Desdén por el medio ambiente/
ARELI VILLALOBOS
Para aprobar el documento más importante en materia medioambiental del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) –la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R)– fue necesario echar mano de compadrazgos y relaciones de poder que hicieran posible consentir un proyecto que se traduce en graves problemas ecológicos.
En 2015 un análisis de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) concluyó que la MIA-R del nuevo aeropuerto “debió ser rechazada” por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al ser evidente la “omisión deliberada de información”, así como las “deficiencias técnicas”, traducidas en “incertidumbre sobre el proyecto”.
Sin embargo, cuando en septiembre de 2014 Enrique Peña Nieto presentó el proyecto del NAICM –propuesto desde 2001 por su tío Arturo Montiel durante su gestión como gobernador del Estado de México– en dos meses la Semarnat resolvió la MIA-R de la megaobra a su favor.
Al frente de las dos dependencias facultadas para vigilar el cumplimiento de las normas ambientales en la construcción del aeropuerto: la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), estuvieron dos piezas clave para el Ejecutivo: José Guerra Abud, quien fue secretario de Desarrollo Económico del Estado de México entre 1994 y 1995, y Guillermo Haro Bélchez, oficial mayor en la misma entidad de 1993 a 1995. Ellos dieron el visto bueno al proyecto.
Guerra Abud y Haro Bélchez están ampliamente relacionados con Emilio Chuayffet Chemor, quien fue gobernador en el Estado de México e incondicional de Enrique Peña Nieto cuando estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública, de 2012 a 2015.
Haro Bélchez, además de dirigir la Profepa desde 2013, fue secretario general de la Cámara de Diputados de 2004 a 2011, gracias al impulso de Chuayffet, con quien trabajó en la Oficialía Mayor cuando éste ocupó la gubernatura del Estado de México (1993-1995).
Cuando Guerra Abud fue secretario de Desarrollo Económico –en la primera parte del gobierno de Chuayffet–, Peña Nieto fue su secretario particular. Asimismo, fue diputado federal por el Partido Verde en la LXI Legislatura, con el apoyo político y financiero de la administración peñista.
A esta red de complicidades se añade la participación de una de las tres consultoras ambientales encargadas de elaborar la MIA-R para el proyecto más caro de la gestión de Peña Nieto: Especialistas Ambientales SA de CV, de la cual es socio Rodolfo Lacy Tamayo, quien desde 2012 funge como subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat.
Especialistas Ambientales ha obtenido cinco contratos de adjudicación directa, cuya suma asciende a 2 millones 719 mil pesos por conceptos como Programa de Capacitación en Aspectos Ambientales y de Seguridad para las etapas de preparación del sitio, Programa de Acciones para Mitigar el Impacto Ambiental de la Modificación de la Hidrodinámica de los Humedales, el Plan de Manejo Ambiental y el Programa de Monitoreo de Ruido Perimetral para las etapas de preparación del sitio.
El entramado
Desde que Peña Nieto dio el banderazo de salida para la ejecución del proyecto en su informe de 2014, la UCCS, que dirige el doctor Fernando Córdova Tapia, observó que su aprobación en la Semarnat fue de las más rápidas “que se haya visto”.
El 17 de septiembre se avaló su publicación en la Gaceta Ecológica, y el 28 de noviembre siguiente ya estaba aprobada. “Fue clarísimo el fast track de su aceptación”, comenta Córdova Tapia a Proceso.
Doctor en ecología por la UNAM, Córdova Tapia explica que “además es la manifestación con más errores y la que más explota las fallas del sistema con el que se evalúan las Manifestaciones de Impacto Ambiental en México. Básicamente refleja todas y cada una de las deficiencias que tiene ese procedimiento”.
Contrario al propósito original de cualquier MIA, la del proyecto del NAICM –avalada por la Semarnat y la Profepa– se interpreta con pérdidas importantes de flora y de fauna, así como daños al ambiente.
Según el entrevistado, el análisis de la MIA arrojó “una constante práctica de ocultar información, dar información falsa o presentar información a medias. De decir lo que sí les conviene, y lo que no, no; todo eso sin que haya repercusiones, porque básicamente tenían garantizada la aprobación del proyecto”.
Y menciona un ejemplo: “En este gran marketing sobre el aeropuerto se dijo que iban a sembrarse (árboles en los) bosques cuatro veces más grandes que el de Chapultepec, que iban a hacerse espacios de recreación y nuevas áreas verdes. Pero revisando la MIA, nos damos cuenta que los árboles que intentan sembrar son especies invasoras catalogadas como las peores amenazas para la biodiversidad en México”.
Según se desprende del Programa de Compensación Ambiental de la MIA 1E5M2014V0044 consultado por la reportera, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) propuso sembrar 264 mil 825 especies de flora para reforestar más de 240 mil hectáreas.
Sin embargo, el análisis de la UCCS destaca que cuatro de las cinco especies propuestas por el GACM son definidas por la misma Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) como “exóticas e invasoras”.
El 1 de agosto pasado, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; el director del GACM, Federico Patiño Márquez, y la subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott Pérez, celebraron la conclusión de la primera etapa de reforestación en la zona del exlago de Texcoco con la siembra de cedro salado (Tamarix alphylla).
Pero de este árbol, que incluso Ruiz Esparza ayudó a sembrar, la Conanp advierte que sus raíces pueden provocar la desecación de cuerpos de agua y aumentar la salinidad de la tierra, además de que su presencia aumenta la posibilidad de los incendios.
Otro ejemplo fue el conteo de aves. La UCCS asegura que en los resultados del muestreo de la empresa Especialistas Ambientales, Pimex y el Colegio de Biólogos se contabilizaron 74 especies, aunque se omitió considerar especies migratorias y playeras, con lo que la suma se eleva a más de 200.
“Con ello es evidente que se minimiza el riesgo de colisión entre las aves y los aviones. En general, la DGIRA resuelve de manera inadecuada y en muchos casos acepta las propuestas sin ninguna condicionante”, asegura Córdova Tapia.
La UCCS también concluyó que la MIA no incluye los elementos técnicos suficientes para asegurar que las obras hidráulicas eviten el hundimiento y las inundaciones, y tampoco se detalla sobre la creación y el mantenimiento de los nuevos cuerpos de agua.
Córdova Tapia concluye: “El gobierno estaba actuando como juez y parte en la elaboración de la MIA. Cualquier objeción carecía de sentido, pues de cualquier forma la petición iba a ser palomeada”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario