Desaparición forzada, uno de los saldos perversos de la Operación Chihuahua

Revista Proceso # 2096, 1 de enero de 2016

Desaparición forzada, uno de los saldos perversos de la Operación Chihuahua/

JUAN VELEDÍAZ

En octubre de 2008, como parte de la Operación Conjunta Chihuahua, Saúl Becerra Reyes y otras personas fueron detenidas en Ciudad Juárez. A todas se les recluyó en el centro de mando militar y después las mandaron a la Procuraduría General de la República, menos a Saúl. Meses más tarde su cadáver apareció, momificado, lejos del sitio donde lo detuvieron. Si bien hay efectivos castrenses acusados y procesados por este caso, el mismo no está cerrado. Y sobre la mencionada operación recae el negro antecedente de contar con más de mil 300 quejas por violaciones a los derechos humanos, según registros periodísticos.

La última vez que Brenda Patricia Balderas Contreras vio con vida a su esposo, Saúl Becerra Reyes, fue la tarde del 21 de octubre de 2008, cuando ella se aproximaba a su casa, en el sector Delicias, uno de los más violentos de Ciudad Juárez, Chihuahua, y se encontró con que vehículos blindados del Ejército tenían todo cercado en tres cuadras a la redonda.

Vio que detrás de los militares había gente detenida. A lo lejos alcanzó a distinguir que un soldado tenía a Saúl en el suelo, con un pie sobre su cabeza. Quiso correr hacia él, pero un guardia le impidió el paso. Pudo ver que al lado de su marido había otros hombres tirados en la calle; poco después los taparon a todos con cobijas antes de subirlos a un camión militar de redilas y llevárselos.

El despliegue de aquella tarde formaba parte de la Operación Conjunta Chihuahua, que había arrancado en abril de 2008 en ésta y otras ciudades del estado.

Ese día el operativo tuvo lugar en el cruce de las calles Platino y 16 de Septiembre, donde Arturo Martínez Garza preparaba su mudanza. Cuando llegaron los soldados, vio desde la ventana de su casa cómo encañonaban a varios de sus vecinos, que estaban en la calle, platicando afuera de una pizzería. Dijo que escuchó cuando los militares gritaron que no se movieran, los hincaron a todos y les ordenaron que se taparan la cara con sus camisetas. Salió a ver qué pasaba y a él también lo detuvieron.

Después de que un grupo de soldados se llevó a 10 civiles detenidos, Brenda se acercó a preguntar a dónde los llevaban. Le respondieron que a la Procuraduría General de la República (PGR). Fue con otros familiares a las oficinas de la dependencia, donde les dijeron que “era muy pronto”, que los militares tardaban por lo regular de dos a tres días en presentar a los detenidos ante la autoridad ministerial.

Pasaron los días y Brenda regresó varias veces a las oficinas de la PGR, donde no le dieron informes acerca del paradero de su esposo. Tiempo después algo supo de él por otro de los detenidos, Pablo Castillo López, cuyo testimonio rendido ante el Juzgado Sexto de Distrito en Chihuahua forma parte de la causa penal 93/2013 instruida contra 18 militares, seis de ellos oficiales, acusados de la desaparición forzada y homicidio de Saúl Becerra Reyes.

Castillo López relató que los militares se lo llevaron junto a Saúl Becerra. A los dos los tuvieron encerrados en el cuartel de la guarnición militar de Ciudad Juárez. Dijo que ahí vio a Saúl “muy herido y golpeado”. Preguntaba a los militares qué estaba pasando, por qué los habían detenido. Lo único que le contestaban era que no hablara.

“Nos llevaron a la guarnición y ahí nos retuvieron. Nos maltrataron y nos tuvieron como cinco días vendados de los ojos, nos dieron toques eléctricos en las partes y ya después fue derechos humanos a buscarnos a la guarnición. Todos los días iban a buscarnos ahí.

“Los militares nos decían: ‘Ya llegó la visita’, y nos sacaban hacia el cerro en una hielera de carnes frías y ahí nos tenían toda la noche y el día, nos regresaban al cuartel y decían que iban a continuar con lo mismo. Y decían que quién era el bueno de esas armas, y yo les decía que yo no. Ya después los militares me preguntaban por Saúl, y yo les contestaba que no lo conocía. Y ya cuando llegamos a la PGR nos dimos cuenta que no iba Saúl ahí con nosotros”, declaró Castillo ante el juez Sexto de Distrito de Ciudad Juárez, en una audiencia efectuada en septiembre de 2013.

Cuando llegó a la PGR, Castillo recordó que eran 10 los detenidos a quienes acusaron de delitos contra la salud, portación de armas exclusivas del Ejército y delincuencia organizada, por haberlos encontrado en “flagrancia delictiva”. El único que no estaba en ese grupo era Saúl Becerra Reyes; sin embargo, el vehículo que era de su propiedad estaba asegurado.

Durante una audiencia en el Juzgado Sexto de Distrito, Brenda declaró que al paso de los días comenzó a buscarlo en el Servicio Médico Forense (Semefo), en hospitales y en el cuartel. En diciembre de 2008 decidió presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la desaparición de su esposo, detenido por los militares pero “nunca puesto a disposición de la autoridad ministerial”.

Saúl Becerra era rotulista, vivía en unión libre y había procreado dos niñas con Brenda. Estaba fichado como miembro de la pandilla Los Aztecas, le decían El Cholo Fresa; lo detuvieron en 1998 y fue sentenciado a ocho años de cárcel por un homicidio en Ciudad Juárez. Cumplió su condena y estaba libre desde diciembre de 2006.

Los cinco meses que transcurrieron para que Brenda conociera el paradero de Saúl finalizaron la mañana del 5 de marzo de 2009, cuando abrió el periódico PM de Ciudad Juárez. Ahí leyó que un cuerpo momificado había sido encontrado en la carretera Casas Grandes-Ascensión, en una brecha conocida como El Zorrito, distrito de Galeana, a la altura del kilómetro 68, de donde fue llevado al Semefo.

Saúl tenía tatuado su nombre en el hombro y antebrazo derechos. Gracias a ese tatuaje identificaron el cuerpo.

El Quinto Batallón

En octubre de 2008 una denuncia anónima fue recibida en el campamento del Quinto Batallón de Policía Militar, establecido en un campo deportivo del sector Delicias de Ciudad Juárez; el agrupamiento había venido de su base en Santa Lucía, Estado de México, para sumarse a la Operación Conjunta Chihuahua.

El mensaje anónimo decía que había un lugar donde se reunía gente armada y vendían droga, en terrenos de la banda conocida como Los Aztecas, según recordó el mayor de infantería Ignacio Juárez Rojas durante una de las audiencias del juicio.

Juárez Rojas era el jefe de la Sección de Personal, Abastecimientos y Ayudantía del batallón, el cual estaba al mando del coronel Eloy Magaña Barrios, quien aquella tarde le ordenó que saliera a verificar la denuncia. Juárez se dirigió con un grupo de soldados encabezados por el capitán Eusebio Huerta Miranda a la calle Platino, donde llegaron a bordo de varios vehículos artillados y de transporte de tropas.

En el relato que se encuentra en el tomo 12 de la causa penal 93/2013 –del cual Proceso tiene copia–, que por desaparición forzada, homicidio y abuso de autoridad se lleva en el Juzgado Sexto de Distrito en Chihuahua contra el coronel Magaña Barrios, el mayor Juárez Rojas, el capitán Huerta Miranda, más tres oficiales y 12 elementos de tropa que pertenecieron al Quinto Batallón de Policía Militar, se recoge la versión castrense de cómo se dio aquella detención de los 10 civiles, entre quienes iba Saúl Becerra Reyes.

Juárez declaró que cuando llegaron al sitio vio que había cuatro hombres sentados “en actitud sospechosa” en las inmediaciones del domicilio que les habían indicado. Ordenó a su personal que los revisaran y les encontraron dinero en efectivo; detuvieron a otro que salió del vecindario donde momentos después irrumpieron. Eran unos cuartos abandonados donde presumían que se reunían esas personas. Ahí encontraron armas, cartuchos y droga que aparentemente pertenecían a esos individuos.

El jefe militar informó al coronel Magaña del hallazgo y le solicitó apoyo de un vehículo más grande para trasladar a los sospechosos al puesto de mando de la Operación Conjunta, ubicado en la guarnición militar de Ciudad Juárez. Pronto llegó el capitán Salvador Mejía Rangel, con tropa bajo su mando, en un camión al que subieron a los detenidos.

Más tarde llegó al vecindario el coronel Magaña, quien recibió los pormenores mientras entraba a inspeccionar el lugar donde, según los reportes, encontraron dos fusiles AK-47, una pistola escuadra calibre .40, cartuchos diversos y alrededor de 27 kilos de mariguana. Ordenó que trasladaran a los detenidos al cuartel de la Operación Conjunta, y antes de que se los llevaran les preguntó de quiénes eran tres vehículos estacionados afuera del inmueble. Respondieron que de ellos. Tras revisarlos, también se los llevaron a la guarnición.

Un testigo, Guillermo Andrés Moreno, declaró ante el juez que no vio que los soldados sacaran droga; más bien, dijo, salieron de esa vecindad con un televisor, un ventilador, despensa y ropa que echaron en el camión.

Tocó al capitán Eusebio Huerta Miranda entregar a los detenidos en el cuartel; los recibió el capitán Heriberto Godínez Sánchez, en su calidad de subjefe del Estado Mayor de la Operación Conjunta Chihuahua, la cual estaba al mando del general de brigada Felipe de Jesús Espitia Hernández.

Los detenidos que ingresaron al cuartel –y de quienes quedó registro– fueron Juan Arturo Padilla Juárez, Juan Pablo Castillo López, Guillermo Andrés Moreno, Jorge Alberto Martínez, Mario Amaya y Saúl Becerra Reyes.

Todos “fueron trasladados aquí a la Operación Conjunta, entregados según me dio parte el capitán Huerta, que se los había entregado a un tal capitán Godínez y todo esto en razón de que así se había ordenado, pues todos los aseguramientos de personas, drogas o armamento eran concentrados al puesto de mando para su posterior puesta a disposición”, declaró Magaña.

El Quinto Batallón de Policía Militar operó en Ciudad Juárez durante octubre y noviembre de 2008 y regresó a su base en Santa Lucía los primeros días de diciembre. Fue una de las unidades que participaron en la Operación Conjunta Chihuahua, la cual involucró a más de dos mil 500 militares y acumuló más de mil 300 quejas por violaciones a los derechos humanos, según registros periodísticos.

El general “intocable”

El general Felipe de Jesús Espitia Hernández, excomandante de la Operación Conjunta Chihuahua, se resistió durante varios meses hasta que, en enero de 2016, se presentó con un amparo para no declarar ante el Juzgado Octavo de Distrito del Reclusorio Sur, que vía exhorto lleva las diligencias contra los 18 militares del Quinto Batallón de Policía Militar procesados por el caso de Saúl Becerra Reyes ante el juez Sexto de Distrito en Chihuahua.

Tuvieron que pasar varios meses para que de nuevo fuera citado a declarar, y lo hizo el pasado 7 de julio, ahora ante un juzgado castrense en el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México, que mediante exhorto desahogó la diligencia donde estuvieron presentes los seis oficiales y 12 elementos de tropa implicados en la desaparición y homicidio de Becerra Reyes.

Espitia pasó a retiro en enero de 2016, aunque hasta septiembre último seguía apareciendo en el organigrama de la Secretaría de la Defensa como coordinador de asesores de la dirección del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Fue señalado por sus subordinados como quien ordenaba revisiones de vehículos sobre las vías de comunicación, acordonamiento de calles, cateos a domicilios y detención de personas sin los requisitos de ley, entre otras irregularidades.

Fue considerado también uno de los principales responsables, en la cadena de mando, de todo lo que ocurrió en el terreno durante los meses en que el Ejército aplicó el operativo que dejó una estela de denuncias por violaciones a los derechos humanos, asesinatos y desapariciones de civiles (Proceso 1967).

Poco antes de las 11:00 horas del pasado 7 de julio, Espitia llegó vestido de civil al juzgado militar. Ahí lo esperaban sus antiguos subordinados encabezados por el coronel Magaña Barrios, el mayor Juárez Rojas y el capitán Huerta Miranda. En el interrogatorio sobre su papel en la Operación Conjunta negó muchas cosas. Primero dijo que era el coordinador y después aceptó que él era el comandante, pues tenía también a su cargo la Quinta Zona Militar, con sede en la capital del estado.

Según testigos militares que pidieron a este semanario la reserva de sus nombres, Espitia fue cuestionado sobre los reglamentos militares, le recordaron que él ordenó que a todo civil que fuera detenido lo trasladaran al puesto de mando y que ahí su gente se haría cargo de todo.

Sobre el destino de Saúl Becerra Reyes, dijo que no sabía nada pues supuestamente no le habían informado de ese caso. Hubo un momento durante su comparecencia, que terminó alrededor de las 16:00 horas, en que el general empezó a notarse nervioso, ya sin el aire de arrogancia que, señalan, lo caracteriza.

Tanto Magaña como Huerta le señalaron que mentía. Por sus atribuciones, Espitia era el primero en estar informado de todo lo que ocurría con los detenidos, especialmente con aquellos que llegaban al puesto de mando a su cargo.

Tanto Magaña como Juárez Rojas y Huerta Miranda han alegado que sólo cumplieron órdenes. Ninguno acepta haber participado en los interrogatorios a detenidos, que se realizaban dentro de la guarnición militar donde operó el equipo del general Espitia.

Uno de los integrantes de ese equipo era el capitán Heriberto Godínez Sánchez, a quien le entregaron con vida a Saúl Becerra y uno de los primeros que declaró en el juicio, donde, muy nervioso, negó los señalamientos que le hicieron sobre su papel en el puesto de mando. Evadió preguntas, siempre dijo que no se acordaba y que no sabía nada, recuerda uno de los militares procesados, quien respondió un cuestionario hecho llegar por el reportero mediante los abogados del militar.

Cada uno de los 18 acusados ha negado por diferentes vías en estos últimos años tener responsabilidad en la desaparición y homicidio de Saúl Becerra. Los alegatos se han centrado en las evasivas de Espitia para asumir la responsabilidad que tuvo como comandante de la Operación Conjunta, y que sigue sin aclarar en un juicio que no se ha cerrado.

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Tiempos de Calderón: brotan casos de impunidad militar/

JUAN VELEDÍAZ

Revista Proceso # 2096, 1 de enero de 2016

Un día de 2009 Alicia Saláis Orrantia, activista por los derechos humanos de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, llegó a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad Juárez a denunciar el acoso al que, afirmaba, la sometían militares.

Su queja fue a parar a manos del Ejército, porque la instrucción (una “instrucción superior” que nunca fue especificada) era que todas las denuncias contra militares fueran enviadas a la guarnición de la plaza. Alicia fue a quejarse dos veces más a la PGR. Meses después asesinaron a su hijo. Después, a su esposo. Al final la mataron a ella.

Saláis Orrantia, de la Asociación Civil de Derechos Humanos en Nuevo Casas Grandes, fue secuestrada afuera de su oficina el 5 de noviembre de 2009 luego de testificar sobre el homicidio de su esposo, Paz Rodríguez Ortiz, ocurrido un mes antes y tras denunciar el asesinato de su hijo Paz Alberto. Todos eran activistas por los derechos humanos.

Con 10 casos de defensores de derechos humanos ultimados, 2009 fue el peor año para éstos en Chihuahua.

Acoso gubernamental

En 2008 la abogada Rosa María Sandoval Chávez fue defensora particular de tres hombres detenidos en Ciudad Juárez, a quienes les encontraron drogas y una caja fuerte con dinero. La caja la abrieron soldados, quienes entregaron poco más de 100 mil pesos a las autoridades. Los detenidos dijeron que había más de 300 mil, según el expediente PGR 277/2008.

Tiempo después Sandoval colaboró con el gobierno de César Duarte: fue fiscal en la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía del estado de Chihuahua.

En ese puesto fue acusada por Manuel García –ayudante de Marisela Escobedo, la activista social asesinada en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras protestaba por la desaparición de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo– de presionarlo y amenazarlo para que cambiara su declaración ministerial y se incriminara junto a su fallecida compañera, de pertenecer al cartel de Joaquín El Chapo Guzmán.

Manuel García aseguraba que la acusación, según la fiscal Sandoval, la iba a armar basada en una narcomanta aparecida el 21 de diciembre de 2010 en Ciudad Juárez, y en la cual supuestamente la organización criminal se solidarizaba con la familia de Escobedo y solicitaba información sobre Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino de Rubí.

Recordaba que se negó a “manchar la memoria de Marisela Escobedo”. Fue amenazado de muerte y le retiraron la protección policiaca que tenía tras el homicidio de la activista. En diciembre de 2011 declaró a losangelespress.org que tuvo que salir por sus propios medios de Ciudad Juárez, pues su vida corría peligro.

El caso Unzueta

Federico Unzueta fue detenido por soldados y encerrado en la guarnición militar casi un mes. Su delito fue vivir en un barrio conflictivo y saber quién era quién en el lugar. Durante su paso por la base militar de Ciudad Juárez lo tuvieron vendado de los ojos todo el tiempo, pero aun así pudo platicar con otro detenido del mismo barrio, pues los colocaron juntos.

Era lo que contaba su esposa, quien iba a preguntar a diario a las oficinas de la PGR por él. Comentaba que en el cuartel militar le decían que ahí no estaba. Después de casi un mes, un muchacho buscó a la mujer, le dijo que traía un recado de su esposo. A este chico lo torturaron para sacarle información y lo dejaron salir. Unzueta creyó, porque así le dijeron, que él también iba a salir. Entonces le comentó a la esposa que no se preocupara, que lo iban a dejar salir, que sólo le habían sacado información de todos los consumidores de drogas del barrio.

Pasaron los días, Federico no aparecía y el Ejército seguía diciendo que no lo tenía. Después, con huellas de tortura, su cadáver apareció en la calle. Testigos dijeron que fue arrojado desde un automóvil. Su esposa lo encontró dos semanas después, en calidad de desconocido, en el Servicio Médico Forense.

Se tenía que iniciar una averiguación por homicidio contra quien resultara responsable. Pero el agente de la PGR no quiso hacerlo por temor a los militares y porque a él le hubiera correspondido la investigación e integración del expediente. Así que se levantó acta circunstanciada. Se iba a elevar a averiguación previa pero se archivó el expediente.

Testimonios de exfuncionarios

“Hubo un tiroteo entre sicarios en Ciudad Juárez. Los que quedaron en el lugar de los hechos iban en una camioneta Durango azul. Al parecer había cuatro tripulantes. Uno quedó muerto al volante; otro, en el asiento trasero. Hubo un sobreviviente que recibió un tiro en la cadera y quedó paralítico. Estuvo en una clínica privada y nunca se supo quién pagaba la cuenta. El médico decía que era una obra de ‘humanidad’”, narra un exfuncionario de la PGR quien pide la reserva de su nombre.

“El caso”, continúa, “es que uno de los sicarios muertos era gemelo de un (agente del) Ministerio Público del estado asignado a homicidios. Cierto día en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, los agentes federales estaban dando fe de la camioneta, mientras los militares tomaban los chalecos antibalas que estaban dentro del vehículo. Se llevaron lo que pudieron… parecían aves de rapiña.

“Días después llevaron detenidos a los hermanos del sicario muerto, el que era Ministerio Público del fuero común y otro, de la Policía Municipal, junto con la esposa del primero, que también era perito en la Procuraduría local. Los tres habían estado detenidos varios días en la guarnición militar sometidos a torturas; a la mujer la desnudaban y la hacían darse vuelta y dice que le tomaban fotos. Siempre negó que la hubieran violado.

“Los presentaron ante la PGR con drogas y armas y fueron consignados. Después un periódico publicó que la camioneta en la que supuestamente los detuvieron había sido decomisada días antes en la cochera de una casa donde se hizo un cateo y ahí salía en la foto. Así que todo el parte informativo de los militares era una farsa y así lo manejó el defensor de los detenidos y logró tumbar el proceso. Pero ellos no querían salir libres, decían que los militares los fueron a amenazar al Cereso: si salían, los matarían.

“Dos o tres meses después, al revisar los objetos de los sicarios, se hallaron las pertenencias de un policía municipal que había desaparecido ese mismo día (el del tiroteo de sicarios en Ciudad Juárez) al salir del turno a las seis de la mañana. Su cartera estaba salpicada de sangre, estaba su licencia, su IFE, su credencial de policía, su placa, además de documentos personales; también fornitura. Pero nunca se supo si él iba en la camioneta Durango y escapó durante el tiroteo.

“Era la cuarta persona, porque había rastros de sangre de la camioneta hacia la banqueta cercana y ahí se perdían. Nos pareció un caso extraordinario para investigar, pero el jefe no quiso. Decía que si se iba a fondo podrían matar a todos. Y así quedó. Nos comunicamos con la esposa para entregarle sus cosas y lo agradeció, porque la Policía Municipal le iba a cobrar la fornitura, la credencial, la gorra. Porque según ellos había sido abandono de trabajo, aunque no había cuerpo. Increíble. Fue en 2008 en las instalaciones de la guarnición militar de Ciudad Juárez, que se encuentra al lado del Cereso.”

El saqueo

“Por esos meses en la guarnición se veían camionetas último modelo estacionadas junto a cuatrimotos de colores brillantes, hasta remolques con lanchas. ¿Lanchas en Ciudad Juárez? Se sabía que era todo lo que robaban los militares en los cateos. A veces abrían las puertas de las camionetas verdes del Ejército y se veía pintura roja o de otro color en la orilla de la puerta y varias tenían rines cromados”, narra a Proceso otro exfuncionario de la PGR adscrito en esa época a Ciudad Juárez.

“Cierta ocasión los militares detuvieron a un hombre, ya no recordamos cuáles fueron los cargos, pero la camioneta no era objeto de delito y la fue a reclamar la esposa. Un oficial del cuartel no la quería entregar, le daba muchas vueltas hasta que llamó por teléfono; antes preguntó de qué color estaba pintada… la señora dijo que roja. Entonces comentó al hombre con el que hablaba que la volvieran a pintar de rojo, porque se iba a entregar.”

“Otro día, eran como las seis de la mañana, cuando salimos de trabajar. Vimos un camión militar de redilas grande como con un menaje de casa: llevaba televisiones, refrigeradores, lavadoras, sillas, motos, micros, de todo. Iba rumbo a la guarnición. Era requisito que cuando llevaran autos decomisados, siempre deberían ir con el número de averiguación previa que correspondía. Pero a veces había más de 10 vehículos que decían les habían sobrado –obvio, desvalijados–, sin número de averiguación ni nada.

“Muy probable, porque eso se comentaba, que el general Felipe de Jesús Espitia Hernández, comandante de la Operación Conjunta Chihuahua, repartiera el botín antes de salir de Juárez. Se había hecho muy cercano de una agente del Ministerio Público Federal; cada que ella estaba de turno casualmente era cuando más detenidos llegaban, porque la Ministerio Público hacía negocio con los detenidos, ya que los cargaban ligero de drogas o con armas para que alcanzaran fianza y ahí era el negocio.

“Muchas de las armas que llevaban con los detenidos eran recicladas, porque las reconocíamos al verlas tanto el perito de armas como el resto de los agentes. A veces llevaban matrícula o se la borraban, pero eran las mismas.

“Muchos de los detenidos eran ‘cargados’. Nos decían que al ser asegurados les encontraban droga para su consumo –eran consumidores–, pero los militares les decían: ‘Si me llevas con tu vendedor, a ti te suelto’. Y ellos con esa esperanza los llevaban. Al llegar, los soldados extorsionaban al vendedor y consignaban al consumidor cargándolo con más droga. Varios detenidos declararon lo mismo. Después se supo que algunos salieron porque comprobaron que no traficaban ni vendían.”

La prepotencia

“Cuando se desató la violencia en Ciudad Juárez, iba acompañada de desapariciones. Por tal motivo había muchos amparos de toda la gente desaparecida que era detenida por militares y llevada a la guarnición, donde estaba el puesto de mando de la Operación Conjunta Chihuahua”, cuenta a este semanario otro exfuncionario de la PGR.

“Entonces los actuarios de los juzgados iban a buscarlos a la guarnición y los dejaban esperando a veces horas antes de dejarlos entrar para buscar a los detenidos. Porque los militares siempre negaban tener detenidos ahí. Después de que los dejaban pasar, los llevaban por toda la guarnición, y el actuario gritaba los nombres de los desaparecidos… y nada. Y los militares les decían: ‘Ya ve, aquí no tenemos a nadie’.

“Después un detenido reveló el truco. Resulta que cuando iban los enviados del juzgado, los hacían esperar un buen rato porque subían a los detenidos a los camiones. Con ellos iban también soldados con armas largas. Los encañonaban y los andaban paseando por toda la guarnición justo del lado contrario de donde andaba el actuario. Ellos escuchaban cómo los llamaban por su nombre, pero no podían hablar.

“Inclusive se dijo alguna vez que tuvieron encerrado a un actuario en la guarnición más de cinco horas, porque les molestaba ser visitados y cuestionados. Hasta que un juez habló con el delegado de la PGR y éste a su vez llamó al general Espitia para que lo soltaran.”