Empecemos por entender el terreno que pisamos: la Inteligencia Artificial no es magia, es un campo de la informática diseñado para imitar nuestras capacidades. Usa algoritmos y montañas de datos para aprender, razonar y tomar decisiones. Desde asistentes de voz hasta diagnósticos médicos, la IA (especialmente la generativa) busca ser cada vez más autónoma y creativa, procesando información compleja a través de redes neuronales. Pero, ¿a qué costo está aprendiendo tanto?
La periodista Esther Paniagua puso el dedo en la llaga con una frase que debería hacernos mucho ruido: "La verdad no puede depender de Google". El problema es mucho más serio de lo que parece. Las empresas de IA se han dedicado a "barrer" internet, llevándose por delante décadas de trabajo de escritores, científicos y periodistas. Se están apropiando de un conocimiento que no crearon, sin pedir permiso y, lo que es peor, sin dar absolutamente nada a cambio.
¿Cuál es la trampa? Antes, Google era un puente: te ayudaba a encontrar la noticia. Hoy, el chatbot es una pared: te da la respuesta ya masticada para que no salgas de su interfaz. El resultado es devastador, pues el tráfico a las fuentes originales se ha desplomado casi un 100%. Nos estamos quedando encerrados en una burbuja de cristal diseñada por algoritmos que no quieren que te vayas.
Esto no es solo un problema de clics o de tecnología; es un golpe directo al corazón de la democracia:
El periodismo se asfixia: Sin visitas no hay anuncios, y sin anuncios no hay dinero para pagar corresponsales de guerra, investigadores ni equipos de verificación.
El poder se queda sin vigilancia: Si matamos al medio que investiga, solo nos queda la versión de una empresa privada. Una empresa que siempre va a priorizar que pases más tiempo en su app (atención) por encima de si lo que te dice es real (veracidad).
¿Qué podemos hacer? Esther propone una línea de defensa urgente: empezar por aplicar multas que de verdad les duelan a las "Big Tech" por abuso de poder, siguiendo el ejemplo de la Unión Europea. También es vital que paguen lo justo: que estas plataformas compartan sus ganancias —al menos la mitad— con quienes generan la información. Hay que ser claros: sin creadores humanos, la IA no tiene nada que decir.
Finalmente, debemos exigir transparencia total: que abran la "caja negra" de sus algoritmos. Tenemos el derecho básico de saber por qué nos muestran lo que nos muestran y bajo qué intereses.
Al final del día, la tecnología debe servirnos para ampliar nuestro mundo, no para que una empresa nos dicte qué es verdad y qué no.
Recomiendo mucho leer a Esther Paniagua, analista tecnológica y autora de Manual de defensa algorítmica (Prodigioso Volcán) y Error 404. ¿Preparados para un mundo sin internet? (Debate). Su artículo "La verdad no puede depender de Google" es una lectura obligada para entender lo que nos estamos jugando.
"La verdad no puede depender de Google"
El País, Viernes, 19/Dic/2025
La historia se repite, y no aprendemos. Dos décadas de colonización digital no han servido de alerta para proteger nuestro ecosistema informativo y nuestra democracia ante el asedio de la IA y las grandes tecnológicas. Hemos fallado en prevenir la nueva ola de canibalización de datos y contenido, y nos enfrentamos a las consecuencias: un oligopolio cognitivo que nos está costando la convivencia y el entendimiento. Primero fue Google, luego Meta y ahora los gigantes de la IA generativa con sus sistemas de extracción de todo el contenido sobre la faz de internet y, si les dejamos, de la Tierra. Expolian el material, se lo apropian y dejan fuera de juego a sus autores, convirtiéndose en los grandes guardianes de un conocimiento que no han creado. Y, para colmo, a menudo lo regurgitan de manera incorrecta.
A pesar de ello, para muchas personas lo que diga la IA es suficiente. La mayoría no se molesta en hacer clic en los enlaces para comprobar su veracidad. Para muestra, un estudio de TollBit que dice que los chatbots envían un 96% menos de tráfico a webs informativas y blogs que las búsquedas tradicionales. La paradoja es que tenemos más acceso a más fuentes de información que nunca, y acabamos recurriendo a una sola. Los chatbots y resultados de IA son la cárcel informativa de nuestro tiempo. Desintermedian, una vez más, al resto de actores del ecosistema informativo, justo cuando más se les necesita. Y acabamos encerrados en cámaras de eco, desinformación, bulos, charlatanes y propaganda.
Las big tech y las empresas de IA generativa acaparan porciones crecientes del pastel publicitario, fagocitando los pilares esenciales de la sostenibilidad de los medios: la generación de valor (la información) y su fuente de ingresos (los anunciantes). Estos invierten en redactores, corresponsales y equipos de verificación y edición que acaban trabajando para las máquinas. Las grandes plataformas hacen caja mientras las empresas periodísticas se degradan y, con ellas, el bien público que representan. Sin una prensa libre y un flujo abierto de información no hay verificación, ni contrapesos, ni pluralidad, ni una ciudadanía informada. La democracia no puede delegar su sistema de verdad en empresas cuyo negocio depende de la atención —no de la veracidad— y que deciden qué vemos sin transparencia ni rendición de cuentas.
La crisis del periodismo y la erosión del debate público a la que asistimos es una consecuencia directa de la concentración de poder digital y de la enorme asimetría entre quienes producen conocimiento y quienes lo explotan sin límites, que es imperativo contrarrestar. Europa cuenta con herramientas legales para ello, desde las leyes de competencia hasta las que afectan a los mercados digitales y la IA, y los marcos de propiedad intelectual. La Comisión Europea impuso este septiembre a Google una multa de 2.950 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad digital. Ahora investiga al buscador por posible uso, sin su permiso, del contenido de medios de comunicación y creadores, tanto para entrenar su IA Gemini como en los resultados que ofrece.
Meta también se enfrenta a una investigación por posible conducta anticompetitiva con la IA en WhatsApp. En España, la compañía deberá indemnizar con 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital y agencias por competencia desleal. X, por su parte, tendrá que pagar una multa de 120 millones de euros en la Unión Europea por falta de transparencia publicitaria y por el diseño engañoso de su marca azul de verificación.
Son pasos necesarios pero insuficientes. Solo en EE UU se calcula que Google y Meta deberían pagar a los medios unos 12.000 millones de dólares anuales (más de 10.000 millones de euros), considerando que una división justa daría a los editores el 50% de los ingresos relacionados con noticias obtenidos por estas plataformas. Y eso era en 2023, antes de la integración de la IA generativa en buscadores y numerosos productos. Las investigaciones deben ampliarse a estos casos, y a las empresas de IA generativa. No solo por el uso masivo de contenido protegido para entrenar sus sistemas, sino por su impacto económico y estructural en todo el ecosistema informativo.
Por otra parte, se han ganado batallas en materia de derechos de autor, pero no podemos fiarlo todo a litigios interminables ni a resoluciones de tribunales que a menudo carecen de conocimientos técnicos para evaluar correctamente los sistemas de IA. Además, el marco legal no cubre correctamente su funcionamiento.
Hace falta una acción política y social decidida para equilibrar el ecosistema informativo: exigir transparencia algorítmica, garantizar mecanismos de compensación y exclusión del uso de contenidos, aplicar de forma coordinada las herramientas legales existentes, reforzar la protección de los autores, devolver a las personas el control sobre su régimen informativo, y blindar el papel de los medios como instituciones democráticas esenciales.
La verdad no puede depender de Google y sus secuaces, pero lo cierto es que lo hace. Y, con ella, nuestra capacidad colectiva para interpretar el mundo, debatirlo y avanzar como sociedades. Las grandes tecnológicas no pueden quedar impunes cuando dañan el interés público. No está en juego un sector económico, sino las condiciones mismas de la democracia. Si no damos la batalla ahora, quizá mañana sea tarde.
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