Doctorado Honoris Causa a Moisés Moreno Hernández

Retrospectiva: julio de 2007
Palabras del ProcuradorMedina Mora Icaza, durante la ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa a Rafael Márquez Piñero y Moisés Moreno Hernández, que se realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales; México, D.F., a 17 de julio de 2007

 Muy buenas tardes a todos ustedes.

 Señor, don Rodolfo Félix Cárdenas, Procurador General de Justicia del Distrito Federal y miembro de la Honorable Junta de Gobierno de este Instituto Nacional de Ciencias Penales.

 Señor don José Lema Labadie, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana y también miembro de nuestra Honorable Junta de Gobierno de este Instituto.

 Señor Doctor, don Héctor Fix, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 Señor don Gerardo Laveaga, director General del INACIPE.

 Con la mayor admiración y respeto a los doctores Rafael Márquez Piñero y Moisés Moreno Hernández, nuestros Doctores Honoris Causa.

 El Instituto Nacional de Ciencias Penales ha sido ya, por muchos años, espacio de reflexión y apertura para la ciencia jurídica en México.

 Sin duda, importantes contribuciones a la dogmática penal y al derecho positivo se han fraguado en estas aulas que hoy distinguen a dos importantes académicos, impulsores del Derecho Penal, de esta rama que se concibe como el establecimiento de los límites juspuniendi del Estado y como instrumento primordial en la lucha contra la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos más relevantes para una sociedad.

 Moisés Moreno Hernández y Rafael Márquez Piñero representan una de las muchas generaciones de mexicanos, y digo mexicanos con toda intención, no sólo por elección, sino también por identidad plena, Doctor Márquez, que han luchado por hacer del Derecho Penal Mexicano un Derecho Penal más justo, más democrático, más equilibrado.

Quizá la prueba más importante de una democracia es en el equilibrio que muestre su derecho sustantivo y adjetivo, este equilibrio que legitima el uso de la prisión ante la violación de los derechos y bienes más importantes para la convivencia armónica.

La historia de México ha sido la lucha constante por la libertad y por la justicia.

El Derecho Penal no puede, ni debe, ser ajeno a esta lucha.

Hoy, la principal demanda de los mexicanos es seguridad integral, certidumbre en sus vidas cotidianas.

 El Derecho Penal está íntimamente ligado a esta demanda, porque los mexicanos exigimos con justicia que los delitos se castiguen, pero a la vez, que se respeten los principios de proporcionalidad y de debido proceso.

Que los juicios se realicen con estricto apego a derecho y con transparencia.

Que la ley se aplique, pero que no se deje de lado que a quienes se le aplica son, también, como nosotros, seres humanos, y que como tal, tienen los derechos que nuestra Constitución y nuestras leyes les otorgan.

México, nuestro México, ha sufrido grandes transformaciones en lo social y en lo político, y el sistema de justicia debe adecuarse a nuestra nueva realidad democrática para hacer una realidad el postulado constitucional de una justicia pronta, completa e imparcial.

La justicia tardía no es sino la expresión de una injusticia, y ante esto, tenemos que rediseñar el sistema para que la respuesta a la sociedad sea oportuna, con calidad y también con calidez.

Los cambios no sólo son necesarios en el ámbito penal, federal y locales, sino también en lo civil, en lo mercantil, en lo laboral, lo administrativo y lo fiscal, a fin de evitar que la ineficacia en la respuesta de estos sistemas se traduzca en trasladar todos los problemas al ámbito de lo penal.

Por ello, los mexicanos quieren, queremos un nuevo sistema de justicia penal que concilie estas exigencias, que a la vez disminuya la impunidad, aumente la seguridad jurídica de todos los que intervienen en el drama penal y culmine con la imposición de una sanción proporcional al daño o, en su caso, con una restauración mediante mecanismos alternos de solución de conflictos.

De verdad me da muchísimo gusto estar con representantes tan importantes de la comunidad académica penal en nuestro país, porque sé que todos están dispuestos a colaborar para que nuestro Sistema de Justicia Penal responda a los nuevos tiempos de la democracia mexicana, responda a los más altos estándares del respeto a los derechos fundamentales, pero también, que sea ejemplo de que en México, cuando se quebranta la ley se aplica la consecuencia jurídica establecida para ese quebrantamiento.

Es urgente que la dogmática penal se funda con la realidad, y que los mejores postulados de los estudiosos se recojan en las normas jurídicas que nuestro México, este México del Siglo XXI necesita.

Debemos convertir al deber ser en el ser, mediante la construcción de una sólida cultura de legalidad que asegure el desarrollo armónico de la nación.

Tenemos que lograr que el derecho se convierta en uno de los principales motores del desarrollo, que sea la punta de lanza del crecimiento económico, social y cultural, que sea el instrumento que regrese a los mexicanos la tranquilidad que requieren para ejercer sus libertades y sus derechos en un marco de orden, paz y respeto.

Pero, a la vez, no podemos ser ingenuos y creer que el derecho será el constructor de la sociedad, porque es a la inversa, el derecho debe responder a las nuevas realidades y hacer que éstas se traduzcan en un beneficio para la mayoría, en un beneficio para todos.

Sé que estas ideas las comparten Moisés Moreno Hernández y Rafael Márquez Piñero, y por eso estoy cierto que el Doctorado Honoris Causa que les entrega el Instituto Nacional de Ciencias Penales, más que un reconocimiento, significa la renovación de su compromiso con la sociedad mexicana.

Es un compromiso para contribuir, desde su trinchera, a un Sistema de Justicia Penal que responda a las exigencias de todos los mexicanos.

Muchísimas gracias.

Muchísimas felicidades.

A partir de ahora, los nombres de Rafael Márquez Piñero y Moisés Moreno Hernández, se inscriben con tinta indeleble en la historia de las Ciencias Penales de México y se suman a los de otros destacados hombres y mujeres que han sido distinguidos con el Doctorado Honoris Causa por el INACIPE como: Victoria Adato Green, Sara Bialostosky, Álvaro Búnster Briceño, Fernando Castellanos Tena, José Cerezo Mir, Ricardo Franco Guzmán, Sergio García Ramírez, Enrique Gimbernat Ordeig, Olga Islas, Rafael Macedo de la Concha, Rafael Moreno González, Luis Rodríguez Manzanera, Claus Roxin y Raúl Zaffaroni.