Reformas a la Ley General de Víctimas

Legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, presentaron este martes 19 de febrero al pleno del Senado de la República un proyecto de decreto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y reforma el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales

La iniciativa fue turnada de inmediato por el presidente del Senado funciones José Rosas Aispuro Torres, a las comisiones unidas de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.
Esta propuesta se suma a la iniciativa presentada al Senado por el expresidente Felipe Calderón  el martes 4 de septiembre y fue turnada a las comisiones unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos para ser dictaminada.
Nótese que el turno no es igual en el orden. Las prácticas parlamentarias nos dice que el turno es clave. Cuando se turna una iniciativa a comisiones unidas quien encabeza los trabajos es a la primera que se le turna. La Comisión de Gobernación la preside el PRI y la Justicia el PAN.
Por lo pronto hay materia para dictaminar en este periodo ordinario de sesiones, y seguramente se sumarán otras iniciativas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para enriquecer la que se presentó el día de hoy.


Previo a la presentación en el pleno, senadores del  PRI, PRD, y del  PT recibieron de Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Libertad; de María Elena Morera, titular de la Organización Causa en Común y de Alejandro Martí, presidente de México SOS, la iniciativa de ley antes mencionada.

En su oportunidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa Patrón (PPRI) calificó la presentación de dicha iniciativa como “un acto de justicia, de nobleza hacia las víctimas que desgraciadamente han caído en el país”. Los senadores, dijo, tenemos un compromiso con las víctimas y con sus familiares y aseguró que la Ley General de Víctimas será un avance, “el inicio de una evolución -- de una ley --que tendrá un enorme apoyo y consenso de los legisladores, de la mayoría de los legisladores en la Cámara de Senadores y estoy seguro, con el respeto absoluto que le tengo a la Cámara de Diputados, que tendrá el apoyo de la gran mayoría para que salga a la brevedad”.

En nombre de la bancada del PRD, su coordinador Luis Miguel Barbosa Huerta cedió la palabra a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien se comprometió a nombre de sus compañeros de partido, a dictaminar estas reformas para hacer la plausible dicha ley para que “se empiecen a ver los beneficios”. Consideró De la Peña, sin embargo, que las modificaciones no son suficientes, por lo que recordó que el Senado está ya discutiendo y tiene en puerta otras iniciativas que permitirán buscar garantizar este saneamiento, para la reparación inmediata del daño que han sufrido las víctimas y sus familiares.

 También el coordinador del PT, Manuel Bartlett Díaz se sumó a la propuesta y se comprometió a atacar de fondo este grave problema.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth (PAN)  celebró que hoy se inicie formalmente el trámite legislativo de algunas modificaciones a la Ley General de Víctimas recientemente publicada. Recordó que la comisión que preside “tiene la responsabilidad de que en un plazo perentorio, en un plazo breve, podamos concluir el trámite legislativo de una política que está pendiente, que la está reclamando la sociedad, que la están reclamando los colectivos de víctimas y que es necesariamente un compromiso que debemos acometer los senadores y las senadoras, con sentido de bien y sentido de responsabilidad”.

También participó la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación y aseguró que la propuesta presentada ante el Pleno constituirá “que el Estado de Derecho se restablezca desde el momento en que nosotros, en esta nueva reforma, podamos entender y ser sensibles a lo que las víctimas hoy están sufriendo y que sufrimos todos los mexicanos”.

“El dolor por lo que atraviesan ustedes, aseveró la legisladora priista, es el dolor de todos nosotros. Es el dolor del Estado Mexicano y esta reforma permitirá, en breve, la aplicación de una ley que les debemos a ustedes y que seguramente alcanzará una parte de la justicia del hombre”.

El poeta Sicilia, aclaró que la iniciativa de reformas a  la Ley de Víctimas entregada no es “la Ley y las reformas de (Enrique) Peña Nieto, la Ley y las reformas del PRI, la Ley y las reformas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; la Ley y las reformas de Sicilia; la Ley y las reformas de Calderón o del Senado.

Agregó que “no son tampoco la Ley y las reformas, perdónenme la expresión, de una chingada; son la Ley y las reformas de las víctimas de una nación desgarrada, la Ley y las reformas de la dignidad frente al agravio y profunda tragedia humanitaria que vive la nación; la Ley y las reformas de la responsabilidad de un Estado que no ha sabido cumplir con su vocación fundamental, la de salvaguardar y garantizar la justicia, son la Ley y las reformas de un Estado que a través de ellas, se compromete a repararlas”.

La propuesta, que reformará la Ley promulgada recientemente , agrega el concepto de víctimas directas, que son personas físicas y que sufre daño o menoscabo de manera inmediata; incluye también el concepto de víctimas potenciales, establece un catálogo claro de la compensación a cargo del Estado, establece los entes que determinan los monos y términos para compensar.

 Acota -Sicilia-,  además, los supuestos de la obligación subsidiaria del Estado, para que no se trate de todos los delitos ni en todos los casos; se determinan las atribuciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; reduce dicho sistema de más de 3 mil a 110 personas; determina las funciones y facultades de la Comisión Ejecutiva, reduce el número de comisionados de 9 a 7, clarifica la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno y las diversas instancias públicas, establece un porcentaje del gasto programable (0.014 por ciento), que será destinado al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y establece la facultad del Estado para repetir en contra de los victimarios.

El propósito es corregir lo anterior..

Recordemos que después de varios meses de haber sido aprobada por el Congreso de la Unión, el miércoles 9 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas; que consta de 189 artículos y 16 transitorios y que entró en vigor el 9 de febrero de 2013. 

Dice el artículo 1. “La presente Ley general es de orden público de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1o, párrafo tercero, artículo 17, y el artículo 20 apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

El objeto de esta Ley es: “Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos…”

Para respaldar a las víctimas, la nueva Ley crea las siguientes instancias:

i)       El Sistema Nacional de Víctimas, que establecerá y supervisará los programas y las acciones, para apoyar a las víctimas en los tres niveles de gobierno;

ii)       La Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, como órgano vigilante y de control de la ley; en dicha Comisión, participarán representantes de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil;

iii)      Un órgano de Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas, dependiente de la Comisión Ejecutiva, para que los afectados cuenten con un profesional del derecho que los represente y defienda legalmente; y

iv)      El Registro Nacional de Víctimas, que facilitará el acceso a la ayuda que faculta la ley, y ;

v)      El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que será el encargado de brindar los recursos necesarios para ayudar a las víctimas.

La Ley se publicó como un compromiso ético que hizo el entonces candidato  Enrique Peña Nieto a la víctimas. (veas...) en el Alcázar del Castillo de  Chapultepec en mayo de 2012, y que ratificó el 1 de diciembre de 2012 al asumir su mandato constitucional. En efecto, Peña Nieto, siendo candidato a la presidencia se había comprometido su palabra en los Diálogos por la Paz, que se sostuvieron el 28 de mayo con distintas organizaciones sociales les dijo entonces: “Si antes del 30 de noviembre esta Ley de Víctimas no ha sido publicada, tengan la certeza y el compromiso que habrá de ser promulgada, porque estoy convencido de este instrumento de justicia para México, que además de legal, es de avanzada, moderno, que, sin duda, pone a México a la vanguardia en esta materia”.

Y justo el 1 de diciembre de 2012, en su mensaje a la Nación, haciendo valer el compromiso adquirido y un día después, el acuerdo signado en el Pacto por México, instruyó a la Consejería Jurídica a desistirse de la controversia constitucional - 68/2012 en la SCJN-  lo cual, se hizo el 5 de diciembre. Un día después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó, favorablemente, el desistimiento y emitió resolución, que fue notificada el mismo 6 de diciembre. La resolución causó Estado el 2 de enero, y quedó sin efecto la suspensión de la orden de publicación, por lo que el día 9 de enero se publicó el Decreto, por instrucciones del Congreso de la Unión, sin necesidad de refrendo.

Posicionamientos en contra de la publicación.

La Nueva Ley de hecho es una buena noticia pero hay que hacerla viable.

El primero en criticar la publicación el mismo día de su publicación fue don Alejandro Martí, presidente de la organización civil México SOS quién afirmó que la Ley es inoperante ya que en su estructura existen debilidades y vacíos que la contraponen con la Constitución y otras normas, y urgió al Congreso de la Unión que analice y corrija la norma para que pueda atender adecuadamente a los que busquen su cobijo.  "Esperaría que los legisladores, el Congreso pues vieran esto, que todos aplaudimos que se haya firmado, pero la tienen que corregir para que funcione y ojalá lo hagan rápido", sentenció.  (Reforma on line del 9 de enero de 2013).

 En el mismo sentido se expresó Isabel Miranda de Wallace, presidenta de "Alto al secuestro". Para Isabel No hay manera de cómo hacerla eficaz. "No tiene futuro, no es procedente y todo mundo lo sabía, dijo al periodista Ciro Gómez Leyva. Adelantó que tanto ella como Alejandro Martí buscarán a Javier Sicilia, el principal impulsor de la Ley aprobada.

 Algunos medios dieron a entender que hay diferencia entre las organizaciones sociales defensoras de las víctimas, doña Isabel dice que no, que van juntos en el mismo barco.

 Días después, salió a los medios a emitir posicionamiento el abogado Miguel Alessio Robles, exconsejero Jurídico de la Presidencia de Felipe Calderón. De entrada resaltó que el Congreso erró al emitir la norma con obligatoriedad hacia los gobiernos estatales sin reformar la Carta Magna. "El Congreso necesita facultades expresas para emitir una ley general, es decir, una ley que obligue a autoridades federales, estatales y municipales", dijo.

 Sostuvo que el cuerpo de la legislación "rescatada" por el Presidente Peña Nieto tras la controversia interpuesta por su antecesor (FCH), tiene múltiples incongruencias, empezando por la definición de "víctima", que es muy amplia y no diferencia entre agraviados por delitos o por violaciones a derechos humanos. "Eso es fundamental, porque dependiendo si es víctima de delito o de violación a derechos humanos habrá reparación de daño por parte de delincuentes o de parte de autoridades.

 Precisó que no hay partida presupuestal para  la reparación, se preguntó ¿cuánto dinero se necesita para resarcir a las víctimas? ¿de dónde van a sacar dinero para estos temas? Por lo que sentenció que no hay posibilidad alguna de que la ley opere, subrayó. Además con paso del tiempo “las víctimas se van a dar cuenta de que no es a través de esta ley que van a ver resarcidos sus daños, sino a través de los otros mecanismos previstos en las otras leyes", apuntó.

 En una entrevista radial –en MVS-, dijo que la ley desaparecerá del orden jurídico nacional una vez que delincuentes o autoridades supuestamente responsables presenten cinco amparos o "ante cualquier controversia constitucional" de parte de algún municipio o estado.

 En el mismo sentido se expresaron legisladores del PRD y del PAN, y algunos académicos.

El diputado Fernando Zárate Salgado (PRD) dijo que el PRD presentará modificaciones a la Ley e instó al Presidente Peña Nieto envié una reforma preferente en la materia.

Coincidió con el exconsejero juridico en el sentido de que Ley tiene vicios de inconstitucionalidad, aunque éstos pueden ser subsanados si ambas Cámaras hacen los ajustes necesarios.

En el mismo sentido se han expresado legisladores del PAN como el diputado Fernando Rodríguez Doval, quien dijo que su promulgación fue sólo “para tomarse la foto”. Y pidió al gobierno revisar las opiniones de expertos, organizaciones y defensores de derechos humanos que no avalan la Ley.

Otras voces como la María del Pilar Hernández, investigadora del IIJ-UNAM han dicho que la Ley tiene “serias deficiencias estructurales” debido a la falta de técnica jurídica con la cual fue elaborada, por lo que incluso sería necesario reformularla por completo. Estimó que “a veces cuesta más trabajo remendar que volver a hacer todo, y en este caso es más fácil volverlo a hacer”.

Para el exombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández,  la Ley es un “batiburrillo” Hay que replantearla toda. Es una ley bastante malita”, dijo en una entrevista a la La Jornada.(16 de enero dde 2013)  Sostiene que “esto es producto de las bacanales legislativas, donde sacan las cosas con una irresponsabilidad mayúscula. Por eso hacen este batiburrillo, porque no son especialistas y andan viendo cómo se cuelgan medallitas”. “Fue un acto meramente de publicidad política con unas consecuencias que pueden ser graves. Por eso en todo momento se habló de que la ley era perfectible”.

Para varias organizaciones defensoras de las victimas señalan que la publicación de la ley ya es por sí misma un acto positivo, en tanto admite la responsabilidad del Estado con las víctimas, pero coinciden en que le falta claridad en muchos aspectos, entre ellos la cantidad de recursos económicos para atender las necesidades para su cabal aplicación.

Ley perfectible; Peña Nieto.

En su discurso en Los Pinos el Presidente reconoció de entrada que la ley “es perfectible, que aún debe mejorarse, a partir de un diálogo cercano y constructivo con la sociedad civil y el Poder Legislativo.”. Sin embargo, aseveró que ésta no tiene precedentes en otra nación y aseguró que el Estado aspira a regresar “esperanza y consuelo a las víctimas y sus familiares”.

Y agregó que como parte de los compromisos del Pacto por México, el Gobierno a su cargo, “trabajará con los partidos políticos y grupos parlamentarios, para darle a este ordenamiento su perfeccionamiento, plena viabilidad.”

Por último es evidente que nuestra Ley Fundamental no faculta al Congreso de la Unión a emitir una "Ley general" en materia de víctimas, que obligue también a los estados y al Distrito Federal. Sí en cambio, la tiene para una ley federal. Se requiere adicionar el Artículo 73 constitucional para que este marco jurídico no sea endeble. O a menos que algún jurista respetable diga lo contrario.

Por lo que se seguramente en los próximos días habrá algunas propuesta de reformas a la Ley para, como dicen los especialistas, hacerla viable, ya la secretaría de Gobernación emitió un posicionamiento en ese sentido: la Ley será reformada, sin que ello implique su reestructuración general, señaló Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo. “Es una ley que admitiría la posibilidad de tener modificaciones; ¿cuál sería el alcance que en su momento podría contener una modificación al respecto?, pues es un asunto que se debe atender con sumo cuidado”, dijo en entrevista realizada por Fabiola Martínez, reportera de La Jornada (1b de enero de 2013)

o positivo de la publicación en el DOF por el Congreso de la Unión es el mensaje que se manda, era urgente darle una salida; pero también es cierto que como dice el poeta español Antonio Machado: "despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien, importa más que el hacerlas. "

Por cierto, ya hay una iniciativa que debe dictaminarse, por lo menos debe tomarse en cuenta. Quizá dicho proyecto enviado al Senado el 30 de agosto pasado el Presidente Calderón, pueda corregir las deficiencias de la Ley.

La iniciativa en formato pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-02-19-1/assets/documentos/Ley_Gral_Victimas.pdf

La iniciativa del Ex Presidente Calderón:

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2012-09-04-1/assets/documentos/Iniciativa_LGAPV.pdf