Intento ciudadano por impedir la imposición del procurador/

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Intento ciudadano por impedir la imposición del procurador/PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso # 2131, 2 de septiembre de 2017
Para #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, que agrupa a más de 200 organizaciones sociales, Raúl Cervantes Andrade de ningún modo debe obtener el “pase automático” para convertirse en el primer fiscal general de la nación. No ha hecho un trabajo satisfactorio como procurador general, asienta, además de que su militancia no garantizará más que impunidad transexenal para muchos funcionarios de gobierno.
Si Raúl Cervantes Andrade es designado el primer titular de la Fiscalía General de la Nación (FGN), será el hombre con mayor poder del sistema político. Su nombramiento garantizaría la total impunidad para el presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores los siguientes nueve años.

Con la divisa de impedir que la justicia se politice o partidice, más de 200 organizaciones sociales que integran #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, insisten en que Cervantes, actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), no reúne los criterios de autonomía y “los méritos de idoneidad” para ser fiscal.
Y, ante el inminente “pase automático” para que Cervantes se convierta en fiscal, el 29 de agosto dieron a conocer su última propuesta de dictamen ciudadano sobre el diseño de la futura fiscalía, que contiene los requisitos de elegibilidad de su primer titular.
Cervantes, como titular de la PGR, no pudo evitar el escándalo generado por la detención del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, en Estados Unidos en marzo pasado, acusado, entre otros, de los delitos contra la salud y lavado de dinero; tampoco inició una investigación al gobernador de esa entidad, Roberto Sandoval, señalado como presunto socio de Veytia.
En abril, un mes después de la detención del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Florencia, Cervantes tampoco pudo frenar el escándalo, pues el gobierno italiano declaró que el priista fue detenido a petición de Estados Unidos y no de México, bajo los cargos de tráfico de drogas y delitos relacionados con lavado de dinero.
Los ejemplos se multiplican: como en el caso del exmandatario de Veracruz, Javier Duarte, detenido en Guatemala y extraditado a México, donde hoy está preso. Con respecto a la esposa de Duarte, Karime Macías –quien hoy reside en Gran Bretaña–, la PGR de Cervantes tampoco la ha investigado a pesar de que tiene detectadas varias cuentas bancarias a su nombre, así como joyas, obras de arte e inmuebles.
Otro exgobernador, Egidio Torre Cantú –acusado de proporcionar a Yarrington escoltas pagados por el erario de Tamaulipas– está libre, pese a que también se le acusó de proteger a su predecesor Eugenio Hernández Flores, prófugo.
Lo mismo sucede con los exmandatarios de Chihuahua, César Duarte, y Coahuila, Humberto Moreira; así como con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien presuntamente recibió sobornos por 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht. La PGR tampoco ha actuado en esos casos.
Sólo Roberto Borge –el exmandatario de Quintana Roo detenido el 5 de junio pasado en el aeropuerto de Tocumen, Panamá– y el sonorense Guillermo Padrés –quien se entregó el 10 de noviembre de 2016 para que se le enjuicie por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero– son investigados.
Expedientes sin solución
Durante la gestión de Cervantes en la PGR, el caso Ayotzinapa se empantanó. Apenas el pasado 28 de agosto, en reunión con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, se anunció que, ahora sí, la PGR investigará las líneas sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Otro de los casos que arrastra es el de Nochixtlán, Oaxaca, donde policías federales reprimieron a los habitantes de esa comunidad.
Por todos estos casos, que la PGR tiene prácticamente archivados, el Grupo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva presentó su propuesta para impedir que Cervantes se convierta en fiscal.
El 10 de febrero de 2014 se publicaron reformas a la Constitución en materia político-electoral, entre las cuales se estableció la autonomía del Ministerio Público de la Federación para evitar el uso político de la facultad de persecución penal del Estado.
La reforma no dejó satisfecha a la sociedad mexicana, que por diversas vías ha expresado que ese modelo no resuelve la grave crisis de impunidad que aqueja al país, ni supera un modelo institucional de Ministerio Público que históricamente ha sido ineficiente y controlado por intereses políticos.
Hasta hoy, el debate público ha girado fundamentalmente en torno de la figura del llamado “pase automático”, es decir, la regla transitoria según la cual quien esté al frente de la PGR cuando se expidan las leyes secundarias, se convertirá en el primer fiscal general por un periodo de nueve años, lo que ha provocado un rechazo ciudadano generalizado.
La iniciativa ciudadana 
#VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, presentó un “dictamen ciudadano” en el cual propone como requisitos de elegibilidad del futuro fiscal la independencia política; el no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años, ni desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección o representación nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años.
Asimismo, plantea reducir la duración en el cargo a sólo seis años improrrogables. Los periodos de gestión iniciarán el 1 de octubre en que el titular del Poder Ejecutivo inicie su quinto año de gobierno. Lo anterior, según la iniciativa, para reducir la influencia del presidente de la República en turno sobre el fiscal.
Sobre el régimen transitorio para el primer fiscal, la propuesta de reforma elimina el pase automático. El primer titular de la FGN será electo conforme al procedimiento constitucional y durará en funciones hasta el 30 de septiembre de 2022. Luego, el periodo en el encargo será de seis años. Para ello, dentro de los procedimientos de elección, el Senado formula una lista en la que se reducen de 10 a seis los candidatos que serán postulados mediante concurso público.
Los aspirantes serán evaluados por una Comisión de Designaciones de carácter honorario, formada por nueve ciudadanos de reconocido prestigio académico o profesional multidisciplinario, quienes serán designados por el Senado durante cinco años y serán renovados de manera escalonada.
La propuesta ciudadana mantiene la facultad del Ejecutivo para elegir una terna de la lista de seis candidatos que le remite el Senado, el cual, previa comparecencia de los aspirantes, elegirá al fiscal general por mayoría calificada. Y ante eventuales “omisiones del Senado”, propone incluso la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según el documento, el Senado podrá remover al fiscal mediante el voto de la mayoría calificada, siendo el Ejecutivo –o la tercera parte del Senado– quien inicie el procedimiento. Deberá garantizar las audiencias públicas y el debido proceso, para que no sea arbitraria ni motivada por intereses políticos.
Durante el procedimiento de remoción deberá escucharse la opinión del Consejo del Ministerio Público de la Federación, órgano que por sus funciones tendrá pleno conocimiento de la gestión del fiscal general, quien podrá ser destituido por responsabilidad penal o administrativa grave.
Con el fin de evitar riesgos de politización del futuro titular de la FGN, #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva propone que se le impida postularse para cargos de elección popular hasta dos años después de dejar el cargo.
Además de la competencia sobre los delitos federales, se prevé que la FGN podrá conocer delitos del orden común en los casos que su interés y trascendencia lo amerite, garantizando que la investigación no se fragmente y sea llevada en el ámbito que pueda realizarla de manera más efectiva.
Acerca de las fiscalías de Delitos Electorales y Combate a la Corrupción, la propuesta es incorporar una para violaciones graves a los derechos humanos, con el fin de atender la profunda crisis que atraviesa el país en esta materia. Otra, para Asuntos Internos, dada la corrupción en el Ministerio Público de la Federación.
Se pretende que las operaciones de las fiscalías especializadas en estas materias tengan reglas para evitar la presión política en el desarrollo de las investigaciones a su cargo, con el fin de garantizar su independencia.
El nombramiento de los titulares de esas fiscalías corresponderá al Senado en un concurso público, considerando la evaluación de los aspirantes por parte de la Comisión de Designaciones. Esta propuesta elimina la actual regla que deja el nombramiento a decisión del fiscal general. Deberán durar en el cargo cinco años improrrogables. Y únicamente podrán ser removidos por el Senado, a solicitud del fiscal, por causas previstas en la ley.
En cuanto al titular del Órgano Interno de Control, deberá de ser electo por la Cámara de Diputados y sus atribuciones serán la investigación, persecución y sanción de responsabilidades administrativas.
La iniciativa ciudadana, en suma, “pretende evitar que el tránsito de la actual PGR a la nueva FGN sea un mero cambio de nombre”.
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