Human Rights Watch (HRW) reconoció este martes 19 de febrero de 2013 el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor del
debido proceso penal y la protección a los derechos humanos. "El
Tribunal Constitucional de México es una institución ejemplar en América Latina
que hay que apoyar porque, a pesar de las controversias o el debate público, ha
sabido mantener una línea consistente de protección de los derechos
humanos", afirmo José Miguel Vivanco, director de la División Américas de
HRW.
Vivanco
sostuvo una reunión con el Presidente de la Corte, Juan Silva Meza, y los
Ministros Olga Sánchez Cordero y Jorge Pardo Rebolledo. Si
bien no hizo referencia directa a la liberación de Florence Cassez, ordenada
por la Corte en enero, Vivanco afirmó que este tribunal le ha mostrado a México
y al mundo entero que el debido proceso es esencial para garantizar justicia
porque, de lo contrario, cualquier proceso judicial sería un linchamiento.
El
representante afirmó que se deben respetar las normas y principios de
presunción de inocencia y no manipular, por ejemplo, las escenas del crimen por
parte de las policías, de garantizar el cumplimiento de requisitos básicos del
código procesal penal.
"Lo
que hacen los Ministros es asegurarnos que un inocente no va a pagar por los
delitos de otros o, también obviamente, incrementar la posibilidad de que se
esté haciendo justicia en un caso concreto y no una simple revancha o un
castigo policial de alguien que realmente no tiene ninguna vinculación con el
delito", resaltó Vivanco.
Carta al Presidente Enrique Peña Nieto
Peña
Nieto: ¿Cuál es su agenda para derechos humanos?
11
DE DICIEMBRE DE 2012
Excmo.
Presidente Enrique Peña Nieto
Presidente
de México
Los
Pinos
Distrito
Federal
MÉXICO
De
mi mayor consideración,
Tengo
el honor de dirigirme a S.E. en nombre de Human Rights Watch, con el fin de
extenderle nuestras felicitaciones con ocasión de la investidura presidencial.
S.E. asume el liderazgo de un país donde el actual estado de los derechos
humanos es de la mayor gravedad. Abordar
los abusos cometidos durante el mandato de su predecesor e impedir que se
reiteren en el futuro, requerirá de atención inmediata en los niveles más altos
de su administración. El propósito de esta carta es instar a S.E. a que defina
lo antes posible un plan concreto y de acción para hacer frente a estos graves
problemas.
Durante
el sexenio del Presidente Felipe Calderón, Human Rights Watch logró demostrar
mediante pruebas muy sólidas, que en cinco estados, militares y policías
recurrieron en forma sistemática a la tortura para obtener confesiones e
información de personas detenidas, y tuvieron participación en numerosos casos
de desaparición forzada y ejecuciones. Prácticamente ninguno de estos delitos
ha sido investigado ni juzgado adecuadamente, a pesar de las múltiples
evidencias que señalan que estarían implicados servidores públicos. Estos
patrones de abusos que se observan en los relatos de víctimas y testigos,
además de los datos oficiales y las entrevistas con funcionarios judiciales, de
seguridad pública y de derechos humanos, demuestran que no se trata de casos
aislados. Por el contrario, constituyen ejemplos de prácticas abusivas que
tienen una presencia endémica en las actuaciones de las fuerzas de seguridad
contra la delincuencia organizada en México.
Si
bien estos delitos se cometieron durante la gestión del Presidente Calderón, la
responsabilidad de asegurar que sean investigados adecuadamente no se extinguió
al concluir su mandato. Como sabe S.E., conforme lo establecen los tratados
internacionales vinculantes suscritos y ratificados por México, como la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, la desaparición forzada es un delito de carácter
permanente. Este delito persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a
los familiares de la víctima mientras se desconoce el paradero de la persona
desaparecida.
Por
ejemplo, los familiares de Jehú Abraham Sepúlveda, que desapareció en diciembre
de 2010 en Nuevo León, y de Francis Alejandro García Orozco, Vladimir Pita
Barrera, Sergio Menes Landa, Olimpo Hernández Villa, Andrés Antonio Orduña
Vázquez y Zozimo Chacón Jiménez, quienes desaparecieron simultáneamente en
Guerrero en marzo de ese mismo año, continúan buscando a sus seres queridos.
Human Rights Watch obtuvo pruebas que demuestran que militares y policías habrían
detenido arbitrariamente a estos hombres poco antes de su desaparición
—incluidas grabaciones de cámaras de vigilancia, declaraciones de testigos e
informes policiales y militares— y aportó estas pruebas a los fiscales. Sin
embargo, las autoridades continúan negando su participación en estas
desapariciones, y ningún servidor público ha sido procesado penalmente por su
responsabilidad en estos delitos. Mientras tanto, día tras día, los familiares
deben vivir con la incertidumbre acerca de qué sucedió a sus hijos, esposos,
hermanos y padres.
Estas
familias y sus seres queridos que han desaparecido son solamente algunas de las
numerosas víctimas de desaparición forzada documentadas por Human Rights Watch.
A
su vez, esta gran cantidad de víctimas es tan sólo una fracción ínfima de las
cerca de 25.000 personas que, conforme se indica en un listado elaborado por la
Procuraduría General de la República, han desaparecido desde diciembre de 2006,
según lo informó el periódico Washington Post el 29 de noviembre de 2012. De
hecho, si las cifras anteriores se corroboran, esto situaría a la ola de
desapariciones ocurrida en México durante el sexenio del Presidente Calderón
entre las peores en la historia de América Latina.
A
medida que aumentaba el número de personas desaparecidas, Human Rights Watch ha
instado en reiteradas oportunidades al gobierno a que conforme una base de
datos nacional sobre desaparecidos. Elaborar un registro exhaustivo y preciso
de las personas desaparecidas, que contenga información útil como el ADN de sus
familiares, ofrecerá una herramienta indispensable para la búsqueda de estas
personas a nivel nacional. Por ejemplo, podrían compararse los datos con los
registros de hospitales, morgues, cárceles y cruces fronterizos. Esta base de
datos resultaría particularmente útil si se crea además un registro nacional
complementario de cuerpos no identificados: según señala la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, entre enero de 2007 y diciembre de 2011, se
encontraron más de 6.000 restos no identificados, muchos de ellos en fosas
comunes. No obstante, si bien el gobierno del Presidente Calderón demostró que
era capaz de conformar bases de datos nacionales de vehículos robados y de
policías con antecedentes penales, no creó registros similares sobre personas
desaparecidas o cuerpos no identificados. A causa de esto, miles de familias
continúan privadas de la posibilidad de conocer cuál fue el destino de sus
seres queridos, que podría esclarecerse con tan sólo cotejar los datos.
Además
del carácter de delitos permanentes que tienen las desapariciones, otro motivo
por el cual es indispensable que se investiguen y juzguen los casos ocurridos
durante el gobierno anterior es que algunas personas que fueron obligadas a
confesar mediante torturas aún se encuentran encarceladas por delitos que no
cometieron. El nuevo Procurador General de la República, Dr. Jesús Murillo
Karam, reconoció acertadamente la responsabilidad del gobierno de abordar este
tipo de casos cuando declaró su “firmeza absoluta e implacable para poder
constituir las averiguaciones a quienes sean culpables, y tratar de evitar una
fórmula que me parece perversa: no debe haber inocentes en las cárceles”.
Human
Rights Watch ha obtenido evidencias de que actualmente se encuentran en prisión
personas inocentes que fueron condenadas sobre la base de pruebas falsas
obtenidas mediante coerción. Entre éstas se incluyen cuatro personas de Baja
California —Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando
Santaolaya y Ramiro López Vázquez— que fueron detenidos arbitrariamente en
junio de 2009 y llevados a un cuartel del Ejército, donde miembros de esta
fuerza aplicaron descargas eléctricas en sus genitales, los sometieron a
tácticas de asfixia, extrajeron las uñas de sus pies y los golpearon frente a
sus compañeros durante cuatro días enteros. Las torturas cesaron recién cuando
los hombres, con los ojos vendados, firmaron confesiones que habían sido redactadas
por sus torturadores. Los cuatro hombres se encuentran en la prisión de Tepíc,
en Nayarit, donde luego de tres años y medio de la fecha en que fueron
detenidos y torturados aún esperan que se dicte sentencia por los delitos
imputados. Mientras tanto, a pesar de las numerosas denuncias formales
presentadas por sus familiares, las pruebas recabadas por Human Rights Watch y
entregadas a las autoridades sobre las lesiones que presentaban las víctimas y
la base del SEDENA donde se produjeron los abusos, y de que en junio de 2012 el
Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas admitió el caso, ningún militar
ha sido acusado en relación con estos hechos de tortura. A fin de cumplir con
lo declarado por el Procurador General Murillo Karam, es fundamental que el
gobierno asigne máxima prioridad al examen de este tipo de casos.
Consideramos
sumamente positivo el anuncio efectuado al asumir la presidencia, en el cual
S.E. expresó su compromiso de “hacer realidad los derechos humanos que reconoce
[la] Constitución” y adoptar una “estrategia” para mejorar la situación de los
derechos humanos, “con una real y eficaz coordinación entre los órdenes de
Gobierno, a fin de combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia y
la paz”. Asimismo, reconocemos los esfuerzos realizados por sentar las bases de
esta estrategia en el “Pacto para México”, que incluye importantes compromisos
como transformar los derechos humanos en “política de Estado” y fortalecer el
marco jurídico para prevenir y juzgar la tortura y las desapariciones forzadas,
lo cual S.E. destacó el 10 de diciembre durante su discurso de entrega del
Premio Nacional de Derechos Humanos.
Como
S.E. sabe, el Presidente Calderón anunció que abordaría muchos de estos
problemas, e incluso utilizó algunas de las mismas expresiones, como cuando se
refirió a la garantía de derechos humanos como una “política de Estado”. Sin
embargo, nunca propuso un plan para transformar su retórica en realidad, mucho
menos asegurar que dicho plan fuera implementado, demostrando con ello que
nunca tomó en serio su responsabilidad de corregir estos abusos y evitarlos. De
hecho, sus declaraciones públicas de último minuto y la falta de seguimiento
por su parte sugieren que estaba más preocupado por proteger su legado y
rebatir las acusaciones sobre su responsabilidad personal, que con abordar
algunas de las peores violaciones a los derechos humanos en la historia de
México. Y este incumplimiento es uno de
los principales motivos por los cuales México se encuentra actualmente inmerso
en una profunda crisis de derechos humanos.
Por
lo tanto, lo exhortamos a formular un plan exhaustivo que proponga soluciones
concretas en materia de políticas públicas para hacer frente a estos graves
problemas. A continuación se enumeran algunas de los temas fundamentales que
debería abordar este plan:
· ¿Qué
medidas adoptará su gobierno a partir de la lista de la Procuraduría General de
la República sobre aproximadamente 25.000 personas que desaparecieron durante
el gobierno de Calderón y cuyo paradero aún se desconoce? Asimismo, ¿cómo prevé
usar esta información para generar una base de datos exhaustiva y precisa de
las personas desaparecidas que contenga información que permita identificar a
tales personas, como el ADN de sus familiares?
· ¿Cómo piensa desarrollar su gobierno
protocolos estándar para funcionarios judiciales y de seguridad pública con el
fin de investigar las desapariciones y comenzar la búsqueda de las personas
desaparecidas desde el momento en que el caso se denuncia?
· ¿Qué plan
tiene su gobierno para conformar un registro federal de cuerpos no
identificados y cómo prevé asegurar que los datos de este registro puedan ser
cotejados con la información de la base de datos sobre personas desaparecidas?
· ¿Qué
medidas adoptará para asegurar que la inadmisibilidad de evidencias obtenidas
mediante tortura —que continúa siendo vulnerada a pesar de estar garantizada en
el artículo 20 de la Constitución Política de México— se cumpla en la práctica?
¿Y de qué forma su gobierno, en colaboración con la Procuraduría General de la
República, examinará de manera sistemática los casos en los cuales las pruebas
indiquen de manera clara que en la actualidad hay personas encarceladas sobre
la base de estas pruebas ilícitas?
· ¿Para
cuándo su gobierno tiene previsto proponer una reforma del Código de Justicia
Militar que se adecue a los cuatro pronunciamientos vinculantes de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones recientes de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, para asegurar que todas las presuntas
violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles sean
investigadas y juzgadas en la justicia penal ordinaria?
A
fin de contribuir al desarrollo de un plan exhaustivo que aborde estas y otras
cuestiones críticas, quisiera recomendar a su gobierno que examine nuestro
informe Ni Seguridad, Ni Derechos, donde se ofrece un análisis minucioso de
abusos cometidos por funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad, así
como recomendaciones específicas sobre cómo responder a tales abusos. Las
conclusiones de este informe fueron presentadas al Presidente Calderón y a
funcionarios clave de su gobierno el 9 de noviembre de 2011. En respuesta, el
presidente se comprometió a investigar no sólo todos los casos individuales
documentados en el informe, sino además los patrones de abuso que estos casos
reflejaban, y propuso crear una comisión conjunta con Human Rights Watch que se
encargaría de llevar a la práctica este compromiso.
Human
Rights Watch se reunió en varias oportunidades con la comisión —a cargo del
Secretario de Gobernación Alejandro Poiré— durante 2011 y 2012, y aportó amplia
documentación sobre cada uno de los más de 230 casos analizados en nuestro
informe. No obstante, aun habiendo recibido esta gran cantidad de pruebas, el
gobierno del Presidente Calderón no demostró durante el año siguiente haber
conseguido avances significativos en la investigación y el juzgamiento de estos
casos. Y salvo algunas pocas excepciones como la aprobación de protocolos sobre
el uso de la fuerza para SEDENA, SEMAR y la Policía Federal, el gobierno
incumplió en gran medida su compromiso de implementar reformas más profundas
que habrían ayudado a prevenir nuevos casos de desaparición, tortura y ejecuciones.
Human
Rights Watch reconoce que México se encuentra gravemente afectado por grupos
delictivos sumamente poderosos que han cometido delitos aberrantes contra
miembros de otras bandas rivales, fuerzas de seguridad y civiles inocentes.
También entendemos que el gobierno tiene la obligación de adoptar medidas para
garantizar la seguridad de sus ciudadanos, y de brindar recursos efectivos a
los mexicanos que sean víctimas de este tipo de delincuencia. Sin embargo, como
hemos señalado anteriormente, cuando algunos miembros de las fuerzas de
seguridad cometen violaciones de derechos humanos en forma generalizada esto no
contribuye en absoluto a desarticular las redes delictivas y reducir la
violencia, y se socavan los esfuerzos por generar la confianza pública en las
instituciones que resulta indispensable para implementar iniciativas de orden
público efectivas.
México
necesita un plan claro e inteligente para abordar los profundos problemas de
derechos humanos que heredó su gobierno. Un plan que permita convertir en
realidad las importantes declaraciones que ha efectuado S.E. relativas al
respeto de los derechos humanos. Esperamos que en el futuro inmediato S.E.
proponga un plan con estas características en forma pública, y que disponga
para su ejecución exitosa los recursos y el apoyo político necesarios. De lo
contrario, el clima de abuso e impunidad extendida que ha prevalecido en los
últimos seis años solamente conseguirá agravarse.
Aprovecho
la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta
consideración y estima.
José
Miguel Vivanco
Human
Rights Watch
CC:
Miguel
Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación
José
Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores
Jesús
Murillo Karam, Procurador General de la República
Arturo
Sarukhan, Embajador de México en los Estados Unidos
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