Cinco expertos del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvieron en nuestro país durante 13 meses dando seguimiento a la investigación del caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa..
Hay muchas observaciones y críticas al proceso de investigación.
Las criticas en algunos medios han sido demoledoras.
Y es que el tema ha todos nos indigna.,
La PGR agradeció las aportaciones proporcionadas las cuales serán analizadas e integradas al largo expediente.
Mucha información se ha hecho publica, hay evidentemente diferencias, entre la fiscalía y los familiares de los desaparecidos.
¿Qué pasó con los muchachos?
Lo que se sabe con certeza es que esa noche de septiembre varios policías municipales coludidos con el crimen organizado atacaron sin piedad a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que dejó un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
De entre estos, sólo uno ha sido plenamente identificado con pruebas científicas, de otro, los análisis de ADN arrojaron alta probabilidad, y se sospecha que 17 de ellos pudieron haber sido incinerados en un basurero de Cocula.
¿Y los demás?
No se sabe a ciencia cierta.
A pesar de que la investigación del caso es la más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en México.
Hasta el día del informe se han realizado 851 acciones de búsqueda.
168 persona han sido consignadas -, hay 123 detenidos-; 73 de ellos son policías municipales y el resto son integrantes de un grupo delictivo.
La autoridad ha realizado mil 651 intervenciones periciales, 850 declaraciones ministeriales, 98 extracciones forenses, 135 tomas de muestras de ADN, 20 cateos, y un largo etcétera..
Han pasado 19 meses de incertidumbre..
Afortunadamente el caso sigue abierto y la investigación continua.
Hay que intensificar más acciones de búsqueda, realizar nuevas diligencias, más peritajes .
Necesitamos saber con total certeza dónde están los muchachos
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Las columnas políticas, hoy, 25 de abril de 2016..
Hay muchas observaciones y críticas al proceso de investigación.
Las criticas en algunos medios han sido demoledoras.
Y es que el tema ha todos nos indigna.,
La PGR agradeció las aportaciones proporcionadas las cuales serán analizadas e integradas al largo expediente.
Mucha información se ha hecho publica, hay evidentemente diferencias, entre la fiscalía y los familiares de los desaparecidos.
¿Qué pasó con los muchachos?
Lo que se sabe con certeza es que esa noche de septiembre varios policías municipales coludidos con el crimen organizado atacaron sin piedad a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que dejó un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
De entre estos, sólo uno ha sido plenamente identificado con pruebas científicas, de otro, los análisis de ADN arrojaron alta probabilidad, y se sospecha que 17 de ellos pudieron haber sido incinerados en un basurero de Cocula.
¿Y los demás?
No se sabe a ciencia cierta.
A pesar de que la investigación del caso es la más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en México.
Hasta el día del informe se han realizado 851 acciones de búsqueda.
168 persona han sido consignadas -, hay 123 detenidos-; 73 de ellos son policías municipales y el resto son integrantes de un grupo delictivo.
La autoridad ha realizado mil 651 intervenciones periciales, 850 declaraciones ministeriales, 98 extracciones forenses, 135 tomas de muestras de ADN, 20 cateos, y un largo etcétera..
Han pasado 19 meses de incertidumbre..
Afortunadamente el caso sigue abierto y la investigación continua.
Hay que intensificar más acciones de búsqueda, realizar nuevas diligencias, más peritajes .
Necesitamos saber con total certeza dónde están los muchachos
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Las columnas políticas, hoy, 25 de abril de 2016..
Bajo Reserva/El Universal
Las preguntas al GIEI
Al menos una veintena de preguntas quedaron en el gobierno federal luego del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue presentado ayer. Nos dicen que en oficinas del gobierno mexicano surgió una larga lista de preguntas a las que les hubiera gustado que los miembros del GIEI dieran respuesta. La principal de ellas, nos dicen es ¿cuál es la explicación alternativa del grupo si los jóvenes no fueron quemados en el basurero de Cocula? Aseguran que habría sido interesante saber su hipótesis, dada la cercanía que tuvieron con la investigación.
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AYOTZINAPA, NUEVA OPORTUNIDAD/Editorial El Universal
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) logró que el caso no quedara como cosa concluida cuando el ex procurador Jesús Murillo Karam salió ante los medios a declarar la supuesta definitividad de las conclusiones oficiales. ¿Cuál era el origen de la supuesta certeza de que los 43 habían sido, todos, asesinados, quemados en un basurero, y sus restos aventados a un río? Declaraciones de detenidos arrojaron contradicciones entre sí. Prueba insuficiente bajo cualquier estándar policial internacional.
Es después de este punto donde los ánimos se desbordan. El GIEI acusa en su último informe, presentado ayer, que se emprendió en su contra una campaña de desprestigio y recrimina al gobierno federal haber obstruido parte de sus investigaciones. Por el contrario, los funcionarios recuerdan que la iniciativa de traer a los especialistas internacionales al país fue del propio gobierno, el cual incluso extendió el plazo de permanencia una ocasión.
Llegado este nivel de diferencias, las posturas parecen irreconciliables. Sin embargo, el informe final del grupo de expertos aporta elementos que el gobierno federal no tiene manera de desestimar y sobre los cuales la sociedad exigirá respuestas. Dos recomendaciones destacan entre las más de 600 páginas del documento: la urgencia de desmantelar el burocratismo del sistema de justicia mexicano (expresado con mayor crudeza en la lentitud e ineptitud padecidas por los familiares de los víctimas), y la exigencia de que se agoten todas las fuentes de información que, por una u otra razón, el gobierno no analizó en aquel 2014 cuando aseguraba que ya tenía sustentadas sus conclusiones.
El GIEI se va de México, pero quienes se quedan no se conformarán con cualquier explicación. En ese sentido, está de más temer un antes y un después en la urgencia de hallar explicaciones al caso Ayotzinapa a partir de hoy. En lo que ambas partes coinciden, PGR y especialistas internacionales, es en que Ayotzinapa no es un caso cerrado.
Con o sin grupo internacional de expertos funcionando en el país, el GIEI ha dado a la sociedad los elementos de juicio necesarios para contrastar cualquiera que sea la próxima —ojalá definitiva— versión oficial. Es irreversible la principal aportación del grupo: la amplia difusión de que se está ante un caso complejo. Este escenario abre ahora la oportunidad para que la autoridad no cierre el caso hasta que todos los involucrados estén detenidos y todas las preguntas hayan sido respondidas.
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FRENTES POLÍTICOS/Excelsior
I.GIEI sin tesis. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes no apuntó una tesis distinta a la del gobierno federal sobre el caso Iguala y tampoco resolvió ninguna duda de las muchas que siguen existiendo. ¿Qué obtuvimos entonces los mexicanos a cambio de los dos millones de dólares que les pagamos? ¿Quiénes son los culpables de los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014? Respuestas a medias dejaron en el tintero los expertos y se llevaron dos millones de dólares. La duda prevalece y algunos normalistas exigen la permanencia del GIEI. Habría que preguntarles por qué en lugar de realizar destrozos no exigen respuestas a este grupo.
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TRASCENDIÓ/Milenio
Que en los pasillos de la Procuraduría General de la República cayó como bomba el video que presentó el GIEI, en el que los expertos cuestionan la actuación del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, en la ribera del río San Juan, Cocula, el 28 de octubre de 2014, un día antes de que fueran dadas a conocer las bolsas de plástico que contenían restos quemados.
Luego de que el GIEI dejó ver que pudo haber un sembrado de pruebas, la titular, Arely Gómez, ordenó averiguar lo que ocurrió ese día.
Que Julio Hernández Barros, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, fue el único funcionario que asistió al último informe del GIEI, pero solo por unos minutos, pues el encargado para el caso Iguala saludó y platicó con algunos asistentes y se marchó antes de que comenzara la presentación.
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¿Será?/24 Horas.;
¿Será?/24 Horas.;
Las dudas del GIEI
Los integrantes del GIEI hicieron correr ríos y ríos de tinta para convencer de sus informes sobre el caso Iguala y hasta “se tocaron el corazón” para llevar a cabo las investigaciones. Algunos sectores apoyaron los resultados y hasta defendieron su actuación; sin embargo, dejaron muchas dudas sin resolver. Por ejemplo: no ahondaron acerca del perfil de los 43 estudiantes ni sobre el tráfico de drogas en la zona, cuyo fenómeno es la guerra y en las campañas todo se vale?
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Columna Alhajero/Martha Anaya/ 24 Horas.
El adiós al GIEI
Nada más elocuente para ilustrar la furia –“rabia”, dirían algunos- del gobierno mexicano hacia el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que su ausencia al último informe del grupo.
Un desprecio más que notorio, pues ni siquiera hubo a quién entregarle este informe Ayotzinapa II, como haría ver el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James L. Cavallaro.
Porque ninguno de los subsecretarios de Derechos Humanos –Roberto Campa Cifrián, de Gobernación; Miguel Ruiz Cabañas, de la cancillería; Eber Betanzos, de la Procuraduría General de la República- hicieron acto de presencia ayer en el Claustro de Sor Juana.
Vaya, ni siquiera el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, se atrevió a desmarcarse de la posición gubernamental. Se unió al desaire del gobierno mexicano hacia el GIEI (y eso que la CNDH aparece bien tratada y mencionada varias veces en su informe), y ni siquiera a José Larrieta –encargado del caso Iguala- envió en su lugar.
¿Que el informe Ayotzinapa II exhibe las deficiencias de nuestro sistema de justicia –además de su cinismo- y la connivencia de policías municipales, estatales, ministeriales, federales, con el crimen organizado? ¡Por supuesto!
¿Que se mantiene en su posición de refutar –con más datos ahora- que los 43 normalistas hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula? ¡Evidentemente!
¿Que acusaron abiertamente al gobierno mexicano de obstruir su investigación? ¡Inevitable!
Si hubieran escuchado, a lo largo de dos horas y media, el resumen que hicieron los del GIEI –Carlos Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Alejandro Valencia-, seguramente pensarían que se quedaron “cortos” en sus apuntes, porque el comentario general al término de la lectura de lo que vieron y hallaron fue éste: “Fue una exhibición del desprecio y el cinismo” de nuestras autoridades.
¿Y cómo se van los del GIEI luego de que el gobierno dio por terminada su misión?
Cox lo respondería así: ¿Con qué sabor nos vamos sin saber dónde están los estudiantes? ¡Con el peor!
Decenas de luchadores presentes.- Pero los del GIEI no estuvieron solos en la presentación de su segundo y último Informe sobre Ayotzinapa.
¡Mil trescientos! lugares se ocuparon en el patio del Claustro, comenzando por alrededor de 80 familiares de los normalistas desaparecidos, junto con las organizaciones que los acompañan: Tlachinollan, Serapaz, el Agustín Pro, el Morelos.
Sus gritos se escucharon desde su arribo: “¡Ayotzi viveee…; la lucha sigueee!”, y el siempre impactante conteo de los 43: “Uno, dos, tres…, cuarenta y dos, cuarenta y tres…, ¡Justicia!”.
Entre los asistentes, la crema y nata de los luchadores por los Derechos Humanos: el padre Alejandro Solalinde, Javier Sicilia, Miguel Concha, Clara Jusidman, Edgar Cortés, Miguel Serré, Pietro Ameglio, el general Francisco Gallardo; personajes de izquierda y activistas como Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas, Armando Ríos Piter, Carlos Fazio, Pedro Miguel y Epigmenio Ibarra.
Sus posiciones ante el desencuentro entre el gobierno mexicano y el GIEI podrán imaginarlas. Van algunas:
-Del padre Concha: “Ganó el ala más irresponsable (del gobierno) porque no sólo concierne a los padres y a los familiares, concierne a toda la sociedad mexicana y hay muchos ojos en la comunidad internacional que están muy pendientes. Son multitudes las que no quieren que esto siga impune”.
-De Sicilia: “¡Es un desastre! Es una política de avestruz, de no compromiso de parte del gobierno; su actitud revela la inmensa distancia de su corazón con la gente. Ganó la parte dura, eso da miedo…”.
-Del padre Solalinde: “Es muy claro el ocultamiento sistemático del gobierno en la defensa del 27 Batallón, ¡es lo que está defendiendo, es la pieza a la que no quieren que llegue el GIEI”.
GEMAS: Cartel de una mujer durante el evento en el Claustro: “Que alguien me vea, que alguien me escuche, justicia para mi hijo Carlos Sinuhé Cuevas Mejía”.
IEI: al diablo con la realidad
El grupo ha dedicado su informe final a lo mismo que dedicó su informe semestral en septiembre: sembrar desconfianza, hablar de hipótesis que no se sustentan
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Excelsior
Poco más de un año después, luego de haber cobrado dos millones de dólares de salario y más de un millón de dólares de viáticos, teniendo acceso a todas las investigaciones, todos los testimonios, el informe que brindó ayer el GIEI es de pena ajena, algo indigno de llamarse el producto de un grupo de expertos interdisciplinarios e independientes. No hay una sola línea de investigación seria fuera de la encarada por las autoridades federales, no hay pistas indagadas, hay negativas y desmentidos que no tienen más solidez que un trascendido mediático: hay elucubraciones, chismes y ocurrencias, lo que no hay es un solo dato propio, producto de su trabajo.
El GIEI ha dedicado su informe final a lo mismo que dedicó su informe semestral en septiembre: sembrar desconfianza, hablar de hipótesis que no se sustentan. Vamos con los principales. El Grupo insiste en que no hay datos que sustenten que hubo un incendio en el basurero de Cocula la noche del 26 de septiembre del 2014. Es la mayor de sus supercherías. La PGR con un amplio grupo de expertos nacionales e internacionales realizó un muy amplio peritaje que permitió saber que allí fueron incinerados los cuerpos de muchos de los jóvenes secuestrados. No fue que se les ocurrió esa hipótesis: fue el resultado de las declaraciones de buena parte de los 122 detenidos, policías de Iguala y Cocula, de sicarios del cártel de los Guerreros Unidos, apresados y confesos por esos hechos, que explicaron con lujo de detalles cómo secuestraron, asesinaron e incineraron a los jóvenes de Ayotzinapa. En septiembre el GIEI sorprendió a todo el mundo diciendo que no había existido incendio en Cocula, basado en el peritaje de un experto en incendios forestales, José Torero. Ante la diferencia de opiniones se decidió hacer un tercer peritaje con expertos internacionales: tres designados por la PGR, tres por el GIEI. Pero resultó que el Grupo ya no estaba tan convencido de ese acuerdo y llegó a decir que el peritaje no era necesario porque tenía fotos satelitales que demostraban que esa noche no había habido un incendio. Nunca mostraron las fotos, porque era mentira: los mismos expertos de la NASA aclararon que esa noche estaba nublado y que, por lo tanto, era imposible detectar qué sucedía en tierra. Se realizó ese tercer peritaje y los expertos internacionales, avalados por el propio GIEI concluyeron que sí había existido un incendio de grandes dimensiones para esa fecha en Cocula y que, por lo menos, fueron incinerados en ese lugar una veintena de cuerpos. Pero ahora resulta que el GIEI en el informe dado a conocer ayer desconoce el peritaje y dice que no lo apoya aunque fueron ellos los que designaron a quienes lo hicieron. Por cierto, el primero que dijo, apenas una semana después de los hechos, que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en la zona de Cocula no fue la PGR, fue el padre Alejandro Solalinde con base en testimonios de los pobladores de la zona. No es ningún secreto está publicado en todos los medios.
Dicen en el informe que el quinto autobús, ése que ellos dicen que llevaba droga de Iguala a Chilpancingo, les fue ocultado por la PGR y les mostraron otro. Es otra mentira. El autobús está plenamente identificado, está grabado por las cámaras de seguridad de la central de autobuses de Iguala, existen testimonios de los estudiantes que iban en él, del chofer, de la empresa propietaria. Ese autobús, lo mismo que los otros seis que fueron secuestrados esa noche por los estudiantes de Ayotzinapa, está plenamente identificado desde el primer día y, además, ninguno de ellos tenía permiso para transitar fuera de Guerrero y Morelos. ¿De dónde sacan que ése no era el autobús que señalan? La hipótesis del quinto autobús es una ocurrencia, basada en un chisme.
Dice el GIEI que hubo un operativo coordinado de todas las fuerzas de seguridad en 80 kilómetros a la redonda para que los jóvenes no pudieran escapar de Iguala. ¿Por qué 80 kilómetros y no 60 o 100? No lo dicen. Pero más allá de eso, es evidente que muchos de los jóvenes escaparon de ser secuestrados, incluyendo el hijo de quien encabeza a los padres, Felipe de la Cruz: si hubiera existido un operativo de esa magnitud ¿por qué unos hubieran escapado y otros no?
Lo cierto es que la Policía Federal no estaba dentro de Iguala y los elementos del Ejército que venían llegando de otro evento (un accidente) salieron de su cuartel ya en la noche, se toparon con un grupo importante de jóvenes en un hospital privado y lo que hicieron fue pedir ambulancias para que los recogieran.
¿Por qué el GIEI insiste en desconocer el más importante de los hechos? Que el enfrentamiento es de Guerreros Unidos contra un grupo en el que estaban convencidos de que venían integrantes de Los Rojos para matar a sus jefes de plaza. Guerreros Unidos ordena el secuestro y la matanza y los policías trabajaban para ellos. El GIEI lo ignora porque no le gusta la tesis, lo que ellos vinieron a comprobar era un supuesto acto de contrainsurgencia que resultó que no coincidía con la realidad. Pero, entonces, decidieron enviar al diablo la realidad.
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EL ASALTO A LA RAZÓN/Carlos Marín
Milenio
CIDH, ¿prueba superada?
Con excepción de la crítica (sobradamente justa) de Carlos Beristain a la atención a víctimas, en particular a los absurdos burocráticos y la demencial dilación para obtener el ADN del normalista Julio César Mondragón, el informe conclusivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes llegó ayer a su clímax, pero no con sus previsibles y sospechosistas conclusiones, sino con la inaudita calificación de su desempeño que le mereció a James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA: “Ha superado todas las expectativas”, mintió.
Tendría razón si la siembra de dudas, insinuaciones y descalificaciones de lo hecho y dicho por la PGR sobre el caso Iguala fuera el compromiso que suscribió la CIDH con el Estado mexicano.
Pero sucede que lo único fuera de toda duda en su segundo y último informe es que el GIEI no llegó a nada firme para saber el paradero y situación (vivos o muertos) de Los 43, y ni siquiera hizo un relato tan preciso, conciso y macizo como el que a Jesús Murillo Karam le llevó, temeraria y equivocadamente, a definir como “verdad histórica”.
cmarin@milenio.com
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Ayotzinapa, círculos de la muerte/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero
La noche del 26 de septiembre de 2014 hubo tres anillos de seguridad donde, se puede colegir, nunca iban a dejar que los estudiantes de Ayotzinapa escaparan de los ataques que enfrentaron durante tres horas en Iguala. El primer anillo es el que establecieron las policías municipales en Iguala, donde secuestraron a 43 estudiantes de quienes no se sabe la suerte de 42; el segundo en la desviación a Santa Teresa, dentro del mismo municipio; y el tercero en la desviación de la Autopista del Sol, a Mezcala. Estos anillos de seguridad están expuestos en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), divulgado este domingo, y son una revelación notable. Muestran, aunque no lo señalan explícitamente, una acción concertada entre policías municipales de cuando menos tres municipios, policías federales y dos grupos criminales enfrentados entre sí. Deja en duda, también sin referirse a ello, qué papel jugó realmente el Ejército aquella noche de barbarie.
La construcción de los tres anillos se hizo a través de testimonios de los involucrados en el crimen. El primer anillo de seguridad, ampliamente divulgado y documentado, se da en Iguala, donde la Policía Municipal atacó en tres diferentes puntos los autobuses de los estudiantes e impidió que salieran de esa ciudad. El segundo, trabajado tangencialmente, fue sobre la carretera de Iguala y Chilpancingo, a la altura de la desviación a Santa Teresa –una comunidad del mismo municipio, donde se dio el ataque al equipo de Los Avispones, en el que muere uno de sus jugadores y dos personas que viajaban en un taxi. Aunque también fueron policías municipales los que intervinieron, igualmente hubo presencia de policías federales, como sucedió en cuando menos uno de los episodios en Iguala.
El tercero se dio en la desviación a Mezcala, que aunque fue mencionado como punto importante para atender desde los primeros días de la investigación, siempre se soslayó. Mezcala es lo más oscuro que existe en la investigación hasta este momento. El informe final del GIEI le adjudicó un nuevo valor, al retomar de manera detallada los testimonios de lo que sucedió aquella noche. El más relevante es el de Hermenegildo Morales, ministerio público estatal adscrito en Tlapa, que iba a ver a su familia en Iguala, quien se topó con el retén sobre la Autopista del Sol de aproximadamente 40 personas, pero decidió brincarlo.
El comando le disparó al violar el retén y fue perseguido hasta que lo detuvieron. De acuerdo con el informe del GIEI, cuando se identificó como ministerio público lo dejaron ir. ¿Quiénes integraban ese retén? ¿Por qué le perdonaron la vida cuando vieron que era un funcionario judicial? Con toda la información disponible hasta ahora, no se puede establecer quiénes formaban ese comando. Sin embargo, aunque esto no figura en las conclusiones, hay elementos de contexto que sólo profundizan la confusión.
Esa zona está controlada por Los Rojos, la banda criminal enemiga de Guerreros Unidos, a la que se le señala como el grupo que desapareció a los normalistas. ¿Cómo pudo establecerse un anillo de seguridad en una zona bajo el control de sus enemigos? La noche del 26 de septiembre hubo ataques a vehículos en la desviación a Mezcala, en la zona de Sábana Grande, a tres kilómetros de Santa Teresa, e inclusive un tráiler, perforado totalmente por los disparos del comando, estaba atravesado sobre la carretera sin que la Policía Federal, responsable de la seguridad en los caminos del país, interviniera. En la desviación a Mezcala, el Ejército siempre había mantenido presencia militar, pero esa noche, de acuerdo con las primeras investigaciones, no había ningún militar en la zona. El reporte del GIEI carece de información detallada sobre el papel del Ejército, no sólo porque nunca pudieron hablar con los soldados del Batallón 27 de Infantería en Iguala, sino con ningún mando. Tampoco les proporcionaron documentos sobre sus métodos, formas de operar y partes a sus superiores.
El GIEI nunca pudo saber, por ejemplo, de los malos antecedentes de los militares en esa región, y que no habían pasado los exámenes de confianza. La reputación de ellos fue varias veces comentada dentro del Grupo de Coordinación de Guerrero, presidido por el Cisen, e integrado por los responsables de seguridad e impartición de justicia del estado, junto con representantes de la Marina, el Ejército, y la Policía Federal. Las minutas de esas reuniones, oficialmente, no existen. En el informe de los expertos, el papel del Ejército es uno de los más oscuros de todos los actores, por la falta de información sobre lo que hicieron. Su papel esa noche está llenó de especulaciones.
La construcción de esos tres círculos de seguridad da pie a preguntas que, tras 18 meses de investigación, no tienen respuesta. Ángela Buitrago, cabeza del GIEI, dijo que los eventos esa noche se dieron en una superficie más amplia, y duraron más tiempo del admitido hasta ahora. Según su reporte final, los grupos criminales pudieron operar toda la noche sin problemas en una extensión de 80 kilómetros, pese a que, acotó Buitrago, el Ejército, la Policía Federal y las policías municipales tuvieron conocimiento cada segundo de dónde estaban y qué hacían los normalistas desde que salieron de Chilpancingo. ¿Qué se decidió en esos anillos de seguridad? ¿Quiénes participaron directa e indirectamente en ellos? Ahí, probablemente, está la solución del crimen.
Twitter: @rivapa
Milenio
CIDH, ¿prueba superada?
Con excepción de la crítica (sobradamente justa) de Carlos Beristain a la atención a víctimas, en particular a los absurdos burocráticos y la demencial dilación para obtener el ADN del normalista Julio César Mondragón, el informe conclusivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes llegó ayer a su clímax, pero no con sus previsibles y sospechosistas conclusiones, sino con la inaudita calificación de su desempeño que le mereció a James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA: “Ha superado todas las expectativas”, mintió.
Tendría razón si la siembra de dudas, insinuaciones y descalificaciones de lo hecho y dicho por la PGR sobre el caso Iguala fuera el compromiso que suscribió la CIDH con el Estado mexicano.
Pero sucede que lo único fuera de toda duda en su segundo y último informe es que el GIEI no llegó a nada firme para saber el paradero y situación (vivos o muertos) de Los 43, y ni siquiera hizo un relato tan preciso, conciso y macizo como el que a Jesús Murillo Karam le llevó, temeraria y equivocadamente, a definir como “verdad histórica”.
cmarin@milenio.com
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Ayotzinapa, círculos de la muerte/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero
La noche del 26 de septiembre de 2014 hubo tres anillos de seguridad donde, se puede colegir, nunca iban a dejar que los estudiantes de Ayotzinapa escaparan de los ataques que enfrentaron durante tres horas en Iguala. El primer anillo es el que establecieron las policías municipales en Iguala, donde secuestraron a 43 estudiantes de quienes no se sabe la suerte de 42; el segundo en la desviación a Santa Teresa, dentro del mismo municipio; y el tercero en la desviación de la Autopista del Sol, a Mezcala. Estos anillos de seguridad están expuestos en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), divulgado este domingo, y son una revelación notable. Muestran, aunque no lo señalan explícitamente, una acción concertada entre policías municipales de cuando menos tres municipios, policías federales y dos grupos criminales enfrentados entre sí. Deja en duda, también sin referirse a ello, qué papel jugó realmente el Ejército aquella noche de barbarie.
La construcción de los tres anillos se hizo a través de testimonios de los involucrados en el crimen. El primer anillo de seguridad, ampliamente divulgado y documentado, se da en Iguala, donde la Policía Municipal atacó en tres diferentes puntos los autobuses de los estudiantes e impidió que salieran de esa ciudad. El segundo, trabajado tangencialmente, fue sobre la carretera de Iguala y Chilpancingo, a la altura de la desviación a Santa Teresa –una comunidad del mismo municipio, donde se dio el ataque al equipo de Los Avispones, en el que muere uno de sus jugadores y dos personas que viajaban en un taxi. Aunque también fueron policías municipales los que intervinieron, igualmente hubo presencia de policías federales, como sucedió en cuando menos uno de los episodios en Iguala.
El tercero se dio en la desviación a Mezcala, que aunque fue mencionado como punto importante para atender desde los primeros días de la investigación, siempre se soslayó. Mezcala es lo más oscuro que existe en la investigación hasta este momento. El informe final del GIEI le adjudicó un nuevo valor, al retomar de manera detallada los testimonios de lo que sucedió aquella noche. El más relevante es el de Hermenegildo Morales, ministerio público estatal adscrito en Tlapa, que iba a ver a su familia en Iguala, quien se topó con el retén sobre la Autopista del Sol de aproximadamente 40 personas, pero decidió brincarlo.
El comando le disparó al violar el retén y fue perseguido hasta que lo detuvieron. De acuerdo con el informe del GIEI, cuando se identificó como ministerio público lo dejaron ir. ¿Quiénes integraban ese retén? ¿Por qué le perdonaron la vida cuando vieron que era un funcionario judicial? Con toda la información disponible hasta ahora, no se puede establecer quiénes formaban ese comando. Sin embargo, aunque esto no figura en las conclusiones, hay elementos de contexto que sólo profundizan la confusión.
Esa zona está controlada por Los Rojos, la banda criminal enemiga de Guerreros Unidos, a la que se le señala como el grupo que desapareció a los normalistas. ¿Cómo pudo establecerse un anillo de seguridad en una zona bajo el control de sus enemigos? La noche del 26 de septiembre hubo ataques a vehículos en la desviación a Mezcala, en la zona de Sábana Grande, a tres kilómetros de Santa Teresa, e inclusive un tráiler, perforado totalmente por los disparos del comando, estaba atravesado sobre la carretera sin que la Policía Federal, responsable de la seguridad en los caminos del país, interviniera. En la desviación a Mezcala, el Ejército siempre había mantenido presencia militar, pero esa noche, de acuerdo con las primeras investigaciones, no había ningún militar en la zona. El reporte del GIEI carece de información detallada sobre el papel del Ejército, no sólo porque nunca pudieron hablar con los soldados del Batallón 27 de Infantería en Iguala, sino con ningún mando. Tampoco les proporcionaron documentos sobre sus métodos, formas de operar y partes a sus superiores.
El GIEI nunca pudo saber, por ejemplo, de los malos antecedentes de los militares en esa región, y que no habían pasado los exámenes de confianza. La reputación de ellos fue varias veces comentada dentro del Grupo de Coordinación de Guerrero, presidido por el Cisen, e integrado por los responsables de seguridad e impartición de justicia del estado, junto con representantes de la Marina, el Ejército, y la Policía Federal. Las minutas de esas reuniones, oficialmente, no existen. En el informe de los expertos, el papel del Ejército es uno de los más oscuros de todos los actores, por la falta de información sobre lo que hicieron. Su papel esa noche está llenó de especulaciones.
La construcción de esos tres círculos de seguridad da pie a preguntas que, tras 18 meses de investigación, no tienen respuesta. Ángela Buitrago, cabeza del GIEI, dijo que los eventos esa noche se dieron en una superficie más amplia, y duraron más tiempo del admitido hasta ahora. Según su reporte final, los grupos criminales pudieron operar toda la noche sin problemas en una extensión de 80 kilómetros, pese a que, acotó Buitrago, el Ejército, la Policía Federal y las policías municipales tuvieron conocimiento cada segundo de dónde estaban y qué hacían los normalistas desde que salieron de Chilpancingo. ¿Qué se decidió en esos anillos de seguridad? ¿Quiénes participaron directa e indirectamente en ellos? Ahí, probablemente, está la solución del crimen.
Twitter: @rivapa
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