De la impunidad institucional a la justicia interamericana: el caso Ernestina Ascencio

CASO ERNESTINA ASCENCIO

De la impunidad institucional a la justicia interamericana: el caso Ernestina Ascencio

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, en el caso de Ernestina Ascencio, la responsabilidad internacional de México por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y salud. | Fred Álvarez

La Silla Rota, OPINIÓN el 17/12/2025 · 22:07 hs;

"Hoy celebro la vida de dos personas muy especiales: mi hijo Fred Alberto en su 41 aniversario, y mi gran amigo, el periodista Jorge Meléndez, quien llega a los 81 demostrando que la edad es solo un número. ¡Felicidades a ambos! Queda pendiente ese trago para celebrar como se debe".

Antecedentes: el crimen en la Sierra de Zongolica

El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, fue agredida física y sexualmente en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Su familia la localizó a solo 300 metros de la base militar “García”, perteneciente al 63° Batallón de Infantería. Antes de perder el conocimiento, doña Ernestina identificó a sus agresores como hombres con "clavos en el pecho" —en alusión a las insignias militares—, denunciando haber sido maniatada y sometida por elementos del Ejército.

El muro de la negligencia médica y lingüística

La desatención del Estado comenzó en el sector salud. Ernestina enfrentó un retraso de 10 horas para recibir cuidados básicos debido a clínicas rurales cerradas y la precariedad de los servicios locales. Su traslado debió realizarse en una camioneta de carga ante la ausencia de ambulancias en su comunidad.

A la gravedad de sus lesiones se sumó un aislamiento lingüístico absoluto. La omisión del Estado al no proveer intérpretes de lengua náhuatl violentó su derecho a la comunicación y a la dignidad, dejando a la víctima y a su familia en una indefensión total frente a los sistemas médico y legal.

La construcción de la "Verdad Oficial"

Tras su fallecimiento el 26 de febrero, el caso se tornó en un emblema de la fabricación de pruebas y la interferencia política. Aunque la necropsia inicial detectó violencia sexual, el rumbo de la justicia fue alterado por una narrativa de encubrimiento coordinada.

Prejuicio ejecutivo: el 13 de marzo de 2007, antes de concluir las investigaciones, el presidente Felipe Calderón afirmó prematuramente que “no hay rastros de que (la señora) haya sido violada”, marcando la línea política que seguirían las instituciones.

El giro de la CNDH: el 29 de marzo de 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó conclusiones basadas en una segunda autopsia que negaban traumatismos y desgarros vaginales, descartando implícitamente la violación.

Finalmente, el 19 de abril de 2007, el entonces Ombudsman nacional . Jose´Luis Sobernes-, presentó un dictamen que reducía un crimen violento a una "anemia aguda por úlceras gástricas". Esta narrativa de la "gastritis crónica" permitió al Estado cerrar el caso sin señalar responsables directos.

El camino hacia la justicia internacional

Ante la ineficacia de los recursos legales en México, el caso escaló al Sistema Interamericano en 2012, recorriendo un largo camino de rectificación.

2017: la CIDH determinó que los hechos constituían presuntas violaciones graves y actos de tortura.

2021: en un ejercicio de autocrítica histórica, la CNDH emitió la Recomendación 45VG/2021, reconociendo que su actuación inicial fue deficiente y que el caso fue un feminicidio perpetrado por militares.

2023: ante el incumplimiento de las reparaciones, el caso fue sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Sentencia: un precedente contra el olvido

Este 16 de diciembre de 2025, el proceso ha culminado con una sentencia histórica. 

El fallo de la Corte IDH es contundente al declarar la responsabilidad internacional de México por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y salud.

El Tribunal desmantela casi dos décadas de mentiras oficiales, recordándole al Estado Mexicano que el fuero militar y las jerarquías políticas no están por encima de la dignidad humana. Esta sentencia no solo repara la memoria de doña Ernestina, sino que establece un estándar de diligencia reforzada para las autoridades en casos de violencia contra mujeres indígenas, resaltando la interseccionalidad del racismo, el etarismo y la militarización.

La justicia, aunque tardía, ha llegado para confirmar lo que la Sierra de Zongolica supo desde aquel 2007: el Estado mintió para proteger a una institución, pero la verdad terminó por imponerse.

Consulta aquí el documento completo de la sentencia. 

:https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/es/vid/1098746473

El Tribunal declaró la responsabilidad internacional de México por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y salud. El fallo enfatiza la interseccionalidad de la violencia, señalando cómo el racismo, el etarismo (edad avanzada) y la militarización del contexto se combinaron para garantizar la impunidad.

La calificación de la violación sexual como acto de tortura subraya el uso de la violencia como herramienta de control en contextos de poder militar.

Reacción y cumplimiento: el desafío del Estado

Tras el fallo, la administración actual manifestó su compromiso de acatar la resolución. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Estado cumplirá con las acciones específicas ordenadas por la Corte, incluyendo:

Investigación penal efectiva para sancionar a los responsables materiales.

Reparación integral a los hijos de la víctima.

Reformas estructurales, como la presencia de intérpretes de lenguas indígenas en centros de salud para evitar la repetición de estos hechos.

Aunque la actual administración atribuye la responsabilidad a los manejos del pasado (periodo de Calderón), la sentencia vincula al Estado Mexicano como institución continua. El acatamiento de este fallo es una señal positiva, pero el verdadero reto radica en que esta disposición se traslade a todos los casos de abusos de poder y violaciones a derechos humanos que aún aguardan justicia. 

Como demuestra el caso de doña Ernestina, la justicia puede tardar décadas, pero su llegada desmantela las verdades fabricadas y restaura, finalmente, la dignidad de las víctimas. La ley es la ley.

Mi primer comentario en la red.

https://www.youtube.com/watch?v=qUOsYHltAlg&t=27s