En un texto dirigido al Times negó haber espiado a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, como se publicó
"Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo.
"Para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho", indicó Presidencia.
Ya hay denuncia ante PGR.
Por cierto en el reportaje participaron Azam Ahmed "reportó desde Ciudad de México" y Nicole Perlroth desde Boulder, Colorado. Paulina Villegas colaboró en Ciudad de México.
"Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable..", dice El Times.
No hay nada contundente en el reportaje, es decir nada que no sepamos....; aunque para muchos si..., respeto esas opiniones.
Véase:
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La presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN), llamó al subsecretario Roberto Campa Cifrián, a abstenerse de hacer declaraciones tendentes a minimizar el grave problema de censura y de violencia contra la libertad de expresión en México.
Exigió se realice una investigación exhaustiva y se castigue a los servidores públicos involucrados en espionaje, ataques a la libertad de expresión y privacidad de los comunicadores.Solicitó saber cuánto costó al gobierno el malware pegasus, que fue utilizado al menos en 76 ocasiones entre enero de 2015 y julio de 2016 para espiar a periodistas, según los reportes. “Se tiene que precisar, además, con qué fundamento jurídico se justifica este espionaje”.
Velázquez sostuvo que de acuerdo con datos de la CNDH, son 46 los homicidios cometidos en contra de periodistas en lo que va del gobierno de EPN:
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Columnas políticas hoy, martes 20 de junio de 2017..
Templo Mayor/Reforma
MENOS MAL que el gobierno federal ya salió a aclarar que no espía a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Ahora nomás falta creerle.
UNA buena manera de abonar en la cuenta de la credibilidad gubernamental sería, por poner un ejemplo loco, investigar en serio estas denuncias, dar con los responsables y presentarlos ante la justicia.
PORQUE, no es por caer en el sospechosismo, pero el software espía existe y es vendido sólo a gobiernos, no a particulares; algunas dependencias mexicanas lo compraron y están documentados los múltiples intentos por pinchar los celulares de las víctimas señaladas. ¿O vamos a hacer como que oootra vez aquí no pasa nada? Es pregunta para los pájaros en el alambre.
mueve.
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Espían a los críticos/Raymundo Riva Palacio
El Financiero
Un amplio reportaje en The New York Times este lunes dan cuenta del espionaje político en México. “Los más prominentes abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción han sido objetivo de un spyware sofisticado que se vendió al gobierno de México con la condición de que sólo se utilizara para investigar criminales y terroristas”, comienza el texto. “Los objetivos incluyen abogados involucrados con la desaparición masiva de 43 estudiantes, un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y un estadounidense que representa a víctimas de abuso sexual por parte de la policía”.
El Times llegó a esta historia del México contemporáneo muy tarde, pero al ser el diario de mayor influencia en el mundo y que suele asustar a los funcionarios mexicanos con bastante facilidad, su interés por el tema debe ser agradecido por la posibilidad de que finalmente provoque una reacción en el Presidente Enrique Peña Nieto, que al soslayar lo que durante su gobierno se ha publicado sobre el espionaje político, no sólo avaló lo que sus servicios de inteligencia hacían, sino que, en la negligencia de obligarlos a que se mantuvieran dentro de los márgenes de la ley, llevará la penitencia de que ahora, la responsabilidad de las ilegalidades se le carguen a su gestión.
En octubre de 2015 se dio a conocer en este espacio la existencia del programa mediante el cual el CISEN –el reportaje del Times no identifica a las instituciones que utilizaron el spyware- realizaba espionaje político. En la segunda de tres entregas sobre “¿Para qué sirve el CISEN?”, se mencionó directamente dos listas de teléfonos que habían sido infectadas por el programa. “No se sabe cuántos teléfonos de actores políticos y sociales, de agentes económicos o periodistas, tiene interceptado el CISEN, pero la sábana con los números, que corresponde a un periodo específico este verano, muestra un enorme abanico de intervenciones”, se apuntó en ese entonces.
“De acuerdo con el documento, hubo 729 intervenciones telefónicas, aunque una decena de personas espiadas aparece con números adicionales. Hay una serie de nombres de personas que no son públicas o empresas de seguridad, comercializadoras, de asistencia pública e inclusive de una televisora. Pero también, sin saberse el nombre pero sí en dónde se contrató la línea, un teléfono registrado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cuestión de nombres, hay varias líneas intervenidas que fueron contratadas por Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo, y los teléfonos celulares de la afamada conductora de radio Carmen Aristegui, y de quien esto escribe.
“La forma como buscaron entrar en esos teléfonos, de acuerdo con expertos consultados, es a través de un software malware, que es un cóódigo maligno que se infiltra en los dispositivos mediante el cual se pueden emitir mensajes de texto. Un modelo clásico de estos mensajes puede decir, con un lenguaje que parecería el de una persona con quien se tiene amistad, que “unas personas extrañas se presentaron en su casa”, por lo que le envían un enlace para ver la fotografía. Lo que permite ese enlace, que nunca abre, es que el virus se meta al teléfono y permita dos objetivos: la escucha y el análisis de la red de vínculos que se encuentra en el aparato, a fin de poder determinar su abanico de amigos y conocidos que permitan, construir sus relaciones”.
El Times reiteró que el programa se llama “Pegaso”, del Grupo NSO, un fabricante israelí de armas cibernéticas al cual, desde 2011, cuando menos tres dependencias federales mexicanas le han comprado software por 80 millones de dólares. La existencia de estos programas surgió en noviembre de 2011 durante una entrevista con David Vincenzetti, socio fundador de Hacking Team, una empresa italiana fundada en 2003, con el periódico inglés The Guardian, quien reveló que habían vendido sus dispositivos en 30 países en cinco continentes. Su principal producto era un programa llamado Da Vinci, dentro de su Sistema de Control Remoto, bautizado como Galileo.
En este espacio, bajo el título de “Espionaje a Mexicanos”, publicado a mediados de 2015, se señaló: “El Ejército, la Marina, la Policía Federal, el CISEN y 11 gobiernos estatales, han espiado masivamente a mexicanos, a través de un sistema que interviene a control remoto dispositivos móviles, copia mensajes de texto, conversaciones de Google, Yahoo, MSN y Skype, y extrae todos los datos y el historial de las computadoras, sus audios e imágenes de la webcam, que les permiten, además, grabarlos mientras trabajan. Esta es la más grande revelación que se haya dado de cómo en México los gobiernos espían a sus gobernados, y el mayor descubrimiento de cómo la vida privada en este País, es inexistente”. A la fecha, varios de esos contratos ya expiraron.
Cuando todo esto emergió a la opinión pública en 2015, nada pasó. Cuando se revelaron detalles del spyware contra personas que tenían discrepancias con las políticas del gobierno, tampoco. Desde hace 15 años, el espionaje político como herramienta de la política, es el mejor vehículo para alcanzar objetivos políticos. El reportaje del Times, aunque tardío, es vital por la colonización de ese periódico sobre la vida pública mexicana. Si ahora que ventila estas violaciones ayuda a que se pongan fin a las ilegalidades, habrá que celebrarlo. Lo más importante es llegar a un fin a estos abusos y que quienes los cometieron, paguen por sus delitos.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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Salvador Garcias Soto/ columna Serpientes y Escaleras/ El Universal
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El asalto a la Razón/Carlos MarínMilenio
Aguas, ¿pero “who is big brother”?
The New York Times, con afirmaciones e insinuaciones, dice que el gobierno espía, vía telefónica, a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas mediante un sistema israelí, destinado a probables terroristas, que solo pueden comprar gobiernos.
Entre los espiados figuran, imagínese lector, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad y su esposa… Ah, chingá.
Uno de sus párrafos, no obstante, delata la fragilidad de tan escandalosa sugerencia:
“Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos del hackeo…”.
Más allá de lo importante que resulte para el gobierno hurgar en la actividad de los presuntos vigilados, su respuesta obvia es: “No”.
Intentos, pues, de quién sabe quién, mediante mensajes que de abrirse habrían intervenido los celulares.
Por si las dudas, por si acaso y por teléfono procuro no alimentar a los eventuales morbosos, pero enigmáticos espías.
cmarin@milenio.com
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#GobiernoEspía. MI TESTIMONIO /Carlos Loret de Mola
El Universal
Hace dos años comencé a recibir en mi celular una serie de mensajes de texto inusuales: que debía dinero en mi tarjeta de crédito, que había hecho un retiro de efectivo, que se reportaba la desaparición de un estudiante de la UNAM. Siempre, con un vínculo para dar clic. No lo di porque pensé que me había tocado uno de esos intentos de extorsión tan comunes.
Los mensajes se fueron sofisticando: que tenía problemas con mi visa americana, que unas personas llegaron en una camioneta sin placas preguntando por mí. Y al final de cada mensaje, el vínculo para dar clic y enterarse de más.
Finalmente se volvieron mensajes a la medida: empezaban con un “Loret” o “Querido Loret”; un amigo que me reportaba la muerte de su padre, “están sacando chismes tuyos, supuestamente te tomaron fotos en Univisión”, que una revista publicaría imágenes personales.
Los mensajes buscaban despertar la curiosidad. Pero no caí en su trampa: nunca di clic. Si lo hubiera hecho, mi celular hubiera quedado infectado por un sofisticado software llamado Pegasus y “alguien más” hubiera tenido acceso total a mis mensajes, llamadas, correos, contactos, calendario, y hasta a activar el micrófono y la cámara para escucharme y verme todo el tiempo.
¿Quién era ese “alguien más”? Todas las sospechas apuntan al gobierno federal mexicano, según el informe publicado por The New York Times, que recoge lo investigado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto en colaboración con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Social Tic y Artículo 19, y que puede consultarse en https://r3d.mx/gobiernoespia. El gobierno lo niega pero los expertos en forense digital tienen pocas dudas de que haya sido la administración Peña Nieto.
El mío es solo uno de los casos.
La noticia más importante de The New York Times ayer, en sus ediciones impresa y digital, fue la denuncia de que “defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano”, concretamente por tres agencias federales que pagaron 80 millones de dólares al fabricante israelí NSO Group con la promesa de que sólo se utilizaría contra criminales.
El informe en el que se basa la pieza detectó una correlación inequívoca:
A Juan Pardinas, director de IMCO, a su esposa, y a la investigadora Alexandra Zapata, les llegaron los mensajes mientras impulsaban la Ley 3de3.
A Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Pro, y a dos de sus colaboradores (incluyendo una ciudadana estadounidense), cuando denunciaban anomalías en la investigación de la desaparición de los 43.
A Carmen Aristegui, periodista, y a su hijo, a consecuencia del reportaje sobre la Casa Blanca del presidente.
A un servidor, cuando revelé la ejecución extrajudicial de decenas de civiles a manos de la Policía Federal en Tanhuato y otros expedientes.
En un momento en el que los periodistas en México pagan con sus vidas las denuncias que publican, podría parecer menor el espionaje. No lo es. Porque por el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos: la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, el secuestro, las desapariciones, los asesinatos, la impunidad que favorece que nada de esto se investigue, que nada de esto se castigue. Todo va en la misma dirección, con distintas magnitudes.
Voy más allá. Seguro quieren que sepamos que nos están espiando. Quieren hacernos sentir vulnerables. Que sepamos que saben de nuestros hijos, de nuestra vida privada, de nuestro trabajo, de los temas que investigamos, de las fuentes con las que hablamos. Hay que ser precavidos al extremo, ante este clima de temor e inseguridad para todos los que buscamos difundir verdades incómodas.
Especialmente en un contexto así, mi solidaridad está con todos –periodistas, activistas, defensores de derechos humanos– quienes han sido objeto del mismo atropello. Y mis pensamientos, con los colegas asesinados, sus familiares y sus amigos, y con todas las víctimas de este entorno tan desgraciado.
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Gobierno que espía, pero no investiga/
Salvador Camarena/
El Financiero
Un software para espiar, que sólo se vende a gobiernos, fue utilizado en al menos 88 intentos de intervención telefónica en contra de defensores de derechos humanos y periodistas.
Pasó en México, entre enero de 2015 y julio de 2016. Los ataques fueron dirigidos en contra de Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Carmen Aristegui, su hijo Emilio, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, de Aristegui Noticias; el periodista Carlos Loret de Mola, y en contra de Daniel Lizárraga y el que esto escribe, reporteros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Conviene puntualizar que esta revelación surgió a partir de dos materiales distintos, pero igualmente importantes. El primero de ellos es el reportaje de The New York Times “Somos los nuevos enemigos del Estado” (http://nyti.ms/2ssgNQ0), publicado en el espacio principal de la primera plana de ese medio. Literalmente el mundo amaneció ayer con la primicia del Times sobre el espionaje gubernamental a periodistas y activistas en México.
El artículo del Times recoge y amplía los hallazgos del reporte “Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, dado a conocer también ayer y elaborado por las organizaciones Citizen Lab, Artículo 19 México, R3D: Red de Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC. (aquí el documento https://articulo19.org/gobiernoespia/)
Que los gobiernos en México realizan espionaje a ciudadanos es una obviedad. Es una no noticia. Lo relevante de la amplia nota del Times, y del aún más detallado reporte “Gobierno Espía”, es que ahí se demuestra que los 88 intentos de hackeo constituyen un patrón sistemático, nada aleatorio, en donde cada ataque se inscribe en coyunturas relevantes –en términos de periodismo o acontecer público– para cada una de las víctimas de los mismos.
Mediante mensajes SMS, con el malware denominado Pegasus, desarrollado y vendido por la empresa israelí NSO Group, se pretendió, y en algunos casos seguramente se logró, infectar a celulares de las personas mencionadas. ¿A cuántos se infiltró? ¿Con qué consecuencias? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, y así lo comenté en la rueda de prensa en la que al mediodía se presentó formalmente el reporte “Gobierno Espía”, es que los ataques reseñados en ese informe no son, seguramente, los únicos, sino los menos.
Un colega me dijo ayer que él recuerda perfectamente haber recibido al menos dos de los SMS consignados en el reporte. Le invité a que hiciera público eso, a que lo dijera. “Voy a buscar mi viejo celular, necesito probarlo”, contestó. No, le contesté, tú dilo, y el que tiene que investigar y probar es el gobierno, que tiene los mecanismos para obligar a los clientes de NSO Group en México (Sedena, PGR y Cisen) a decir a quiénes han espiado y con qué base legal lo hicieron.
Con la respuesta dada ayer por la Presidencia de la República, donde asegura que no hay pruebas de que “agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”, y llama a las víctimas a denunciar ante la PGR, esta administración confirma la aberración según la cual toca al ciudadano probar el delito, cuando lo debido es que, luego de un reporte como el dado a conocer ayer, lo mínimo que puede hacer el gobierno es iniciar una profunda investigación, una que incluya testimonios más allá de los que las organizaciones lograron reunir contundentemente en “Gobierno Espía”.
De lo contrario, estaremos ante un gobierno que espía y que encima se niega a investigar.
Twitter: @SalCamarena
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