Sobre el fallo de la Corte

Los festejos de la impunidad/Jesús Silva-Herzog Márquez
Publicado en Reforma, 3 diciembre 2007;
La impunidad sonríe. Festeja jactanciosa. Se pavonea con el aval del último tribunal de la nación. El gobernador de Puebla, el gobernante que puso todo el poder público a servicio de la venganza, recibió la exoneración definitiva de la Suprema Corte de Justicia. Ahora el gobernador nos regala perlas de compromiso institucional, consejos de buenos modales y cantos de lealtad a la República. No imagino ninguna democracia que hubiera permitido la sobrevivencia política de un gobernante tras el escándalo de las conversaciones telefónicas que escuchamos. Más allá de su procacidad, las conversaciones daban cuenta de la más perversa utilización del poder
político. No es cosa menor que el servicio se haya prestado para proteger a delincuentes vinculados con el abuso sexual de menores. La gravedad y crueldad del crimen sólo se equiparan a la monstruosidad de la protección. Pero el barullo desatado queda en revuelo mediático, en ridiculizaciones, en chistes y reproches de saliva o garabato. Allá, en el lejano universo de la política, el escándalo es apenas un leve fastidio, un rumor breve y pasajero. La complicidad resulta más poderosa que la legalidad. Invulnerable en su estado por una sólida coraza local, el gobernador recibió el incondicional socorro de su partido. No llegó por eso la sanción política fulminante que merecía el sátrapa.
En ausencia de una correa eficaz de sanciones políticas, la judicatura podría ser el último vehículo de reparación democrática. Así funcionó hace poco tiempo al desmontar la alianza de partidos que agasajaba a los medios con una ley a su medida. La Suprema Corte de Justicia funcionó entonces como contrapeso de una partidocracia sometida a otros poderes. Ahora su mayoría encumbra la impunidad con argumentos impropios de un auténtico tribunal constitucional. Ése es, quizá, el fondo del debate que se libró en el pleno del tribunal. Más allá del caso concreto que se debatió, la Suprema Corte de Justicia polemizaba sobre su papel en la construcción de un Estado democrático. La postura conservadora que se impuso llevó a la Suprema Corte de Justicia a olvidar su sitio en el juego de la legalidad democrática. Los argumentos que se esgrimieron la semana pasada alrededor del caso del gobernador poblano desarrollan, en efecto, una controversia sobre la naturaleza de nuestro tribunal supremo. Mientras unos defienden una Corte que actúa simplemente como un peldaño más de la legalidad ordinaria; otros impulsan un auténtico órgano constitucional que ocupe su lugar como garante de los derechos fundamentales, las autonomías y los contrapoderes.Como atestiguamos ahora, la polémica no es inocua. El conservadurismo jurídico de quienes respaldaron al gobernador de Puebla construye un tribunal para el poder: entrega o ratifica el imperio abusivo que padecemos. Bajo la idea de que el último tribunal es simplemente una instancia jurídica adicional, esta postura pretende que la Corte trate el abuso del político como si se tratase del conflicto entre un arrendatario y su casero. Naturalmente, este acercamiento a las tareas de la Corte significa otorgar autorización plena a los abusos que se cometen desde el poder. En la defensa de la causa del gobernador poblano se percibe una irritación ante la insolencia de un particular que encara a un Ejecutivo local. El ministro Aguirre Anguiano declaraba enfáticamente: "Si a miles de personas las torturan en este país, ¿de qué se queja la señora? ¿Qué la hace diferente o más importante para distraer a la Corte en un caso individual?" Con sus palabras, el ministro desliza su indiferencia por la tortura y su convicción de que el castigo a esa práctica es una "distracción" de las elevadas funciones del tribunal. Lo que hace diferente este caso no es la "señora," según la despectiva expresión del juez, sino la conformación de una red de complicidades que, desde la máxima autoridad gubernativa de un estado, interviene en la actuación del Poder Judicial, en la conducta del órgano de derechos humanos para aplicar una venganza a pedido.Eso es precisamente lo que se demuestra en el dictamen de la comisión investigadora. El caso de la periodista Lydia Cacho no representa un abuso espontáneo por parte de algún silvestre cuerpo policiaco. Su secuestro y su tortura forman parte de una cadena de hechos entrelazados desde la cúspide del gobierno local. Ahí se recibió la petición de escarmentar a la periodista que exhibió la red política de la pederastia en Cancún; ahí se decidió formar un expediente judicial, ahí se ordenó su captura, ahí se determinó el encubrimiento del abuso. El dictamen del ministro Silva Meza mostró un "concierto" de autoridades, una coordinación de órganos federales y locales, de instancias judiciales y administrativas, de instituciones pretendidamente autónomas para vulnerar los derechos de un ciudadano. Ese concierto es la más grave vulneración del régimen constitucional mexicano, basado como cualquier orden liberal, en el imperio de las separaciones y los contrapesos. Precisamente ese principio de disociaciones como garantía vital fue roto en la operación de la venganza coordinada por el gobernador de Puebla.Frente a las resoluciones del último órgano del Estado mexicano, no hay más defensa que la crítica. Ésta debe empezar reconociendo que la votación fue dividida. Incluso en la postura que aquí critico, deben hacerse distingos. Hubo ministros que, desde su visión política y jurídica, rechazaron desde un inicio la actuación de la Corte en este asunto. Pero hubo quien, saludando la intervención e incluso respaldando el dictamen, votó en contra de él. Inadmisible en el máximo órgano del régimen constitucional
'Autogolpe'/Denise Dresser
Reforma, 3 diciembre 2007;
Hay golpes en la vida, tan fuertes. Golpes como del odio de Dios, escribía César Vallejo. Golpes como los que seis ministros de la Suprema Corte acaban de propinarle al país. Heridas como la que el máximo tribunal acaba de infligirse a sí mismo al declarar que las violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho fueron inexistentes o poco graves. Al sugerir que la última instancia a la que un ciudadano puede recurrir no funciona para él o para ella. Al transformar el sufrimiento de niños y niñas víctimas de la pederastia en una anécdota más. Al convertir su veredicto en confabulario de gobiernos corruptos, empresarios inmorales, criminales organizados. Y así como un agente judicial le dijo a Lydia Cacho durante su "secuestro legal": "Qué derechos ni qué chingados", la Suprema Corte acaba de decirle lo mismo a los habitantes del país. Ustedes y yo, desamparados por quienes deberían proteger nuestros derechos, pero han decidido que no les corresponde velar por ellos.
Al votar como lo ha hecho, la mayoría de los ministros acaba de darle una estocada a la Corte de la que tomará años en recuperarse, si es que alguna vez logra hacerlo. Porque su resolución va a ocupar un lugar deshonroso en la historia constitucional de México, similar al que ocupa el caso Dred Scott en la historia constitucional de Estados Unidos. Ese caso en el que la Corte intentó imponer una solución judicial a un problema político; ese caso del año 1856 en el cual declaró -también "conforme a derecho"- que la esclavitud tenía fundamento legal y que como Dred Scott era un esclavo, carecía de derechos y la Corte no tenía jurisdicción para intervenir en su favor. Ese caso que hasta el día de hoy se considera una mancha imborrable, una vergüenza compartida, una herida autoinfligida.Sablazo similar al que producen los seis ministros que se vanaglorian de empatía y sensibilidad, pero en sus argumentos públicos no las demuestran. Ingenuos o cínicos cuando sugieren que su resolución no deriva en impunidad y que "otras instituciones" podrían investigar el caso, a sabiendas de que llegó a sus recintos precisamente porque eso jamás iba a ocurrir. Contradictorios o deshonestos cuando desechan el caso argumentando que la grabación telefónica entre Kamel Nacif y Mario Marín no tiene valor probatorio alguno, e ignoran la investigación exhaustiva de mil 251 páginas que confirma su contenido. Insensibles o autistas cuando optan por descartar los 377 expedientes relacionados con delitos sexuales cometidos contra menores. Cómplices involuntarios o activos cuando afirman actuar en función del "interés superior" y éste resulta coincidir con los intereses del gobernador y sus amigos. Representantes del peor tipo de paternalismo cuando declaran -en un comunicado lamentable- que sus sofisticadas decisiones no resultan de "fácil comprensión" para grupos muy numerosos de la sociedad.
Seis ministros acaban de destruir la magnífica ilusión -alimentada por su actuación ante la Ley Televisa- de que la Corte opera en un plano moral superior a la mayoría de los mexicanos y se aboca a defenderlos. Cómo creer que han puesto "lo mejor de sí mismos para servir correctamente al país" si allí están las carcajadas del ministro Ortiz Mayagoitia. Las descalificaciones del ministro Aguirre. Los vaivenes argumentativos de Olga Sánchez Cordero. La relativización de la tortura avalada por Mariano Azuela porque el caso de Lydia Cacho no fue "excepcional" o "extraordinario". El consenso de todos ellos en cuanto a que quizás hubo violaciones pero fueron menores, no graves, resarcibles, quizás indebidas pero no meritorias de la atención de la Corte. O como lo preguntó el ministro Aguirre: "Si a miles de personas las torturan en este país. ¿De qué se queja la señora? ¿Qué la hace diferente o más importante para distraer a la Corte en un caso individual?" Quizás sólo quede demostrada alguna vez la violación de garantías individuales en México cuando a la esposa de algún ministro la trasladen sin el debido due process durante 23 horas de un estado a otro. Cuando a la madre de algún juez le digan que sólo le darán de comer si le hace sexo oral a los agentes judiciales que la han secuestrado. Cuando a la hermana de algún magistrado importante le metan una pistola a la boca y le susurren al oído "tan buena y tan pendeja; pa' qué te metes con el jefe ... va a acabar contigo". Cuando a la hija de algún abogado le cobren una fianza excesiva para dejarla salir de la cárcel o amenacen con violarla allí o la sometan a entrevistas intimidatorias o un gobernador le dé un buen "coscorrón". Cuando a la nuera de algún político le digan sus torturadores "Ten tu medicina aquí ... un jarabito, quieres?", mientras se soban los genitales. Cuando a la nieta de alguna procuradora la viole un pederasta protegido por un "Estado de derecho" puesto al servicio de los poderosos que casi siempre ganan. Cuando alguno de ellos -lamentablemente- sea víctima de un sistema judicial podrido y no antes. Sólo así.
Y bueno, la Suprema Corte se pega a sí misma, pero el peor golpe se lo da a la nación al demostrar cuán lejos está de ser un garante agresivo e independiente de los derechos constitucionales. Cuán lejos se encuentra de entender el maltrato sistemático de millones de mexicanos vejados por el sistema judicial y aplastados por las alianzas inconfesables del sistema político. Así como Kamel Nacif llama "pinche vieja" a Lydia Cacho", la mayoría de la Suprema Corte acaba de llamarnos "pinches ciudadanos" a ustedes y a mí. Acaba de mandar el mensaje de que no la molestemos con asuntos tan poco importantes como la defensa de las garantías individuales, porque está demasiado ocupada validando los intereses de empresarios poderosos y sus aliados en otras ramas del gobierno.Quizás por ello en el libro Memorias de una infamia, Lydia Cacho escribe: "Mi país me da pena. Lloro por mí y por quienes tienen poder para cambiarlo pero eligen perpetuar el statu quo". Y lloramos contigo Lydia -nuestra Lydia- pero rehusamos rendirnos aunque seis ministros de la Corte lo hayan hecho. Porque tienes razón: México es más que un puñado de gobernantes corruptos, de empresarios inmorales, de criminales organizados, de jueces autistas. México es el país de quienes luchan terca e incansablemente por devolverle un pedacito de su dignidad. Y aunque la Corte rehúse asumir el papel que le corresponde ante esta causa común, hay muchos ciudadanos que comparten la convicción -junto con el ministro Juan Silva Meza- "de que en un Estado constitucional y democrático, la impunidad no tiene cabida".