El Instituto Nacional de Migración, al servicio de Trump/
J. JESÚS ESQUIVEL
Un par de bufetes texanos asumieron la defensa de cuatro familias centroamericanas que intentan pedir asilo en Estados Unidos, pero a las cuales los agentes migratorios mexicanos les han impedido cruzar la frontera norte. En un documento que los abogados le hicieron llegar a la CIDH se acusa al Instituto Nacional de Migración de acatar las órdenes estadunidenses, gracias a un Tratado de Tercer País Seguro que Enrique Peña Nieto tenía la intención de firmar con el gobierno de Trump, pero que presuntamente no se concretó.
WASHINGTON.- Cuatro familias migrantes centroamericanas denunciaron ante la CIDH la “premeditada y corrupta” colaboración del gobierno de Enrique Peña Nieto con el de Donald Trump para impedir su llegada a territorio de Estados Unidos a fin de que no puedan presentar sus legítimas peticiones de asilo.
La denuncia –de la que Proceso tiene copia– dice: “Los peticionarios solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adopte urgentemente medidas cautelares para proteger a los peticionarios de una práctica peligrosa e ilegal actualmente implementada conjuntamente por los dos Estados (México y Estado Unidos)”.
La denuncia ante la CIDH exhibe la forma subrepticia en la que el gobierno de Peña Nieto ha actuado como filtro migratorio de Estados Unidos.
“Los Estados están actuando conjuntamente para privar a los peticionarios de su derecho a salir de México y solicitar asilo en los Estados Unidos”, enfatiza el folio jurídico de 72 páginas con argumentos, recuento de hechos, fotografías y declaraciones juradas y notariadas.
Los denunciantes, seis adultos y ocho menores –cuyas identidades no se dan a conocer para respetar su derecho a la confidencialidad y por su temor a sufrir represalias–, exponen detalladamente casos de corrupción de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México y su sometimiento a las órdenes del gobierno de Trump.
Una de las abogadas estadunidenses que representa a los denunciantes afirma en entrevista telefónica que los migrantes centroamericanos están siendo extorsionados por los agentes del INM, quienes los amenazan con dejarlos a merced del crimen organizado si no les pagan 500 dólares por persona.
“Los agentes del INM están enojados porque sus superiores los obligan a obedecer las órdenes de los agentes migratorios de Estados Unidos, pero también se aprovechan de la situación al cobrar a los centroamericanos una cuota en dólares para llevarlos a un albergue y ponerlos a salvo de los criminales”, expone la abogada, quien pide el anonimato pues forma parte de uno de los dos bufetes identificados en la denuncia entregada a la CIDH.
El expediente indica que por la colaboración de los dos países, y en detrimento de los migrantes centroamericanos, al órgano jurídico de la OEA se le demanda exigir a los denunciados no devolver a sus países a las personas en riesgo de persecución; se trata del refoulement (principio de no devolución). “Los Estados también están sometiendo a los peticionarios a trato cruel, inhumano y degradante, en un esfuerzo para disuadirlos de solicitar asilo en Estados Unidos”, destaca la demanda de las cuatro familias.
Tercer País Seguro
Desde junio de este año el gobierno de Trump presionó al de Peña Nieto para que suscribiera el Tratado de Tercer País Seguro (TTPS), mediante el cual todo inmigrante extranjero que esté en México a fin de desplazarse a Estados Unidos para solicitar asilo, primero lo hiciera ante el INM; de esa forma se evitaría que se acercara a la frontera sur estadunidense.
Al filtrarse a Proceso y al New York Times el tema del TTPS y la disposición que tenía el canciller Luis Videgaray de aceptar los términos de Trump, el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, detuvo la disposición de Peña Nieto de hacer de México el filtro migratorio de Estados Unidos.
Ante la orden de López Obrador, Videgaray se vio obligado a emitir dos comunicados de prensa asegurando que “ni por escrito ni (de forma) verbal” se había aceptado un compromiso referido al TTPS. No obstante, y como lo argumentan en su demanda ante la CIDH las cuatro familias, el INM colabora de manera secreta con Estados Unidos para aplicar extraoficialmente las acciones migratorias establecidas en ese Tratado.
“Como resultado de estas prácticas, los peticionarios se encuentran atrapados en ciudades fronterizas peligrosas, como Reynosa, Tamaulipas, y corren el riesgo de ser secuestrados, traficados, heridos, asesinados o detenidos y devueltos a sus países de origen”, se lee en uno de los párrafos del expediente.
Los denunciantes sustentan el caso de violación a sus derechos por parte de agentes del INM exponiendo que las leyes de inmigración de Estados Unidos establecen que los solicitantes de asilo pueden simplemente cruzar la frontera en un punto de entrada, presentarse ante las autoridades migratorias y pedir directamente el asilo.
“Los gobiernos de México y los Estados Unidos están colaborando actualmente para obstruir la salida gratuita desde México de solicitantes de asilo de Centroamérica, África y otras regiones para evitar que lleguen a los puertos de entrada de Estados Unidos. Esta práctica les niega su derecho a buscar asilo”, subraya la demanda ante la CIDH.
Los bufetes de abogados que representan a los 14 centroamericanos, Texas RioGrande Legal Aid y Garza & Garza, apuntan a que la acción premeditada de los gobiernos de Peña Nieto y Trump generó una situación grave y urgente que presenta un riesgo de daño inminente e irreparable para sus clientes. “La Comisión debe adoptar inmediatamente medidas de precaución para prevenir y mitigar tales daños”, exigen los litigantes.
La petición de medidas cautelares para las cuatro familias busca también garantizar la protección para otras personas en circunstancias similares.
En la descripción cronológica de hechos que hacen los bufetes de abogados a la CIDH se enfatiza que muchas de las medidas migratorias implementadas por el gobierno de Trump han generado litigios y han sido declaradas “inflexibles” por los tribunales de Estados Unidos.
“Al mismo tiempo, los Estados Unidos empezaron a trabajar con, y presionar, al gobierno de México para detener la oleada de inmigrantes que llegaban de Chiapas”, resalta una parte de la cronología de eventos.
Hostigamiento fronterizo
La denuncia hace un recuento, a partir del pasado mayo, de acciones ilegales contra los solicitantes de asilo.
Se documenta cómo los agentes estadunidenses de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) apostados en la frontera de Texas con México, comenzaron a separar a los solicitantes de asilo de otras personas que buscaban ingresar al territorio estadunidense.
A los migrantes separados se les dijo que deberían permanecer afuera, en la acera del lado mexicano, para “esperar su turno”. Se hicieron filas de hasta 50 personas, incluyendo niños, bebés y embarazadas, bajo temperaturas de hasta 38 grados centígrados. “En el puente Reynosa-Hidalgo la gente esperaba hasta dos semanas; día y noche, sentados en la acera. En el puente Miguel Alemán-Río Grande, algunos esperaron casi 20 días”, describe el documento.
Los bufetes de abogados acotan en los folios que los solicitantes de asilo hacinados del lado mexicano no fueron recibidos por los agentes migratorios de Estados Unidos.
“A finales de junio de 2018 la actividad conjunta de los dos gobiernos había dado un giro nuevo y más severo. Por primera vez los funcionarios mexicanos de inmigración estaban estacionados en la entrada de los puentes internacionales México-Texas, exigiendo identificación o visas a todas las personas que pretendían cruzar”, dice el recuento de los hechos.
El personal del INM dejó entrar a los puentes a los solicitantes de asilo en Estados Unidos que tuvieran “documentos” de estancia en México; a los que no, los arrestaron y deportaron, con la advertencia de que no regresaran.
“Mientras tanto”, continúa la descripción de hechos, “en el punto medio de los puentes los funcionarios de Estados Unidos comenzaron a estar parados en grupos de tres, a lo largo de la pasarela peatonal en dirección norte; revisando los documentos de todas las personas que llegaran”.
Los agentes de CBP obligaron a los peticionarios de asilo a sentarse en los puentes de concreto del lado mexicano. Con esta medida, el gobierno de Estados Unidos evita cualquier responsabilidad por el sufrimiento resultante.
“Si alguien que carecía de documentos mexicanos migratorios adecuados lograba ingresar al puente, los funcionarios de Estados Unidos llamaban a la oficina del INM”, añade el recuento. “Luego los oficiales mexicanos caminaban por el puente hasta el punto medio y obligaban a la persona a regresar a México con ellos. Esto se ha informado, con diversos grados de gravedad, en los puertos de entrada de Brownsville, Hidalgo y Laredo”.
Los bufetes legales que representan pro bono a las cuatro familias destacan en el documento que “los funcionarios mexicanos del INM parecen haber sido instruidos para no comentar sobre esta situación. Sin embargo, muchos han hablado extraoficialmente, confirmando la colaboración entre los dos gobiernos e indicando sus frustraciones con el papel que están obligados a desempeñar”.
En uno de los varios ejemplos que por escrito entregaron a la CIDH los abogados, se da cuenta de los incidentes ocurridos el pasado 19 de septiembre en el puente Reynosa-Hidalgo. Con documentos mexicanos válidos en mano, una de las peticionarias y sus dos hijos, al igual que otra persona y su hijo que contaban con permiso de residencia por 15 días en México, fueron obstaculizadas por un agente del INM que vigilaba el torniquete de entrada al puente. El agente revisó los documentos y les dijo que no podían ingresar. Cuando le preguntaron la razón, les gritó y amenazó con destruir los permisos de estancia y detenerlos.
País inseguro
Cuestionada sobre si de forma extraoficial la colaboración entre los agentes migratorios de Estados Unidos y los del INM podría jurídicamente entenderse como actos definidos en un TTPS, la abogada migratoria que forma parte de uno de los bufetes de la defensa responde:
“Por supuesto. Sólo que el acuerdo no existe y que México no puede ser un país seguro, porque los migrantes siempre están en peligro de ser atacados, secuestrados y asesinados por los cárteles del narcotráfico y otros criminales que controlan la frontera”.
Por medio de una carta de los abogados de las cuatro familias, los gobiernos de Trump y de Peña Nieto fueron notificados de la entrega de la denuncia ante la CIDH.
“Esta solicitud de medidas cautelares establece hechos con respecto a la conducta de los funcionarios que indica una coordinación implícita como explícita entre México y Estados Unidos, lo que da como resultado una situación grave y urgente de los peticionarios y un riesgo de daño irreparable. Por tanto, las medidas de precaución están garantizadas contra México y los Estados Unidos por el papel de cada Estado, a través de acciones conjuntas y separadas, en la causa de la situación actual”, reitera la denuncia en sus consideraciones preliminares.
A la CIDH los abogados le recuerdan que en uno de su fallos sobre el tema de asilo, declaró violación del derecho cuando un país en el que la persona lo solicita se niega a permitir que esa persona permanezca en su territorio durante el procesamiento de la solicitud.
“Del mismo modo, el derecho a buscar asilo se viola si el Estado manda al solicitante a un tercer país sin realizar una evaluación individualizada del caso del reclamante y las leyes de refugiados del tercer país, para determinar si el solicitante tendrá la posibilidad de buscar asilo en el tercer país”, expone la denuncia ante el órgano jurídico de la OEA.
En sus muchos mensajes al gobierno de Peña Nieto desde su cuenta personal de Twitter, Trump le ha exigido al saliente presidente mexicano que limite la libertad de movimiento de los migrantes, con tal de que no lleguen a la frontera norte.
Para el caso de la caravana centroamericana que viaja por México, el gobierno de Peña Nieto ofreció a sus integrantes empleo, servicios sanitarios y sociales por medio del programa que llamó “Estás en tu casa”.
La presunta acción humanitaria de Peña Nieto se interpreta como respuesta a las exigencias de Trump de restringir la libertad de movimiento de los migrantes, ya que les condiciona las bondades del programa a que se queden en Chiapas y Oaxaca.
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