Monumento en el campo algodonero/FA
Publicado en La Otra Opinión de Ricardo Alemán
“Por ello pedimos perdón. Tenemos obligación de investigar estos delitos y no nos referimos sólo a los homicidios, sino también a las inconsistencias, errores y actos de negligencia cometidos por los servidores públicos a cargo de las investigaciones…” Felipe Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Este lunes 7 de noviembre - a 10 años de distancia-, autoridades de los tres niveles encabezaron el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y develaron el monumento en memoria de las víctimas. Justo en el lugar donde se hallaron los ocho cadáveres en el año 2001, en el cruce de las avenidas Paseo de la Victoria y Ejército Nacional.
"Reconocemos la responsabilidad por todos esos actos y omisiones que nunca debieron tener lugar porque fueron actos de violencia, discriminación e irresponsabilidad del Estado mexicano en su conjunto, cuya consecuencia fue la pérdida de vidas humanas y devastación de familias enteras", dijo Felipe Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
El acto público forma parte del cumplimiento a la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009 en contra del Estado mexicano en el caso denominado "Campo algodonero".
La CIDH emitió un fallo en el que responsabiliza a México de la muerte de tres mujeres ocurrida en el año 2001 en el marco del conocido caso del Campo Algodonero, lo que constituye una sentencia histórica que, por primera vez, condena los feminicidios ocurridos en esa violenta localidad.
La sentencia, con fecha 16 de noviembre, "es de carácter obligatorio y señala la responsabilidad del Estado mexicano por no haber ofrecido garantías y protección adecuadas a las mujeres en Ciudad Juárez", en especial, a Claudia Ivette González de 19 años, Esmeralda Herrera de 15, y Laura Berenice Ramos de 17.
El subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, pidió perdón por estos crímenes y reconoció la responsabilidad del Estado mexicano por omisiones que derivaron en violaciones a los derechos de las víctimas. “Por el incumplimiento a investigar y garantizar el derecho a las víctimas, por violentar su acceso a la justicia y protección, el Estado reconoce su responsabilidad”.
La intervención de Zamora fueron interrumpidas por los clamores de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas que reclamaban "¡Justicia!", "¡justicia!", “ni una más”, “vivas se las llevaron, vivas las queremos”, y a pesar de todo los funcionarios siguieron con los discursos que traían preparados.
Los familiares de las víctimas las señoras Benita Monárrez, Josefina González e Irma Monreal, cuyos nombres quedaron inscritos en el memorial no acudieron, por considerar que el Estado mexicano ha incumplido con la sentencia internacional, incluido el monumento que deben erigir y que sólo fue presentado de manera parcial. La petición de varias organizaciones de víctimas fue que el hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en honor no sólo a la memoria de las victimas del caso como son Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette, sino un monumento en memoria de todas las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, de 1993 hasta 2006.
Sin embargo, al evento acudieron familiares de otras jóvenes desaparecidas, quienes en ocasiones llegaron a interrumpir los discursos de los funcionarios menores que acudieron al acto simbólico.
El acto fue muy menor hay que reconocerlo.
Quizá hubiera acudido el Presidente Felipe Calderón o mínimo el Secretario de Gobernación. Asistió por parte de la Federación el Subsecretario Felipe de Jesús Zamora Castro.
Es lamentable que no haya acudido el gobernador del estado César Duarte ya que el caso de las mujeres muertas es responsabilidad de la autoridad local, y en su representación mando a la Secretaria de Gobierno, Graciela Ortiz González; todavía más ni siquiera fue el Presidente Municipal Héctor Agustín Murguía Lardizábal, ya quien acudió en su lugar fue el Secretario del Ayuntamiento.
Quizá sabían que iba a ser abucheados y por tanto decidieron no asistir. Recordemos que estamos en proceso electoral.
Sin embargo, lo que sucedió ayer en Ciudad Juárez como la construcción de un monumento en memoria de las mujeres víctimas es positivo de entrada, aunque sea simbólico.
Entendemos bien a don José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, quien desapareció en mayo de 2009: “No queremos mausoleos. Queremos líneas de investigación para saber dónde están nuestras hijas y quién las mató". Tiene razón Don Jose. El asunto no queda ahí. Y no habrá perdón y olvido sin saber quién o quienes mataron a sus hijas (en este caso a Esmeralda).
En el resolutivo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida el jueves 10 de diciembre de 2011 obliga al Estado mexicano a investigar todos los casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua donde desde el año 1993 han sido brutalmente asesinadas unas 500 mujeres.
El fallo "ordena una investigación seria y exhaustiva" de todos los casos, al tiempo que establece "las condiciones en las que tiene que darse" este proceso como "remover todos los obstáculos que impidan" el desarrollo de estas investigaciones. Establece además que este proceso debe darse "con una perspectiva de género" ya que la condena de la CIDH determina que "los homicidios de mujeres por cuestión de género son considerados feminicidios".
"El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables", destaca el texto de la Corte
Dice el resolutivo de la CIDH (…) Y, DISPONE por unanimidad, que,
11. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación…
16. El Estado deberá, en el plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del presente caso, en honor a la memoria de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, en los términos de los párrafos 469 y 470 de la presente Sentencia.
17. El Estado deberá, en el plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, en los términos de los párrafos 471 y 472 de la presente Sentencia. El monumento se develará en la misma ceremonia en la que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional, en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo anterior…”
Ayer se cumplió el resolutivo 16 donde se reconoce a tres personas víctimas - caso Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette Gonzále- y no está muy claro si se cumple el punto 17 dónde habla de “un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género.” O sea a todas las víctimas como lo piden las organizaciones sociales, o sólo las tres mujeres como símbolo.
¿Qué dice los párrafos 471 y 472 de la sentencia?
“471. A criterio del Tribunal, en el presente caso es pertinente que el Estado levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, entre ellas las víctimas de este caso, como forma de dignificarlas y como recuerdo del contexto de violencia que padecieron y que el Estado se compromete a evitar en el futuro. El monumento se develará en la misma ceremonia en la que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional
472. En vista de que el monumento se refiere a más personas que las consideradas víctimas en este caso, la decisión del tipo de monumento corresponderá a las autoridades públicas, quienes consultarán el parecer de las organizaciones de la sociedad civil a través de un procedimiento público y abierto, en el que se incluirá a las organizaciones que representaron a las víctimas del presente caso.”
En dado caso sería bueno escuchar lo que dice la Corte. El punto 26 del resolutivo señala “La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia el Estado deberá rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.”
Hace años –en diciembre de 2001-. el Juez Baltasar Garzón dijo en una conferencia magistral pronunciada en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, que “las voces que postulan el olvido y el silencio pueden estar justificadas políticamente, pero nunca lo estarán moralmente. Subraya que el olvido y la memoria constituyen derechos inalienables de las víctimas, y ¡a ellos corresponde administrarlos!, ya que los olvidos impuestos no duran.
Y concluye el jurista español que hoy “Se impone.., la exigencia y la necesidad del conocimiento profundo de los hechos, y se hace precisa una catarsis colectiva que enfrente al Estado y a los ciudadanos a ese pasado, y que obligue a limpiar la herida y a la correcta sutura de la misma mediante la aplicación de la ley. Si no se hace así, jamás será posible la reconciliación. Antes o después, el fenómeno volverá a producirse.”
Charles Villavicencio, director del Instituto para la Justicia y la reconciliación de Sudáfrica en una entrevista para el periódico La Vanguardia (18 de julio 2004) recomienda al igual que el juez Garzón se concrete una auténtica catarsis colectiva, la catarsis de la verdad! que se sepa todo lo que pasó con el objetivo de que el país y el mundo conozcan los hechos. El conocimiento de los hechos será la vacuna y “solamente así se puede reconstruir el país, como sucedió en Sudáfrica donde algunos altos responsables –ministros, generales– sí fueron juzgados y condenados a prisión, ya que se negaron a pedir amnistía y siguen en la cárcel.”
¡No hay que desdeñar la recomendación de Charles Villavicencio y del juez Garzón!
Al margen:
México es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) desde el 24 de marzo de 1981, y ha reconocido la competencia contenciosa de la CIDH desde el 16 de diciembre de 1998.
Las sentencias de la CIDH son definitivas y no aceptan ningún medio de impugnación, conforme a los artículos 67 de la CADH y 31 del Reglamento de la CIDH.
El Estado mexicano tiene la obligación de cumplir las decisiones de la CIDH, de conformidad con el artículo 68.1 de la CADH, de la cual es parte.
La publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, fue el 8 de marzo de 2010.
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