Frente michoacano: la élite y los de abajo
JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y FRANCISCO CASTELLANOS
Revista Proceso # 1708, 26 de julio de 2009;
En su primera semana, el nuevo despliegue militar en Michoacán sólo tuvo efectos propagandísticos, igual que las bravuconerías del secretario de Gobernación. En un recorrido por varios municipios, este semanario comprobó que las fuerzas federales no han retomado el control del estado. Son notorias las fallas de coordinación entre el Ejército, la Marina y la Policía Federal y, sobre todo, la diferencia de cómo viven los miembros de cada corporación en “el frente de batalla”. También ahí existen los de arriba y los de abajo...
El despliegue fue espectacular: mil soldados en formación, pertrechados con fusiles y bazucas, en el patio de base de la XXI Zona Militar en Morelia, para enmarcar el reto que horas después lanzó en la Ciudad de México el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a La Familia michoacana: “Los estamos esperando”.
La madrugada del lunes 20, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) movilizó a la prensa de la capital del país a Morelia para que diera cuenta del arribo, esa mañana, de los últimos mil de un total de 2 mil 500 efectivos que envió a Michoacán como respuesta a los ataques de la organización delictiva, que entre el sábado 11 y el miércoles 15 mató a 20 policías federales e hirió a 18.
Pero la exhibición de armas, vehículos artillados y efectivos de Infantería, Artillería y Operaciones Especiales, el discurso sobre el respeto a los derechos humanos y los sobrevuelos de helicópteros con periodistas en la capital michoacana, se quedaron en actos de propaganda, al menos en la primera semana del operativo reforzado.
En un recorrido de más de mil kilómetros, realizado por Proceso entre el lunes 20 y el viernes 24 por Tierra Caliente y la Costa –zonas bajo control de La Familia– no se encontró ni un retén o convoy militar.
Al día siguiente del escenográfico despliegue militar, Gómez Mont se reunió con el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, en la Secretaría de Gobernación. Después salió a retar a los narcos:
“En su lógica primaria no estaba enfrentar al Estado, lo están haciendo directamente: señores, los estamos esperando. Métanse con la autoridad y no con los ciudadanos. Los estamos esperando, esa es una invitación que les hacemos.”
Y cuatro días después del despliegue, la Sedena admitió la falta de coordinación. El viernes 24, el periódico Reforma informó que los mandos territoriales de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública federal definieron horas antes sus áreas de vigilancia: el Ejército, la sierra, pueblos y ciudades; la Marina, costas y montañas cercanas al mar; y la Policía Federal, zonas urbanas cercanas a las carreteras y autopistas.
Proceso comprobó que sólo en Morelia esas fuerzas realizan vigilancia conjunta, pues cada una llegó a Michoacán con su propia estrategia.
La única que se conoce es precisamente el envío de los 2 mil 500 efectivos para reforzar a los mil que ya estaban en el estado.
Al frente del operativo está la comandancia de la XII Región Militar, con base en Irapuato y que abarca Guanajuato, Michoacán y Querétaro. La encabeza el general de brigada Rafael de Jesús Ballesteros Topete, que en 1968 obtuvo un reconocimiento por sus “actos de guerra” del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
Esa estrategia incluye el establecimiento de 25 bases de operación para crear un cinturón de seguridad en Morelia, así como 67 bases de operaciones motorizadas de patrullaje y nueve de operaciones mixtas con la Policía Federal. Sin embargo, después de las imágenes difundidas por la prensa, los michoacanos no han vuelto a ver al Ejército.
En el recorrido por Morelia, Nueva Italia, Cuatro Caminos, Gabriel Zamora, Las Cañas, Arteaga, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío, Tepalcatepec, Coalcomán, Buena Vista, Apatzingán y Uruapan, este semanario no encontró ni un solo retén del Ejército, sólo filtros de la Policía Federal y un puesto de revisión de la Zona Naval poco antes de llegar al puerto de Lázaro Cárdenas.
Abusos y rechazo
Un jefe militar explicó a Reforma la situación de los primeros días del operativo: “Nos encontrábamos de frente militares y policías sin coordinación. En la costa vimos volar helicópteros de la Marina, sin saber para qué; en Pátzcuaro habíamos militares y federales en un solo lugar, pero sin comunicarnos… Había un despliegue de fuerza, pero sin idea”.
En Apatzingán, base del 47 Batallón de Infantería y municipio de fuerte presencia de La Familia, Proceso comprobó que la Policía Federal guardó sus vehículos en las instalaciones, pero los agentes permanecían parados en la calle.
Más delicado fue el motín de elementos de las secciones 2 y 3 del Décimo Segundo Agrupamiento de la Policía Federal, registrado el martes 21 en Lázaro Cárdenas. Los uniformados se negaron incluso a hacer recorridos y rondines, pues acusan a la SSP, encabezada por Genaro García Luna, de retención de salarios, bajas injustificadas y malos tratos.
En una carta con fotografías enviada a la Redacción de Proceso, los inconformes comunicaron que ese día, después de la formación, se negaron a realizar operativos. Fue su forma de protestar por el trato “indigno” que les da la corporación y, sobre todo, porque la SSP les debe tres meses de sueldo.
Añadieron que mientras ellos se quedan afuera del cuartel de la Policía Federal ametrallado la semana antepasada por La Familia, el Agrupamiento Vigésimo Segundo está resguardado en un hotel, protegido con camiones blindados conocidos como “rinocerontes”.
Dicen que también están en situación vulnerable sus compañeros destacados en Nueva Italia: “Ahí, de cuatro a cinco compañeros apiñados comen y duermen” en casas de campaña.
Por si fuera poco, aseguran, la SSP “está corriendo a todos los elementos de la generación de octubre y noviembre de 2008. Desde (el operativo) de Ciudad Juárez comenzaron las bajas. A la fecha, han sido mil 200 elementos, de los 2 mil 400 de esa generación. Los que escribimos somos los que quedan de esa generación y tenemos temor de que nos corran”.
Explican: “Nos pagan tres meses y nos detienen un mes y medio el pago. Todos somos de fuera y durante ese tiempo no enviamos dinero a nuestras familias. Entramos a la Policía Federal para conseguir un mejor nivel de vida y miren lo que nos hacen; nos corren y luego nadie nos contrata”.
Pero ellos no son los únicos que padecen esas anomalías: “Eso pasa no sólo en los agrupamientos que estamos en Michoacán, sino en todo el país”.
Suponen que las bajas tienen por objeto que ellos no generen antigüedad ni prestaciones: “Cada rato nos realizan exámenes de control de confianza y después de seis meses vamos para afuera. Trabajamos por contrato. En las primeras bajas corrieron a 600 compañeros de los distintos agrupamientos. Luego siguieron otros 600 de la Unidad de Rescate y Orden Público (UROP)”.
Ahora, sostienen, “nos salieron con que nuestros expedientes se extraviaron. Con eso, el procedimiento de ingreso se viene abajo”. Encima, “es claro que si nos quejamos, nos llaman para hacernos pruebas de control de confianza y nos dan de baja”.
Y rematan en su carta: “A muchos compañeros los obligan a que se cambien de bando, pues ya están capacitados por el gobierno para el manejo de armas, tácticas y estrategias, trabajos de inteligencia, y al no encontrar trabajo pues (…) se van con los del otro bando”.
Entrevistado el jueves 23, el comandante Pedro Manuel García Trujillo, inspector del Agrupamiento Décimo Segundo, acepta que se suspendieron los pagos “por cuestión de cierres fiscales. Ellos (los elementos) no entienden; ni nosotros, sólo los administrativos de la secretaría”.
Sobre el amotinamiento, advirtió que esa infracción al reglamento de la SSP se castiga con la baja y que “ya viene en camino personal de asuntos internos para investigar los hechos”.
El descontento de los policías federales le da vigencia a la denuncia que en marzo de 2008 hizo a Proceso (edición 1637) el entonces coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva –hoy Policía Federal– Javier Herrera Valles, sobre la ineficacia del Operativo Conjunto Michoacán por la falta de coordinación entre la SSP y la Sedena.
Sometido a proceso judicial y encarcelado tras esas declaraciones por tener supuestos vínculos con el narcotráfico, Herrera Valles aseguró entonces que las fuerzas federales fueron enviadas “a la guerra sin información, con pocas armas y sin soporte de inteligencia. Andábamos haciendo el ridículo por todos lados, confundidos con las órdenes y las contraórdenes que nos giraban nuestros jefes”.
Pero el malestar ya se generalizó. Los dueños de los hoteles ya no quieren tener de huéspedes a los policías federales. En Apatzingán, las propietarias del hotel Posada del Sol decidieron sacarlos luego de que La Familia los atacó ahí el sábado 11.
“No queremos problemas con los huéspedes, por lo que decidimos cerrar dos días el hotel. Además, el gobierno federal no pagó un solo centavo en reparación de daños, pese a que aquí estaban las tropas federales. Por eso dijimos: no señor, ya no los queremos.”
En Lázaro Cárdenas opinan lo mismo. Como dice un hotelero: “Son un imán para la delincuencia organizada, y luego se van y no pagan el daño ocasionado cuando los atacan”.
JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y FRANCISCO CASTELLANOS
Revista Proceso # 1708, 26 de julio de 2009;
En su primera semana, el nuevo despliegue militar en Michoacán sólo tuvo efectos propagandísticos, igual que las bravuconerías del secretario de Gobernación. En un recorrido por varios municipios, este semanario comprobó que las fuerzas federales no han retomado el control del estado. Son notorias las fallas de coordinación entre el Ejército, la Marina y la Policía Federal y, sobre todo, la diferencia de cómo viven los miembros de cada corporación en “el frente de batalla”. También ahí existen los de arriba y los de abajo...
El despliegue fue espectacular: mil soldados en formación, pertrechados con fusiles y bazucas, en el patio de base de la XXI Zona Militar en Morelia, para enmarcar el reto que horas después lanzó en la Ciudad de México el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a La Familia michoacana: “Los estamos esperando”.
La madrugada del lunes 20, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) movilizó a la prensa de la capital del país a Morelia para que diera cuenta del arribo, esa mañana, de los últimos mil de un total de 2 mil 500 efectivos que envió a Michoacán como respuesta a los ataques de la organización delictiva, que entre el sábado 11 y el miércoles 15 mató a 20 policías federales e hirió a 18.
Pero la exhibición de armas, vehículos artillados y efectivos de Infantería, Artillería y Operaciones Especiales, el discurso sobre el respeto a los derechos humanos y los sobrevuelos de helicópteros con periodistas en la capital michoacana, se quedaron en actos de propaganda, al menos en la primera semana del operativo reforzado.
En un recorrido de más de mil kilómetros, realizado por Proceso entre el lunes 20 y el viernes 24 por Tierra Caliente y la Costa –zonas bajo control de La Familia– no se encontró ni un retén o convoy militar.
Al día siguiente del escenográfico despliegue militar, Gómez Mont se reunió con el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, en la Secretaría de Gobernación. Después salió a retar a los narcos:
“En su lógica primaria no estaba enfrentar al Estado, lo están haciendo directamente: señores, los estamos esperando. Métanse con la autoridad y no con los ciudadanos. Los estamos esperando, esa es una invitación que les hacemos.”
Y cuatro días después del despliegue, la Sedena admitió la falta de coordinación. El viernes 24, el periódico Reforma informó que los mandos territoriales de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública federal definieron horas antes sus áreas de vigilancia: el Ejército, la sierra, pueblos y ciudades; la Marina, costas y montañas cercanas al mar; y la Policía Federal, zonas urbanas cercanas a las carreteras y autopistas.
Proceso comprobó que sólo en Morelia esas fuerzas realizan vigilancia conjunta, pues cada una llegó a Michoacán con su propia estrategia.
La única que se conoce es precisamente el envío de los 2 mil 500 efectivos para reforzar a los mil que ya estaban en el estado.
Al frente del operativo está la comandancia de la XII Región Militar, con base en Irapuato y que abarca Guanajuato, Michoacán y Querétaro. La encabeza el general de brigada Rafael de Jesús Ballesteros Topete, que en 1968 obtuvo un reconocimiento por sus “actos de guerra” del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
Esa estrategia incluye el establecimiento de 25 bases de operación para crear un cinturón de seguridad en Morelia, así como 67 bases de operaciones motorizadas de patrullaje y nueve de operaciones mixtas con la Policía Federal. Sin embargo, después de las imágenes difundidas por la prensa, los michoacanos no han vuelto a ver al Ejército.
En el recorrido por Morelia, Nueva Italia, Cuatro Caminos, Gabriel Zamora, Las Cañas, Arteaga, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío, Tepalcatepec, Coalcomán, Buena Vista, Apatzingán y Uruapan, este semanario no encontró ni un solo retén del Ejército, sólo filtros de la Policía Federal y un puesto de revisión de la Zona Naval poco antes de llegar al puerto de Lázaro Cárdenas.
Abusos y rechazo
Un jefe militar explicó a Reforma la situación de los primeros días del operativo: “Nos encontrábamos de frente militares y policías sin coordinación. En la costa vimos volar helicópteros de la Marina, sin saber para qué; en Pátzcuaro habíamos militares y federales en un solo lugar, pero sin comunicarnos… Había un despliegue de fuerza, pero sin idea”.
En Apatzingán, base del 47 Batallón de Infantería y municipio de fuerte presencia de La Familia, Proceso comprobó que la Policía Federal guardó sus vehículos en las instalaciones, pero los agentes permanecían parados en la calle.
Más delicado fue el motín de elementos de las secciones 2 y 3 del Décimo Segundo Agrupamiento de la Policía Federal, registrado el martes 21 en Lázaro Cárdenas. Los uniformados se negaron incluso a hacer recorridos y rondines, pues acusan a la SSP, encabezada por Genaro García Luna, de retención de salarios, bajas injustificadas y malos tratos.
En una carta con fotografías enviada a la Redacción de Proceso, los inconformes comunicaron que ese día, después de la formación, se negaron a realizar operativos. Fue su forma de protestar por el trato “indigno” que les da la corporación y, sobre todo, porque la SSP les debe tres meses de sueldo.
Añadieron que mientras ellos se quedan afuera del cuartel de la Policía Federal ametrallado la semana antepasada por La Familia, el Agrupamiento Vigésimo Segundo está resguardado en un hotel, protegido con camiones blindados conocidos como “rinocerontes”.
Dicen que también están en situación vulnerable sus compañeros destacados en Nueva Italia: “Ahí, de cuatro a cinco compañeros apiñados comen y duermen” en casas de campaña.
Por si fuera poco, aseguran, la SSP “está corriendo a todos los elementos de la generación de octubre y noviembre de 2008. Desde (el operativo) de Ciudad Juárez comenzaron las bajas. A la fecha, han sido mil 200 elementos, de los 2 mil 400 de esa generación. Los que escribimos somos los que quedan de esa generación y tenemos temor de que nos corran”.
Explican: “Nos pagan tres meses y nos detienen un mes y medio el pago. Todos somos de fuera y durante ese tiempo no enviamos dinero a nuestras familias. Entramos a la Policía Federal para conseguir un mejor nivel de vida y miren lo que nos hacen; nos corren y luego nadie nos contrata”.
Pero ellos no son los únicos que padecen esas anomalías: “Eso pasa no sólo en los agrupamientos que estamos en Michoacán, sino en todo el país”.
Suponen que las bajas tienen por objeto que ellos no generen antigüedad ni prestaciones: “Cada rato nos realizan exámenes de control de confianza y después de seis meses vamos para afuera. Trabajamos por contrato. En las primeras bajas corrieron a 600 compañeros de los distintos agrupamientos. Luego siguieron otros 600 de la Unidad de Rescate y Orden Público (UROP)”.
Ahora, sostienen, “nos salieron con que nuestros expedientes se extraviaron. Con eso, el procedimiento de ingreso se viene abajo”. Encima, “es claro que si nos quejamos, nos llaman para hacernos pruebas de control de confianza y nos dan de baja”.
Y rematan en su carta: “A muchos compañeros los obligan a que se cambien de bando, pues ya están capacitados por el gobierno para el manejo de armas, tácticas y estrategias, trabajos de inteligencia, y al no encontrar trabajo pues (…) se van con los del otro bando”.
Entrevistado el jueves 23, el comandante Pedro Manuel García Trujillo, inspector del Agrupamiento Décimo Segundo, acepta que se suspendieron los pagos “por cuestión de cierres fiscales. Ellos (los elementos) no entienden; ni nosotros, sólo los administrativos de la secretaría”.
Sobre el amotinamiento, advirtió que esa infracción al reglamento de la SSP se castiga con la baja y que “ya viene en camino personal de asuntos internos para investigar los hechos”.
El descontento de los policías federales le da vigencia a la denuncia que en marzo de 2008 hizo a Proceso (edición 1637) el entonces coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva –hoy Policía Federal– Javier Herrera Valles, sobre la ineficacia del Operativo Conjunto Michoacán por la falta de coordinación entre la SSP y la Sedena.
Sometido a proceso judicial y encarcelado tras esas declaraciones por tener supuestos vínculos con el narcotráfico, Herrera Valles aseguró entonces que las fuerzas federales fueron enviadas “a la guerra sin información, con pocas armas y sin soporte de inteligencia. Andábamos haciendo el ridículo por todos lados, confundidos con las órdenes y las contraórdenes que nos giraban nuestros jefes”.
Pero el malestar ya se generalizó. Los dueños de los hoteles ya no quieren tener de huéspedes a los policías federales. En Apatzingán, las propietarias del hotel Posada del Sol decidieron sacarlos luego de que La Familia los atacó ahí el sábado 11.
“No queremos problemas con los huéspedes, por lo que decidimos cerrar dos días el hotel. Además, el gobierno federal no pagó un solo centavo en reparación de daños, pese a que aquí estaban las tropas federales. Por eso dijimos: no señor, ya no los queremos.”
En Lázaro Cárdenas opinan lo mismo. Como dice un hotelero: “Son un imán para la delincuencia organizada, y luego se van y no pagan el daño ocasionado cuando los atacan”.
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