones en riesgo de colapso. Más alarmante es que 25% vive en inmuebles con alto riesgo de derrumbe. Entre los edificios dictaminados con riesgo, 41% también está habitado.
Las cifras oficiales avalan la estimación de Nosotrxs, cuyo coordinador nacional, Mauricio Merino, formó parte de la Comisión de Reconstrucción que en febrero pasado renunció junto con su responsable, Ricardo Becerra, ante la decisión de la ALDF de pasar por encima de esa instancia y decidir el reparto del presupuesto respectivo. Al menos 6 mil 800 millones de pesos, según las cuentas que ha presentado la propia Comisión para la Reconstrucción.
En su más reciente informe, de agosto pasado, la Comisión presenta diferentes cifras sobre la infraestructura afectada, dependiendo de la dependencia o instancia que reporte.
El Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) cuenta con mil 147 dictámenes de inmuebles dañados, mientras que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) asegura haber dictaminado 5 mil 12 inmuebles.
Ambas instancias reportan edificios en riesgo de derrumbe, aunque sus cifras también varían incluso respecto a las cifras de la comisión. El ISC registra 423 inmuebles con riesgo alto y 173 con alto riesgo de colapso.
Para la Seduvi hay 729 edificios en riesgo alto y mil 158 que reporta como “sin acceso y/o no localizados”. En lo que sí coinciden es en que, a un año del sismo, aún hay edificios en riesgo de derrumbe en la capital del país.
Nosotrxs ubicó 639 edificios en esas condiciones en diferentes puntos, pero constató que no todos están deshabitados, con el consecuente peligro para sus habitantes y las construcciones aledañas. En total, estimó que puede haber graves riesgos para unas 2 mil personas, considerando un promedio de cuatro personas por vivienda.
De la dimensión de la tragedia oficialmente reconocida también dan cuenta los 2 mil 718 negocios dañados. De ellos, 2 mil 603 son micro y pequeñas empresas; el resto, 115 mercados públicos.
La Comisión para la Reconstrucción reconoce además 7 mil 783 afectaciones en infraestructura pública. La mayor parte en la red hidráulica. Según su reporte más reciente, en esas afectaciones se cuentan mil 900 escuelas; 326 inmuebles de infraestructura cultural y religiosa, entre bibliotecas, iglesias y centros sociales, sin considerar el patrimonio cultural, urbano y religioso, que tuvo 379 afectaciones. También registra 123 daños en hospitales y centros de salud. Además, en 83 edificios de gobierno.
Ante la emergencia, el Gobierno de la Ciudad de México utilizó 2 mil 584 millones de pesos que ya estaban presupuestados en 2017. Para este año, la ALDF aprobó 8 mil 772 millones de pesos. En año electoral, el control de ese gasto generó una crisis que terminó en el colapso de la Comisión para la Reconstrucción, que tenía un fuerte componente de fiscalización social.
Cambios
Ante el escándalo y la controversia por el manejo de los recursos, la Comisión para la Reconstrucción renunció en masa. Mancera le pidió entonces a la ALDF que enmendara el decreto de los legisladores panistas y perredistas. Los recursos pasaron formalmente a ser administrados por la Secretaría de Finanzas, a cargo entonces de su incondicional Édgar Amador.
El entonces gobernante, además, suspendió durante casi dos meses la Comisión para la Reconstrucción y creó una nueva que dejó en manos de otro de sus colaboradores cercanos, el exsecretario de Obras y Servicios, Édgar Tungüi.
El nuevo comisionado se ha dedicado a operar la entrega de los recursos en la misma lógica decidida por los asambleístas; es decir, sin estudios técnicos previos que justifiquen el acceso a los recursos, como consta en las minutas de la comisión. Con la llegada de Amieva al gobierno de la Ciudad de México, Amador salió de Finanzas y llegó Julieta González.
“Las dependencias van a la Secretaria de Finanzas y en la comisión se otorgan los recursos sin plan integral, sin saber si son las prioridades, y sobre todo sin que existan los censos de damnificados e inmuebles afectados”, dice a Proceso Vania Salgado, coordinadora de los trabajos del Colectivo Reconstrucción Transparente de Nosotrxs y representante de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc.
“A todo dicen que sí, sin un plan, sin los censos completos y sin justificación de las necesidades”, dice.
Salgado asegura que, de acuerdo con una revisión a julio pasado, la Secretaría de Finanzas solo había dado cuenta de 4.7% de las aprobaciones de la Comisión de Reconstrucción; es decir, 286 millones de pesos, de los 6 mil 800 que la comisión había aprobado.
“Esa es la verdadera tragedia de los recursos. Desconocemos cómo se hicieron las autorizaciones y hacia qué dependencias. Sobre todo, puede que haya subejercicio, que las dependencias no hayan usado los recursos, mientras que el tema de los damnificados sigue sin estar resuelto.”
Para Salgado, la reconstrucción no ha sido prioridad. Explica que no fue sino hasta nueve meses después del sismo cuando se creó el Fideicomiso para la Rehabilitación y Reconstrucción de Vivienda, al que al inicio sólo le habían asignado 600 millones.
Ante las demandas de los afectados de crear ese fideicomiso, el Gobierno de la Ciudad de México y la ALDF se responsabilizaban uno al otro. Después de la insistencia de los damnificados para aumentar ese fondo, Amieva finalmente decidió aprobar un nuevo monto por 2 mil 500 millones de pesos, procedentes de Fonaden y que Mancera no quiso utilizar, con el argumento de que se debían usar para otras emergencias, explica Salgado.
Observa que, durante el proceso electoral, en las delegaciones hubo muchos ofrecimientos de candidatos a los damnificados, “que no sabemos cómo los costeaban”.
Pasadas las elecciones, ni la propia ALDF tuvo interés en reasignar mil millones de pesos más para la reconstrucción, como lo solicitó Amieva mediante una iniciativa.
Obligada judicialmente a realizar un periodo extraordinario para procesar la designación de una magistrada, la ALDF pudo votar esa iniciativa. Pero el presidente de la Comisión de Gobernación, Leonel Luna, evitó incluirla en la discusión.
#
Revista Proceso # 2185, 16 de septiembre de 2018.
.La Ciudad de México, más frágil ahora/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Por torpezas burocráticas, el destino de los recursos para la reconstrucción de la ciudad –el dinero para paliar los efectos del sismo del pasado 19 de septiembre– sigue siendo desconocido, sostiene Ricardo Becerra, quien fue el primer encargado de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México. En la actualidad, afirma en entrevista con Proceso, la capital del país sería más vulnerable a un terremoto, pues no hay un protocolo de seguridad y ni siquiera se tiene un censo de las instalaciones estratégicas endebles o dañadas.
La capital del país es más vulnerable a los sismos ahora que hace un año. Hay muchas edificaciones afectadas que aún están habitadas, pero no todas se conocen pues falta un censo. Lo peor que se puede hacer es minimizar los daños del 19 de septiembre de 2017, advierte Ricardo Becerra Laguna, quien fue primer titular de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México y es autor, junto con Carlos Flores, del libro Aquí volverá a temblar. Testimonios y lecciones del 19 de septiembre (Grijalbo, 2018).
Los afectados se pueden contar por decenas de miles. Y aunque el gobierno capitalino ha emprendido cientos de acciones, aún ahora carecemos de un protocolo para la protección y la seguridad humana de la ciudad, dice el economista que fue responsable de la recuperación de la capital en los momentos críticos después de la emergencia.
Era subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad cuando el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo puso –a finales de octubre de 2017– al frente de la comisión. Pero apenas duró 100 días en el cargo.
Renunció por estar en desacuerdo con la intervención de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) –especialmente con las bancadas del PAN y el PRD– en el manejo de los millonarios recursos para la reconstrucción. En particular los asambleístas perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo, y el panista Jorge Romero, quienes decidieron, desde las comisiones de Gobierno y de Presupuesto, cuánto y dónde aplicar el dinero. Poco se sabe de ese ejercicio.
Ciudad frágil
Cofundador de la ONG Nosotrxs, Becerra afirma que dicha agrupación, a partir de información pública, ha podido documentar el uso de menos de 10% de lo presupuestado por la ALDF para este año: 8 mil 772 millones de pesos sin considerar fondos federales ni donaciones.
El problema no sólo es el dinero, sino que actualmente la ciudad es más frágil, pues no han modernizado sus estructuras, y el riesgo crece más rápido que la población, afirma el ahora presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.
Considera que la reconstrucción de la capital está concebida más como un plan de vivienda que como un programa vasto para garantizar la seguridad y el patrimonio de quienes la habitan: “Sería injusto decir que el gobierno de la Ciudad de México ha tenido parada la reconstrucción. Se han tomado miles de acciones más allá de la emergencia, pero no se han elaborado los criterios universales para atender a todos los damnificados de manera equitativa”, dice en entrevista el martes 11. “Se han tomado decisiones por presión política o por urgencias, no por criterios generales”.
–¿La Ley de Reconstrucción no era para evitar eso?
–La ley ordenaba elaborar un programa, que presentamos el 12 de enero. En éste se daban las primeras reglas para cruzar tres datos: las posibilidades económicas de las personas, su condición social y el tamaño del daño sufrido. Pero este trabajo de cruzar la información humana, económica y social no se ha podido llevar a cabo porque siguen haciendo falta los censos, especialmente el socioeconómico que ordena la ley. Otro censo es el de infraestructura, que está mucho más avanzado e incluye escuelas, mercados, edificios públicos y espacios culturales y de patrimonio histórico.
“Hay que exigir al proceso de reconstrucción que no se minimice el daño. Por la experiencia que tuve al frente de la reconstrucción, puedo decir que el impacto del temblor se mide en decenas de miles de personas, y esto debe reconocerlo la autoridad presente y la futura”, dice en referencia al próximo gobierno, el de Claudia Sheinbaum, pero también al primer Congreso de la Ciudad de México, que entrará en funciones este lunes 17.
–¿Ha habido intención de minimizar las afectaciones?
–Lo que ocurre es que no hay un censo. Las primeras estimaciones del censo socioeconómico hablaban de miles de damnificados. Pero eran datos preliminares. Yo visité cientos de veces los puntos más críticos de la ciudad y a simple vista el número de damnificados se medía en decenas de miles.
–¿Por qué desde ese primer momento se redujo el universo?
–Yo pensaba que en ese momento estaban entregando un trabajo parcial, que eran los primeros datos del censo. Creo que no hay que caer en la tentación de minimizar el daño por una razón: por seguridad de la propia ciudad. Si no atendemos a la mayor cantidad o a todos los damnificados, lo vamos a pagar en forma de edificios más vulnerables, de casas y calles más dañadas y, en general, de una ciudad más frágil en su conjunto.
–¿No se ha atendido de raíz el problema?
–La Ciudad de México es ahora más vulnerable por dos razones: por la sobreexplotación de los mantos acuíferos y el consecuente debilitamiento del suelo y el subsuelo; y porque, como todo el país, no ha crecido lo suficiente en términos económicos para realizar un mantenimiento y una modernización de sus estructuras; es decir, sus casas y edificios. El riesgo y la vulnerabilidad han crecido más rápido que la población.
“Debemos saber cuáles son las vulnerabilidades de los edificios estratégicos: hospitales, escuelas, instalaciones de telecomunicaciones. Lo imperdonable es que no hayamos desarrollado un protocolo mucho más robusto para la protección y la seguridad de las personas.
Becerra es contundente: “O fortalecemos los protocolos y los deberes que nos corresponden a todos en la ciudad –gobierno, empresas y ciudadanos– o vamos a vivir el siguiente sismo como si fuera el del 19 de septiembre”.
–La ley usa el calificativo de resiliente; es decir que se quiere una ciudad con más capacidad de responder a las emergencias. ¿No se está haciendo eso? –pregunta el reportero.
–Eso es lo que debería estarse discutiendo. Me temo que el programa de reconstrucción se confunde con un gran programa de vivienda. Por supuesto que lo incluye, pero es parte de un concepto mucho más vasto, del que debemos hacernos cargo.
–¿La Ley de Reconstrucción es inoperable o de plano no se ajusta a las necesidades de la Ciudad de México?
–Tiene muchos problemas, es confusa. Tendría que ser útil para enfrentar la reconstrucción con criterios generales y universales. Por eso pone medidas de mucho mayor calado, con protocolos muchos más fuertes.
“Pero creo que la ciudad debe encarar fuertemente a las figuras de los directores responsables de obra (DRO) y de los corresponsables de seguridad estructural (CSE) para discutir seriamente que los responsables deben ser quienes hacen una obra, no los que vienen a firmar. Ese es uno de los más grandes problemas en la reconstrucción de la ciudad.
–¿Hay manera de identificar a los DRO y a los CSE de los edificios afectados?
–En teoría sí. Pero entre las cosas muy desgraciadas que nos ocurrieron el 19 de septiembre es que el edificio que guarda la memoria constructiva de la ciudad se cayó: el Archivo de Notarías. Cada cinco años las delegaciones mandan ahí los cálculos estructurales, la planeación matemática, los planos, etcétera. Ahora el archivo es parte del programa de reconstrucción.
Confrontación con la ALDF
Autor del libro La mecánica del cambio político en México, Ricardo Becerra renunció a la Comisión de Reconstrucción el pasado 16 de febrero, luego de que los diputados Leonel Luna y Jorge Romero, como presidente y secretario de la Comisión de Gobernación, y Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quedaron al frente del reparto de los recursos aprobados por la ALDF en el presupuesto de la ciudad para 2018.
Los legisladores locales emitieron un decreto en el que decidieron cuánto y en qué debían usar las dependencias y organismos de la Ciudad de México los recursos para la reconstrucción.
“La comisión trabajaba bajo el paraguas de una ley que, con todo y sus problemas, era útil y manejable. El problema apareció cuando a finales de noviembre la misma ALDF que había creado la Comisión y la Ley de Reconstrucción, emitió un decreto que contradice la ley por ellos mismos creada”, dice Becerra.
Abunda: “la comisión no podía adivinar cuál era el daño en la ciudad. Por lo tanto, no podía presupuestar. Lo que la ley mandaba, en cambio, era construir un fondo disponible y público que respondiera a las necesidades de la emergencia y a las exigencias y conocimiento del daño, que cada día se iba profundizando. Eso no se prevé. Por eso hay dinero para atacar las emergencias y anular el riesgo”.
Sin mencionar nombres, añade: “Algunos diputados cometieron el error de tratar burocráticamente la reconstrucción. Decidieron repartir millones de pesos a las dependencias, pero sin criterios, estudios o diagnósticos, y sin ningún dictamen de la propia comisión. Ahí empezó a hacer agua la transparencia. La idea inicial era que el fondo estuviera a la vista de todos para responder a las emergencias y urgencias que fuera planteando el proceso de reconstrucción. El decreto fue en sentido contrario. En la Comisión no éramos adivinos y, por tanto, no sabíamos a dónde se iba a mandar tanto dinero”.
–¿Hay manera de comprobar lo que se ha gastado?
–No en la gran parte. Hay fondos comprometidos, otros que no han sido ministrados y otros que no han sido ejercidos. Es la burocracia.
–¿Qué hizo la comisión para recuperar su autoridad sobre los recursos?
–Enviamos una carta a los diputados para que nos dijeran cómo interpretar esa evidente equivocación o al menos que nos explicaran cómo se iba a manejar eso. Contestaron el 15 de febrero. Se dirigieron al jefe de Gobierno, diciendo que deberían entenderse como ejercidos o determinados. Así, el 29 de diciembre decidieron sobre 6 mil 800 millones de pesos, sin mediar la opinión del jefe de Gobierno ni la de la comisión. Fue una respuesta categórica que hacía inviable y superflua la existencia de la propia comisión.
–¿Miguel Ángel Mancera también se vio rebasado por las comisiones de Gobernación y de Presupuesto de la ALDF?
–Creo que en cierto modo fue sorprendido por ese decreto e hizo lo que pudo para corregirlo. Mandó una corrección.
–Pero también abonó a la opacidad, al designar en una segunda comisión a colaboradores de su confianza y ya no de la ciudadanía.
–En la Comisión de Reconstrucción hay personas muy respetables y muy importantes. Pero ocurrieron cosas que cambiaron el panorama. La primera fue la creación de una instancia interinstitucional, de dependencias del propio gobierno, en la comisión. Eso no está en la ley. Eso será ya tema de la siguiente jefa de Gobierno. Además, hay una dificultad grande ante la probable reasignación de los fondos que fueron predestinados aquel 29 de diciembre. Eso es algo que no se puede evidenciar.
–¿Es posible saber ahora de cuánto ha sido la bolsa total para la reconstrucción, más allá de lo autorizado por la ALDF?
–Hoy mismo no. La Asamblea, en la última semana de su existencia, aún estaba considerando una nueva reasignación por exigencia de grupos de damnificados.
–Tampoco sabemos cuánto se ha gastado…
–En su totalidad no. La realidad es que no hay manera de comprobar el conjunto de gastos de 2018. No sabemos a dónde se han destinado en el proceso de reconstrucción. No sabemos, por ejemplo, cuánto se ha pagado a las empresas.
#
Revista Proceso # 2185, 16 de septiembre de 2018..
Sobre "La Secretaría de Gobierno, caja chica de Héctor Serrano"
LA REDACCIÓN
Señor director:
Me dirijo a usted de manera atenta y respetuosa, respecto a la información publicada en la edición número 2184 de esa prestigiada revista semanal, misma que se titula “La Secretaría de Gobierno, caja chica de Héctor Serrano”; ahí se expone que entre diciembre de 2012 y julio de 2015 dispuse libremente de los recursos asignados a mi área; también se manifiesta que en una “relación”, cuya copia obra en poder del medio, se reflejan una serie de gastos generados por mi persona en 2014.
Al respecto me permito precisar:
Jamás he dispuesto a mi libre albedrío de recurso público alguno en los diferentes cargos que a lo largo de 34 años ejercí. Siempre me he conducido con estricto apego a la normatividad establecida y a la legalidad aplicable; por lo que niego de forma categórica la veracidad del contenido de ese supuesto documento.
También le informo que no suelo llevar relación alguna de mis gastos personales, por lo que categóricamente le manifiesto que desconozco no sólo ese sino cualquier otro documento que supuestamente consigne los gastos que mi persona genera.
Señor director, creo que su prestigiado medio se ha visto vulnerado ante su buena fe y, sin duda, como es su obligación se expuso la información de referencia; por ello, refrendo mi admiración y entero respeto a este medio.
Sin embargo, hago de su conocimiento que dicha información fue expuesta de forma dolosa y con fines políticos para buscar mi desprestigio desde el pasado proceso electoral, a través de sendos tuits del Sr. Alberto Esteva Salinas. De esos tengo copia certificada ante notario, que en el momento oportuno habré de exhibir ante los cauces legales.
Por ello, no es menor mencionar los siguientes antecedentes con el único fin de normar criterio.
Esta campaña contra mi persona fue orquestada y expuesta por el señor Alberto Esteva Salinas, quien dice simpatizar con un partido político distinto al que yo pertenezco.
El Sr. Alberto Esteva Salinas, de forma coordinada con el Sr. Gonzalo Fabián Medina Hernández, ha trazado una ruta de embate mediático y a través de redes sociales, reitero, contra mi persona.
Tengo información de que este último, Gonzalo Fabián Medina Hernández ha manifestado a personas de su propio círculo, con jactancia, que fue él quien hizo llegar dicha información en senda carpeta negra, con otros datos más que serán dosificados en su publicación, y que la misma fue entregada a uno de sus reporteros.
Los señores Gonzalo Fabián Medina Hernández y Alberto Esteva Salinas son reconocidos operadores del próximo canciller, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón.
Esta misiva no sólo es para negar categóricamente lo relatado en la nota publicada y manifestar mi indignación por la forma falsa en que se atenta contra mi persona.
Debo decirle que desde el año 2015 a la fecha, ya hace más de tres años, han pasado tres titulares por la Secretaría de Gobierno, que honrosamente ocupé; por lo que mi área administrativa ha sido ya auditada en diferentes rubros, en repetidas ocasiones, sin que a la fecha tenga conocimiento de algún proceso en mi contra o del personal que me asistió.
Lic. Rafael Rodríguez Castañeda, agradezco su generosidad y le solicito que la presente carta se publique en tan prestigiado medio de forma íntegra, como la he redactado, en atención al derecho a réplica.
Sin más por el momento, le reitero mi gratitud por la atención que se sirva brindar a la solicitud expuesta.
Atentamente:
Héctor Serrano Cortés
Respuesta del reportero
Señor director:
La información contenida en el reportaje de mi autoría al que hace referencia el diputado Héctor Serrano Cortés se sustenta en un documento que fue generado en las oficinas de la secretaría que él dirigió. Ni más ni menos.
Atentamente:
Raúl Monge
Agradecimiento del papa Francisco..
“Agradezco sinceramente a las autoridades civiles y eclesiásticas y a todas las personas que ayudaron a hacer posible este viaje (a Palermo); agradezco a los buenos pilotos del avión y el helicóptero. Agradezco especialmente a los queridos obispos Rosario Gisana y Corrado Lorefice por su excelente servicio pastoral. Agradezco a los jóvenes, a las familias y a toda la gente maravillosa de esta hermosa tierra de Sicilia por su cálida bienvenida”.“¡Que el Señor os bendiga, sicilianos y a vuestro país! ¡Aplausos a los sicilianos!”
#
Templo Mayor/ Reforma,
AHORA que Andrés Manuel López Obrador dijo que Rosario Robles es un chivo expiatorio y que no es su intención meterla a la cárcel por los saqueos en Sedesol y Sedatu, seguramente la aludida tuvo un "dèjá vu".
Y ES QUE las palabras del Presidente electo le deben haber sonado muy parecidas a las que le dirigió Enrique Peña Nieto el 19 de abril del 2013 durante el arranque de la llamada "Cruzada contra el hambre", en Chiapas.
ESE DÍA, a pesar de las acusaciones en su contra por supuestamente haber desviado fondos para favorecer electoralmente a Javier Duarte, le dijo en público: "Rosario, no te preocupes, hay que aguantar". ¡Y vaya que ha aguantado!
VAYA COSAS peculiares suceden con la inteligencia artificial. Cada vez que un usuario de Twitter sigue a alguien, le aparecen sugerencias para seguir a más personas que tienen historiales y actividades similares.
Y LLAMA la atención que en el caso de la titular de la Sedatu, Rosario Robles, los primeros que aparecen son Emilio Lozoya y Gerardo Ruiz Esparza, quienes también traen cuentas pendientes por su actuación como servidores públicos. Ahora sí que: el PRI los hace... ¡y las auditorías y el Twitter los juntan!
HAY QUIENES aseguran que la licencia de Manuel Velasco en el Senado no fue aprobada por Morena a cambio de que el PVEM le cediera cinco diputados para alcanzar la mayoría en San Lázaro.
NOMÁS que la versión alternativa de esa historia es más truculenta que la original. Según esto, todo comenzó por la grilla interna morenista entre el coordinador Ricardo Monreal y el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres.
LO NORMAL es que las solicitudes de licencia de los senadores sean un simple trámite que no se vota en el pleno. Pero, como la solicitud de Velasco no aparecía en el orden del día, "alguien" se puso vivo y pidió que se votara, para darle un calambre.
PERDIDA la votación, entró al rescate Monreal, quien le debía un favor a Velasco por la vez que, en el 2015, intercedió en favor de tres colaboradoras del morenista que fueron detenidas con mucho efectivo en el aeropuerto de Tapachula. ¡Esos son amigos y no payasos!
ASÍ COMO el nuevo gobierno pretende plantar un millón de hectáreas con árboles, cuentan que ahora traen la idea de "sembrar" un millón de vaquillas para reactivar la ganadería nacional.
LA PREGUNTA obligada es: ¿de dónde saldrá el dinero para comprarlas? Si como están las cosas las cuentas no salen, menos aún si se ponen a regalar vacas.
#
Frentes Políticos/ Excelsior
I. Llorón. Los expresidentes de México se quedarán sin pensión. En la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, avalada en el Congreso de la Unión, el pasado viernes, se prohíben percepciones de retiro que no estén sustentadas jurídicamente. La Ley, que ya había sido aprobada por los senadores recientemente, fue enviada al presidente de la República Enrique Peña Nieto para su promulgación. Hasta el momento, de los cinco expresidentes pensionados, sólo se ha quejado Vicente Fox Quesada. Afirmó que no es justa la medida, ya que los mandatarios sirvieron con orgullo y con responsabilidad al país y que es su premio por no haber caído en la tentación de robar. Fin del comunicado.
II. Respeto patrio. En Ocoyoacac, Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, y Alfredo del Mazo, gobernador mexiquense, montaron guardia de honor en el Monumento Ecuestre Batalla del Monte de las Cruces, por el aniversario de la lucha de Independencia de México. La ceremonia estuvo llena de simbolismos. Asistieron legisladores federales y locales, quienes colocaron tres coronas de rosas blancas con la leyenda: “Gobierno de la República, cuarta transformación”, en los monumentos ecuestres de Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Mariano Jiménez.
III. Prudencia. Cuando no se puede, pues no se puede. Así que en el estado de Guerrero, ante los problemas de violencia en los últimos días en dos municipios de la Costa Grande, los ayuntamientos de Petatlán y Atoyac cancelaron el Grito de Independencia. De acuerdo con las autoridades de Atoyac, después de una reunión con personal militar del 109 Batallón de Infantería, se tomó la decisión por cuestiones de seguridad. “Con el fin de salvaguardar la integridad y la seguridad de la población se cancela el Grito de Independencia del 15 de septiembre y el desfile del 16 de septiembre”, se les informó. Hay gritos de dolor que es necesario evitar. Y si no se puede...
IV. Fallas. Es preocupante comprobar que las modificaciones a la justicia simplemente no resultaron. Con el nuevo sistema, el panorama empeoró. Raymundo Collins, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, afirmó que el trabajo de la policía capitalina es detener a quien cometa delitos, y se les detendrá las veces que sea necesario. Sin embargo, argumentó, las leyes no tienen una operatividad real: “Hay personas que hemos detenido 16, 17 veces”. Y para empeorar las cosas, surgió otro video donde se observa a Los Diablitos, niños de 12 años, delinquiendo de nuevo. Urgen ajustes antes de que alguien les haga un daño a estos niños traviesos.
V. Cero pretextos. Ser mexicano y sentirlo y vivirlo en fiestas patrias no debe ser un acto vergonzoso, a pesar de que muchas personas terminen ahogadas de borrachos. La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos advirtió que el consumo de bebidas alcohólicas aumenta entre 30 y 40 por ciento en este par de días, lo cual a su vez incrementa el riesgo de accidentes automovilísticos y las urgencias médicas. En estos días, los mexicanos ingieren más bebidas alcohólicas que el resto del año, pues la celebración de la Independencia de México “es uno de los pretextos más usados para embriagarse”, señala la organización. Ser mexicano es mucho más que unos tequilas.
#
En la mira, excesos inmobiliarios…
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior..
El auge de desarrollos inmobiliarios en zonas específicas de la capital ha generado no sólo la natural molestia de los vecinos, sino, más grave, el deterioro en la calidad de muchos de los servicios que estos reciben
Mañana, cuando de manera formal quede instalado el primer Congreso de la Ciudad de México, sus integrantes de extracción morena, en su mayoría, buscarán imprimir mayor celeridad a la elaboración del ya iniciado diagnóstico de la (compleja) situación inmobiliaria existente en la capital con miras a posibilitar, en una segunda etapa, avanzar en la investigación y eventual encauzamiento legal de un buen número de anomalías denunciadas sobre el punto y, también, en la revisión y reforma de la legislación vigente sobre la materia.
Y ello, a decir de quienes más cerca operan ya de Ernestina Godoy Ramos, la designada coordinadora de la fracción lopezobradorista y segura presidenta de la Cámara, en razón de las múltiples denuncias que sobre el particular, en campaña, recibieron tanto los futuros diputados como la futura jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, con la que, previsiblemente, la mayoría legislativa —42 de 66 diputados— confían trabajar de manera coordinada.
Hablamos, se entiende, de una problemática particularmente sensible para la ciudadanía que, ante el poco cuidado —“por no decir irracional e invasivo…”— auge de desarrollos inmobiliarios en zonas específicas de la capital —Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón, Tlalpan y Miguel Hidalgo, de manera destacada—, ha generado no sólo la natural molestia de los vecinos ante la falta de control sobre las obras y, en no pocos casos, la obvia violación de la ley, sino, más grave, el deterioro en la calidad de muchos de los servicios que estos reciben: agua potable, servicios eléctricos (luminarias), seguridad, vialidades, etc.
Huelga destacar que, al margen de la urgente necesidad existente de que la autoridad regule de manera efectiva y con pleno apego a la ley este tipo de desarrollos, la premura en atender el tema que ahora exhiben los próximos miembros del primer Congreso capitalino, los más identificados con el manejo (“clientelar”) de grupos en apoyo al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su dirigencia en la metrópoli, así como de sus aliados de Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), no parece ser del todo ajeno a la posibilidad de hacerlo con la intención de posicionarse políticamente tanto al nuevo órgano legislativo como, claro, al gobierno de la Ciudad y al federal, además de sus contrapartes a nivel alcaldías, once de las 16 para ser exactos…particularmente, ante la inminencia del primer aniversario de los sismos del 19 de septiembre.
Ello, obvio, al margen de la significación que avanzar en la solución de demandas como las mencionadas pudiera acarrear en lo que a control y/o apertura de alternativas de “diálogo y negociación” con alcaldes ajenos a sus filas —un panista, un priista y tres perredistas— en razón de que si el fenómeno que ahora nos ocupa creció y se salió incluso de control en la forma en que ello ocurrió, fue durante la gestión de personajes miembros del Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional, particularmente en Benito Juárez en el último de los casos.
De concretarse, dicen quienes junto con especialistas trabajan el tema, el asunto resultará particularmente “explosivo”, dados los muchos nombres y/o personajes del recientísimo pasado capitalino a nivel jefatura de gobierno y/o delegacionales —“no más de 6 o 9 años…”— que, con absoluta seguridad, serán mencionados y, en una de esas, hasta podrían resultar implicados…
ASTERISCOS
* Pasadas las fiestas patrias, por cierto, el trabajo legislativo a nivel federal deberá asumir una nueva dinámica producto, entre otras cosas, de la distribución e instalación de las diversas comisiones en San Lázaro y en el palacete de Reforma; la mayoría de ellas encabezadas por diputados y senadores afines al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
#
Paradojas/Eduardo Caccia
Reforma 16 Sep. 2018
Confieso mi debilidad por las paradojas, más allá de su apariencia inicial encierran una revelación sorprendente o al menos contradictoria a lo que se considera verdadero (de ahí que también se llamen antilogías), en cualquier caso borran la aburrida planicie de las ideas para llevarnos entre argumentos escarpados donde la lógica sucumbe a las creencias. Y de pronto iluminan. Considera por ejemplo esta sutil paradoja de Bohr: "Lo opuesto a un enunciado correcto es un enunciado falso. Pero lo opuesto a una verdad profunda bien podría ser otra verdad profunda".
El próximo gobierno de la República enfrenta varias paradojas. El Presidente electo ha dicho que su gobierno va a perdonar actos delictivos "pero a nosotros no queremos que nos perdonen". La enorme expectativa que tienen millones de mexicanos en su nuevo líder y su nuevo gobierno encierra más paradojas: ¿empobrecer al gobierno enriquece al pueblo?, ¿podemos luchar contra la pobreza en México dando ejemplo de "pobreza franciscana"?
Chesterton se nos anticipó. Su obra plagada de paradojas, parábolas y simbolismos retrata condiciones humanas que escapan al tiempo y las latitudes. En su cuento con tintes medievales "Las dos tabernas" narra la historia de dos socios de una taberna que terminan separados por sus diferentes personalidades: uno, Giles, dado a presumir y generar muchas expectativas; el otro, Miles, parco de argumentos y alabanzas. Cada uno abre su propia taberna con el vino que trasvasaron de una barrica propiedad de ambos a dos barriles más pequeños. Un buen día el rey Cole visitó la taberna "El Sol Naciente", adornada con símbolos fastuosos y leyendas hiperbólicas, donde Giles le habló de "el mejor vino del mundo", no una sino varias veces hasta que el monarca, harto ya de tan anunciado y espléndido brebaje, decidió probarlo para luego afirmar que no le pareció tan bueno. En su camino de regreso el rey paró en la modesta "La Media Luna", donde Miles le anunció que no había algo digno de servirle a su majestad y que nada más tenía un vino barato que seguramente le parecería el peor que habrá tomado en su vida. Luego de probar la copa, el monarca quedó sorprendido de la "buenísima bebida".
¿Habrá sido mejor para AMLO no prometer tanto en campaña? Seguramente, pero no habría tenido la aceptación abrumadora que tuvo. Paradoja. Como sea, todo indica que es mejor prometer poco y entregar mucho, que lo opuesto. En otro nivel significativo, podríamos decir que el nuevo gobierno carga con el anuncio del buen vino y la austeridad del modesto figón.
El autor de El hombre que fue jueves tiene otra historia paradójica cuando da vida al personaje de William Hicks en el relato corto "La caballerosidad empieza en casa", donde este hombre tiene un súbito apetito por recobrar la naturaleza aventurera de los expedicionarios y colonizadores ingleses. Como es un oficinista (hoy "godín") y no le alcanza el dinero para costearse una aventura, Hicks decide generar adrenalina en absurdos lances urbanos que le causan más de un arresto policiaco y hasta ser confinado en un manicomio del que huye hacia Londres. En la capital del imperio decide atacar el emblemático domicilio de Downing Street; trepa al tejado y baja por la chimenea. Sobreviene un reflexivo diálogo con un ministro de gobierno que no parece sorprendido de verle. Hicks justifica su atrevimiento, argumenta que los ingleses "alaban el coraje y la aventura", cuestiona por qué su cultura aprecia a los pioneros y aplaude las hazañas de aventureros en tierras lejanas. El político le responde "precisamente, por ser tierras lejanas. ¿No cree usted que ha contestado a su propia pregunta?... la aventura es algo grande, algo glorioso, ¿y por qué? Porque acaba con la gente aventurera... Porque mantiene fuera del país a todos los aventureros, como elementos extraños, indeseables". Después de escuchar eso, Hicks, que había entrado osadamente por la chimenea, sale tranquilamente por la puerta.
El apetito voraz de Morena demostrado desde el Poder Legislativo y las potenciales tentaciones autoritarias que da "la silla del águila" en la Presidencia, podrían llevarnos a una paradoja chesterniana: la democracia es buena porque acaba con los demócratas.
Espero que el nuevo poder hegemónico se equivoque con un acierto.
#
Autosabotaje/Juan E. Pardinas
Reforma, 16 Sep. 2018
Todo gobierno tiene tres tipos de problemas: los que hereda de sus antecesores, las broncas imprevistas que encuentra durante el ejercicio del poder y los autosabotajes, esos conflictos generados por los efectos colaterales de sus propias decisiones.
El viernes pasado, el presidente López Obrador encaró a un grupo de personas que les ha tocado sufrir el lado más brutal y siniestro de nuestro país. AMLO tuvo el temple y el estómago para escuchar los testimonios desgarradores de familiares de desaparecidos. En medio de la más cruel de las incertidumbres, el Estado trató a sus seres queridos como expedientes apilados en un escritorio. Ese legado de dolor y cómplice ineptitud por parte de la autoridad será uno de los problemas más grandes que heredará el nuevo Presidente. Sólo la semana pasada en Veracruz se encontraron 166 cadáveres en una fosa clandestina. En un país con decenas de miles de desaparecidos esa fosa no será el último agujero con restos anónimos. Las fosas que se encuentren a partir del 1o. de diciembre serán un problema del gobierno de la Cuarta Transformación.
No tenemos una bola de cristal. No sabemos nada sobre los conflictos que estallarán en el futuro, pero se puede entrever que el mapa del porvenir tendrá sus curvas y desbarrancaderos. Sobre los problemas generados por iniciativa propia, el gobierno de AMLO aún no empieza formalmente su periodo constitucional, pero ya tiene varios frentes abiertos. En los tres párrafos que le quedan a este texto me referiré a sólo uno de los incendios iniciados en el seno del equipo de gobierno: la hipotética cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Hace dos semanas, un amigo que encabeza una dinámica startup de tecnología viajó a China en busca de nuevos inversionistas. Los números de su empresa son sólidos y su crecimiento constante. Durante cuatro meses cortejó a sus socios potenciales y recibió señales muy positivas. Sin embargo, ya en Shanghái, apareció un tema incómodo en la agenda: "Nuestros jefes, dijeron los chinos, están preocupados por el tema de la cancelación del tren a Querétaro". El emprendedor mexicano no daba crédito de la preocupación de sus interlocutores. El proyecto en cuestión no tenía absolutamente nada que ver con ferrocarriles, ni transporte, ni infraestructura. La cancelación del tren ocurrió en noviembre de 2014. El dueño del Grupo Higa, que había ganado contratos importantes para construir el tren, fue el generoso prestamista para que la familia presidencial adquiriera su residencia familiar. En medio del escándalo de la Casa Blanca, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió cancelar el proyecto adjudicado a empresas chinas y contratistas mexicanos. Casi cuatro años después, el tema apareció en el centro de una mesa de negociaciones en Beijing. El prometedor acercamiento de la startup mexicana con los inversionistas chinos se diluyó en un memorándum de entendimiento con compromisos modestos. En el círculo de inversionistas chinos, el nombre de México aún genera desconfianza.
Cancelar la construcción de un aeropuerto no es cancelar una orden de enchiladas en una fonda. Los pleitos legales con inversionistas, nacionales y extranjeros, pueden durar años y sus costos son difíciles de estimar, ya que las cifras definitivas dependen de una sentencia judicial. El próximo gobierno heredará tragedias colectivas y problemas mayúsculos. Sólo el tema de la inseguridad da para tener insomnio durante todo el sexenio.
El Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Academia de Ingeniería y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros ya dijeron que, a pesar de los desafíos de la obra, el NAICM de Texcoco es la mejor opción para la seguridad de los pasajeros y la conectividad aérea del país. Ante este consenso absoluto de los estudios técnicos, el nuevo gobierno aún coquetea con la idea de su aeródromo en Santa Lucía. Si ya hay tantos problemas en México, ¿para que se inventan nuevos?
@jepardinas
#
El subsuelo histórico maya/ Isabel Turrent
Reforma, 16 Sep. 2018
Para Kik en su cumpleaños.
La guerra civil yucateca, la guerra de castas, fue terriblemente cruenta, larga y compleja
Todos los territorios tienen su historia y su memoria. El que recorrerá el Tren Maya que se propone construir López Obrador tiene una historia terrible. Y los mayas, sobre todo los herederos de los "indios bravos" que estuvieron a punto de expulsar de Yucatán a los criollos (o dzulob como llamaban a los blancos), que los habían explotado por siglos, han cultivado una memoria precisa y viva.
El libro clásico de la guerra de castas de Nelson Reed traza una pintura idílica de los mayas coloniales y decimonónicos, que casa muy bien con los mitos que han rodeado la historia de sus antepasados, aquellos arquitectos y astrónomos que construyeron ciudades majestuosas. Es una imagen sugerente y casi literaria, donde los mayas se internan en la selva como si fuera su vecindario, lleno de referencias conocidas, donde las cuevas y los cenotes tienen nombre, al igual que los espíritus protectores a quienes los mayas dedicaban sus parcelas antes de consultar al H-men, que sanaba, encontraba lo perdido, leía el futuro y sabía mejor que nadie cuándo empezar a sembrar.
Así deben empezar los libros sobre la guerra de castas, porque la destrucción de su modo de vida y la pérdida de sus tierras fue uno de los hilos de la enredada madeja de causas que culminaron en el levantamiento de 1847, encabezado por líderes, no sólo mayas (como Cecilio Chi, líder político o batab de Tepich), sino por mestizos y hasta mulatos relegados en la jerarquía social, que compartían el descontento de los indios.
Todos los mayas resentían, además de la explotación secular, la carga de impuestos, eclesiásticos y civiles, que pesaban sobre ellos y muchos habían sido reclutados por los incorregibles caudillos criollos que se peleaban sin prisa ni pausa por el poder en el siglo XIX. Aprendieron estrategia militar y a usar las armas que los dzulob les habían dado. Pero no todos se levantaron: los del sureste fueron los que encabezaron la rebelión.
La guerra civil yucateca, la guerra de castas, fue terriblemente cruenta -diezmó a la población de Yucatán- y terriblemente larga y compleja. Hasta la reina Victoria estuvo involucrada: los mayas rebeldes, comerciantes hábiles, compraban armas y pólvora en el actual Belice a cambio de maderas finas. Sin los ingleses, la rebelión nunca se hubiera prolongado hasta el siglo XX y los mayas no hubieran abrigado la esperanza de que la Corona británica los incorporara a su Imperio.
Los enfrentamientos armados entre soldados federales y los mayas bravos terminaron hasta los años treinta. Tres décadas después de que don Porfirio convirtiera al sureste yucateco en un territorio federal -Quintana Roo- y lo ocupara a sangre y fuego.
¿Qué rescoldos quedan de aquella historia? Un archipiélago de comunidades pequeñas que comparten una lengua, modos de vida y una religión peculiar, que incorporó un cristianismo siempre sincrético, el culto a las cruces sagradas (vestigio de aquella cruz parlante que daba instrucciones a los mayas levantados desde el altar de la masiva iglesia de su capital, Noh Cah Santa Cruz, hoy Carrillo Puerto). Y el añadido a la memoria viva de los mayas de un nuevo ciclo de explotación. Esas cruces, y los mayas, se han refugiado en el interior desde que la costa de Quintana Roo se abrió al turismo masivo. Cancún y la Riviera Maya se construyeron en buena parte sobre tierras expropiadas o compradas a precio de remate a ejidatarios y propietarios mayas. Los más viejos, todavía rijosos y memoriosos, esperan aún la ayuda de su majestad británica; los jóvenes, celular en mano, se han ajustado como han podido a la irrupción del turismo (y a la corrupción, las drogas y la prostitución que lo acompañan).
Quintana Roo no necesita más turismo depredador: ese que ha convertido a la costa, que era un paraíso, en un amontonamiento de construcciones horrendas y un desastre ecológico. Y ciertamente los mayas, su historia y su memoria, tampoco necesitan ni merecen un tren que atraviese parte de sus tierras y divida en dos la biosfera protegida de Calakmul, a cambio de supuestos beneficios que los abogados del proyecto no le han podido explicar ni a ellos, ni a nadie.
#
Revista Proceso # 2185, 16 de septiembre de 2018..
A un año de la tragedia no hay censo de víctimas ni de daños/
PATRICIA DÁVILA
Damnificados del sismo del 19 de septiembre y funcionarios del próximo gobierno local coinciden: no hay un censo de inmuebles dañados ni de vecinos afectados por el terremoto, lo que significa un alto riesgo en caso de otro siniestro. Tampoco existe ninguna claridad en cuanto al ejercicio de los recursos económicos para la reconstrucción: nadie sabe qué pasó con los miles de millones de pesos que se destinaron en 2017 y 2018 a la reparación de daños.
Vania Salgado, representante de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, es clara: “A un año del sismo la reconstrucción de las viviendas no ha empezado y los pocos lugares en que se avanzó fue en los que se puso recurso privado; pero la mayoría de los damnificados no tenemos aún una solución”.
Por ello, el 26 de julio presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Reconstrucción: “El verdadero problema es que no hubo una priorización en la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas. El presupuesto para 2018 no establece ningún rubro para esto; sólo hubo uno para que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) construyera 11 edificios. Tardíamente, el 7 de junio se creó el Fideicomiso para la Reconstrucción, que intentará rehabilitar y construir multifamiliares; pero el problema es que no se garantiza el derecho a vivienda digna y decorosa para todos los damnificados”.
A Damnificados Unidos se sumaron vecinos de Azcapotzalco, Tlalpan, Gustavo A, Madero y Miguel Hidalgo: “Desconocemos cuántos damnificados hay porque el censo de personas afectadas y de inmuebles dañados no ha sido concluido por el gobierno. La cifra oficial del Comité de Emergencias es de mil 71 inmuebles afectados, pero en una rápida revisión detectamos que hay un subregistro y al menos 27 no están incluidos. Es probable que haya más de 100 que no aparecen”.
Explica: “En nivel de afectados en algún momento vi una cifra con unos 14 mil en toda la Ciudad de México. La falta de un censo certero provoca, por un lado, la desatención a las personas que habitan estos inmuebles, y por otro, los riesgos latentes para la ciudad, porque mientras no se conozca el riesgo no se puede mitigar sus efectos. Un edificio que está en riesgo alto de colapso y que no se ha demolido es un edificio que representa un alto riesgo tanto para los propietarios como para la comunidad.
“Entonces, no concluir los censos implica la desatención a damnificados y la falta de mitigación de riesgo para la Ciudad de México. No hay protocolos para homologar las dictaminaciones. En un principio hubo un número importante de brigadas, de instituciones del gobierno de la Ciudad de México –como el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), de la Seduvi–, colegios de estructuristas y de arquitectos que empezaron a realizar esta tarea, pero no había un protocolo formal para utilizar la información y se perdió.
“Por otro lado, hay 450 directores responsables de obra que están habilitados en toda la Ciudad de México para cubrir los más de 13 mil inmuebles donde se solicitó revisión. Al final quien terminó haciendo los dictámenes o avalándolos y revisándolos fue el ISC, que además tiene muy poco personal. Eso les ha costado que los recursos aprobados no se destinen al instituto para reforzarlo, esta es la posible respuesta de por qué no se ha concluido el censo.”
–¿Esto está impactando en ustedes?
–Por su puesto, porque hay personas que viven en inmuebles que no están dictaminados, de los que no se sabe cuál es el riesgo. En algunos la verificación la hicimos nosotros y encontramos que en 25% de los inmuebles que revisamos y que estaban en riesgo alto de colapsar, sus habitantes siguen viviendo en ellos. Por supuesto que no concluir los censos, no demoler lo que se tiene que demoler, representa un problema importante para las personas, que pueden perder sus vidas en cualquier momento, y para la comunidad que los rodea.
Falta un censo
Por su parte, la asambleísta Dunia Ludlow, quien será directora del Centro Histórico en el equipo de Claudia Sheinbaum, próxima jefa de Gobierno, coincide con Salgado en que se desconoce el estado de los inmuebles dañados en la Ciudad de México y no se sabe el tipo de atención que se le tiene que dar a cada uno.
“Va a llegar otro sismo de la misma magnitud o peor, y evidentemente no estamos preparados. Y los miles de edificios que quedaron tocados están en riesgo, como los catalogados en amarillo y rojo”, afirma, en referencia a la catalogación hecha por Plataforma CDMX, la página en internet para consulta y ubicación de los inmuebles dañados por el sismo del año pasado.
“Además –prosigue Ludlow– no tenemos la certeza de que efectivamente sean rojos –a punto de colapsarse– o que efectivamente sean amarillos. También hay dobles clasificaciones. Por eso los vecinos hablan de la falta de certeza que brinda la Plataforma CDMX, cuando ésta debería ser el instrumento de comunicación y transparencia de la reconstrucción.”
Otro de los puntos que han obstaculizado la reconstrucción es precisamente la falta de claridad que brinda la Plataforma CDMX sobre los recursos económicos ejercidos.
“Con base en el recuento realizado en el desglose de los recursos de 2017, 182 millones de pesos fueron desviados o mal aplicados; esto incluye el reintegro al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, la ayuda a damnificados falsos y el destino al gasto operativo de las delegaciones.
“La Plataforma CDMX no ha aclarado el destino de más de mil 810 millones de pesos que teníamos disponibles en 2017 y que no sabemos qué pasó con ellos. En el caso de 2018, se puede documentar que se desviaron 898 millones de pesos, recursos que estaba establecido que iban a irse específicamente a la reconstrucción y que no sabemos dónde están.
“También falta aclarar el destino de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, que es la diferencia entre lo asignado en el artículo 14 de la Ley de Reconstrucción, lo que dice la Plataforma CDMX y lo que dice el Fideicomiso (para la Reconstrucción) sobre la manera en que se va a asignar. En total, entre los recursos de 2017 y los de 2018, podemos decir que se han desviado o están en opacidad mil 80 millones de pesos y no sabemos qué pasó con ellos.
“Para arreglar esta situación se presentó una iniciativa con el propósito de que el recurso se vaya a donde se tiene que ir, a reconstrucción y reparación de viviendas y a reparación del patrimonio de las personas que lo perdieron todo, y también para establecer criterios con el fin de que la entrega de estos recursos se haga de manera transparente desde el momento en que se discuta la asignación del presupuesto”, explica Ludlow.
“Como hoy no tenemos un censo, no tenemos un diagnóstico que nos permita saber cuál es el universo de las afectaciones que resultaron del sismo; la respuesta de las autoridades ha sido en reacción a la capacidad de movilización de los damnificados. Para ser escuchados, ante la falta de respuesta de la autoridad, se empezaron a unir en colectivos. Uno es Damnificados Unidos del Multifamiliar Tlalpan, y otro, Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc.”
A partir de este par de colectivos, los damnificados han logrado distintos apoyos de las autoridades, unos a fondo perdido, otros bajo un esquema que les permite acceder a 35% de recursos del Fideicomiso, otros a partir de esquemas mixtos, “pero no es la misma atención para todos, esa es la gran injusticia que ha generado este gobierno.
“No toma en cuenta que quizá haya gente que por necesidad está impedida de dar seguimiento a su daño; es decir que la gente de Iztapalapa, Xochimilco, que vive al día, no puede estar yendo a las asambleas, enterándose por redes sociales, porque vive al día, y esa gente no está siendo atendida”, señala.
–¿Dónde se va a reconstruir con el 35% adicional? ¿Los damnificados ya no van a pagar?
–A partir de ese 35% la desarrolladora les construye y con ese 35% paga la construcción y tiene un poco más de ganancia. En teoría no tendría que pagar nada, pero hay algunos estudios en los que la corrida financiera no sale para los desarrolladores, y entonces hacen esquemas mixtos, y los damnificados tienen que acceder a los créditos de sociedad hipotecaria federal o a los créditos que se van a abrir en la ciudad bajo esquema del Invi para poder pagar.
La reconstrucción
Cesar Cravioto, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y quien el próximo 5 de diciembre será el nuevo comisionado para la Reconstrucción, habla sobre los problemas de los damnificados:
“En el proceso de reconstrucción hemos encontrado áreas de oportunidad donde podemos mejorar la atención a los damnificados; agilizar los procedimientos; hacerlos más sencillos; estar más cerca de las zonas donde hay afectaciones; convocar a más instituciones, organizaciones y fundaciones; organizar mejor a las empresas que están participando en la reconstrucción; mejorar la Ley de Reconstrucción; mejorar los procesos administrativos para eliminar los escollos que impiden a los damnificados acceder a los apoyos económicos”, asegura.
“Vamos a hacer que los programas gubernamentales sean más sencillos, todo un cambio de procedimiento en atención a los damnificados para que la reconstrucción sea más rápida y eficiente.”
–Ya pasó un año y no se ha reconstruido un solo inmueble. ¿Cuáles son los problemas?
–Primero hubo mucha irresponsabilidad de Miguel Ángel Mancera, a quien le urgía renunciar al gobierno para ser candidato a senador; luego se empecinaron en sacar una ley que no generó certidumbre de cómo se iba a atender a los damnificados. Después vino el asunto de que tres diputados de la ALDF quisieron controlar los recursos de la reconstrucción y eso ocasionó que la primera comisión renunciara, y tuvo que entrar una segunda comisión; eso, a cinco meses del sismo, generó aún más incertidumbre.
“Hay muchas dependencias de gobierno a las que los damnificados tienen que acudir. Nosotros vamos a simplificar todo y sólo tendrán que tratar con la Comisión de Reconstrucción, y vamos a organizar a las sedes de gobierno que tienen que ver con la reconstrucción, para que el ciudadano no tenga que tocar muchas puertas.”
También afirma que se van a instalar módulos en las colonias más afectadas, para que la gente no tenga que ir al Zócalo a entregar la copia de un documento o a preguntar cómo va la reconstrucción.
Y toca el tema de que no hay transparencia en la reconstrucción: “No sabemos cuánto (dinero) se ha comprometido, cuánto está por ejercerse. No hay un censo que nos dé confianza, hay mucha información disgregada, dispersa. Vamos a empezar un censo este mes y lo vamos a terminar antes de que acabe este gobierno, para tener información fidedigna de cuántas viviendas hay que levantar, cuántas familias están afectadas, para poder planear y presupuestar el costo de la reconstrucción de la ciudad.
“La información con la que se cuenta está fragmentada; el gobierno de la ciudad tiene unas cifras, las dependencias otras y las delegaciones otras, por eso vamos a trabajar el censo.”
–Usted es parte de la Asamblea que está por concluir y que no dictaminó las iniciativas para modificar la Ley de Reconstrucción que enviaron, por separado, Miguel Ángel Mancera y las organizaciones Ciudadanos S19 y Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, en la que plantean vías para el mejor manejo y trasparencia de los recursos.
–Ya lo dialogué con Ernestina Godoy Ramos, quien fue coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena para el primer Congreso de la Ciudad de México, y en cuanto tome posesión la Legislatura se van a aprobar. Este 19 de septiembre anunciaremos estas acciones –asegura.
#
Revista Proceso # 2185, 16 de septiembre de 2018..
Opacidad en el uso de fondos/JORGE CARRASCO ARAIZAGA...
A un año de la tragedia, la reconstrucción de los inmuebles dañados no ha sido la prioridad del gobierno. De los 6 mil 800 millones de pesos que se han aprobado para ejercer, apenas 600 millones se destinaron a ese fin en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Su sucesor, José Ramón Amieva, decidió utilizar 2 mil 500 millones de pesos del Fondo de Atención a los Desastres en la Ciudad de México (Fonaden) que el anterior gobernante se rehusó a usar.
Ese es el panorama a un año del sismo de 7.1 grados Richter que puso en crisis a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017.
A la confusión de los primeros días siguió una maraña de cifras, planes y declaraciones de Mancera y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), órgano que fenecerá este lunes 17 para dar paso al primer Congreso de la Ciudad de México, al que le tocará revisar lo hecho por los asambleístas y el gobierno que termina en diciembre.
Lo que ahora tiene el gobierno de la Ciudad de México son cifras preliminares que permiten ver aspectos del desastre no sólo en los inmuebles de uso habitacional, sino en los negocios, las escuelas, hospitales, edificios de gobierno, la infraestructura pública y el patrimonio cultural y religioso.
Según la Comisión de Reconstrucción, 3 mil 393 inmuebles resultaron dañados, de los cuales 2 mil 6 son habitables. Aunque señala que el resto –mil 387– son parcialmente habitables o se deben rehabilitar, apenas reconoce 60 como imposibles de habitar; es decir, que tienen alto riesgo de colapso. Además reporta 519 no habitables pero que se pueden rehabilitar.
A falta de cifras certeras, lo que hay son estimaciones. Protección Civil del gobierno capitalino cifró en 230 las personas fallecidas por el colapso de edificios. Un año después el número podría ser 10 veces mayor si se colapsan los edificios aún en pie pese a las graves afectaciones que sufrieron.
La ONG Nosotrxs, que se ha dedicado a transparentar las labores de reconstrucción, verificó 639 construcciones con alto riesgo de caer. Son inmuebles habitados, sin tratamiento alguno y que en ningún momento han sido desalojados. Un temblor de mediana proporción podría derrumbarlos y afectar a más de 2 mil personas, entre quienes las habitan y sus vecinos, señala la organización en un reporte que se dará a conocer en el primer aniversario del sismo y que conoció Proceso.
De acuerdo con Nosotrxs, 33% de los propietarios sigue viviendo en edificaciones en riesgo de colapso. Más alarmante es que 25% vive en inmuebles con alto riesgo de derrumbe. Entre los edificios dictaminados con riesgo, 41% también está habitado.
Las cifras oficiales avalan la estimación de Nosotrxs, cuyo coordinador nacional, Mauricio Merino, formó parte de la Comisión de Reconstrucción que en febrero pasado renunció junto con su responsable, Ricardo Becerra, ante la decisión de la ALDF de pasar por encima de esa instancia y decidir el reparto del presupuesto respectivo. Al menos 6 mil 800 millones de pesos, según las cuentas que ha presentado la propia Comisión para la Reconstrucción.
En su más reciente informe, de agosto pasado, la Comisión presenta diferentes cifras sobre la infraestructura afectada, dependiendo de la dependencia o instancia que reporte.
El Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) cuenta con mil 147 dictámenes de inmuebles dañados, mientras que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) asegura haber dictaminado 5 mil 12 inmuebles.
Ambas instancias reportan edificios en riesgo de derrumbe, aunque sus cifras también varían incluso respecto a las cifras de la comisión. El ISC registra 423 inmuebles con riesgo alto y 173 con alto riesgo de colapso.
Para la Seduvi hay 729 edificios en riesgo alto y mil 158 que reporta como “sin acceso y/o no localizados”. En lo que sí coinciden es en que, a un año del sismo, aún hay edificios en riesgo de derrumbe en la capital del país.
Nosotrxs ubicó 639 edificios en esas condiciones en diferentes puntos, pero constató que no todos están deshabitados, con el consecuente peligro para sus habitantes y las construcciones aledañas. En total, estimó que puede haber graves riesgos para unas 2 mil personas, considerando un promedio de cuatro personas por vivienda.
De la dimensión de la tragedia oficialmente reconocida también dan cuenta los 2 mil 718 negocios dañados. De ellos, 2 mil 603 son micro y pequeñas empresas; el resto, 115 mercados públicos.
La Comisión para la Reconstrucción reconoce además 7 mil 783 afectaciones en infraestructura pública. La mayor parte en la red hidráulica. Según su reporte más reciente, en esas afectaciones se cuentan mil 900 escuelas; 326 inmuebles de infraestructura cultural y religiosa, entre bibliotecas, iglesias y centros sociales, sin considerar el patrimonio cultural, urbano y religioso, que tuvo 379 afectaciones. También registra 123 daños en hospitales y centros de salud. Además, en 83 edificios de gobierno.
Ante la emergencia, el Gobierno de la Ciudad de México utilizó 2 mil 584 millones de pesos que ya estaban presupuestados en 2017. Para este año, la ALDF aprobó 8 mil 772 millones de pesos. En año electoral, el control de ese gasto generó una crisis que terminó en el colapso de la Comisión para la Reconstrucción, que tenía un fuerte componente de fiscalización social.
Cambios
Ante el escándalo y la controversia por el manejo de los recursos, la Comisión para la Reconstrucción renunció en masa. Mancera le pidió entonces a la ALDF que enmendara el decreto de los legisladores panistas y perredistas. Los recursos pasaron formalmente a ser administrados por la Secretaría de Finanzas, a cargo entonces de su incondicional Édgar Amador.
El entonces gobernante, además, suspendió durante casi dos meses la Comisión para la Reconstrucción y creó una nueva que dejó en manos de otro de sus colaboradores cercanos, el exsecretario de Obras y Servicios, Édgar Tungüi.
El nuevo comisionado se ha dedicado a operar la entrega de los recursos en la misma lógica decidida por los asambleístas; es decir, sin estudios técnicos previos que justifiquen el acceso a los recursos, como consta en las minutas de la comisión. Con la llegada de Amieva al gobierno de la Ciudad de México, Amador salió de Finanzas y llegó Julieta González.
“Las dependencias van a la Secretaria de Finanzas y en la comisión se otorgan los recursos sin plan integral, sin saber si son las prioridades, y sobre todo sin que existan los censos de damnificados e inmuebles afectados”, dice a Proceso Vania Salgado, coordinadora de los trabajos del Colectivo Reconstrucción Transparente de Nosotrxs y representante de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc.
“A todo dicen que sí, sin un plan, sin los censos completos y sin justificación de las necesidades”, dice.
Salgado asegura que, de acuerdo con una revisión a julio pasado, la Secretaría de Finanzas solo había dado cuenta de 4.7% de las aprobaciones de la Comisión de Reconstrucción; es decir, 286 millones de pesos, de los 6 mil 800 que la comisión había aprobado.
“Esa es la verdadera tragedia de los recursos. Desconocemos cómo se hicieron las autorizaciones y hacia qué dependencias. Sobre todo, puede que haya subejercicio, que las dependencias no hayan usado los recursos, mientras que el tema de los damnificados sigue sin estar resuelto.”
Para Salgado, la reconstrucción no ha sido prioridad. Explica que no fue sino hasta nueve meses después del sismo cuando se creó el Fideicomiso para la Rehabilitación y Reconstrucción de Vivienda, al que al inicio sólo le habían asignado 600 millones.
Ante las demandas de los afectados de crear ese fideicomiso, el Gobierno de la Ciudad de México y la ALDF se responsabilizaban uno al otro. Después de la insistencia de los damnificados para aumentar ese fondo, Amieva finalmente decidió aprobar un nuevo monto por 2 mil 500 millones de pesos, procedentes de Fonaden y que Mancera no quiso utilizar, con el argumento de que se debían usar para otras emergencias, explica Salgado.
Observa que, durante el proceso electoral, en las delegaciones hubo muchos ofrecimientos de candidatos a los damnificados, “que no sabemos cómo los costeaban”.
Pasadas las elecciones, ni la propia ALDF tuvo interés en reasignar mil millones de pesos más para la reconstrucción, como lo solicitó Amieva mediante una iniciativa.
Obligada judicialmente a realizar un periodo extraordinario para procesar la designación de una magistrada, la ALDF pudo votar esa iniciativa. Pero el presidente de la Comisión de Gobernación, Leonel Luna, evitó incluirla en la discusión.
#
Revista Proceso # 2185, 16 de septiembre de 2018.
.La Ciudad de México, más frágil ahora/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Por torpezas burocráticas, el destino de los recursos para la reconstrucción de la ciudad –el dinero para paliar los efectos del sismo del pasado 19 de septiembre– sigue siendo desconocido, sostiene Ricardo Becerra, quien fue el primer encargado de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México. En la actualidad, afirma en entrevista con Proceso, la capital del país sería más vulnerable a un terremoto, pues no hay un protocolo de seguridad y ni siquiera se tiene un censo de las instalaciones estratégicas endebles o dañadas.
La capital del país es más vulnerable a los sismos ahora que hace un año. Hay muchas edificaciones afectadas que aún están habitadas, pero no todas se conocen pues falta un censo. Lo peor que se puede hacer es minimizar los daños del 19 de septiembre de 2017, advierte Ricardo Becerra Laguna, quien fue primer titular de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México y es autor, junto con Carlos Flores, del libro Aquí volverá a temblar. Testimonios y lecciones del 19 de septiembre (Grijalbo, 2018).
Los afectados se pueden contar por decenas de miles. Y aunque el gobierno capitalino ha emprendido cientos de acciones, aún ahora carecemos de un protocolo para la protección y la seguridad humana de la ciudad, dice el economista que fue responsable de la recuperación de la capital en los momentos críticos después de la emergencia.
Era subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad cuando el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo puso –a finales de octubre de 2017– al frente de la comisión. Pero apenas duró 100 días en el cargo.
Renunció por estar en desacuerdo con la intervención de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) –especialmente con las bancadas del PAN y el PRD– en el manejo de los millonarios recursos para la reconstrucción. En particular los asambleístas perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo, y el panista Jorge Romero, quienes decidieron, desde las comisiones de Gobierno y de Presupuesto, cuánto y dónde aplicar el dinero. Poco se sabe de ese ejercicio.
Ciudad frágil
Cofundador de la ONG Nosotrxs, Becerra afirma que dicha agrupación, a partir de información pública, ha podido documentar el uso de menos de 10% de lo presupuestado por la ALDF para este año: 8 mil 772 millones de pesos sin considerar fondos federales ni donaciones.
El problema no sólo es el dinero, sino que actualmente la ciudad es más frágil, pues no han modernizado sus estructuras, y el riesgo crece más rápido que la población, afirma el ahora presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.
Considera que la reconstrucción de la capital está concebida más como un plan de vivienda que como un programa vasto para garantizar la seguridad y el patrimonio de quienes la habitan: “Sería injusto decir que el gobierno de la Ciudad de México ha tenido parada la reconstrucción. Se han tomado miles de acciones más allá de la emergencia, pero no se han elaborado los criterios universales para atender a todos los damnificados de manera equitativa”, dice en entrevista el martes 11. “Se han tomado decisiones por presión política o por urgencias, no por criterios generales”.
–¿La Ley de Reconstrucción no era para evitar eso?
–La ley ordenaba elaborar un programa, que presentamos el 12 de enero. En éste se daban las primeras reglas para cruzar tres datos: las posibilidades económicas de las personas, su condición social y el tamaño del daño sufrido. Pero este trabajo de cruzar la información humana, económica y social no se ha podido llevar a cabo porque siguen haciendo falta los censos, especialmente el socioeconómico que ordena la ley. Otro censo es el de infraestructura, que está mucho más avanzado e incluye escuelas, mercados, edificios públicos y espacios culturales y de patrimonio histórico.
“Hay que exigir al proceso de reconstrucción que no se minimice el daño. Por la experiencia que tuve al frente de la reconstrucción, puedo decir que el impacto del temblor se mide en decenas de miles de personas, y esto debe reconocerlo la autoridad presente y la futura”, dice en referencia al próximo gobierno, el de Claudia Sheinbaum, pero también al primer Congreso de la Ciudad de México, que entrará en funciones este lunes 17.
–¿Ha habido intención de minimizar las afectaciones?
–Lo que ocurre es que no hay un censo. Las primeras estimaciones del censo socioeconómico hablaban de miles de damnificados. Pero eran datos preliminares. Yo visité cientos de veces los puntos más críticos de la ciudad y a simple vista el número de damnificados se medía en decenas de miles.
–¿Por qué desde ese primer momento se redujo el universo?
–Yo pensaba que en ese momento estaban entregando un trabajo parcial, que eran los primeros datos del censo. Creo que no hay que caer en la tentación de minimizar el daño por una razón: por seguridad de la propia ciudad. Si no atendemos a la mayor cantidad o a todos los damnificados, lo vamos a pagar en forma de edificios más vulnerables, de casas y calles más dañadas y, en general, de una ciudad más frágil en su conjunto.
–¿No se ha atendido de raíz el problema?
–La Ciudad de México es ahora más vulnerable por dos razones: por la sobreexplotación de los mantos acuíferos y el consecuente debilitamiento del suelo y el subsuelo; y porque, como todo el país, no ha crecido lo suficiente en términos económicos para realizar un mantenimiento y una modernización de sus estructuras; es decir, sus casas y edificios. El riesgo y la vulnerabilidad han crecido más rápido que la población.
“Debemos saber cuáles son las vulnerabilidades de los edificios estratégicos: hospitales, escuelas, instalaciones de telecomunicaciones. Lo imperdonable es que no hayamos desarrollado un protocolo mucho más robusto para la protección y la seguridad de las personas.
Becerra es contundente: “O fortalecemos los protocolos y los deberes que nos corresponden a todos en la ciudad –gobierno, empresas y ciudadanos– o vamos a vivir el siguiente sismo como si fuera el del 19 de septiembre”.
–La ley usa el calificativo de resiliente; es decir que se quiere una ciudad con más capacidad de responder a las emergencias. ¿No se está haciendo eso? –pregunta el reportero.
–Eso es lo que debería estarse discutiendo. Me temo que el programa de reconstrucción se confunde con un gran programa de vivienda. Por supuesto que lo incluye, pero es parte de un concepto mucho más vasto, del que debemos hacernos cargo.
–¿La Ley de Reconstrucción es inoperable o de plano no se ajusta a las necesidades de la Ciudad de México?
–Tiene muchos problemas, es confusa. Tendría que ser útil para enfrentar la reconstrucción con criterios generales y universales. Por eso pone medidas de mucho mayor calado, con protocolos muchos más fuertes.
“Pero creo que la ciudad debe encarar fuertemente a las figuras de los directores responsables de obra (DRO) y de los corresponsables de seguridad estructural (CSE) para discutir seriamente que los responsables deben ser quienes hacen una obra, no los que vienen a firmar. Ese es uno de los más grandes problemas en la reconstrucción de la ciudad.
–¿Hay manera de identificar a los DRO y a los CSE de los edificios afectados?
–En teoría sí. Pero entre las cosas muy desgraciadas que nos ocurrieron el 19 de septiembre es que el edificio que guarda la memoria constructiva de la ciudad se cayó: el Archivo de Notarías. Cada cinco años las delegaciones mandan ahí los cálculos estructurales, la planeación matemática, los planos, etcétera. Ahora el archivo es parte del programa de reconstrucción.
Confrontación con la ALDF
Autor del libro La mecánica del cambio político en México, Ricardo Becerra renunció a la Comisión de Reconstrucción el pasado 16 de febrero, luego de que los diputados Leonel Luna y Jorge Romero, como presidente y secretario de la Comisión de Gobernación, y Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quedaron al frente del reparto de los recursos aprobados por la ALDF en el presupuesto de la ciudad para 2018.
Los legisladores locales emitieron un decreto en el que decidieron cuánto y en qué debían usar las dependencias y organismos de la Ciudad de México los recursos para la reconstrucción.
“La comisión trabajaba bajo el paraguas de una ley que, con todo y sus problemas, era útil y manejable. El problema apareció cuando a finales de noviembre la misma ALDF que había creado la Comisión y la Ley de Reconstrucción, emitió un decreto que contradice la ley por ellos mismos creada”, dice Becerra.
Abunda: “la comisión no podía adivinar cuál era el daño en la ciudad. Por lo tanto, no podía presupuestar. Lo que la ley mandaba, en cambio, era construir un fondo disponible y público que respondiera a las necesidades de la emergencia y a las exigencias y conocimiento del daño, que cada día se iba profundizando. Eso no se prevé. Por eso hay dinero para atacar las emergencias y anular el riesgo”.
Sin mencionar nombres, añade: “Algunos diputados cometieron el error de tratar burocráticamente la reconstrucción. Decidieron repartir millones de pesos a las dependencias, pero sin criterios, estudios o diagnósticos, y sin ningún dictamen de la propia comisión. Ahí empezó a hacer agua la transparencia. La idea inicial era que el fondo estuviera a la vista de todos para responder a las emergencias y urgencias que fuera planteando el proceso de reconstrucción. El decreto fue en sentido contrario. En la Comisión no éramos adivinos y, por tanto, no sabíamos a dónde se iba a mandar tanto dinero”.
–¿Hay manera de comprobar lo que se ha gastado?
–No en la gran parte. Hay fondos comprometidos, otros que no han sido ministrados y otros que no han sido ejercidos. Es la burocracia.
–¿Qué hizo la comisión para recuperar su autoridad sobre los recursos?
–Enviamos una carta a los diputados para que nos dijeran cómo interpretar esa evidente equivocación o al menos que nos explicaran cómo se iba a manejar eso. Contestaron el 15 de febrero. Se dirigieron al jefe de Gobierno, diciendo que deberían entenderse como ejercidos o determinados. Así, el 29 de diciembre decidieron sobre 6 mil 800 millones de pesos, sin mediar la opinión del jefe de Gobierno ni la de la comisión. Fue una respuesta categórica que hacía inviable y superflua la existencia de la propia comisión.
–¿Miguel Ángel Mancera también se vio rebasado por las comisiones de Gobernación y de Presupuesto de la ALDF?
–Creo que en cierto modo fue sorprendido por ese decreto e hizo lo que pudo para corregirlo. Mandó una corrección.
–Pero también abonó a la opacidad, al designar en una segunda comisión a colaboradores de su confianza y ya no de la ciudadanía.
–En la Comisión de Reconstrucción hay personas muy respetables y muy importantes. Pero ocurrieron cosas que cambiaron el panorama. La primera fue la creación de una instancia interinstitucional, de dependencias del propio gobierno, en la comisión. Eso no está en la ley. Eso será ya tema de la siguiente jefa de Gobierno. Además, hay una dificultad grande ante la probable reasignación de los fondos que fueron predestinados aquel 29 de diciembre. Eso es algo que no se puede evidenciar.
–¿Es posible saber ahora de cuánto ha sido la bolsa total para la reconstrucción, más allá de lo autorizado por la ALDF?
–Hoy mismo no. La Asamblea, en la última semana de su existencia, aún estaba considerando una nueva reasignación por exigencia de grupos de damnificados.
–Tampoco sabemos cuánto se ha gastado…
–En su totalidad no. La realidad es que no hay manera de comprobar el conjunto de gastos de 2018. No sabemos a dónde se han destinado en el proceso de reconstrucción. No sabemos, por ejemplo, cuánto se ha pagado a las empresas.
#
Revista Proceso # 2185, 16 de septiembre de 2018..
Sobre "La Secretaría de Gobierno, caja chica de Héctor Serrano"
LA REDACCIÓN
Señor director:
Me dirijo a usted de manera atenta y respetuosa, respecto a la información publicada en la edición número 2184 de esa prestigiada revista semanal, misma que se titula “La Secretaría de Gobierno, caja chica de Héctor Serrano”; ahí se expone que entre diciembre de 2012 y julio de 2015 dispuse libremente de los recursos asignados a mi área; también se manifiesta que en una “relación”, cuya copia obra en poder del medio, se reflejan una serie de gastos generados por mi persona en 2014.
Al respecto me permito precisar:
Jamás he dispuesto a mi libre albedrío de recurso público alguno en los diferentes cargos que a lo largo de 34 años ejercí. Siempre me he conducido con estricto apego a la normatividad establecida y a la legalidad aplicable; por lo que niego de forma categórica la veracidad del contenido de ese supuesto documento.
También le informo que no suelo llevar relación alguna de mis gastos personales, por lo que categóricamente le manifiesto que desconozco no sólo ese sino cualquier otro documento que supuestamente consigne los gastos que mi persona genera.
Señor director, creo que su prestigiado medio se ha visto vulnerado ante su buena fe y, sin duda, como es su obligación se expuso la información de referencia; por ello, refrendo mi admiración y entero respeto a este medio.
Sin embargo, hago de su conocimiento que dicha información fue expuesta de forma dolosa y con fines políticos para buscar mi desprestigio desde el pasado proceso electoral, a través de sendos tuits del Sr. Alberto Esteva Salinas. De esos tengo copia certificada ante notario, que en el momento oportuno habré de exhibir ante los cauces legales.
Por ello, no es menor mencionar los siguientes antecedentes con el único fin de normar criterio.
Esta campaña contra mi persona fue orquestada y expuesta por el señor Alberto Esteva Salinas, quien dice simpatizar con un partido político distinto al que yo pertenezco.
El Sr. Alberto Esteva Salinas, de forma coordinada con el Sr. Gonzalo Fabián Medina Hernández, ha trazado una ruta de embate mediático y a través de redes sociales, reitero, contra mi persona.
Tengo información de que este último, Gonzalo Fabián Medina Hernández ha manifestado a personas de su propio círculo, con jactancia, que fue él quien hizo llegar dicha información en senda carpeta negra, con otros datos más que serán dosificados en su publicación, y que la misma fue entregada a uno de sus reporteros.
Los señores Gonzalo Fabián Medina Hernández y Alberto Esteva Salinas son reconocidos operadores del próximo canciller, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón.
Esta misiva no sólo es para negar categóricamente lo relatado en la nota publicada y manifestar mi indignación por la forma falsa en que se atenta contra mi persona.
Debo decirle que desde el año 2015 a la fecha, ya hace más de tres años, han pasado tres titulares por la Secretaría de Gobierno, que honrosamente ocupé; por lo que mi área administrativa ha sido ya auditada en diferentes rubros, en repetidas ocasiones, sin que a la fecha tenga conocimiento de algún proceso en mi contra o del personal que me asistió.
Lic. Rafael Rodríguez Castañeda, agradezco su generosidad y le solicito que la presente carta se publique en tan prestigiado medio de forma íntegra, como la he redactado, en atención al derecho a réplica.
Sin más por el momento, le reitero mi gratitud por la atención que se sirva brindar a la solicitud expuesta.
Atentamente:
Héctor Serrano Cortés
Respuesta del reportero
Señor director:
La información contenida en el reportaje de mi autoría al que hace referencia el diputado Héctor Serrano Cortés se sustenta en un documento que fue generado en las oficinas de la secretaría que él dirigió. Ni más ni menos.
Atentamente:
Raúl Monge
No hay comentarios.:
Publicar un comentario