La placa de Marisela y la desobediencia civil
Javier Sicilia,
Revista Proceso # 1807 19 de junio de 2011
A quienes fuimos y vivimos el consuelo.
A lo largo de la Caravana del Consuelo por la Paz y la Justicia, muchos dolores –signos ominosos de la inseguridad, la injusticia y la impunidad que reina en nuestra clase política– se fueron sumando al consuelo. Esos dolores hicieron que en Chihuahua colocáramos, en un acto de desobediencia civil y como lo hicimos en Cuernavaca con nuestros muertos, una placa en las baldosas del Palacio de Gobierno con el nombre de Marisela Escobedo, la luchadora por los derechos humanos que fue asesinada a las puertas del mismo palacio, después de que el victimario de su hija fuera liberado. La placa, a la que deben sumarse los nombres de los cientos de asesinados en esa entidad, es un recordatorio a las autoridades de que la muerte de Marisela es su responsabilidad, y que le deben a ella, a su hija y a cientos de víctimas y de familias destruidas la justicia que merecen. Es también un recordatorio a los ciudadanos de que eso no debe suceder ya en nuestro país.
El enojo del gobierno de Chihuahua por ese acto ha sido tan grande como su ignorancia política y su cinismo. Un día después de nuestra partida rumbo al epicentro del dolor, Ciudad Juárez, la secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz, declaró: “Cuando un ciudadano le exige al gobierno que cumpla con la ley, debe poner el ejemplo (…) existe toda una normatividad que prohíbe la instalación (sic) o destrucción de un edificio público… El Palacio de Gobierno es un edificio público, pero tiene regulaciones, no se respetaron (…) incluso se destruyó un mosaico que tiene muchos años (…) la expresión (de Javier Sicilia de que si el gobernador retira la placa es un criminal) me parece que no corresponde a una realidad, ya que si algo ha habido a las auténticas causas sociales, ha sido respeto…” (El Diario, 11 de junio de 2011).
Ciertamente rompimos el “mosaico” de la entrada y pegamos con cemento y tornillos la placa en memoria de Marisela; ciertamente también violamos las regulaciones de ese edificio público (y si el gobernador quiere encarcelarnos estamos dispuestos, nosotros no creemos en el cinismo). Lo que, sin embargo, olvida la secretaria es que no habríamos violentado esa ley si el propio gobierno hubiera, como es su responsabilidad primera, cuidado la integridad de Marisela y de su hija Rubí, y si después de los amargos sucesos, frutos de su irresponsabilidad, hubiera hecho ya la justica que la muerte de esa madre y de esa hija reclaman a través nuestro. La secretaria de Gobierno –preocupada más por el “mosaico” de la entrada del inmueble, propiedad del estado, es decir, de los ciudadanos, que por el feminicidio de esas dos mujeres y la impunidad del crimen– olvida también que en la escalinata de ese mismo lugar hay una placa de cantera que rememora el atentado al gobernador Patricio Martínez. ¿Allí –porque se trataba de un gobernador y de un hombre– no se violó la normatividad? Con esa actitud de desprecio por los ciudadanos y la justica que legítimamente reclamamos, la funcionaria da una señal de lo que tanto criticamos: las autoridades no sólo continúan creyendo que su tarea es defender a las instituciones y no a la ciudadanía, sino también que las instituciones y el gobierno son lo mismo, y que éste tiene privilegios –en este caso, negarse a aceptar su responsabilidad en los crímenes de Marisela y de Rubí– que deben proteger por encima de los ciudadanos. Con ello, la secretaria de Gobierno no sólo muestra su ignorancia política, sino su insensibilidad y su desprecio frente al dolor que padece la gente de su entidad. Su actitud es tan criminal como lo sería el acto de quitar la placa que los ciudadanos decidimos colocar en el centro mismo del crimen.
Si el gobernador del estado la quita, mostrará su complicidad con el crimen; si no hace justicia a Marisela y a los cientos de crímenes que permanecen dormidos en la procuraduría, lo mostrará también, y nosotros iremos otra vez a Chihuahua a colocarla de nuevo hasta que entiendan, hasta que cambien su conducta, hasta que se haga justica y cumplan con su deber.
Con la placa de Marisela, que se agrega a las placas que en Cuernavaca hemos ido colocando también en el Palacio de Gobierno, los ciudadanos hemos iniciado el memorial del dolor, el memorial de nuestros muertos que claman justicia y que gritan desde el silencio que debemos conquistar la paz para que este horror no vuelva a sucedernos nunca. Sus nombres, que revelan la inhumanidad en la que los criminales y la incapacidad de los gobiernos nos han sumido, son un recordatorio de esa justicia que les deben y nos deben, y de la paz que les arrancaron y nos arrancaron.
Los ciudadanos, que cargamos con miles de dolores, desobedeceremos en la medida en que el gobierno no cumpla con su deber. Si los gobiernos no fundan un orden basado en la seguridad, la justicia y la paz, los ciudadanos no cooperaremos con ellos para recordarles su deber. Si eso implica la cárcel, iremos a ella, pero no traicionaremos la justicia y la dignidad que reclamamos y nos corresponden por el simple y único hecho de existir.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz y devolver la dignidad a las víctimas de la guerra de Calderón
A lo largo de la Caravana del Consuelo por la Paz y la Justicia, muchos dolores –signos ominosos de la inseguridad, la injusticia y la impunidad que reina en nuestra clase política– se fueron sumando al consuelo. Esos dolores hicieron que en Chihuahua colocáramos, en un acto de desobediencia civil y como lo hicimos en Cuernavaca con nuestros muertos, una placa en las baldosas del Palacio de Gobierno con el nombre de Marisela Escobedo, la luchadora por los derechos humanos que fue asesinada a las puertas del mismo palacio, después de que el victimario de su hija fuera liberado. La placa, a la que deben sumarse los nombres de los cientos de asesinados en esa entidad, es un recordatorio a las autoridades de que la muerte de Marisela es su responsabilidad, y que le deben a ella, a su hija y a cientos de víctimas y de familias destruidas la justicia que merecen. Es también un recordatorio a los ciudadanos de que eso no debe suceder ya en nuestro país.
El enojo del gobierno de Chihuahua por ese acto ha sido tan grande como su ignorancia política y su cinismo. Un día después de nuestra partida rumbo al epicentro del dolor, Ciudad Juárez, la secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz, declaró: “Cuando un ciudadano le exige al gobierno que cumpla con la ley, debe poner el ejemplo (…) existe toda una normatividad que prohíbe la instalación (sic) o destrucción de un edificio público… El Palacio de Gobierno es un edificio público, pero tiene regulaciones, no se respetaron (…) incluso se destruyó un mosaico que tiene muchos años (…) la expresión (de Javier Sicilia de que si el gobernador retira la placa es un criminal) me parece que no corresponde a una realidad, ya que si algo ha habido a las auténticas causas sociales, ha sido respeto…” (El Diario, 11 de junio de 2011).
Ciertamente rompimos el “mosaico” de la entrada y pegamos con cemento y tornillos la placa en memoria de Marisela; ciertamente también violamos las regulaciones de ese edificio público (y si el gobernador quiere encarcelarnos estamos dispuestos, nosotros no creemos en el cinismo). Lo que, sin embargo, olvida la secretaria es que no habríamos violentado esa ley si el propio gobierno hubiera, como es su responsabilidad primera, cuidado la integridad de Marisela y de su hija Rubí, y si después de los amargos sucesos, frutos de su irresponsabilidad, hubiera hecho ya la justica que la muerte de esa madre y de esa hija reclaman a través nuestro. La secretaria de Gobierno –preocupada más por el “mosaico” de la entrada del inmueble, propiedad del estado, es decir, de los ciudadanos, que por el feminicidio de esas dos mujeres y la impunidad del crimen– olvida también que en la escalinata de ese mismo lugar hay una placa de cantera que rememora el atentado al gobernador Patricio Martínez. ¿Allí –porque se trataba de un gobernador y de un hombre– no se violó la normatividad? Con esa actitud de desprecio por los ciudadanos y la justica que legítimamente reclamamos, la funcionaria da una señal de lo que tanto criticamos: las autoridades no sólo continúan creyendo que su tarea es defender a las instituciones y no a la ciudadanía, sino también que las instituciones y el gobierno son lo mismo, y que éste tiene privilegios –en este caso, negarse a aceptar su responsabilidad en los crímenes de Marisela y de Rubí– que deben proteger por encima de los ciudadanos. Con ello, la secretaria de Gobierno no sólo muestra su ignorancia política, sino su insensibilidad y su desprecio frente al dolor que padece la gente de su entidad. Su actitud es tan criminal como lo sería el acto de quitar la placa que los ciudadanos decidimos colocar en el centro mismo del crimen.
Si el gobernador del estado la quita, mostrará su complicidad con el crimen; si no hace justicia a Marisela y a los cientos de crímenes que permanecen dormidos en la procuraduría, lo mostrará también, y nosotros iremos otra vez a Chihuahua a colocarla de nuevo hasta que entiendan, hasta que cambien su conducta, hasta que se haga justica y cumplan con su deber.
Con la placa de Marisela, que se agrega a las placas que en Cuernavaca hemos ido colocando también en el Palacio de Gobierno, los ciudadanos hemos iniciado el memorial del dolor, el memorial de nuestros muertos que claman justicia y que gritan desde el silencio que debemos conquistar la paz para que este horror no vuelva a sucedernos nunca. Sus nombres, que revelan la inhumanidad en la que los criminales y la incapacidad de los gobiernos nos han sumido, son un recordatorio de esa justicia que les deben y nos deben, y de la paz que les arrancaron y nos arrancaron.
Los ciudadanos, que cargamos con miles de dolores, desobedeceremos en la medida en que el gobierno no cumpla con su deber. Si los gobiernos no fundan un orden basado en la seguridad, la justicia y la paz, los ciudadanos no cooperaremos con ellos para recordarles su deber. Si eso implica la cárcel, iremos a ella, pero no traicionaremos la justicia y la dignidad que reclamamos y nos corresponden por el simple y único hecho de existir.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz y devolver la dignidad a las víctimas de la guerra de Calderón
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