El caso de las camionetas de "Televisa"

Algo huele mal/Homero Campa, reportero.
Revista Proceso # 1873, 23 de septiembre de 2012

La detención de 18 mexicanos en Nicaragua el pasado 20 de agosto metió en un embrollo a la empresa de Emilio Azcárraga Jean, pues los capturados, que transportaban más de 9 millones de dólares, viajaban en seis camionetas registradas a nombre de Televisa. A partir de ese momento el consorcio –al que se unió la misma procuradora General de la República– se dedicó a negar cualquier relación con aquellas personas y con los vehículos. Pero los desmentidos desaforados en el Canal 2, las explicaciones insuficientes, no impiden advertir el enorme poder del logotipo que ostentaban las unidades decomisadas ni disipan el tufo de sospecha y la sombra de dudas sobre lo ocurrido en ese país centroamericano.
El logotipo de Televisa abre las ventanillas de los módulos de control vehicular de la Ciudad de México para realizar gestiones de manera expedita; permite cruzar sin mayor trámite aduanas y puestos fronterizos de México y de los países de Centroamérica y obliga a las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a realizar investigaciones que deslinden a la empresa de cualquier enredo judicial.
El logotipo de Televisa –apócrifo o no– abre las puertas del poder.
Pero en el caso de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua –acusados de lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes– a Televisa se le revirtió su logotipo: su utilización en seis camionetas tipo Van para transportar por Centroamérica 9.2 millones de dólares, y en las que se encontraron rastros de cocaína, involucró a la empresa de Emilio Azcárraga Jean en un intrincado lío judicial del que se ha deslindado enfáticamente.

El poder notarial

De acuerdo con el expediente que sobre el asunto abrió la Secretaría de Transportes y Vialidad de la Ciudad de México (Setravi), las seis camionetas Chevrolet tipo Van que las autoridades nicaragüenses decomisaron el pasado 20 de agosto fueron registradas a nombre de Televisa utilizando documentos que, en apariencia, eran de la propia empresa: la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, recibos de pago de teléfono, la declaración de valor catastral y de pago de impuesto predial y un poder notarial de la televisora para realizar todo tipo de trámites de vehículos.
Según documentos del expediente –cuyas copias tiene este semanario– los trámites presuntamente los hizo Armando Tavera Sánchez, cuya credencial del IFE señala que vive en calle Sur No. 101 B 533, colonia Sector Popular, en la delegación Iztapalapa. Habría realizado tales gestiones entre diciembre de 2009 y agosto de 2011 en los módulos de control vehicular de las delegaciones Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza.
El expediente señala que se presentó como comprobante de domicilio de Televisa la declaración de valor catastral y pago de impuesto predial del año 2002 correspondiente al edificio de la empresa ubicado en Avenida Chapultepec 18, colonia Doctores. Esta declaración, por cierto, asienta que el valor catastral del inmueble es de 72 millones 131 mil pesos, y el valor catastral “base renta” de 115 millones 320 mil pesos.
También para comprobar dicho domicilio se presentaron facturas por el pago de teléfono a Telmex en las cuales no aparece el número de la línea, pero son por montos de 8 mil pesos mensuales en promedio.
Se presentaron además dos documentos que avalaban a Tavera como representante legal de Televisa: una cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la televisora –clave TEL-721214GK7– y un poder notarial de la empresa. Este último documento fue emitido el 26 de junio de 2003 por la notaría número 100, cuyo titular es Manuel Oliveros Lara.
El documento notarial asienta:
“Televisa, sociedad anónima de capital variable, representada por los señores don Juan Sebastián Mijares Ortega y don Julio Barba Hurtado, ambos en su carácter de apoderados generales, otorga a favor del señor Armando Tavera Sánchez un poder especial, pero tan amplio como en derecho se requiera y sea necesario, para que en nombre y representación de la sociedad poderdante, lleve a cabo todas las gestiones o trámites de carácter fiscal, administrativo, civil y penal que tengan relación con los vehículos automotores propiedad de la sociedad (…) De igual forma, queda autorizado para que lleve a cabo cualquier trámite y/o firme cualquier documento relacionado con el procedimiento de sustitución de placas o matrículas de circulación o reemplacamiento (…).”
Una ficha informativa anexa al expediente hace notar que “la Dirección de Registro Público del Transporte (de la Ciudad de México) cuenta con trámites contemporáneos realizados a nombre de Televisa, S.A. de C.V., en los cuales se aprecia que los documentos utilizados para acreditar la representación legal de la empresa y del representante legal son los mismos a los utilizados en el emplacamiento de las seis unidades que nos ocupan”.
Más aún, la ficha hace referencia a una solicitud que el pasado 27 de agosto realizó ante la Setravi Jesús Alejandro Daniel Araujo Delgado, uno de los representantes legales de Televisa, con el propósito de obtener los expedientes administrativos de las seis camionetas decomisadas en Nicaragua.
Para comprobar su representación legal, Araujo presentó un poder notarial emitido por la notaría número 100, a cargo de Manuel Oliveros. Se trata del mismo notario que presuntamente entregó a Tavera el poder notarial para realizar los trámites de las camionetas decomisadas en Nicaragua.
La ficha informativa apunta: “El poder notarial presentado en las oficinas de la Setravi, que acompaña al escrito de requerimiento de información de fecha 27 de agosto de 2012, con el que la empresa Televisa nombra a sus representantes legales para acreditar su personalidad jurídica, es emitido por la notaría 100 del notario Manuel Oliveros Lara (…) lo cual es importante destacar ya que es la misma notaría que emite el poder notarial a favor de Armando Tavera Sánchez y que fue utilizado para el emplacamiento de las seis unidades que se han detallado, así como de otros trámites vehiculares a nombre de la misma empresa”.

Expediente de la Setravi

De acuerdo con el expediente de la Setravi, entre octubre de 2009 y julio de 2011 Raquel Alatorre Correa, la mujer que lidera al grupo de mexicanos detenidos en Nicaragua, compró cinco de las seis camionetas en la agencia Chevrolet del Parque, con domicilio en León, Guanajuato; la otra la adquirió en Nueva Automotriz Occidental, de Guadalajara, Jalisco. Todas las pagó “al contado” y las facturas se expidieron a su nombre. Luego endosó éstas a favor de Televisa, aunque en una de las facturas no es legible la leyenda del endoso.
A partir de ahí se iniciaron los trámites ante los módulos de control vehicular utilizando la presunta documentación de Televisa anteriormente descrita. La referida nota informativa del expediente señala que tres camionetas fueron dadas de alta como vehículos nuevos en diciembre de 2009, una en junio de 2010 y las dos restantes en agosto de 2011. Alrededor de cinco meses después de esta última fecha tres de las camionetas fueron dadas de baja y posteriormente dadas de nuevo de alta ya como vehículos usados, con lo que se modificaron los números de placas, pero mantuvieron el mismo registro de propiedad: Televisa.
La ficha informativa apunta que en el caso del trámite de una de las camionetas –correspondiente a las placas 886-XCR–, “se detectó” que fue realizado en el módulo de Tlalpan por el operador Luis Aburto Orozco. Consigna que éste tiene “antecedentes de emplacamientos irregulares relacionados con la delincuencia organizada y delitos contra la salud”, por lo que “desde el 20 de abril le fue cancelada la clave de usuario como operador” y se inició un proceso administrativo en su contra.
En ninguna parte del expediente de la Setravi se señala si los documentos presentados a nombre de Televisa son auténticos o falsos. Es la propia televisora la que subrayó que son apócrifos.
El 19 de septiembre El Noticiero, que conduce Joaquín López Dóriga, difundió una nota del reportero Mario Torres, que señaló: “Los trámites de alta vehicular se hicieron con documentación apócrifa ante la Setravi. Como norma, Televisa realiza los trámites de alta y baja de su parque vehicular a través de un gestor debidamente establecido. Los trámites siempre se realizan en el módulo especial que tiene la Setravi para atender empresas como Televisa.
“Desde hace varios años Televisa le ha otorgado un poder notarial para realizar los trámites vehiculares. Una copia de ese poder, que se expidió en 2003 y sólo tenía vigencia de dos años, fue utilizada ilegalmente por Raquel Alatorre Correa para hacer cambios de propietarios. Las autoridades investigan el uso ilegal de este poder.”
Un día después –jueves 20–, también en El Noticiero, una nota del mismo Mario Torres apuntó:
“Noticieros Televisa ha podido documentar que estas camionetas fueron posteriormente registradas a nombre de Televisa utilizando documentación apócrifa presumiblemente sustraída de los archivos de la Setravi, en los que destaca una copia de un poder notarial vencido a favor del gestor que Televisa utiliza normalmente para realizar los trámites. El gestor ha declarado ante las autoridades que investigan el caso que no identifica los vehículos. El poder notarial no lo usa desde 2008.”
Sin embargo el reportero nunca dio el nombre del “gestor” que no identificó los vehículos.
El pasado 29 de agosto Televisa presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) una denuncia por el uso de documentos falsificados para registrar indebidamente como de su propiedad las camionetas incautadas en Nicaragua. Esa dependencia inició apenas la investigación la semana pasada.
En cambio, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda, dependiente de la PGR, solicitó desde el pasado 28 de agosto información a la Setravi sobre los vehículos decomisados y las licencias para conducir de los mexicanos detenidos en Managua. El caso está inscrito en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/209/2012.
A pesar de que dicha investigación no ha concluido, de manera personal y verbal Marisela Morales, titular de la PGR, exoneró a Televisa de cualquier vínculo con los detenidos y con las camionetas.
Entrevistada el jueves 20 por López Dóriga durante su programa de noticias en Radio Fórmula, dijo: “Llevamos una investigación al respecto. Hasta donde vamos, hubo ahí una maquinación de las propias personas que están detenidas; bueno, de una persona (Alatorre) a cuyo nombre están las camionetas. En realidad ya se descubrió cómo fue la maquinación para llegar a poner a nombre de la empresa Televisa, pero no tiene nada que ver con esa empresa”.
Añadió: “Lamentablemente es un caso más en que la delincuencia organizada hace actos en nombre de otro o utiliza el nombre o el prestigio de esas personas que no están ni enteradas. Utilizaron el nombre de la empresa. Es lo que se desprende de la investigación. Pero ni las personas ni los vehículos pertenecen a la empresa”.
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El embajador, al servicio de Televisa

Roberto Fonseca
MANAGUA.- Una comunicación del embajador de México, Rodrigo Labardini, era hasta la semana pasada la “prueba documental” que deslinda a Televisa de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua acusados de lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes.
Se trata del documento NICO2513, fechado el pasado 23 de agosto, en el cual Labardini asegura que los detenidos “no son empleados, técnicos, presentadores o periodistas de la empresa Televisa, S.A.”
Rodrigo Zambrana, fiscal del Ministerio Público, incorporó el documento del embajador como “prueba documental” al Escrito de Intercambio de Información y Prueba que presentó ante el juez Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias de esta capital, Julio César Arias, quien presidió el martes 18 una audiencia sobre el caso.
Esa “prueba documental” provocó una airada protesta de Johana Fonseca, integrante del equipo de los defensores de los detenidos. “Con un documento comunicativo del embajador de México pretenden demostrar que no son trabajadores de Televisa. ¿Desde cuándo tiene el embajador que certificar que no son de Televisa?”, preguntó la abogada en la audiencia.
La propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México aclaró dos días después –jueves 20– que el embajador Labardini elaboró su calificación con base en la información que le proporcionó la propia televisora. “Como parte de las investigaciones, el gobierno de Nicaragua solicitó a la embajada mexicana en Managua corroborar con la empresa Televisa si las personas y vehículos retenidos formaban parte de la planta laboral y vehicular de dicha empresa. La SRE se limitó a hacer la consulta con la empresa y a transmitir la respuesta en sentido negativo a las autoridades nicaragüenses”, apuntó la cancillería en una respuesta oficial entregada al reportero René Cruz, de Noticias MVS.
En el referido Escrito de Intercambio de Información y Prueba, aparece un “recibo de ocupación” –identificado con el número 0573-12– en el que se da cuenta de los bienes incautados a los mexicanos detenidos. En ellos aparecen carnets de Televisa a nombre de cada uno de ellos. Raquel Alatorre, por ejemplo, identificada como jefa del grupo, portaba el número A71438.
Zambrana no fue enfático cuando los periodistas le preguntaron si los vehículos son o no de Televisa y si los detenidos son o no sus empleados.
“La información que tenemos es una comunicación diplomática que señala que ellos no son miembros de este emporio televisivo”, dijo a los periodistas que dieron cobertura a la sesión convocada por el juez Arias.
“Ustedes tienen que comprender que estamos aún en un proceso investigativo en marcha y que ésta es probablemente la primera de las audiencias donde se puedan ofrecer elementos de pruebas y en el transcurso de la investigación se irán dilucidando algunos hechos”, agregó.
“La licenciada”
En el citado documento de la fiscalía, de 34 páginas, se consigna que a Raquel Alatorre se le incautaron un reloj Cartier, un anillo Bvlgari, otro anillo con diamante en forma de triángulo, varias cadenas posiblemente de oro y un iPad de 64 GB.
Cuando fue detenida ella se presentó como periodista y presentadora de televisión. El documento consigna que es “ingeniera en sistemas”. El resto de sus compañeros la llaman “la licenciada” y era quien se encargaba de hacer los trámites aduanales y migratorios en los puestos fronterizos por los que pasaba la caravana de vehículos con los logotipos de Televisa.
Ella presentaba su pasaporte mexicano número 08400011472. Además se encargaba de alquilar habitaciones en hoteles de Centroamérica. Pagaba siempre en efectivo y nunca exigía facturas. En una ocasión incluso olvidó retirar un sobrante de 160 dólares en un hotel.
En el documento de la fiscalía aparece también el Informe Pericial Trazológico TZ-0453-2487-2012, elaborado por el Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional, referido al peritaje de los seis vehículos incautados. En éste se describe el número de “VIN o de chasis” que corresponde a cada placa, cada uno de los cuales está a nombre de Televisa. Todos coinciden con los divulgados por la periodista Carmen Aristegui en su programa de MVS.
El perito trazológico, identificado como teniente Guillermo Rodríguez, concluye lo siguiente: “Que los VIN que poseen los vehículos Vans marca Chevrolet, año 2011, son originales de fábrica, y las placas receptoras de la serie conservan su posición y carecen de remoción”. Sin embargo, añade que “las etiquetas de las puertas delanteras izquierdas fueron eliminadas (borradas)”.
El miércoles 19, durante el noticiario que conduce Joaquín López Dóriga, Televisa sostuvo que los vehículos “fueron dados de alta a nombre de la empresa de manera ilícita”.
El documento consigna las conclusiones de un experto del ente regulador de las telecomunicaciones en Nicaragua, Telcor, el cual valuó dos de los vehículos (placas 165-XXLL y 848-XCJ) en alrededor de 475 mil dólares debido a los equipos de comunicación satelital incorporados en ellos.
El viernes 7, envuelto en el mayor sigilo, el apoderado de Televisa, Ramón Pérez Amador, se presentó ante la fiscal departamental de esta ciudad, Blanca Salgado, para entregarle un fajo de documentos, entre ellos un escrito legal en el cual la televisora niega tener vínculos con los 18 detenidos y rechaza que los vehículos –en los que las autoridades encontraron ocultos 9.2 millones de dólares y rastros de cocaína– y el equipo decomisado sean de su propiedad.
Con base en ello Pérez Amador solicitó a las autoridades de la fiscalía departamental que presenten denuncia contra cualquiera de los 18 mexicanos que haya fabricado o utilizado gafetes o documentos que ostenten el nombre comercial, los logotipos o los colores que son parte de la imagen corporativa de la cadena mexicana de televisión.
Para dar seguimiento a la denuncia, la fiscal Salgado dijo a Proceso que trasladó el caso a la doctora Leyla Prado, quien se encarga de atender los casos de delitos de propiedad intelectual, entre ellos los relacionados con marcas y patentes.
“Es un delito de menor gravedad a los que ahora enfrentan (los 18 mexicanos), pero si se denuncia, nosotros estamos en la obligación de investigarlo”, comentó la funcionaria.
En su opinión se ha abierto un nuevo capítulo en el caso de los detenidos, ya que le corresponderá a la Policía Nacional y al Ministerio Público determinar si los acusa ahora por falsificación, usurpación o alteración de marcas y patentes registradas.
Durante la audiencia del martes 18 el equipo de abogados defensores de los mexicanos, encabezado por José Ramón Rojas Urroz, insistió en desestimar las pruebas testificales, documentales y periciales aportadas por el Ministerio Público. Las consideran un mero “relato acusatorio” ya que, dijeron, no aportan evidencias reales sobre tráfico internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado, delitos que se les imputan a sus clientes.
“¿Se va a demostrar el transporte internacional de estupefacientes con los resultados del Sintrex Trace 2200, que arroja resultados de nanogramos?”, preguntó al juez uno de los defensores. “Este no es el medio de prueba para demostrar el tráfico de estupefacientes. No está certificado tampoco de qué manera estas 18 personas transportaron drogas, en qué cantidades y en qué momentos”, agregó.
Según él lo único que está certificado es que entraron y salieron del país en varias ocasiones, y eso no es delito.
Sin embargo, el juez Arias decidió que había elementos suficientes para iniciar un juicio oral y público contra los acusados, el cual dará comienzo a las nueve de la mañana del próximo 3 de diciembre.