Veracruz: el alto riesgo de informar
Regina Martínez
Proceso 1822, 2 de ocxtubre de 2011
XALAPA, VER.- En el estado de Veracruz, el ejercicio del periodismo se ha convertido en una actividad de muy alto riesgo, toda vez que el número de periodistas muertos o desaparecidos crece cada día. Un comunicado de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) difundido el 1 de septiembre considera que el estado de la libertad de informar en Veracruz “es cada vez más alarmante”.
En lo que va del actual gobierno, tres periodistas han sido asesinados, otros han sido reportados como desaparecidos y varios más han abandonado Veracruz por la falta de garantías para ejercer su trabajo o por amenazas.
La madrugada del 19 de junio, Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela), subdirector del periódico Notiver, fue acribillado en su casa junto con su esposa Agustina Solano y su hijo Misael, de 20 años, cuando dormían.
El 26 de julio, la reportera de la fuente policiaca de ese periódico editado en el puerto de Veracruz Yolanda Ordaz de la Cruz fue torturada, violada y decapitada por sus asesinos, que arrojaron su cuerpo en una calle cercana al bulevar Adolfo Ruiz Cortines de Boca del Río.
Noel López Olguín trabajaba para el periódico Noticias, de Acayucan; tres meses después de haber sido reportado como desaparecido, su cuerpo fue hallado en una fosa clandestina en el municipio de Oluta.
Hasta la fecha, las autoridades no han informado del avance de las investigaciones de esos tres asesinatos. En el caso de los dos periodistas de Notiver, el gobierno de Javier Duarte, por conducto del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Reynaldo Escobar Pérez, trató de ligarlos con el crimen organizado.
RSF clasificó a Veracruz como uno de los estados “más mortíferos” en un país en el que desde 2000 han sido asesinados 77 periodistas y 13 están desaparecidos desde 2003.
Igual que en otros estados donde la mayoría de los asesinatos de periodistas han quedado impunes, en Veracruz, subrayó RSF, “nos escandalizamos por la manera en que las autoridades locales descartan todo móvil relacionado con el ejercicio de la profesión y alimentan sucios rumores sobre la víctima, incluso antes de la investigación”.
La organización internacional señaló que Yolanda Ordaz se hallaba entre los periodistas “expuestos al peligro, teniendo en cuenta la fuente que cubría”, y evidentemente “no hay que excluir la pista del crimen organizado en Veracruz, estado donde hacen estragos tres temibles bandas: Los Zetas, el cártel del Golfo y La Familia Michoacana”.
Apuntó: “Es difícil no relacionar el asesinato de la periodista con el de su colega Milo Vela, cuyas columnas podían importunar a ciertas autoridades”, por lo que consideró que ante un denso clima de suspicacia y autocensura “es urgente que se pongan en marcha los mecanismos de protección de los profesionales de los medios de comunicación”.
En este sentido, RSF recordó que 48 horas después de su secuestro encontraron el cuerpo de Yolanda Ordaz degollada cerca de las instalaciones del periódico Imagen del Golfo con el mensaje: “También los amigos traicionan. Atentamente, Carranza”.
Juan Carlos Carranza Saavedra fue señalado por el procurador Escobar Pérez como presunto asesino de Milo Vela y su familia en julio pasado. Sin entrar en detalles, la procuraduría estatal señaló que “el móvil del crimen pudo deberse a fuertes diferencias de tipo personal entre el periodista y el presunto señalado”, afirmó el informe de RSF.
Durante su visita a Veracruz luego del asesinato de los dos trabajadores de Notiver, Reporteros sin Fronteras supo que días antes de su muerte “Milo Vela tuvo una fuerte discusión con un sobrino del gobernador del estado, Javier Duarte, debido a información publicada recientemente en Notiver”.
A la fecha, las autoridades no han informado acerca de los avances de la investigación; ni siquiera han dicho si hay detenidos o si se ha dado con el paradero del supuesto autor intelectual, El Ñaca, por el cual la PGJE ofreció una recompensa de 3 millones de pesos.
Por otra parte, la falta de una efectiva política de comunicación social ha hecho del de Javier Duarte uno de los gobiernos más opacos, además de que la “reserva” de información en temas relacionados con la seguridad ha dado pie a rumores, alarma y psicosis entre la población, ante los hechos de violencia que asuelan al estado de Veracruz.
A juicio de diversos actores sociales y políticos de la entidad, el gobernador Duarte ha seguido los pasos de su antecesor Fidel Herrera en torno al control de la información institucional en Veracruz y el ocultamiento del gasto destinado a difundir su imagen.
Duarte dio continuidad al decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 25 de agosto de 2008 que clasificó de “reservada” toda la información del área de Comunicación Social del gobierno estatal.
Acuerdo que tiene por objeto ampliar el acuerdo mediante el cual se clasifica como de acceso restringido en la modalidad de reserva y confidencial, la información que obra en poder de la Dirección General de Comunicación Social, como sujeto obligado en términos del artículo 5.1 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Veracruz, emitido el 13 de febrero de 2008”, señala el decreto.
Ley Duarte
Partidos de oposición y organizaciones civiles ven la promulgación de la llamada Ley Duarte –que tipifica el delito de “perturbación al orden social” y lo castiga con entre uno y cuatro años de prisión– como una amenaza para las voces que han criticado a la actual administración estatal.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, Danilo Alvízar Guerrero, lamentó que Duarte siga en la misma inercia de su antecesor en materia de comunicación social, ocasionando que los veracruzanos “recibamos informaciones parciales y hasta mentiras” de lo que ocurre en el tema de la inseguridad y la presencia de la delincuencia organizada.
El problema de la inseguridad en Veracruz, subraya, “se quiere tapar, y el gobernador no se quiere ver como una persona que no está haciendo bien su trabajo; eso es lo que están tratando de vendernos a través de una errónea política de comunicación social, además de generar temor con la promulgación de leyes que atentan contra los derechos ciudadanos y la libertad de expresión”. Considera que con estas medidas “están tratando de decir que todo está bien, cuando realmente no lo está”.
“Si ya estamos conscientes de que hay enfrentamientos o que hay grupos delictivos inmiscuidos en muchas áreas en el estado, haría que estuviéramos más atentos si el gobierno informara con la verdad y no con mentiras”; por ello ahora las redes sociales se han convertido en un medio importante para difundir este tipo de hechos.
En este contexto, dice, es lamentable que los periodistas ahora tengan que cuidarse de la delincuencia, “pero también del gobierno, sobre todo el reportero que hace periodismo de investigación, ya que cuando empiezan a encontrar algunos hilos que no convienen a algunos políticos, los reprimen y amenazan”.
Duarte, apunta, no termina de meterse en escándalos que han rebasado el ámbito nacional, como con los tuiteros acusados de terrorismo y sabotaje, y aunque está cometiendo graves errores en materia de comunicación social, “lo que nos pega a todos es que está coartando la libertad de expresión y el derecho a la información, como haber secuestrado la revista Proceso con la intención de que no nos enteráramos del reportaje dedicado a Veracruz en el tema de la violencia”.
El legislador perredista Rogelio Franco Castán cuestionó también la política de este gobierno de ocultar la información al declararla protegida para que ni el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información pueda enterarse de cuánto se ejerce en esa área de la administración estatal.
Señala que, en lugar de ocultar la información, el gobierno debería buscar herramientas que le permitan difundir con eficacia, prontitud y certeza “situaciones de riesgo generadas por la ola de violencia que hoy enfrentamos en la entidad”, ya que esta situación sólo ha provocado rumores y psicosis.
“Más que amenazar y meterle temor a la gente de que podría ser aprehendida o encarcelada por difundir por algún medio hechos que ponen en riesgo su vida y la de sus familiares, debería ver en positivo y construir canales inmediatos de comunicación que permitan a la sociedad prevenir esos riesgos”, subraya.
El perredista se suma a las voces que han criticado que la edición de Proceso de la semana pasada haya sido secuestrada en Veracruz. “Es lamentable y bochornoso que esto ocurra en el estado, cuando toda la sociedad sabe lo que está pasando en la entidad en el tema de violencia y que hay graves problemas de inseguridad, problema que insisten en ocultar”.
En tanto, para organizaciones civiles del colectivo Caravana por la Paz en Xalapa, en solidaridad con el movimiento encabezado por Javier Sicilia, el hecho de que el gobierno estatal trate de ocultar la información, lo haga a medias o con tendencia, “hace mucho daño a la ciudadanía”.
Y es que esta situación sólo genera confusión, mayor inseguridad, miedo, psicosis e histeria entre la población “al no saber con certeza qué es lo que realmente está pasando, cuando cada día hay sucesos más escalofriantes, como los 35 cuerpos que fueron arrojados hace unos días en la vía pública en Boca del Río”, dice a este semanario el activista Carlos Ortega.
Éxodo
La incertidumbre y el terror en el gremio han dado pie a un éxodo silencioso. El caso más reciente es el del caricaturista Rafael Pineda, Rapé, colaborador de Milenio, Zócalo y El Chamuco. A inicios de septiembre decidió irse de Xalapa, donde vivía.
Por el momento, dice a este semanario Rapé –quien con sus caricaturas ha criticado al mandatario veracruzano desde que era candidato–, “mi caso trata de manifestar de manera pacífica y contundente mi desacuerdo con las acciones del gobierno de Javier Duarte respecto a la libertad de expresión.
“Como ya todo mundo sabe, se aprobó la famosa Ley Duarte, que lo único que busca es callar a cualquiera que manifieste su preocupación por la situación de pánico que se vive en el estado y a quien se atreva a criticar sus acciones.”
“Abandonar Veracruz es una decisión personal abonada por la situación de un colega que fue víctima de un intento de secuestro el 25 de agosto”; después de darle resguardo y transporte, “me sentí preocupado por mi seguridad, ya que se ve, por como se dieron los hechos y sin que podamos asegurar nada, que el intento de levantamiento vino de parte del mismo gobierno”, dice a Proceso.
Comenta que dos semanas después del intento de secuestro de su compañero, el 10 de septiembre, “una mañana con lluviecita en el centro de la ciudad, al subirme al coche y encenderlo accioné la palanca del limpiabrisas (mi coche, que casi nunca lavo, tiene limpiabrisas trasero) y medio vi por el retrovisor un mensaje en el vidrio trasero, justo antes de que el limpiador lo borrara: ‘Calladito…’.
“No pude leer lo que seguía correctamente, ya que lo vi al revés y el rasero fue muy rápido; lo que seguía del mensaje lo infiero, porque fue imposible leerlo. No supe qué hacer en ese momento. Me bajé del coche para tratar de tomarle una foto con mi celular, pero el mensaje ya no estaba”, detalla.
En ese instante, apunta, “entré en un estado de pánico silencioso”. No se lo comunicó a nadie, sino que optó por quedarse en su casa tres días hasta que decidió viajar a la Ciudad de México para “pensar las cosas con calma y consultar mi situación con un colega caricaturista, quien me sugirió que hiciera público mi caso”.
Independientemente de la discreción del reportero que sufrió el intento de secuestro, agrega, “debido a que me pidió resguardo y el vehículo para trasladarse dentro de la ciudad y denunciar su caso con las autoridades locales y después dirigirse a la central de autobuses para abandonar el estado, yo ya estaba involucrado.
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