Hacia una “crisis constitucional”/JESUSA CERVANTES
Revista Proceso # 2131, 2 de septiembre de 2017
La operación política que el PRI efectuó en el Senado para imponer como presidente de la Mesa Directiva al panista Ernesto Cordero y a través de él pavimentar el camino con el fin de nombrar a Raúl Cervantes como fiscal general para los próximos nueve años, desembocó en una “crisis institucional” en la Cámara de Diputados, que amenaza con escalar a “crisis constitucional”.
Como resultado del nombramiento de Cordero –respaldado por los calderonistas Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle–, el PAN en la Cámara de Diputados, bajo la égida de su dirigente nacional, Ricardo Anaya, actuó rápido. Cabildeó desde la mañana del viernes 1 y logró evitar el nombramiento de la nueva mesa directiva.
Así, por vez primera en la historia de San Lázaro, el V Informe del presidente Enrique Peña Nieto no fue recibido por la Mesa Directiva ni lo entregaron el titular del Ejecutivo federal ni el secretario de Gobierno.
Y aunque la Cámara de Diputados pudo zanjar el 31 de agosto y el viernes 1 la falta de nueva Mesa Directiva, los legisladores se encuentran ahora ante el dilema de aceptar las nuevas condiciones que les ha impuesto el PAN de eliminar el artículo transitorio de la Ley de la Fiscalía General que establece el pase automático de procurador a fiscal, o llegan a un acuerdo con el PRI de suspender por el momento el nombramiento del nuevo funcionario.
Hay incluso una tercera vía: que el PRI y el PAN mantengan sus posiciones, lo que puede llevar a una crisis constitucional si no hay nueva Mesa Directiva el miércoles 6, como lo advirtió el propio coordinador priista César Camacho Quiroz. Incluso culpó al PAN de estar haciendo una “chicanada legislativa”.
El 31 de agosto a las seis de la tarde los coordinadores parlamentarios se reunieron en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para hacer la planilla de los integrantes de la nueva Mesa Directiva y votarla en el pleno ese mismo día.
Por el PAN acudió Federico Döring, quien se retiró antes de que se votara el acuerdo que lleva al priista Jorge Carlos Ramírez Marín como nuevo presidente de la Cámara; Morena votó en contra y el resto de los partidos –PRI, PVEM, Panal, PES, PRD y MC– lo hicieron a favor.
Cabildeo panista
Mientras esto ocurría en San Lázaro, en el Senado estalló la crisis en la bancada panista luego de que el PRI la fracturó al nombrar a Ernesto Cordero nuevo presidente de su Mesa Directiva.
A las 21:00 horas de ese mismo día, la aún presidenta de la mesa en San Lázaro, la panista Guadalupe Murguía, anunció que por falta de acuerdo se citaba para las 15:00 horas del viernes 1, con el propósito de dar tiempo de votar al priista Ramírez Marín como nuevo presidente, para que recibiera el V Informe.
Sin embargo, el coordinador del PAN, Marko Cortés, operó desde la mañana del viernes 1. Habló con sus pares del PRD, Francisco Martínez Neri, y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, para convencerlos de que no se instalara la Mesa Directiva.
En entrevista, Martínez Neri admite que el viernes 1 recibió en sus oficinas a Cortés, quien le propuso frenar el nombramiento de Raúl Cervantes como nuevo fiscal, pues es un abierto militante del PRI. El encuentro fue entre la 13:00 y las 13:30 horas.
Ambos estuvieron de acuerdo en ese punto. Según Martínez Neri, Movimiento Ciudadano llegó a la misma conclusión. “Nadie en su sano juicio puede apoyar el planteamiento de un fiscal que ha sido diputado, senador y abogado del PRI”, comenta el perredista.
E insiste que, de no instalarse la Mesa Directiva el martes 5, “puede darse una crisis constitucional. La ley dice claramente que debe haber Mesa Directiva”.
Y aunque el Senado puede seguir operando, pues tiene nuevo presidente de mesa directiva (Ernesto Cordero), la ley también establece que es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el que tiene la representación legal del Poder Legislativo en su totalidad. Por lo tanto, al no existir, enfatiza, cualquiera puede poner en entredicho sus acuerdos o impugnarlos.
Por el momento lo que se está viviendo es una crisis política, sintetiza el perredista Martínez Neri.
En tanto, la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, la única que votó en contra del acuerdo de la Jucopo, recordó que en la sesión del 31 de agosto propuso que no se nombrara a la nueva mesa hasta el martes 5, ya que no existían condiciones políticas para llegar a un acuerdo debido al agravio que el PAN sentía que le había propinado el gobierno al nombrar a Cordero y fracturar la fracción.
“Pero no quisieron, al PVEM y al PRD les urgía que se nombrara a Jorge Carlos Ramírez Marín como presidente y no quisieron postergarlo.”
Nahle sostuvo que hay una desavenencia entre el PAN y el PRI y que de mantenerse los dos en sus posiciones, pueden generar “una crisis de gobernabilidad”.
Vacío legal
El Partido Encuentro Social, por medio de su coordinador, Alejandro González Murillo, consideró que el PAN, por un pleito interno, está paralizando los trabajos de la Cámara. Cortés advirtió desde tribuna que no habrá Mesa Directiva si el Senado no elimina el artículo transitorio que permite el pase automático de procurador a fiscal.
El coordinador del PRI, César Camacho, acusó al panista de ser un “cínico” porque públicamente habla del condicionamiento. “Es un evidente chantaje que el PRI no va a permitir… El tema del fiscal aquí no se va a arreglar (sino en el Senado). Entonces van a encontrar a un PRI que siempre ha sido afecto a la construcción de acuerdos”.
Seguro de sí, Camacho sostuvo que habrá Mesa Directiva el martes 5; Morena y PRD confían en que ello ocurra. Por lo pronto, la panista Guadalupe Murguía citó a sesión de pleno para el martes 5.
La ley de la Cámara de Diputados tiene un vacío, pues no establece qué ocurrirá en caso de que no haya presidente el miércoles 6.
Por lo pronto, el senador panista Ernesto Ruffo Appel adelantó que el lunes 4 habrá sesión en la Comisión Permanente de su partido y que es factible que los calderonistas Cordero, Lozano, Gil Zuarth y Lavalle sean sancionados.
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