13 sept 2015

La investigación oficial: un catálogo de deficiencias/GLORIA LETICIA DÍAZ

Revista Proceso #2028, 13 de septiembre de 2015..
La investigación oficial: un catálogo de deficiencias/GLORIA LETICIA DÍAZ
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa escarbó muy hondo en la investigación oficial. No sólo descubrió que la “verdad histórica” de que los normalistas fueron incinerados ya se defendía desde antes incluso de que “los ejecutores” declararan. También detectó que hubo un quinto autobús involucrado, que no se tomó declaración a los choferes, que la propia autoridad borró un video fundamental, que algunas zonas del crimen ni siquiera se revisaron, que las autopsias estaban mal hechas y que 77% de los detenidos presentaban lesiones semejantes a las causadas por tortura…
 Más allá del debate provocado por la imposibilidad de que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos hayan sido calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero, o la sospecha de que detrás de los ataques perpetrados la noche del 26 al 27 de septiembre esté el narcotráfico, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa constituye un catálogo de malas prácticas de las autoridades en materia de búsqueda de desaparecidos.
 Éstos son algunos de los señalamientos hechos por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estudió el caso merced a un acuerdo de colaboración técnica firmado en noviembre del año pasado con el gobierno de Enrique Peña Nieto: Hubo omisiones graves en las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJ) y la Procuraduría General de la República (PGR), que atrajo tardíamente el caso; no se resguardaron las escenas del crimen, y algunas de ellas ni siquiera fueron consideradas como tales; se confirmaron fallos a la hora de obtener los videos de cámaras instaladas en Iguala así como a la hora de considerar testimonios clave; las autoridades estatales, federales y del Ejército desprotegieron a los normalistas, y al menos 77% de los detenidos presentaba lesiones, posiblemente provocadas por tortura.


De más de 500 hojas, el documento divulgado el domingo 6 y conocido en la víspera por los padres de los jóvenes desaparecidos no es otra cosa que un análisis minucioso del expediente oficial de 115 tomos. El trabajo del GIEI detecta inconsistencias y ausencias, y pone especial atención en confirmar o descartar la viabilidad jurídica de la “verdad histórica” decretada el 27 de enero por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

De los avances del GIEI fue enterada la sucesora de Murillo, Arely Gómez, durante los primeros seis meses de trabajo de ese grupo, integrado por los colombianos Ángela Buitrago y Alejandro Valencia; la guatemalteca Claudia Paz y Paz, el chileno Francisco Cox y el español Carlos Martín Beristáin.

Por eso no hubo sorpresas cuando el viernes 4 los cinco expertos, reconocidos internacionalmente por su trabajo jurídico y de atención a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, entregaron a Gómez el documento.

“El contenido del informe lo fue conociendo la procuradora durante el desarrollo de la investigación del GIEI. Tal vez por eso no parecía extrañada con el resultado el viernes que le entregamos el informe”, narra Cox, entrevistado el miércoles 9, un par de horas antes de que él y el médico Beristáin acudieran al Senado a presentar el documento.

Cox es un prestigioso abogado chileno educado en Inglaterra y Estados Unidos, tiene un posgrado en derecho en la Universidad de Columbia, de Nueva York, y se desempeñó como procurador en la Oficina del Defensor Penal Público en Washington, D.C.

Él está convencido de que la inves-tigación del caso Ayotzinapa requiere de la intervención del GIEI por seis meses más, pese a que durante el primer medio año de labores “fue muy difícil que se nos diera información. Había gente que estaba en los alrededores cuando ocurrió al primer ataque o durante la conferencia de prensa de los muchachos pero que tenía mucho miedo; otra más que estaba en ese segundo incidente, cuando desaparece Julio César Mondragón y después aparece muerto en el camino del Andariego. Eso fue un obstáculo y sigue siendo un obstáculo, el miedo de la gente para declarar”, dice.

No es para menos. Los especialistas documentaron que en los últimos ocho años han desaparecido 148 personas en Guerrero. En 28 indagatorias, agentes del Estado son señalados como responsables.

De dichos casos, 82 y 19, respectivamente, se perpetraron en Iguala, y de ésos, 55 y 13 “ocurrieron bajo la administración de (el entonces alcalde José Luis) Abarca”, se indica en el informe.

Integrante del equipo internacional de abogados que trabajó en la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet, Cox resalta que hechos como la imposibilidad de que los jóvenes fueran calcinados en el tiradero de Cocula o la “desaparición” de un quinto camión del expediente de la PGR fueron comentados en el transcurso de las indagatorias, dado que Arely Gómez dio facilidades para obtener información tanto a los expertos mencionados como al especialista en dinámica de fuego José Torero, investigador de la Universidad de Queensland, Australia.

“El expediente lo hemos visto con la procuradora desde el inicio, dándole cuenta de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos solicitando, qué estamos viendo, empezar a mostrarle las fallas que nosotros veíamos, porque hay mucha información en el expediente, lo que faltaba era analizarla y contrastarla con las declaraciones y otras pruebas”, que hacen “poco creíbles” los fundamentos de la versión oficial, apunta Cox.

El punto más significativo, sin duda, es la versión de que los cuerpos se incineraron en el basurero de Cocula.

“Lamentablemente las personas que hicieron los peritajes (oficiales) no tienen las competencias como para haberse pronunciado, o más bien tienen fallas técnicas. Incluso si uno lee las conclusiones con el cuerpo del informe de la PGR se llega a conclusiones a las que es imposibles arribar. Hay un sesgo confirmatorio de los peritos con las declaraciones, se ven influidos por las declaraciones y las dan por ciertas sin que ello sea posible físicamente”, explica Cox.

En el reporte del GIEI se advierte que esa versión fue sostenida en el expediente desde la primera consignación de detenidos del 17 de octubre, sin que en ese momento se contara con las declaraciones de los presuntos perpetradores, puestos a disposición de un juez el 20 de diciembre.

En aquella consignación, el Ministerio Público señala que el paradero de los jóvenes “posiblemente se ignore, pues al parecer fueron quemados hasta su total calcinación, por lo que si se llegara a encontrar dichos resto, sea imposible identificarlos”.

El cansado

El informe del GIEI se ocupa de la conferencia de prensa de Murillo Karam del 22 de octubre, en la que hace una narrativa de los supuestos hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre anteriores.

Tras una investigación acuciosa no sólo del expediente, sino de interrogatorios con estudiantes sobrevivientes, choferes de los autobuses tomados por los normalistas (que no estaban integrados en la averiguación), 35 procesados y vecinos de los nueve escenarios de los acontecimientos, así como de videos que tampoco estaban incluidos en la averiguación judicial, los expertos contradicen también esa parte de la “verdad histórica”.

En aquella conferencia, Murillo reconoce sólo cuatro camiones ocupados por los jóvenes, señala que los estudiantes “lesionaron” a un chofer que se resistió a llevarlos a Ayotzinapa; se refiere a “otro incidente enfrente de un lavado de autos”, y dice que es una línea de investigación; señala a “halcones” de Guerreros Unidos como quienes se comunican al centro de control policiaco C4; confunde el momento y lugar en que fue asesinado uno de los estudiantes e inventa un intento de fuga de los normalistas cuando fueron atacados.

Lo anterior “no corresponde con la realidad de lo sucedido”, indica el documento del GIEI.

Más de mil lesiones

Otro peritaje que pone en duda la legalidad de las declaraciones de los inculpados es el del doctor Francisco Etxeberria Gabilondo, de la Facultad de Medicina y Odontología de la Unidad Docente de San Sebastián, País Vasco.

El médico forense revisó 115 reportes médicos de 80 detenidos y 40 reportes de “mecánica de lesiones”. Concluyó que “el análisis en conjunto de las lesiones existentes permite constatar que los detenidos sufrieron muy frecuentemente cuadros de policontusión con lesiones traumáticas de distinta intensidad y localización”. Contó mil 178 lesiones en 77% de los detenidos.

El forense también revisó las autopsias de tres de los estudiantes asesinados, que presentaron diversos golpes en el cuerpo antes de morir. De Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava concluyó que su muerte “se habría producido por disparo de arma de fuego a quemarropa, el primero en el tórax posterior y el segundo en el rostro”.

En el caso de Julio César Mondragón el experto localizó “múltiples fracturas” en el cráneo, probablemente producidas por proyectil de arma de fuego, en tanto que no pudo determinar “si hubo una maniobra de desollamiento (…) o si bien dicha acción sea totalmente producida por fauna post mortem”. Etxeberria recomienda una segunda autopsia.

El quinto camión

Entre las debilidades de la indagatoria, Cox considera grave que dos meses antes de que el GIEI entregara el informe sus integrantes se enteraran de la existencia de una cámara de video afuera del Palacio de Justicia de Iguala, frente a donde fueron detenidos y desaparecidos jóvenes que viajaban en uno de los autobuses y donde fueron perseguidos otros que abordaban el quinto camión omitido por la PGR.

Cuenta que buscaron al responsable del equipo de video, quien les confirmó que el mismo 27 de septiembre revisó el material videograbado y que vio “cómo se detenía un bus que no veía mucho, pero que se veía una baliza y alguien deteniendo un bus”.

El empleado envió el video al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, añade Cox, y al preguntarle a la presidenta, Lambertina Galeana, al respecto, les dijo que lo había visto “pero que no se veía mucho y posteriormente dice que borró ese video porque no tenía importancia, y ahora en un oficio está declarando que no existe el video, no sabemos si dice que no existe porque se borró o porque nunca llegó. Eso es muy contradictorio con lo que platicó con nosotros”.

A instancias de los expertos, se pudieron tomar declaraciones de los choferes de los autobuses retenidos por los jóvenes, aunque en el caso del quinto camión hubo contradicciones que alimentaron la sospecha de que tiene que ver con los hechos.

“No pudimos entrevistar a ese chofer –cuenta–. Fue interrogado por la PGR, pero después, cuando tuvimos acceso al supuesto bus, que un peritaje de imagen duda que sea el mismo, se entregó documentación, y entre ella una hoja con una declaración manuscrita que coincidía con lo dicho por los muchachos, por esas inconsistencias es que tenemos sospechas de que tenga que ver con el caso.”

Uno de los conductores contó a los expertos que en uno de los ataques, policías municipales de Iguala mencionaron a sus contrapartes de Huitzuco como otra de las corporaciones que se sumaría al operativo de persecución de los normalistas.

Otro chofer sostiene que, golpeado por policías municipales, fue detenido junto con los estudiantes que viajaban en su autobús y que fue llevado a barandilla, de donde fue puesto en libertad al identificarse.

En el informe otro de los choferes dio a conocer la existencia de “un señor con camisa blanca y pantalón negro, el cual se veía con el cuerpo de una persona que hace mucho ejercicio”, ante el que habría sido llevado por policías estatales.

El hombre se encontraba en una casa ubicada en el centro de Iguala, a 15 minutos del Palacio de Justicia. Primero ordenó a los agentes que se lo llevaran “ya saben dónde”, y después gritó: “Déjenlo, que se largue”.

“Sin duda en los hechos hay una coordinación y hay alguien que da órdenes y no sabemos quién es, no está identificado –resalta Cox–. No sabemos si las autoridades hicieron investigación, esta declaración del conductor del autobús surge con nuestra solicitud y por lo tanto es algo que hay que indagar.”

Reconoce que durante los seis meses de trabajo el único “punto de diferencia de opinión fue con el Ejército”, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se opuso a que integrantes del 27 Batallón de Infantería fueran interrogados por los miembros del GIEI. Cox puntualiza: el grupo quería hablar con los soldados “toda vez que ellos tienen información, (pero) no decimos que están implicados”.

De las declaraciones de los militares integradas en el expediente y de documentos desclasificados es que los expertos se enteran de que las fuerzas castrenses fueron informadas a través del C4 de lo que pasaba con los muchachos, así como que hubo presencia militar en sitios clave, donde fueron desaparecidos los estudiantes, en la barandilla y en la clínica Cristina; en tanto que un documento obtenido por el GIEI determina que “Sedena toma control del C4, no sabemos si por eso no se reporta o no se siguió reportando, esa parte no la tenemos clara”.

Una de las intervenciones de los mandos castrenses revelada en el documento es la del general Alejandro Saavedra Hernández, actual comandante de la IX Región Militar y, hasta el año pasado, de la 35 Zona, a la que está adscrito el 27 Batallón.

Acorde con el reporte del GIEI, el médico responsable de la clínica Cristina aseguró en su declaración ministerial que, antes de acudir a la PGR, estuvo en el 27 Batallón, “porque el general Saavedra quería que platicara con unas personas de justicia militar”.

De la presencia de soldados en escenas del crimen, entre ellas frente al Palacio de Justicia y la barandilla, los expertos reproducen en su informe algunas de las preguntas que pretendían hacer a los soldados desplegados en Iguala:

“Si los integrantes del 27 Batallón, incluido el comandante JMC (sic), tuvieron conocimiento de que los jóvenes normalistas habían sido detenidos por la Policía Municipal de Iguala, hecho que fue informado por EM (sic) a ‘su mando’, y luego corroboraron que no se encontraban detenidos en la comandancia, ¿qué hicieron con esa información?¿Qué acciones urgentes tomaron? ¿Informaron en ese momento a las más altas autoridades del Estado? ¿Qué instrucciones recibieron? En caso contrario, ¿por qué no informaron? ¿Por qué manejaron información restringida en el C4 esa noche?”

Ante la evidencia de que integrantes de diversas corporaciones estatales y federales, así como miembros del Ejército presenciaron el ataque de policías municipales y presuntos miembros del crimen organizado, el abogado chileno se reserva su opinión.

“En el informe no nos pronunciamos sobre responsabilidades. Lo que nosotros decimos son los hechos. Ellos estaban ahí y no intervinieron. Si eso acarrea responsabilidad, no me puedo pronunciar en este momento tampoco.

–¿Ni desde el punto de vista del derecho internacional? –se le pregunta.

–No nos podemos pronunciar. Si alguien quiere sacar conclusiones, que las saque, pero nosotros no lo decimos.

–¿Qué hay de la responsabilidad de los altos mandos?

–En el informe no asignamos responsabilidad a nadie; ni siquiera a Abarca, ni siquiera a los presuntos responsables, simplemente describimos lo que hemos ido indagando o descubriendo. No asignamos responsabilidades. En ninguna parte del informe se dice ‘esta persona es responsable por esto, esto y esto’.

“Nos trajeron para ver cómo se estaban haciendo las cosas, nosotros opinamos, creemos que hay que seguir estas líneas de investigación, queremos seguir participando de acuerdo con el propio mandato, que da la posibilidad de solicitar una prórroga que creemos necesaria.”

Entre las recomendaciones que los expertos hacen están las de continuar con la búsqueda de los jóvenes; actualizar el mapa de fosas de cadáveres y restos óseos hallados en Iguala y lugares aledaños, y contar con una serie más amplia y de mejor calidad de fotos satelitales de los lugares vinculados con la investigación.  l


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