San Pedro Garza, feudo vulnerado

Feudo vulnerado
Arturo Rodríguez García
Proceso #1766, 5 de septiembre de 2010;
Ni siquiera el exclusivo feudo de los empresarios que residen en San Pedro Garza García se salva de la inseguridad. Desde el mes pasado, familias enteras de los adinerados oriundos de Monterrey optaron por trasladarse al extranjero, aterradas por la marejada de violencia que alcanzó a esa localidad, cuyas autoridades, a pesar de todo, la consideran un oasis de seguridad. Hace dos semanas, una balacera desatada frente al exclusivo Colegio Americano, cuando los niños salían del plantel, vulneró al pueblo que se tenía como una suerte de búnker ideal.
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NL.- Hasta el 20 de agosto la escena era cotidiana: alrededor de las 13:30 horas decenas de camionetas de lujo desfilaban por la avenida Morones Prieto, hasta llegar al último reducto de la zona metropolitana. El territorio se llenaba de guaruras que custodiaban a mujeres de vestir elegante que recogían a sus hijos en el Colegio Americano.
Y aunque el plantel se ubica en Santa Catarina, Morones Prieto era una ruta por donde la fluidez vehicular era normal, pese a la presencia circunstancial de los escoltas. Pero todo cambió. La noche del 16 fue levantado el alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, quien apareció muerto dos días después. Y el 20 hubo un tiroteo en las inmediaciones del plantel.
Ese día, la fila de camionetas de las señoras crecía sobre avenida Morones Prieto, mientras los escoltas se apostaban en la acera. De repente una camioneta quemó llanta; los guardaespaldas de otro vehículo desenfundaron sus armas ante la presencia de un nutrido grupo de hombres armados, pero no pudieron hacer nada.
El comando controló la situación y pidió refuerzos. Llegaron de inmediato alrededor de 20 pistoleros e intimidaron a los demás guardias. En la refriega cayeron dos escoltas, que los agresores se llevaron junto con cuatro personas más.
Otros tres guardaespaldas que resultaron heridos solicitaban apoyo desde el estacionamiento de la Escuela Libre de Derecho, ubicado frente al Colegio Americano.
Poco después, en las redes sociales proliferaron los mensajes sobre la balacera que, decían, se originó cuando un grupo armado intentó secuestrar a hijos o nietos de José Antonio Fernández Carbajal, presidente de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) y esposo de Eva Garza Gonda, hija del extinto Eugenio Garza Lagüera.
A su vez, la empresa difundió esa misma tarde un comunicado. “Personal de seguridad de FEMSA que realizaba un patrullaje de rutina a la hora de salida de los colegios y centros universitarios de la zona, fue víctima de un ataque frente al Colegio Americano de Santa Catarina que se vio obligado a repeler”. Concluyó: “En el enfrentamiento hubo tres personas heridas de nuestro personal, que se encuentran fuera de peligro”.
La madrugada del día siguiente –sábado 21 de agosto–, los cuatro escoltas de FEMSA levantados la víspera llegaron a la empresa en un automóvil. En la cajuela yacían los cuerpos de sus dos compañeros ejecutados. Los sobrevivientes declararon que el incidente se originó porque un grupo de sicarios los confundió con pistoleros de una organización rival.
Fue una semana de sicosis para las familias de la élite empresarial que reside en este municipio, antaño apacible.
La alarma
A finales de marzo pasado, luego de la muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey en un tiroteo entre elementos del Ejército y sicarios, mandos militares se reunieron con los empresarios de San Pedro, feudo del legendario clan Garza Sada.
Desde entonces la violencia no se ha detenido. Hoy, las ejecuciones desbordan la morgue en la capital regiomontana y la zona conurbada; también son frecuentes los bloqueos de vialidades por parte, Los Zetas, quienes también suelen despojar de sus unidades a los automovilistas.
En ese encuentro con directivos del Tec, los militares dijeron que la violencia ya tocó fondo. La frase se convirtió en estribillo y comenzó a escucharse en todos lados: en las mesas del mezanine de la Plaza 402, así como en los selectos clubes Campestre, Ejecutivo e Industrial. Hoy, esos sitios son menos concurridos que hace un mes.
¿El motivo? En redes sociales y blogs del diario El Norte circula desde hace varias semanas un mensaje, según el cual la solución es la suspensión de garantías en la zona. Algunas compañías incluso están pidiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que envíen a la capital regiomontana tres batallones más.
Empresarios de los medios, como el presidente del Grupo Reforma, Alejandro Junco, y Francisco González, presidente de Multimedios, que controla Milenio Diario en varias entidades, así como operaciones de cable, radio y televisión en todo el país radican en el extranjero desde hace varios meses. Además, cientos de personas se han mudado a San Antonio y al Valle del Río Grande, Texas.
Lo ocurrido en el Colegio Americano motivó al consulado de Estados Unidos a retirar a las familias de su personal que residían en San Pedro, sobre todo para proteger a los niños de la violencia. La legación considera que las policías locales y las privadas no tienen la capacidad para disuadir a los criminales.
“Pláticas con la policía y con otros funcionarios de seguridad indicaron que el nivel de violencia en Monterrey está aumentando, incluidos los lugares a donde nuestros hijos van a la escuela.
“Con base en esta evaluación, y combinado con la alta incidencia de secuestros en el área de Monterrey, se ha aconsejado al personal del gobierno estadunidense del consulado general que la manera inmediata, práctica y confiable de reducir los riesgos de seguridad para todos los niños es sacándolos de Monterrey”, decía el documento emitido por la institución diplomática.
El 24 de agosto, el periódico El Norte informó que la violencia castigó la matrícula en los colegios privados de altas colegiaturas, lo que se reflejaba en la masiva migración de ricos a Estados Unidos; hay mansiones en San Pedro que están abandonadas, mientras que la publicidad vía correo electrónico de agencias de bienes raíces texanas satura las cuentas personales de los sampetrinos.
Semáforo rojo
En julio del año pasado, el experto en seguridad Alberto Capella declaró a Proceso que los sistemas de seguridad privada en Monterrey ya no eran tan ejemplares como en los años anteriores.
“El estado –expuso quien fue director de Seguridad Pública de Tijuana – ya no es una zona blindada, sino una de las más complicadas, junto con Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Sinaloa y Baja California. Pero en Nuevo León (los grupos criminales) los están agarrando en pañales.”
Ahora, las familias adineradas reciben todos los días mensajes electrónicos de los jefes de seguridad del llamado Grupo de los 10, que aglutina a los hombres de negocios más acaudalados, en los que les dan consejos sobre la manera en que deben protegerse de la violencia.
El presidente de la Coparmex en la entidad, Marcelo Canales Clariond, accionista de Verzatec, ha declarado en varias ocasiones, la última el pasado 18 de agosto, que ante la incapacidad del gobierno para controlar la espiral de violencia, los empresarios están tomando medidas e invierten cada vez más en seguridad.
Asimismo, los organismos sociales locales mantienen un Semáforo del Delito, elaborado por una consultora privada que dirige Santiago Roel, hijo del excanciller del mismo nombre; la Federación de Colonias, presidida por Gilberto Marcos Handal, dueño de la marca de ropa Manchester, es uno de los partidarios de que se refuerce la presencia militar y pide a Medina de la Cruz que renuncie al cargo.
La inestabilidad ciudadana aumentó en este municipio hace dos meses, a raíz del secuestro de Lorenzo Belden González, cuya familia posee agencias automotrices, quien fue rescatado 15 días después. No obstante, otros sampetrinos, como Enrique González Zambrano, aún siguen desaparecidos; otros, como Camilo Pardo, fueron asesinados.
Recientemente, Eugenia Westrup, vecina de este municipio, envió un airado correo electrónico a Gretta Salinas de Medina, esposa del gobernador, en la que lo responsabilizó de lo que ocurre. La destinataria pidió a la mujer que la borrara de sus contactos.
–No puedo entender tu enojo hacia Rodrigo, pero lo que sí te puedo decir es que definitivamente él no tiene la culpa ni es el responsable. El día que quieras te hago una cita con el gobernador para que le puedas manifestar tu enojo hacia su lucha contra el narcotráfico –respondió Gretta Salinas a Westrup.
Y ella cumplió: borró de sus contactos a Gretta Salinas y le escribió que esperaría con gusto la cita para entrevistarse con el gobernador.
Desde hace varios meses, el semáforo tiene indicadores rojos en materia de delitos en materia de fuero común para San Pedro, en particular en robos, dice la excandidata a la alcaldía Tatiana Clouthier. Ella ha criticado la política de seguridad del polémico alcalde Fernández Garza, famoso por la creación de su “grupo rudo”, que finalmente terminó desarticulado por elementos de la Marina.
El Semáforo del Delito coloca a San Pedro como el segundo municipio del área metropolitana con mayor índice de robos, sólo superado por Monterrey.
“Es evidente que (Mauricio) ha trabajado fuera de la legalidad, al principio apoyado por la sociedad, por los grupos rudos, hasta que se salieron de control y afectaron a gente de bien”, dice Tatiana.
Recuerda el caso de Francisco Martínez Cárdenas, hijo del extinto Alfonso Martínez Domínguez, quien fue detenido por la Marina el 27 de junio último. Él cobraba cuotas a restauranteros para pagar a su vez al grupo rudo; hoy está arraigado.
“Con tanta tecnología policial que tienen, las acciones realizadas no sólo en San Pedro, sino en todo Nuevo León, son producto de la Marina y del Ejército, no de las policías municipales ni de la estatal”, concluye Tatiana.
El alcalde Mauricio Fernández se va quedando solo. El general en retiro Gonzalo Miguel Adalid Mier, quien ocupaba la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro, renunció el pasado 17 de junio. Antes lo hizo Verónica Maiz, sobrina del exgobernador Natividad González y de los constructores Maiz Mier. Sólo estuvo unos días como jefa de prensa. Luego dejó su cargo de secretario del ayuntamiento Fernando Canales Stelzer, hijo del político panista y empresario Fernando Canales Clariond.
En sustitución de Adalid, el alcalde designó a Camilo Cantú Aguilar, quien ocupó ese cargo en San Nicolás de los Garza y China, Nuevo León, ambos municipios inmersos en violentas actividades criminales. Tras el arribo de Cantú, la Policía Municipal, famosa por haber sido calificada la mejor de México y luego por ser semillero de sicarios para el cártel de Sinaloa, se vio envuelta en escándalos de corrupción.
De amplia trayectoria y magros resultados, Adalid fue secretario estatal en Michoacán durante la administración de Lázaro Cárdenas Batel y comisario general de la Policía Federal Preventiva (PFP) durante la gestión de Alejandro Gertz Manero en la Secretaria de Seguridad Pública (2000-2004). Su presencia complicó la relación de Fernández con el gobierno federal, de por sí deteriorada, por las críticas de este último a la guerra declarada al crimen organizado.
Además, durante su estancia en la PFP, el general en retiro formó parte de un tenebroso manejo de información que perjudicaba a Genaro García Luna.
El pasado 23 de agosto, la Marina irrumpió en una casa de seguridad en la colonia Valle de Vasconcelos, donde estaban cautivas seis personas, y detuvo a tres plagiarios. El diario El Norte hizo un seguimiento con el Google Street View y demostró que una patrulla municipal halconeaba para los plagiarios. Las autoridades no explicaron a que organización criminal pertenecían los detenidos.
Hoy, este feudo donde proliferan enormes y ostentosas mansiones que alojan a la élite de empresarios regiomontanos, algunos de los cuales aparecen en la lista que publica cada año la revista Forbes o figuran entre los 100 hombres más prósperos del país de Expansión, se ha convertido en un sitio peligroso.
Aldo Fasci Zuazua, exsecretario de Seguridad Pública del estado, que hoy dirige un organismo ciudadano, admite: “Los responsables de la seguridad en el estado no fuimos capaces de innovar ni de adecuarnos a las nuevas dinámicas delictivas. Creímos que nada nos iba a pasar y aquí estamos…”.