Batalla por la transparencia

Batalla por la transparencia/JESÚS CANTÚ

Revista Proceso # 1960, 24 de mayo de 2014

La decisión de una juez federal de difundir los exámenes y las calificaciones que obtuvieron los candidatos a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es un buen precedente que transparenta y mejora dichos procedimientos; es un paso que estrecha los márgenes de discrecionalidad, aunque no los cancela, pues aun cuando la información se haga pública, el procedimiento todavía tiene espacios para manipular las designaciones.

El pasado miércoles 21 Paula García Villegas, juez primera de Distrito en Materia Administrativa, declaró inconstitucionales los lineamientos de acceso a la información del Comité de Evaluación y, en consecuencia, ordenó difundir los nombres y calificaciones de los 14 comisionados y las calificaciones, con número de folio, de todos los aspirantes. La sentencia no es definitiva y puede ser impugnada ante un Tribunal Colegiado de Circuito.

Éste es uno de los procedimientos de designación de los integrantes de los órganos de gobierno de los organismos autónomos más regulado y preciso y, aun así, deja espacios de maniobra a las entidades reguladas y a los actores políticos que intervienen en él.

La primera deficiencia es centrar todo en un examen de conocimientos, cuando se trata de una posición que demanda competencias (que incluyen a éstos pero exigen asimismo habilidades, actitudes y valores) que no son evaluadas en el instrumento diseñado para tal efecto. Si extrapolamos esta lógica a otras instituciones, en un futuro se solicitará lo mismo para ser miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México o del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El hecho de centrar exclusivamente el proceso en los conocimientos permite a las entidades reguladas y a los actores políticos promover a sus candidatos, como lo demuestra el que de los 35 aspirantes incluidos en las siete listas para la Cofece, 11 provinieron de la misma institución; tres más hayan estado previamente en ella; otros ocho, en otras áreas del mismo gobierno federal, y tres más, en anteriores gobiernos, es decir 25 (71%) de los 35 laboraban o habían laborado en la administración pública federal.

 La segunda deficiencia es que, una vez integradas estas listas, el titular del Ejecutivo federal tiene toda la libertad para escoger de entre cada una de las quintetas, con estos porcentajes de sembrados. La probabilidad de que en cada una aparezca uno de éstos es muy alta; por lo tanto, simplemente selecciona entre los candidatos que él mismo invitó a participar y lograron llegar a las listas.

Esto es factible aun en el caso de estas dos instituciones, en las que el procedimiento que estableció el Comité de Evaluación sí garantizaba la inclusión de los 35 mejor calificados y una distribución equilibrada entre las listas, al distribuirlos en grupos de siete. Pero, dado que no se conocen las calificaciones de cada uno de ellos, en el extremo se puede seleccionar a los siete más bajos de esos 35, pues basta con que estén en las listas.

Obviamente el margen de maniobra es todavía más amplio en los casos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI). En el primero, aunque un Comité Técnico de Evaluación también construyó 11 quintetas, no se conocieron los criterios con los que se distribuyó a los candidatos seleccionados en las distintas listas; y, en el segundo, simplemente se presentó una lista (no vinculante) de 25 candidatos ordenados en forma alfabética.

Así, la posibilidad de conocer, aunque sea a posteriori, las calificaciones de todos los candidatos y con nombre las de los 14 seleccionados, permitirá conocer –bajo este cuestionable criterio de evaluación– qué tanto los favorecieron con consideraciones totalmente discrecionales.

Pero el precedente tendrá todavía más impacto en los otros dos casos, ya que ahí hay todavía más opacidad, mientras que el hecho de saber qué lugar ocupaban los 11 y los siete designados dentro de estas listas de finalistas evidenciará todavía más lo discrecional de sus designaciones y, desde luego, revelará la importancia de contar con sus padrinos en los partidos políticos como principal llave para acceder a los órganos de gobierno de estos organismos autónomos.

La sentencia de la juez García Villegas fue producto de un recurso que interpuso un solicitante de información, cuyo nombre no ha sido divulgado y quien, ante la negativa de la Unidad de Enlace del Banco de México (que resguardó la información porque su gobernador, Agustín Carstens, participó en el Comité de Evaluación junto con los titulares del Inegi y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y que se disolvió una vez cumplida su función), llegó hasta la justicia federal, vía el amparo, para hacer valer su derecho de acceso a la información.

Y la juez, aun cuando en el artículo 28 de la Constitución se establece que “todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables”, otorgó el amparo de la justicia federal al considerar que los lineamientos de acceso a la información no tenían que ver directamente con dicho proceso de nombramiento.

Una vez más se demuestra que son los esfuerzos de ciudadanos o de grupos de ciudadanos, que no desmayan ante las maniobras y simulaciones de los actores políticos, los que mantienen viva la esperanza de avanzar en la construcción de la democracia en México. Y nuevamente el Poder Judicial federal (a pesar de los escándalos que hoy involucran a jueces y magistrados, particularmente por su vinculación con los dueños de casas de apuestas) da señales de que algo se ha avanzado en la división de poderes tan preciada para la democracia.

Todavía es muy pronto para cantar victoria, pues seguramente la sentencia será recurrida ante el órgano colegiado, ya que el Ejecutivo, los líderes de los grupos parlamentarios y los dirigentes de los tres partidos políticos con mayor número de legisladores resguardan celosamente el control de estos procedimientos porque les permiten favorecer con estas posiciones a sus militantes o, al menos, simpatizantes y, desde luego, mantener el control de estos presuntos organismos autónomos.

Sea cual sea el desenlace final, el ejemplo muestra un camino que vale la pena recorrer para intentar detener la involución autoritaria.