Desde Pemex y la Sener, millonarios contratos para amigos panistas
JESUSA CERVANTES
JESUSA CERVANTES
Revista Proceso # 1708, 26 de julio de 2009;
El diputado federal electo César Nava, candidato oficial a dirigir el Partido Acción Nacional, compartió la cuestionada trayectoria de Felipe Calderón en el sector energético. Como consta en la relación de contratos que se asignaron cuando él encabezó las áreas jurídicas de Pemex y de la Secretaría de Energía, Nava favoreció a bufetes y litigantes afines a la élite panista para que realizaran trabajos que le correspondía hacer al área que él mismo encabezaba.
Desde los altos cargos que tuvo en el sector energético, César Nava Vázquez, quien ahora pretende reencauzar al panismo nacional, autorizó adjudicaciones directas de contratos y facilitó asignaciones por invitación restringida a despachos de abogados simpatizantes del PAN o bien a proveedores ligados a Vicente Fox y a Felipe Calderón, como Transportes Especializados Ivancar, propiedad de la familia de quien fue secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Así lo muestra una serie de documentos –de los cuales Proceso tiene copia–, entre ellos 26 contratos asignados por Nava a diversos despachos, primero cuando fungió como abogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex) de octubre de 2001 al mismo mes de 2003, y después cuando encabezó la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía (Sener) de octubre de 2003 a mayo de 2005, cuando el titular de la dependencia era Felipe Calderón.
Esos 26 contratos autorizados por Nava ascendieron en conjunto a 249 millones 318 mil 919 pesos y ninguno se sujetó al procedimiento de licitación pública, es decir, los entregó de manera directa o invitando a tan sólo tres concursantes.
Para ello, Nava se respaldó en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su capítulo tercero, “De las excepciones de la licitación pública”, artículo 41, párrafo I, permite asignar contratos de manera directa cuando “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados”.
En siete de esos casos, Nava se respaldó en la fracción X del mismo artículo, la cual indica que cuando se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, se puede realizar la licitación con invitación a tres proveedores, entre los que deberá incluirse a instituciones educativas.
Sin embargo, quienes finalmente se quedaron con estos contratos y cobraron sumas millonarias por ellos no tienen nada que ver con centros de estudio, sino con despachos de abogados cercanos al PAN.
Estos juicios, encargados a bufetes privados, los debió enfrentar orgánicamente el equipo de Nava, primero como abogado general de Pemex y luego como titular del área jurídica de la Sener, donde conservaba la obligación de supervisar todos los contratos del sector.
La función del panista era lograr que Pemex (y en su momento la Sener) contaran “con seguridad y certeza jurídica en sus operaciones”, como él mismo lo estableció en su Plan estratégico de la función jurídica 2002-2006, que dio a conocer el 12 de diciembre de 2002, cuando era abogado general de la paraestatal.
El hecho de que, en ambos cargos, Nava haya transferido sus obligaciones y responsabilidades a la iniciativa privada tuvo un costo adicional de casi 250 millones de pesos para el erario federal.
De los 26 casos entregados a la iniciativa privada, 11 correspondieron a juicios por incumplimiento de contrato correspondientes a la subsidiaria Pemex-Refinación, ya que a partir de 2002 los organismos subsidiarios trasladaron sus unidades jurídicas a las del abogado general de Pemex.
El 12 de diciembre de 2002, el entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, destacó la labor de César Nava como abogado general y dijo que al concentrarse todos los asuntos en su oficina Pemex estaría “en la vanguardia en materia jurídica al contar con herramientas para el funcionamiento de un área jurídica institucional que garantice la prestación de un servicio jurídico de excelencia”.
Los contratos entregados a despachos de abogados particulares muestran que no ocurrió así. Por ejemplo, para resolver el pleito que la empresa Conproca entabló contra Pemex-Refinación por incumplimiento de contrato en la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, en 2003, el panista autorizó un pago de 75 millones 520 mil 19 pesos a un despacho particular, que además perdió el litigio, por lo que Pemex quedó obligado a pagar 700 millones de dólares a la demandante.
Esta práctica de trasladar las obligaciones del área jurídica de una dependencia a despachos privados fue cuestionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 9 de agosto de 2005, cuando exhortó a Pemex-Refinación a evitar la contratación de abogados para su defensa, toda vez “que se incurre en duplicidad de funciones y genera (con ello) un alto costo económico”.
Amigos de Fox y de Calderón
Nava asumió la dirección jurídica de Pemex en octubre de 2001. Para marzo de 2002, el poderoso dirigente del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps, ya enfrentaba acusaciones del gobierno federal por haber desviado mil 500 millones de pesos de la paraestatal hacia la campaña presidencial del PRI en 2000.
Y en lugar de que Pemex, que entregó el dinero a Romero Deschamps, colaborara con el Ministerio Público federal en la investigación del llamado Pemexgate, César Nava asignó de manera directa un contrato de 31 millones 500 mil pesos al despacho MYT Penalistas, S.C., para que hiciera el trabajo que le correspondía a su área.
En ese entonces el propio César Nava, en sus oficinas, no quiso dar una entrevista pero aceptó ante esta reportera que no entraría a ese asunto (la denuncia por el desvío de recursos) “por temor a Romero Deschamps”.
El 15 de marzo de 2002, el abogado general firmó el contrato SC-20-140/2002 a favor de MYT Penalistas, S.C., que en nueve meses cobró los 31.5 millones de pesos por “coadyuvar al Ministerio Público en la integración de las averiguaciones previas y apoyo en la defensa de asuntos litigiosos en materia penal”, según consta en la relación de los trabajos delegados por Nava.
Como relató el reportero Álvaro Delgado en Proceso 1560, Nava dictaminó que las tareas de coadyuvancia con la Procuraduría General de la República “no se pueden realizar con el personal y recursos técnicos disponibles” y por eso Pemex contrató al mencionado despacho, cuyo “socio administrador” es Marco Antonio del Toro Carazo, un abogado costarricense radicado en México, que fue asesor de Vicente Fox en su campaña presidencial de 2000 y después formó parte de su equipo de transición.
En entrevista con Delgado, Nava pretendió negar su responsabilidad en esa contratación: “No es un contrato adjudicado por mí ni firmado por mí”. Cuando el reportero insistió, tuvo que admitir: “Lo conocí, por supuesto, habida cuenta de que la coadyuvancia era necesaria”. El documento lleva la firma de dos colaboradores de Nava.
Del Toro Carazo se ha mantenido cerca del PAN y del actual presidente de la República: el 1 de agosto de 2006 apareció como responsable de la publicación de un desplegado en el que “la comunidad jurídica” demandaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que validara el triunfo de Felipe Calderón en la elección presidencial.
Aunque Nava no quiso colaborar directamente con la PGR para investigar el desvío de fondos hacia el PRI, sí contrató por un mes al despacho estadunidense Wine & Maney para que supervisara el juicio entre el sindicato y la empresa Arriba Limited, creada por el exlíder sindical Joaquín Hernández Galicia y que demandaba al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por incumplimiento en la entrega de cientos de barriles de petróleo. El costo de este servicio fue de 1 millón 9 mil 400 pesos.
Otro despacho beneficiado por Nava con una adjudicación directa fue González Calvillo, S.C. Su titular, Enrique González Calvillo, fungió como “secretario” de la agrupación Amigos de Fox, a través de la cual Lino Korrodi recaudó fondos para la campaña foxista del año 2000.
En entrevista con esta reportera (Proceso 1335, del 2 junio de 2002), Enrique González comentó sobre su papel en Amigos de Fox: “Nunca hice acciones propias de un secretario, sólo le ayudé a Lino a constituir la agrupación porque necesitaban un abogado y yo soy su amigo. Acudí a petición de él, y a Vicente Fox lo conocí el día en que informamos de la constitución (del grupo)”.
Tres años después de que Fox llegó a la Presidencia, al despacho González Calvillo, S.C. se le asignó el contrato SC-50-715/2003, por 5 millones de pesos, por invitación restringida, y con duración del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2003, para suministrar “asesoría en la revisión, análisis y estudios del estado actual que guardan los derechos de propiedad intelectual de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios en México y España, y en su caso la realización de todos los actos necesarios para la defensa de los mismos derechos”.
Al año siguiente, 2004, el mismo despacho recibió su segundo contrato –esta vez por adjudicación directa– con vigencia del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2004 y por 10 millones de pesos, es decir por la mitad de tiempo de trabajo y el doble de honorarios. El concepto fue el mismo, como consta en el contrato SC-95-901/2004: “Servicios profesionales para la asesoría y defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”.
Despachos consentidos
Entre 2003 y 2005, Pemex asignó de manera directa tres contratos al despacho Jáuregui, Navarrete, Nader y Rojas, S.C., por un total de 75 millones 520 mil 19 pesos (aunque extraoficialmente se informó que la firma recibió uno más, con lo que el monto total sería de 85.5 millones).
Estos contratos tuvieron como objeto la defensa de la paraestatal durante 15 meses en el juicio que interpuso en su contra el consorcio Conproca, S.A. de C.V., encargado de reconfigurar la refinería de Cadereyta.
En los contratos SC-85-371/2003, por 28 millones 750 mil pesos; SC-95-576/2004 por 29 millones 770 mil 019.93, y el SC-95-356/2005 por 27 millones de pesos, se establece que se adquieren “servicios para continuar con la defensa de Pemex-Refinación en el juicio 11760/KGA seguido por Conproca, S.A de C.V., en contra de Pemex-Refinación ante la Corte Internacional de Arbitraje, Cámara de Comercio Internacional”.
A pesar de las altas sumas pagadas al despacho Jáuregui, Navarrete, Nader y Rojas, S.C. por un trabajo que debió realizar el abogado general de Pemex, se perdió el litigio por cerca de 700 millones de dólares.
Así mismo, en enero de 2002 Pemex-Refinación decidió revisar un contrato que tenía con Mexicana de Lubricantes (Mexlub) e Impulsora Jalisciense para ver la posibilidad de darlo por terminado.
Para ello, César Nava adjudicó de manera directa a Alfonso López Melih un contrato por 450 mil pesos. Cuando las empresas afectadas entablaron un juicio, López Melih contó con la ayuda del despacho Quijano, Cortina, López y De la Torre, en el que trabajó anteriormente y al que Pemex le pagó 15 millones de pesos por tres meses de trabajo.
Finalmente, en 2003 la paraestatal le entregó 17 millones de pesos a Alfonso López Melih y a Javier Quijano Baz a cambio de un mes de trabajo. Así, Nava les adjudicó de manera directa contratos por un total de 32 millones 450 mil pesos.
Otro despacho beneficiado de esta forma fue el de Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S.C., del que era socio Santiago Creel Miranda, que obtuvo un contrato por 1 millón 100 mil pesos por una “consultoría para el desarrollo del proyecto denominado Estudio jurídico sobre la implementación de una flota petrolera para el servicio a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”, según consta en el contrato SC-10-070/2003.
Otro caso de “duplicidad de funciones” y “alto costo económico” –consecuencias de esta práctica, según la SFP– fue el de los contratos SC-10-421/2004, SC-10-422/2004, SC-10-423/2004 y SC-10-424/2004, que juntos suman 18 millones de pesos y se asignaron a cuatro firmas distintas: Lic. Miguel Ángel Pino Sánchez, Marcos Chávez y Abogados S.C., Lic. Ricardo Manuel Terán González, y Lic. Rodrigo Roel Olvera.
Estos despachos prestaron en 2004 servicios de “abatimiento de juicios laborales en contra de Pemex”, que son atribución directa del abogado general de la paraestatal. No obstante, César Nava –que en ese entonces era titular de Asuntos Jurídicos de la Sener y tuvo que conocer estos contratos– prefirió delegar las responsabilidades en la iniciativa privada, beneficiando a esas firmas con la adjudicación directa.
En ese mismo año, el director de Pemex-Refinación, Juan Bueno Torio, decidió cancelar el convenio que la subsidiaria tenía desde 1993 con la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga y la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex y Empresas Sustitutas, A.C. Su intención era integrar en el padrón de proveedores a nuevos empresarios del ramo, como Autotransportes Flensa, de la que es socio Javier Fox, hermano de Vicente Fox Quesada.
La anulación de este contrato le costó a Pemex 9 millones 439 mil 500 pesos, que fue el pago al abogado Abelardo Antonio Ayala García para que hiciera frente a los exproveedores inconformes.
A Ayala García se le entregaron los contratos SC-85-765/2004, vigente del 11 de octubre al 31 de diciembre de 2004, y el SC-95-670/2005, de octubre a diciembre de 2005, cada uno por 4 millones 719 mil 750 pesos, con el objeto de brindar asesoría “en los procesos instrumentados y, en sus caso, aquellos que pudieran instrumentarse por transportistas en contra de Pemex-Refinación por virtud de la terminación del convenio de prestación de servicios de transporte terrestre por autotanque”.
El paso de César Nava Vázquez por el sector energético no sólo benefició a la iniciativa privada con cerca de 250 millones de pesos, sino que además –según publicó la reportera Ana Lilia Pérez en la revista Contralínea de la segunda quincena de febrero de 2008– este panista cercano a Felipe Calderón dio por terminado un litigio donde presuntamente se incurrió en prevaricato, y en 2003 ordenó a sus abogados que negociaran el adeudo con el municipio de Coatzacoalcos. Pemex pagó 241 millones de pesos.
Cuando todavía estaba vigente el litigio, Marcelo Montiel, en ese entonces presidente del municipio veracruzano, comentó a la prensa local que destinaría el dinero a la construcción de un túnel subterráneo, obra promovida por Emilio Baños Urquijo, entonces suegro de César Nava y actual esposo de la comisionada del Instituto Nacional de Migración, la también panista Cecilia Romero.
A Nava también le tocó autorizar, como abogado general de Pemex, la adjudicación directa de dos contratos a la empresa de Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V., propiedad de la familia de Juan Camilo Mouriño, que siempre formó parte del grupo compacto de Felipe Calderón.
El primer contrato (GTT-0142-01/2002), por 7 millones 859 mil 627 pesos, se le asignó a Ivancar el 20 de diciembre de 2001 para transportar hidrocarburos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002.
Antes de que concluyera ese período, el 20 de diciembre, se le entregó a dicha empresa otro contrato por 16 millones 600 mil pesos y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003. Posteriormente se le autorizó un pago de 8 millones 300 mil pesos para que cubriera nuevas rutas de distribución.
Una vez fuera de Pemex, Nava pasó a ser el director de la Unidad del Área Jurídica de la Sener, de octubre de 2003 a mayo de 2005. Durante ese lapso, Ivancar recibió otros dos contratos (GTT-00142-01/204 y GTT-00142-01/2005) por 18 millones de pesos, de los cuales tuvo que estar enterado el exsecretario particular de Felipe Calderón.
El diputado federal electo César Nava, candidato oficial a dirigir el Partido Acción Nacional, compartió la cuestionada trayectoria de Felipe Calderón en el sector energético. Como consta en la relación de contratos que se asignaron cuando él encabezó las áreas jurídicas de Pemex y de la Secretaría de Energía, Nava favoreció a bufetes y litigantes afines a la élite panista para que realizaran trabajos que le correspondía hacer al área que él mismo encabezaba.
Desde los altos cargos que tuvo en el sector energético, César Nava Vázquez, quien ahora pretende reencauzar al panismo nacional, autorizó adjudicaciones directas de contratos y facilitó asignaciones por invitación restringida a despachos de abogados simpatizantes del PAN o bien a proveedores ligados a Vicente Fox y a Felipe Calderón, como Transportes Especializados Ivancar, propiedad de la familia de quien fue secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Así lo muestra una serie de documentos –de los cuales Proceso tiene copia–, entre ellos 26 contratos asignados por Nava a diversos despachos, primero cuando fungió como abogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex) de octubre de 2001 al mismo mes de 2003, y después cuando encabezó la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía (Sener) de octubre de 2003 a mayo de 2005, cuando el titular de la dependencia era Felipe Calderón.
Esos 26 contratos autorizados por Nava ascendieron en conjunto a 249 millones 318 mil 919 pesos y ninguno se sujetó al procedimiento de licitación pública, es decir, los entregó de manera directa o invitando a tan sólo tres concursantes.
Para ello, Nava se respaldó en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su capítulo tercero, “De las excepciones de la licitación pública”, artículo 41, párrafo I, permite asignar contratos de manera directa cuando “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados”.
En siete de esos casos, Nava se respaldó en la fracción X del mismo artículo, la cual indica que cuando se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, se puede realizar la licitación con invitación a tres proveedores, entre los que deberá incluirse a instituciones educativas.
Sin embargo, quienes finalmente se quedaron con estos contratos y cobraron sumas millonarias por ellos no tienen nada que ver con centros de estudio, sino con despachos de abogados cercanos al PAN.
Estos juicios, encargados a bufetes privados, los debió enfrentar orgánicamente el equipo de Nava, primero como abogado general de Pemex y luego como titular del área jurídica de la Sener, donde conservaba la obligación de supervisar todos los contratos del sector.
La función del panista era lograr que Pemex (y en su momento la Sener) contaran “con seguridad y certeza jurídica en sus operaciones”, como él mismo lo estableció en su Plan estratégico de la función jurídica 2002-2006, que dio a conocer el 12 de diciembre de 2002, cuando era abogado general de la paraestatal.
El hecho de que, en ambos cargos, Nava haya transferido sus obligaciones y responsabilidades a la iniciativa privada tuvo un costo adicional de casi 250 millones de pesos para el erario federal.
De los 26 casos entregados a la iniciativa privada, 11 correspondieron a juicios por incumplimiento de contrato correspondientes a la subsidiaria Pemex-Refinación, ya que a partir de 2002 los organismos subsidiarios trasladaron sus unidades jurídicas a las del abogado general de Pemex.
El 12 de diciembre de 2002, el entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, destacó la labor de César Nava como abogado general y dijo que al concentrarse todos los asuntos en su oficina Pemex estaría “en la vanguardia en materia jurídica al contar con herramientas para el funcionamiento de un área jurídica institucional que garantice la prestación de un servicio jurídico de excelencia”.
Los contratos entregados a despachos de abogados particulares muestran que no ocurrió así. Por ejemplo, para resolver el pleito que la empresa Conproca entabló contra Pemex-Refinación por incumplimiento de contrato en la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, en 2003, el panista autorizó un pago de 75 millones 520 mil 19 pesos a un despacho particular, que además perdió el litigio, por lo que Pemex quedó obligado a pagar 700 millones de dólares a la demandante.
Esta práctica de trasladar las obligaciones del área jurídica de una dependencia a despachos privados fue cuestionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 9 de agosto de 2005, cuando exhortó a Pemex-Refinación a evitar la contratación de abogados para su defensa, toda vez “que se incurre en duplicidad de funciones y genera (con ello) un alto costo económico”.
Amigos de Fox y de Calderón
Nava asumió la dirección jurídica de Pemex en octubre de 2001. Para marzo de 2002, el poderoso dirigente del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps, ya enfrentaba acusaciones del gobierno federal por haber desviado mil 500 millones de pesos de la paraestatal hacia la campaña presidencial del PRI en 2000.
Y en lugar de que Pemex, que entregó el dinero a Romero Deschamps, colaborara con el Ministerio Público federal en la investigación del llamado Pemexgate, César Nava asignó de manera directa un contrato de 31 millones 500 mil pesos al despacho MYT Penalistas, S.C., para que hiciera el trabajo que le correspondía a su área.
En ese entonces el propio César Nava, en sus oficinas, no quiso dar una entrevista pero aceptó ante esta reportera que no entraría a ese asunto (la denuncia por el desvío de recursos) “por temor a Romero Deschamps”.
El 15 de marzo de 2002, el abogado general firmó el contrato SC-20-140/2002 a favor de MYT Penalistas, S.C., que en nueve meses cobró los 31.5 millones de pesos por “coadyuvar al Ministerio Público en la integración de las averiguaciones previas y apoyo en la defensa de asuntos litigiosos en materia penal”, según consta en la relación de los trabajos delegados por Nava.
Como relató el reportero Álvaro Delgado en Proceso 1560, Nava dictaminó que las tareas de coadyuvancia con la Procuraduría General de la República “no se pueden realizar con el personal y recursos técnicos disponibles” y por eso Pemex contrató al mencionado despacho, cuyo “socio administrador” es Marco Antonio del Toro Carazo, un abogado costarricense radicado en México, que fue asesor de Vicente Fox en su campaña presidencial de 2000 y después formó parte de su equipo de transición.
En entrevista con Delgado, Nava pretendió negar su responsabilidad en esa contratación: “No es un contrato adjudicado por mí ni firmado por mí”. Cuando el reportero insistió, tuvo que admitir: “Lo conocí, por supuesto, habida cuenta de que la coadyuvancia era necesaria”. El documento lleva la firma de dos colaboradores de Nava.
Del Toro Carazo se ha mantenido cerca del PAN y del actual presidente de la República: el 1 de agosto de 2006 apareció como responsable de la publicación de un desplegado en el que “la comunidad jurídica” demandaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que validara el triunfo de Felipe Calderón en la elección presidencial.
Aunque Nava no quiso colaborar directamente con la PGR para investigar el desvío de fondos hacia el PRI, sí contrató por un mes al despacho estadunidense Wine & Maney para que supervisara el juicio entre el sindicato y la empresa Arriba Limited, creada por el exlíder sindical Joaquín Hernández Galicia y que demandaba al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por incumplimiento en la entrega de cientos de barriles de petróleo. El costo de este servicio fue de 1 millón 9 mil 400 pesos.
Otro despacho beneficiado por Nava con una adjudicación directa fue González Calvillo, S.C. Su titular, Enrique González Calvillo, fungió como “secretario” de la agrupación Amigos de Fox, a través de la cual Lino Korrodi recaudó fondos para la campaña foxista del año 2000.
En entrevista con esta reportera (Proceso 1335, del 2 junio de 2002), Enrique González comentó sobre su papel en Amigos de Fox: “Nunca hice acciones propias de un secretario, sólo le ayudé a Lino a constituir la agrupación porque necesitaban un abogado y yo soy su amigo. Acudí a petición de él, y a Vicente Fox lo conocí el día en que informamos de la constitución (del grupo)”.
Tres años después de que Fox llegó a la Presidencia, al despacho González Calvillo, S.C. se le asignó el contrato SC-50-715/2003, por 5 millones de pesos, por invitación restringida, y con duración del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2003, para suministrar “asesoría en la revisión, análisis y estudios del estado actual que guardan los derechos de propiedad intelectual de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios en México y España, y en su caso la realización de todos los actos necesarios para la defensa de los mismos derechos”.
Al año siguiente, 2004, el mismo despacho recibió su segundo contrato –esta vez por adjudicación directa– con vigencia del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2004 y por 10 millones de pesos, es decir por la mitad de tiempo de trabajo y el doble de honorarios. El concepto fue el mismo, como consta en el contrato SC-95-901/2004: “Servicios profesionales para la asesoría y defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”.
Despachos consentidos
Entre 2003 y 2005, Pemex asignó de manera directa tres contratos al despacho Jáuregui, Navarrete, Nader y Rojas, S.C., por un total de 75 millones 520 mil 19 pesos (aunque extraoficialmente se informó que la firma recibió uno más, con lo que el monto total sería de 85.5 millones).
Estos contratos tuvieron como objeto la defensa de la paraestatal durante 15 meses en el juicio que interpuso en su contra el consorcio Conproca, S.A. de C.V., encargado de reconfigurar la refinería de Cadereyta.
En los contratos SC-85-371/2003, por 28 millones 750 mil pesos; SC-95-576/2004 por 29 millones 770 mil 019.93, y el SC-95-356/2005 por 27 millones de pesos, se establece que se adquieren “servicios para continuar con la defensa de Pemex-Refinación en el juicio 11760/KGA seguido por Conproca, S.A de C.V., en contra de Pemex-Refinación ante la Corte Internacional de Arbitraje, Cámara de Comercio Internacional”.
A pesar de las altas sumas pagadas al despacho Jáuregui, Navarrete, Nader y Rojas, S.C. por un trabajo que debió realizar el abogado general de Pemex, se perdió el litigio por cerca de 700 millones de dólares.
Así mismo, en enero de 2002 Pemex-Refinación decidió revisar un contrato que tenía con Mexicana de Lubricantes (Mexlub) e Impulsora Jalisciense para ver la posibilidad de darlo por terminado.
Para ello, César Nava adjudicó de manera directa a Alfonso López Melih un contrato por 450 mil pesos. Cuando las empresas afectadas entablaron un juicio, López Melih contó con la ayuda del despacho Quijano, Cortina, López y De la Torre, en el que trabajó anteriormente y al que Pemex le pagó 15 millones de pesos por tres meses de trabajo.
Finalmente, en 2003 la paraestatal le entregó 17 millones de pesos a Alfonso López Melih y a Javier Quijano Baz a cambio de un mes de trabajo. Así, Nava les adjudicó de manera directa contratos por un total de 32 millones 450 mil pesos.
Otro despacho beneficiado de esta forma fue el de Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S.C., del que era socio Santiago Creel Miranda, que obtuvo un contrato por 1 millón 100 mil pesos por una “consultoría para el desarrollo del proyecto denominado Estudio jurídico sobre la implementación de una flota petrolera para el servicio a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”, según consta en el contrato SC-10-070/2003.
Otro caso de “duplicidad de funciones” y “alto costo económico” –consecuencias de esta práctica, según la SFP– fue el de los contratos SC-10-421/2004, SC-10-422/2004, SC-10-423/2004 y SC-10-424/2004, que juntos suman 18 millones de pesos y se asignaron a cuatro firmas distintas: Lic. Miguel Ángel Pino Sánchez, Marcos Chávez y Abogados S.C., Lic. Ricardo Manuel Terán González, y Lic. Rodrigo Roel Olvera.
Estos despachos prestaron en 2004 servicios de “abatimiento de juicios laborales en contra de Pemex”, que son atribución directa del abogado general de la paraestatal. No obstante, César Nava –que en ese entonces era titular de Asuntos Jurídicos de la Sener y tuvo que conocer estos contratos– prefirió delegar las responsabilidades en la iniciativa privada, beneficiando a esas firmas con la adjudicación directa.
En ese mismo año, el director de Pemex-Refinación, Juan Bueno Torio, decidió cancelar el convenio que la subsidiaria tenía desde 1993 con la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga y la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex y Empresas Sustitutas, A.C. Su intención era integrar en el padrón de proveedores a nuevos empresarios del ramo, como Autotransportes Flensa, de la que es socio Javier Fox, hermano de Vicente Fox Quesada.
La anulación de este contrato le costó a Pemex 9 millones 439 mil 500 pesos, que fue el pago al abogado Abelardo Antonio Ayala García para que hiciera frente a los exproveedores inconformes.
A Ayala García se le entregaron los contratos SC-85-765/2004, vigente del 11 de octubre al 31 de diciembre de 2004, y el SC-95-670/2005, de octubre a diciembre de 2005, cada uno por 4 millones 719 mil 750 pesos, con el objeto de brindar asesoría “en los procesos instrumentados y, en sus caso, aquellos que pudieran instrumentarse por transportistas en contra de Pemex-Refinación por virtud de la terminación del convenio de prestación de servicios de transporte terrestre por autotanque”.
El paso de César Nava Vázquez por el sector energético no sólo benefició a la iniciativa privada con cerca de 250 millones de pesos, sino que además –según publicó la reportera Ana Lilia Pérez en la revista Contralínea de la segunda quincena de febrero de 2008– este panista cercano a Felipe Calderón dio por terminado un litigio donde presuntamente se incurrió en prevaricato, y en 2003 ordenó a sus abogados que negociaran el adeudo con el municipio de Coatzacoalcos. Pemex pagó 241 millones de pesos.
Cuando todavía estaba vigente el litigio, Marcelo Montiel, en ese entonces presidente del municipio veracruzano, comentó a la prensa local que destinaría el dinero a la construcción de un túnel subterráneo, obra promovida por Emilio Baños Urquijo, entonces suegro de César Nava y actual esposo de la comisionada del Instituto Nacional de Migración, la también panista Cecilia Romero.
A Nava también le tocó autorizar, como abogado general de Pemex, la adjudicación directa de dos contratos a la empresa de Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V., propiedad de la familia de Juan Camilo Mouriño, que siempre formó parte del grupo compacto de Felipe Calderón.
El primer contrato (GTT-0142-01/2002), por 7 millones 859 mil 627 pesos, se le asignó a Ivancar el 20 de diciembre de 2001 para transportar hidrocarburos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002.
Antes de que concluyera ese período, el 20 de diciembre, se le entregó a dicha empresa otro contrato por 16 millones 600 mil pesos y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003. Posteriormente se le autorizó un pago de 8 millones 300 mil pesos para que cubriera nuevas rutas de distribución.
Una vez fuera de Pemex, Nava pasó a ser el director de la Unidad del Área Jurídica de la Sener, de octubre de 2003 a mayo de 2005. Durante ese lapso, Ivancar recibió otros dos contratos (GTT-00142-01/204 y GTT-00142-01/2005) por 18 millones de pesos, de los cuales tuvo que estar enterado el exsecretario particular de Felipe Calderón.
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Persisten los ilícitos
JESUSA CERVANTES
Aunque César Nava ya no es el abogado general de Pemex, persisten las anomalías en los concursos de licitación de obras promovidos por la paraestatal a través de la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. (Comesa), según se quejan algunos de los participantes afectados.
Un ejemplo, dicen, es el de la licitación número 18200002-016-09, actualmente en curso, para la “contratación y administración de personal” que realizará estudios sismológicos en Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas, Campeche, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.
Uno de los entrevistados, quien pide omitir su identidad por temor a que la dependencia lo retire de la lista de empresas concursantes en las futuras licitaciones, explica que todo se originó el año pasado cuando se lanzó la licitación 18200002-01-08, mediante la cual se contrató a obreros y profesionistas para el período comprendido entre el 25 de febrero y el 31 de diciembre.
Según el entrevistado, en ese proceso hubo “un manejo faccioso” de las bases para beneficiar a un proveedor: Quality Laboral Services, S.A. de C.V. Inconforme con el resultado, la firma Proyección y Administración Empresarial de México, una de las perdedoras, solicitó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), un copia de la documentación de Comesa sobre la propuesta técnica y económica del contrato firmado con Quality por un monto de 399 millones de pesos.
Sin embargo, Comesa lanzó otra licitación –la 18200002-006-09– en marzo pasado para sustituir, según arguyó, el convenio 18200002-01-08, pese a que debió haberlo hecho antes de que terminara el anterior, el 31 de diciembre de 2008. Según los organizadores, el nuevo contrato tendría una vigencia del 15 de abril al 31 de diciembre de 2011.
Ante ese retraso de por lo menos tres meses, atribuible a la empresa convocante (Comesa), el acuerdo con Quality –que originalmente era de 399 millones de pesos y debió concluir el 31 de diciembre de 2008– se amplió. Hasta la fecha, esa compañía ha cobrado 750 millones de pesos, casi el doble de lo acordado al principio, según los entrevistados.
El 30 de marzo último, fecha en que debió ocurrir el fallo, Comesa canceló la licitación; alegó que la empresa contratada para realizar el estudio técnico y económico se equivocó en sus cálculos y se negó a dar el nombre de la compañía.
El argumento, según el acta de esa sesión de presentación y apertura de proposiciones, fue que “por un error se expresaron en algunos casos referencias de niveles y conceptos en forma equivocada, lo cual se traduce en considerar para determinados niveles de puestos, salarios mayores de los que realmente deben ser de acuerdo al nivel del puesto, propiciando con ello que el licitante incremente sus costos y como consecuencia representaría para la entidad un daño o perjuicio”.
En abril se realizó una segunda junta de aclaraciones de la licitación 1820000-006-09, en la que se informó que el monto del contrato alcanzará mil 988 millones 358 mil 469 pesos. En esa ocasión la empresa Proyección y Administración Empresarial de México se lanzó de nuevo contra Comesa, a la que acusó de favorecer a Quality.
Además, según los entrevistados, Comesa modificó las bases de licitación. Durante siete años, sostienen, únicamente solicitaba un respaldo económico de 40 millones de pesos. Ahora, agregan, en el punto 8.8 demanda 134 millones de pesos –¡más del triple!–; pero lo más curioso es que no sólo exige a los participantes la acreditación con estados financieros del último ejercicio fiscal, “sino mediante una carta expedida por una institución financiera”.
En esa junta de abril, el representante de Proyección y Administración empresarial preguntó: “¿Por qué se pide acreditar la capacidad financiera mediante una carta expedida por una institución financiera autorizada por Hacienda y no sobre estados financieros dictaminados de las empresas licitantes?” No hubo respuesta.
Los “errores” persistieron, insisten los inconformes, y una vez más se canceló la licitación. Pese a ello, aceptaron presentarse a una siguiente convocatoria, que se inició el lunes 6 de julio y continuó el miércoles 15, fecha en que los participantes entregaron sus propuestas económicas.
El último aplazamiento
El miércoles 15, Proceso estuvo presente en el acto de apertura de propuestas. Uno de los concursantes cuestionó el procedimiento y las facilidades que, arguyó, Comesa ha dado a Quality desde 2008; incluso mencionó que es posible que la nueva licitación fuera entregada a otra empresa, Excel Technical Services de México, que, según él, puede ser “pantalla de la misma Quality”.
Así mismo, presentó un escrito en el que detalla el “inadecuado actuar” del jefe de Departamento de Adquisiciones y Obras Públicas de Comesa, Juan Fernando Meza Zavala, durante las juntas de aclaraciones precedentes. El documento alude también a las “claras preferencias (de Comesa) hacia Quality”; además, demanda una revisión y una auditoría a los contratos firmados con anterioridad así como al cumplimento de obligaciones fiscales y laborales por parte de dicha empresa.
Ello se debe a que, de acuerdo con las bases de la licitación para entregar el contrato que hoy tiene Quality (el 13200002-01-08), que empezó a operar el 24 de febrero de 2008 y debió concluir el 31 de diciembre de ese mismo año, los concursantes debían acreditar experiencia en el manejo de por lo menos 500 empleados en un mismo ejercicio fiscal y comprobarlo mediante el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El documento del IMSS denominado Consulta numérica de patrones, fechado el 24 de septiembre de 2008, cuya copia tiene Proceso, establece que Quality sólo cuenta con 293 empleados, por lo que incumplió con el clausulado del contrato firmado con Comesa.
Meza Zavala impidió que se diera lectura al documento del participante inconforme. Contrariado por la actuación del funcionario, el autor del escrito solicitó la intervención del representante del Órgano de Control Interno (OIC) de Comesa, Arturo González Abud.
“Me están limitando mis derechos constitucionales”, dijo. Pero González Abud no respondió; los otros funcionarios incluso lo reprendieron porque, según ellos, ese no era el lugar adecuado para su reclamo; además, le dijeron que no había las condiciones para realizar la lectura.
Y cuando el representante del OIC se enteró de la presencia de la reportera de Proceso, prometió una entrevista para aclarar las dudas. Sin embargo, al término del encuentro, que duró cinco horas, se excusó y dijo que no estaba autorizado para declarar sobre ese tema.
Durante ese tiempo González Abud, el jefe de Departamento de Administración de Personal de Comesa, Héctor Díaz Pascual, y cuatro funcionarios más, cuya tarea era dar fe y soporte técnico sobre la aceptación o no de la información entregada por las empresas concursantes, nunca se acercaron a verificar la documentación que Quality y las otras empresas presentaron.
Los empleados de Comesa, por su parte, no restringieron la entrada, incluso permitieron que los participantes tomaran fotos con sus celulares, lo cual está prohibido en ese tipo de eventos, mientras que ellos videogrababan a los asistentes. Sólo el representante de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Alejandro Frank Díaz, estuvo atento a la apertura de cada propuesta.
Al término del encuentro, Comesa informó que el fallo se daría a conocer el miércoles 22, sin embargo, luego del enfrentamiento entre los concursantes y representantes de esa compañía, Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción, para la cual trabaja Comesa, debió presentar un informe sobre el largo y accidentado proceso de licitación a los directivos de la paraestatal.
Después de que Morales Gil entregó el documento en las oficinas corporativas de Pemex –Proceso tuvo acceso a la lectura de una copia–, Comesa optó por diferir el fallo para el miércoles 29. Según la compañía, se realizó “la sexta mesa de asesoramiento… y como no se ha concluido la evaluación técnica”, se aplazó el fallo una semana más de lo programado.
En tanto, el autor del escrito que provocó la tensión en el encuentro del miércoles 15, presentó una denuncia ante la SFP el jueves 16, contra los funcionarios de Comesa por las irregularidades cometidas en el proceso de licitación.
JESUSA CERVANTES
Aunque César Nava ya no es el abogado general de Pemex, persisten las anomalías en los concursos de licitación de obras promovidos por la paraestatal a través de la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. (Comesa), según se quejan algunos de los participantes afectados.
Un ejemplo, dicen, es el de la licitación número 18200002-016-09, actualmente en curso, para la “contratación y administración de personal” que realizará estudios sismológicos en Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas, Campeche, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.
Uno de los entrevistados, quien pide omitir su identidad por temor a que la dependencia lo retire de la lista de empresas concursantes en las futuras licitaciones, explica que todo se originó el año pasado cuando se lanzó la licitación 18200002-01-08, mediante la cual se contrató a obreros y profesionistas para el período comprendido entre el 25 de febrero y el 31 de diciembre.
Según el entrevistado, en ese proceso hubo “un manejo faccioso” de las bases para beneficiar a un proveedor: Quality Laboral Services, S.A. de C.V. Inconforme con el resultado, la firma Proyección y Administración Empresarial de México, una de las perdedoras, solicitó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), un copia de la documentación de Comesa sobre la propuesta técnica y económica del contrato firmado con Quality por un monto de 399 millones de pesos.
Sin embargo, Comesa lanzó otra licitación –la 18200002-006-09– en marzo pasado para sustituir, según arguyó, el convenio 18200002-01-08, pese a que debió haberlo hecho antes de que terminara el anterior, el 31 de diciembre de 2008. Según los organizadores, el nuevo contrato tendría una vigencia del 15 de abril al 31 de diciembre de 2011.
Ante ese retraso de por lo menos tres meses, atribuible a la empresa convocante (Comesa), el acuerdo con Quality –que originalmente era de 399 millones de pesos y debió concluir el 31 de diciembre de 2008– se amplió. Hasta la fecha, esa compañía ha cobrado 750 millones de pesos, casi el doble de lo acordado al principio, según los entrevistados.
El 30 de marzo último, fecha en que debió ocurrir el fallo, Comesa canceló la licitación; alegó que la empresa contratada para realizar el estudio técnico y económico se equivocó en sus cálculos y se negó a dar el nombre de la compañía.
El argumento, según el acta de esa sesión de presentación y apertura de proposiciones, fue que “por un error se expresaron en algunos casos referencias de niveles y conceptos en forma equivocada, lo cual se traduce en considerar para determinados niveles de puestos, salarios mayores de los que realmente deben ser de acuerdo al nivel del puesto, propiciando con ello que el licitante incremente sus costos y como consecuencia representaría para la entidad un daño o perjuicio”.
En abril se realizó una segunda junta de aclaraciones de la licitación 1820000-006-09, en la que se informó que el monto del contrato alcanzará mil 988 millones 358 mil 469 pesos. En esa ocasión la empresa Proyección y Administración Empresarial de México se lanzó de nuevo contra Comesa, a la que acusó de favorecer a Quality.
Además, según los entrevistados, Comesa modificó las bases de licitación. Durante siete años, sostienen, únicamente solicitaba un respaldo económico de 40 millones de pesos. Ahora, agregan, en el punto 8.8 demanda 134 millones de pesos –¡más del triple!–; pero lo más curioso es que no sólo exige a los participantes la acreditación con estados financieros del último ejercicio fiscal, “sino mediante una carta expedida por una institución financiera”.
En esa junta de abril, el representante de Proyección y Administración empresarial preguntó: “¿Por qué se pide acreditar la capacidad financiera mediante una carta expedida por una institución financiera autorizada por Hacienda y no sobre estados financieros dictaminados de las empresas licitantes?” No hubo respuesta.
Los “errores” persistieron, insisten los inconformes, y una vez más se canceló la licitación. Pese a ello, aceptaron presentarse a una siguiente convocatoria, que se inició el lunes 6 de julio y continuó el miércoles 15, fecha en que los participantes entregaron sus propuestas económicas.
El último aplazamiento
El miércoles 15, Proceso estuvo presente en el acto de apertura de propuestas. Uno de los concursantes cuestionó el procedimiento y las facilidades que, arguyó, Comesa ha dado a Quality desde 2008; incluso mencionó que es posible que la nueva licitación fuera entregada a otra empresa, Excel Technical Services de México, que, según él, puede ser “pantalla de la misma Quality”.
Así mismo, presentó un escrito en el que detalla el “inadecuado actuar” del jefe de Departamento de Adquisiciones y Obras Públicas de Comesa, Juan Fernando Meza Zavala, durante las juntas de aclaraciones precedentes. El documento alude también a las “claras preferencias (de Comesa) hacia Quality”; además, demanda una revisión y una auditoría a los contratos firmados con anterioridad así como al cumplimento de obligaciones fiscales y laborales por parte de dicha empresa.
Ello se debe a que, de acuerdo con las bases de la licitación para entregar el contrato que hoy tiene Quality (el 13200002-01-08), que empezó a operar el 24 de febrero de 2008 y debió concluir el 31 de diciembre de ese mismo año, los concursantes debían acreditar experiencia en el manejo de por lo menos 500 empleados en un mismo ejercicio fiscal y comprobarlo mediante el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El documento del IMSS denominado Consulta numérica de patrones, fechado el 24 de septiembre de 2008, cuya copia tiene Proceso, establece que Quality sólo cuenta con 293 empleados, por lo que incumplió con el clausulado del contrato firmado con Comesa.
Meza Zavala impidió que se diera lectura al documento del participante inconforme. Contrariado por la actuación del funcionario, el autor del escrito solicitó la intervención del representante del Órgano de Control Interno (OIC) de Comesa, Arturo González Abud.
“Me están limitando mis derechos constitucionales”, dijo. Pero González Abud no respondió; los otros funcionarios incluso lo reprendieron porque, según ellos, ese no era el lugar adecuado para su reclamo; además, le dijeron que no había las condiciones para realizar la lectura.
Y cuando el representante del OIC se enteró de la presencia de la reportera de Proceso, prometió una entrevista para aclarar las dudas. Sin embargo, al término del encuentro, que duró cinco horas, se excusó y dijo que no estaba autorizado para declarar sobre ese tema.
Durante ese tiempo González Abud, el jefe de Departamento de Administración de Personal de Comesa, Héctor Díaz Pascual, y cuatro funcionarios más, cuya tarea era dar fe y soporte técnico sobre la aceptación o no de la información entregada por las empresas concursantes, nunca se acercaron a verificar la documentación que Quality y las otras empresas presentaron.
Los empleados de Comesa, por su parte, no restringieron la entrada, incluso permitieron que los participantes tomaran fotos con sus celulares, lo cual está prohibido en ese tipo de eventos, mientras que ellos videogrababan a los asistentes. Sólo el representante de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Alejandro Frank Díaz, estuvo atento a la apertura de cada propuesta.
Al término del encuentro, Comesa informó que el fallo se daría a conocer el miércoles 22, sin embargo, luego del enfrentamiento entre los concursantes y representantes de esa compañía, Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción, para la cual trabaja Comesa, debió presentar un informe sobre el largo y accidentado proceso de licitación a los directivos de la paraestatal.
Después de que Morales Gil entregó el documento en las oficinas corporativas de Pemex –Proceso tuvo acceso a la lectura de una copia–, Comesa optó por diferir el fallo para el miércoles 29. Según la compañía, se realizó “la sexta mesa de asesoramiento… y como no se ha concluido la evaluación técnica”, se aplazó el fallo una semana más de lo programado.
En tanto, el autor del escrito que provocó la tensión en el encuentro del miércoles 15, presentó una denuncia ante la SFP el jueves 16, contra los funcionarios de Comesa por las irregularidades cometidas en el proceso de licitación.
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