“El Chapo” no será testigo protegido

La Corte Federal accedió la semana pasada a que Guzmán reciba al capellán católico de la cárcel. Balarezo agradece ese gesto en su carta, pero solicita que esas visitas las realice un capellán que hable español.
Revista Proceso # 2136, 8 de octubre de 2017.
“El Chapo” no será testigo protegido/J. JESÚS ESQUIVEL
Entrevistado por Proceso, el exjefe de inteligencia de la DEA Jack Riley afirma que El Chapo Guzmán no se integrará al programa de testigos protegidos, como se ha especulado en México, ya que el gobierno estadunidense no cree que posea información actualizada y vital sobre las operaciones del crimen organizado. Además considera que, en vista de las complicaciones del caso, el juicio no comenzará en la primavera del próximo año, como se había programado.
WASHINGTON.- Joaquín El Chapo Guzmán Loera no recibirá ningún trato de testigo protegido del gobierno de Estados Unidos, sino que pasará el resto de sus días en prisión, pronostica enfático el exjefe de operaciones de inteligencia de la DEA Jack Riley,

El exagente especial, quien dedicó más de 10 años de su carrera únicamente a ­desarrollar estrategias e investigaciones para capturar al narcotraficante mexicano, dice en entrevista: “Por la experiencia que tengo en el manejo de este tipo de casos durante todos los años que trabaje en la DEA, tengo la plena confianza de que El Chapo Guzmán no recibirá ningún trato favorable”.
Riley, quien fuera el funcionario número dos de la DEA y se jubiló este año, después de que México extraditara a Estados Unidos a Guzmán Loera, sostiene que éste recibirá una sentencia de al menos una cadena perpetua por todos los delitos que se le imputan.
Sin embargo, aclara, “aunque está acusado de homicidio, Guzmán Loera no será sentenciado a la pena de muerte; ese castigo quedó anulado como parte del acuerdo con el gobierno de México para que lo extraditaran”.

El caso 1:09-cr-00466-BMC-RLM de la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, estipula que Guzmán es acusado por el gobierno estadunidense de tráfico de cocaína y mariguana, lavado de dinero, homicidio y conspiración para contrabandear sustancias prohibidas, entre otros.
Sin el privilegio que le otorga el tratado de extradición con México, sostiene Riley, si Guzmán fuera declarado culpable de todos los cargos sería sentenciado a un mínimo de tres cadenas perpetuas y como máximo a la pena capital.
En la Corte Federal de Distrito Este, el juicio está programado para el 16 de abril de 2018 a las 9:30 de la mañana. Sin embargo, con tanta documentación, nuevas evidencias en su contra y problemas administrativos, Riley sostiene que es improbable que se realice en esa fecha.
“Aunque yo quisiera verlo muerto, porque es el responsable del fallecimiento de miles de personas, (El Chapo) no va a ser ejecutado en Estados Unidos; le espera la cadena perpetua el día que lo sentencien; no creo ­equivocarme”, matiza.
Desde el pasado 19 de enero, cuando Guzmán fue extraditado, la Corte Federal en Brooklyn lleva a cabo audiencias preparatorias del juicio. En una de ellas Brian M. Cogan, el juez a cargo del caso, informó que el juicio iniciará en abril de 2018.
Sin embargo, fuentes del Departamento de Justicia coinciden con Riley en la posibilidad de que el juicio se postergue: “Nos encontramos en la etapa de negociaciones con la defensa de Guzmán y es un proceso que toma mucho tiempo, porque se trata de un caso especial”.
En mayo de 2016 se le quitaron los ­sellos al “superencausamiento” criminal contra Guzmán, en el que se detallan los 17 cargos en su contra. El único acuerdo que podría conseguir, conforme a lo que ­adelantan los funcionarios del Departamento de Justicia, es que durante su encierro reciba visitas de sus familiares y abogados.
“De ninguna manera estamos buscando darle un trato especial. Se trata de uno de los criminales más peligrosos del mundo. No se pueden tener benevolencias con alguien de su calaña”, subraya uno de los consultados.
Otras fuentes, familiarizadas con procesos criminales como el del Chapo y que aceptaron hablar como background o soporte informativo sin que se les cite ni identifique, confirman que el narcotraficante no entrará al programa de testigos protegidos.
Explican que, en las negociaciones con la defensa de Guzmán, el gobierno de Estados Unidos pretende conseguir información nueva sobre el tráfico de drogas en México y el modus operandi del Cártel de Sinaloa, así como de sus rivales en la exportación de estupefacientes.
Sostienen que las concesiones que recibiría El Chapo van desde tener contacto físico con sus familiares y sus representantes legales una vez que sea sentenciado, hasta hablar con ellos durante el proceso preparatorio del juicio y posteriormente cuando sea sentenciado e ingrese en prisión.
Las fuentes indican que, tras ser sentenciado, muy probablemente el reo será enviado a la prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, donde se encuentra otro mítico narcotraficante, el mexicano-estadunidense Juan García Ábrego, exlíder del Cártel del Golfo.
Debido a la lentitud que se aprecia en el proceso judicial contra Guzmán, algunos medios de comunicación mexicanos han especulado que se convertirá en testigo protegido por la información que puede proporcionar al gobierno estadunidense.
Sin embargo, los funcionarios del Departamento de Justicia consultados por Proceso no consideran que el narcotraficante posea información actualizada sobre el narcotráfico en México.
Comentan que, si sabe algo que las autoridades estadunidenses ignoran, no lo dirá porque pondría en riesgo la vida de sus hijos, que están al frente de una fracción del Cártel de Sinaloa.
Dicen que, desde la recaptura del Chapo en febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa, el gobierno mexicano mantuvo al estadunidense informado de las declaraciones del Chapo ante la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Detallan que en su segunda recaptura, el 8 de enero de 2016, en los Mochis, Sinaloa, Guzmán sólo añadió unos ­detalles sobre quienes lo ayudaron a escapar.
En la versión que tienen las autoridades estadunidenses sobre la estructura del Cártel de Sinaloa, éste se divide en tres facciones. Al frente de una de ellas ubican a los hijos de Ismael El Mayo Zambada García; otra la encabezan los vástagos del finado Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, y la tercera los hijos de Guzmán.
Riley, quien escribe sus memorias de más de 32 años en la DEA, reitera que si bien El Chapo no será castigado con la pena de muerte, a él lo tranquiliza el pronóstico de que pasará el resto de su vida en prisión:
“No está en México. De una cárcel de Estados Unidos no se podrá escapar”, comenta.
La carta de Balarezo
En una carta entregada el pasado martes 3 a la Corte Federal en Brooklyn y a la fiscal Andrea Goldbarg, representante del Departamento de Justicia en el caso, Eduardo Balarezo, uno de los abogados de Guzmán Loera, se queja de las pocas consideraciones que tiene su cliente:
“No me puedo reunir en persona con el acusado de manera regular… Le estoy informando que estoy solicitando ­hacer llamadas semanales con mi cliente. Las llamadas del señor Guzmán serán a mí únicamente, con las garantías de que dichas conversaciones no sean ­monitoreadas en base al privilegio al que tienen derecho los abogados.”
El litigante agrega que él vive en ­Washington y viaja por lo menos una vez a la semana a Nueva York para reunirse con su cliente, por lo que tiene dificultades para revisar directamente y con mayor frecuencia los documentos que el Departamento de Justicia somete a la Corte.
Por ese motivo Balarezo pide que sus asistentes tengan acceso a Guzmán Loera para revisar los documentos del gobierno federal “y las investigaciones que elabora la defensa”, tomando en cuenta que ni siquiera a él lo dejan hablar con El Chapo sobre cualquier foja del expediente sin que ésta haya sido revisada y autorizada por el Buró de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).
“Los asistentes legales recuperarán todos los documentos cuando concluyan sus visitas. No dejarán ningún documento en manos del señor Guzmán”, promete Balarezo.
En esa carta el abogado lamenta que su cliente permanezca “incomunicado”, ya que sólo se le autorizó hacer una llamada telefónica mensual de 30 minutos o posiblemente dos de 15 minutos, si así lo aprueba la dirección de la prisión donde está recluido.
“Por petición suya (de la fiscal), al señor Guzmán lo han mantenido efectivamente incomunicado con su familia desde que llegó a Estados Unidos. Se le han negado las visitas a su esposa. A su hermana se le han permitido visitas muy cortas. Desafortunadamente, el gobierno le canceló su visa poco después de las visitas que le hizo y ella no puede ya ingresar a Estados Unidos. El señor Guzmán no tiene a más miembros de su familia que sean adultos y lo puedan visitar”, denuncia Balarezo.
Dado que hasta el momento al Chapo se le mantiene detenido por razones administrativas, pues aún no ha sido declarado culpable de ninguno de los 17 delitos que le achacan, su defensor exige que se le autoricen a su cliente 60 minutos mensuales de llamadas telefónicas.
La Corte Federal accedió la semana pasada a que Guzmán reciba al capellán católico de la cárcel. Balarezo agradece ese gesto en su carta, pero solicita que esas visitas las realice un capellán que hable español.