El presidente también ha pedido endurecer las medidas contra el ingreso al país de menores no acompañados y 10.000 policías más de inmigración
J. M. AHRENS
El País, Washington 9 OCT 2017
El presidente estadounidense, Donald Trump, este sábado en Washington. MANUEL BALCE CENETA (AP) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY
El futuro de los dreamers vuelve a estar en el aire. Tras anunciar en septiembre su disposición a un acuerdo con los demócratas para salvarles de la deportación, el presidente Donald Trump ha decidido ahora forzar el paso y ha exigido a cambio un endurecimiento de la política migratoria que incluye financiar el muro con México, limitar los permisos de residencia, acelerar las expulsiones de menores centroamericanos, contratar a 10.000 agentes y retirar fondos a las ciudades santuario. Un paquete de máximos que ya ha sido rechazado por la oposición y que hacer prever una correosa negociación.
Negociar con Donald Trump es un riesgo. El antiguo tiburón inmobiliario suele llevar la partida al límite. Da igual que sea el pacto nuclear con Irán, la escalada con Corea del Norte o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El objetivo final siempre es el mismo: obtener alguna ventaja respecto a la situación inicial. Para ello aprieta el acelerador hasta el fondo y espera que sea el otro quien acabe apartándose.
Hubo un pacto y desapareció. El acuerdo alcanzado en septiembre por Donald Trump con los demócratas para salvar a los dreamers sin necesidad de aceptar el muro con México ha saltado por los aires. “La lista de medidas incluye el muro, algo que fue descartado en las negociaciones. Si el presidente iba en serio, sus funcionarios no han trabajado de buena fe”, afirmó el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Un paso más dio su homóloga en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien consideró el paquete de medidas migratorias como un “anatema” para la mayoría de estadounidenses.
Los dreamers, esos 800.000 inmigrantes que llegaron siendo menores a Estados Unidos, no son una excepción. A principios de septiembre, tras meses de dudas, Trump decidió liquidar el programa (DACA, Acción Diferida para Llegadas Infantiles en sus siglas en inglés) que les permitía permanecer legalmente en el país. Pero, consciente del impacto que la deportación de estos jóvenes tendría en sus propias filas, concedió una prórroga de seis meses para buscar una salida en el Congreso.
Con el reloj en cuenta atrás, los esfuerzos negociadores se multiplicaron en los primeros días hasta cuajar en un principio de acuerdo con los líderes demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes. El pacto, que excluía el muro con México, hizo pensar en una solución rápida. Pero la presentación este domingo por la noche de los planes migratorios de Trump, ha vuelto a oscurecer el horizonte.
El paquete anunciado no sólo incluye la financiación del muro con México, una de las promesas electorales de mayor carga xenófoba y con un coste calculado en 20.000 millones de dólares, sino que endurece el control de fronteras, la concesión de asilo, las deportaciones y la persecución policial de los sin papeles. “Todos estos cambios han de incluirse como parte de cualquier legislación que trate el estatus de DACA. Sin ellas, la inmigración ilegal y en cadena, que carga severamente a los trabajadores americanos y contribuyentes, continuará sin fin”, advierte el presidente en una carta al Congreso.
La reforma, en caso de aprobarse, supondría el mayor giro migratorio desde 1986 y contribuiría al sueño aislacionista de Trump. Junto a la financiación del muro, la iniciativa lanzada por la Casa Blanca incluye apartados tan espinosos como la devolución exprés de los menores sin papeles y no acompañados. Esta medida, que ya afecta a los procedentes de México y Canadá, no se aplica aún a las decenas de miles de niños y adolescentes de Honduras, Guatemala o El Salvador que, huyendo de la miseria y el azote de las maras, han buscado en los últimos años un futuro mejor en Estados Unidos.
Otro puntal del plan radica en la denegación del permiso de residencia a quienes no sean hijos o cónyuges de inmigrantes integrados. Frente al reagrupamiento familiar, la Casa Blanca pretende ahora favorecer un “sistema de puntos” basado en los méritos que “proteja a los trabajadores y contribuyentes americanos”.
Tampoco es menor el ataque a las denominadas ciudades santuario. Ante la resistencia de las grandes urbes del país, en especial Los Ángeles y Nueva York, a cooperar con las autoridades federales en materia de inmigración, la Casa Blanca quiere romperles el espinazo mediante la coerción económica. Para ello propone retirarles fondos si incumplen sus órdenes, entre ellos facilitar toda la información sobre indocumentados.
El proyecto se redondea con un fuerte aumento de los medios: contratación de 10.000 agentes más del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés), así como 1.000 abogados, 370 jueces y 300 fiscales especializados
El sesgo antimigratorio de la iniciativa vaticina una negociación compleja. La inmigración es uno de los fuertes de Trump. Un espacio donde confluyen electores de ambos lados, pero que tiene un límite claro en la expulsión de los dreamers. Tanto una mayoría republicana como demócrata la rechazan. Y el presidente, consciente de ello, no quiere frenarla sin sacar el máximo partido.
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