El tema de la Guardia Nacional, opiniones II

Las columnas políticas, HOY, martes 20  de NOVIEMBRE DE 2018....
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El lastre en las policías | Editorial El Universal
En el tema de seguridad, el eslabón más próximo a la población son los elementos policiacos. Los patrullajes y recorridos que realizan por calles de ciudades y municipios a lo largo del país deberían fomentar el sentimiento de protección.
A pesar de ello, estas corporaciones son a menudo las más débiles en el combate a la inseguridad, sin equipo adecuado o capacitación constante. En lo que va del año 326 policías han sido asesinados y sus muertes han quedado en la impunidad.
De acuerdo con los datos que hoy publica EL UNIVERSAL, el fenómeno no conoce de colores partidistas, se da por igual en los estados. Son cinco las entidades que concentran casi la mitad de los casos: Guanajuato (60), Estado de México (30), Guerrero (32), Puebla (27) y Veracruz (22).
En Veracruz los casos están perfectamente focalizados: 15 de los 22 asesinatos ocurrieron en el municipio de Amatlán; de los 15, siete murieron al intentar restablecer el orden en un motín que se registró en el penal. El fatal resultado no puede ser otra cosa que la evidencia de la falta de preparación para enfrentar situaciones de ese tipo.

A lo anterior se añaden los bajos sueldos y las escasas prestaciones que tienen. Ninguna de las 32 entidades otorga al 100% las seis prestaciones laborales básicas: crédito para vivienda, seguro de vida, seguro médico, fondo de ahorro, apoyos a la familia en caso de fallecimiento y becas escolares para los hijos.
Además, solo en 19 estados los salarios básicos de los policías están por arriba de los 9 mil 933 pesos al mes; en los 13 restantes están por debajo de esa cifra.
En el sexenio que está a punto de terminar el tema del deterioro policial fue ampliamente discutido y reconocido, tanto por autoridades federales como por expertos y organizaciones civiles. La historia policial en este periodo puede resumirse así: Hubo intentos para profesionalizar las corporaciones y aplicar controles de confianza, pero el éxito fue escaso. Predominaron los casos de intervención total y desarme de policías en varios municipios por tener vínculos con bandas criminales. El resto de las corporaciones quedaron abandonadas a su suerte.
Las carencias en las que los agentes desempeñan sus labores son numerosas. Las policías no merecen un sexenio más de indiferencia.
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Ojalá resulte el plan (y que se disculpen con las Fuerzas Armadas)/Pablo Hiriart
Uso de Razón
El Universal...
Más vale que el Plan de Seguridad presentado por el próximo presidente funcione porque la situación es crítica. Claro, siempre se puede estar peor.
Lo que viene se llama militarización.
Más Ejército y más Marina a las calles. No hay de otra, dice Alfonso Durazo.
Tal vez tenga razón, o tal vez no. Los especialistas y los resultados concretos dirán si es acertado el Plan.
Esperemos que sí, pero no lo quieran disfrazar: se militariza la seguridad pública en el país.
Lo que van a hacer es exactamente lo contrario de lo que argumentaban.
El sentido común arroja interrogantes inmediatas.
Se van a tardar tres años en crear la Guardia Nacional, con 50 mil nuevos elementos de la Marina y el Ejército. ¿Y mientras? ¿Más de lo mismo que dijeron que estaba mal?
En ese tiempo, ¿no es mejor formar una Policía Nacional, civil?
Los militares van a estar en todo el país y para siempre. Eso no es normal en un régimen democrático.
Van a tener el mando sobre autoridades civiles en 266 regiones en que se dividirá el país.
Como coadyuvantes del Ministerio Público, los militares van a poder detener. Y su jefe será siempre otro militar.
De hecho, la Guardia Nacional, encargada de la seguridad pública del país, va a depender de la Secretaría de la Defensa.
Viene lo mismo que hizo el entonces presidente Felipe Calderón, pero en grande. Y por idénticos motivos: hay una situación de emergencia y falta de instituciones civiles para enfrentar el problema.
Con una diferencia: siempre se consideró a las Fuerzas Armadas en estas tareas de manera transitoria. Ahora no. Es definitiva.
¿No sería mejor enfrentar a la emergencia como lo que es, emergencia, y no como situación permanente?
¿No dijeron que la presencia del Ejército en las calles provocaba más violencia?
¿No que usar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública era un error?
Se propusieron regresar al Ejército a los cuarteles, y ahora nos anuncian que vendrán más tropas y para siempre.
¿Qué pasó? ¿Qué los hizo ir de un extremo a otro en unas cuantas semanas?
Decían que las Fuerzas Armadas estaban en las calles “para reprimir al pueblo” y que eso era para favorecer a los “poderosos”.
Ahora bien, los que llegan al gobierno e hicieron campañas mediáticas contra el Ejército y la Marina en los años pasados, ¿no le deben una explicación a las Fuerzas Armadas después de atacarlas como las atacaron?
¿No le deben, por lo menos, un “disculpe usted” a Felipe Calderón y a Enrique Peña?
O en todo caso culparlos por no haber dado un carácter permanente a las Fuerzas Armadas en seguridad pública.
Se ensañaron hasta la vulgaridad en escritos, consignas y cartones contra Calderón por usar al Ejército y a la Marina en seguridad pública, y ahora que llegan al poder hacen lo mismo, pero en grande y en definitiva.
Igual sucedió con Peña Nieto, con el general secretario Salvador Cienfuegos y con el titular de Marina. Los tacharon de asesinos y los denunciaron en organismos internacionales.
Ahora recurren, elevado y aumentado, a las mismas Fuerzas Armadas que calumniaron y difamaron.
¿Ni un ligero rubor, maestro Ackerman?
Amigos de La Jornada, sus cartonistas y editorialistas; señores del GIEI, del Pro, dirigentes de Morena, líderes parlamentarios de ese partido, Epigmenio Ibarra… al menos cuéntennos qué se siente tragarse ese tremendo sapo y tener que sonreír.
Decía Epigmenio Ibarra, el estratega de las campañas negras del morenismo (programa con Julio Hernández, Astillero): “Tenemos 165 mil efectivos del Ejército, unos 50 mil o 60 mil efectivos de la Marina, más 80 mil policías federales. Es un país erizado de asesinos con uniforme, que por doctrina tiene el mandato de aniquilación del enemigo… La Marina no hace prisioneros, remata a los heridos, ejecuta a los que se rinden, su tarea es asesinar, pura, lisa y llanamente. El Ejército hace más ruido, es más lento, es más torpe y es el que cobra más vidas civiles porque tiene un poder de fuego desmedido. La Marina hace crimen selectivo. El Ejército mata al por mayor”.
Ahora habrá más Ejército, más Marina en las calles en tareas de seguridad pública y tendrán mando sobre civiles.
Ojalá resulte el Plan de Seguridad, nos beneficiaría a todos porque la situación es caótica.
Pero dejar a las Fuerzas Armadas de manera definitiva en seguridad pública, son palabras mayores.
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En Tercera Persona/Héctor De Mauleón..
El Universal
La sociedad civil le responde a AMLO
Se trata de un texto seco, duro, que le recuerda al presidente electo que es muy pronto para olvidar lo que pregonó tantos años y tantas campañas.
Un centenar de organizaciones civiles y medio millar de ciudadanos lanzaron el día de hoy un desplegado contra la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y su equipo de crear una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional.
Se trata de un texto seco, duro, que le recuerda al presidente electo que es muy pronto para olvidar lo que pregonó durante tantos años y tantas campañas: “que las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública, y que la creciente militarización no había dado ni daría resultados”.
López Obrador presentó la semana pasada su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Ahí anunció la creación de una fuerza de corte y formación militar, la cual estará integrada por la policía militar, la policía naval y elementos de la Policía Federal.
De inmediato, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional calificaron la decisión del presidente electo como un error, aún peor: como una amenaza para los derechos humanos. Human Rights Watch alegó que el uso de militares en labores de seguridad pública no solo no ha logrado reducir la violencia en México, sino que “es posible que haya sido un factor clave que contribuyó al drástico aumento en la cantidad de homicidios en estos años”.
A ese llamado se suman ahora las únicas voces posibles: las de la sociedad civil en un panorama dominado políticamente por Morena, y en el que la mayor parte de los partidos atraviesa la crisis más seria de su historia.
El desplegado está firmado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Comisión Nacional de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Observatorio Nacional Ciudadano y el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre otros.
Lo firman también México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia, la Red de Seguridad Ciudadana y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Entre los firmantes a título personal se encuentran Alejandro Madrazo, Denise Dresser, Catalina Pérez Correa, Jacobo Dayán, Edna Jaime, Elena Azaola y Juan E. Pardinas.
Y también, Elisa Alanís, Luis de la Calle, Maite Azuela, Héctor Aguilar Camín, Mariclaire Acosta, Mario Campos, Lisa Sánchez, María Amparo Casar y María Elena Morera.
López Obrador y su equipo, sostienen los firmantes, optaron “por una militarización como nunca la ha conocido el país en su historia moderna”. Arraigar a las Fuerzas Armadas a funciones policiacas a través del texto constitucional, dicen, representa una afrenta a un régimen republicano y democrático que aspira a consolidar instituciones civiles, así como derechos y garantías.
Según el desplegado, la primacía militar que pretende el nuevo gobierno tendrá consecuencias políticas profundas, romperá el equilibrio entre civiles y militares “que ha prevalecido en México durante las últimas décadas”.
No es este el primer documento que se opone a los cambios propuestos por AMLO y su equipo: hace unos días, la Amedi (Asociación Mexicana de Derecho a la Información) se opuso a que Gobernación vuelva a regular a los medios de comunicación, y sobre todo a que opere estaciones de radio y televisión: según los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión, esta regulación debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político, mientras los medios deben estar libres de injerencias políticas.
A lo que AMLO quiere volver, se lee en el desplegado, “es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático”.
López Obrador ha revelado varias veces su desconfianza a la sociedad civil. Es esa sociedad la que hoy levanta la voz ante lo que de manera probada es un error: ante la vuelta a un pasado inadmisible.
@hdemauleon
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El Asalto a la Razón/Carlos Marín
Milenio
Guardia Nacional y rectificación
La desconfianza generalizada en las policías, sobre todo municipales y muchas estatales, se debe a la penetración del crimen en sus estructuras que, como ilustra de sobra el caso Iguala-Cocula-Ayotzinapa, termina cooptando corporaciones completas.
En las que debieran ser instituciones respetables son frecuentes la fuga de información y aviesas complicidades, pero mucho menor es el riesgo de pitazos y cambios de chaqueta en las fuerzas armadas, debido al estricto control del personal característico de la milicia.
Por eso es alentadora la fórmula de que policías federales, militares y navales (éstos dos dejando de ser soldados, porque su estatus será civil) queden agrupados en una Guardia Nacional supeditada a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El que una parte sustantiva de la nueva corporación tenga capacitación militar y trabaje como policía es de celebrarse (la formación y valores en que se educan los soldados ha hecho posible la captura de grandes criminales, frente a casi ninguno a cargo de policías estatales y prácticamente de nadie por las municipales).
Otro componente clave, la actual Policía Federal, aprehendió a más de la tercera parte de los 122 “objetivos prioritarios” del gobierno que agoniza (por eso desconcierta que al Presidente electo lo hayan engañado y aluda a ella con expresiones demeritorias).
Con énfasis en la prevención, el nuevo gobierno demarcará 265 regiones. Poca novedad, pues lo hizo el de Peña Nieto con la zonificación de polígonos de violencia para atender más estratégica y directamente las áreas de mayor conflicto. La variante, por demás plausible, es que 70 por ciento de la estrategia se basará en la recomposición del tejido social, tarea determinante porque delincuencia no es sinónimo de pobreza, sino de múltiples y muy complejas variables (ingreso, urbanidad, bienestar, alimentación, hacinamiento, agua, escolaridad…).
 AMLO busca reducir los homicidios con mayor presencia (cuánta gente cuida a cuánta): 300 policías por cada 100 mil habitantes, como recomienda la Oficina para la Droga y el Delito de la ONU.
Por eso, para atender a la población de 120 millones, tendrá que apoyarse en los 400 mil policías estatales y municipales que hay… y cruzar los dedos para que de algo sirvan porque ninguno estará, como sí la Guardia Nacional, bajo las órdenes de la Sedena.
Disculpas y otra invitación
El pleno del Senado tiene hoy la oportunidad de votar afirmativamente el exhorto de su Comisión de la Defensa para que repare el agravio a las fuerzas armadas cometido por la Cámara de Diputados con el retiro de la invitación a los principales mandos en activo para asistir a la ceremonia de toma de protesta del futuro Presidente y comandante supremo de las instituciones militares.
Debe ordenar a su colegisladora disculparse y reinvitar o, cuando menos, reinvitar y tratar con dignidad y respeto a esos altos jefes…
cmarin@milenio.com
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López Obrador contra Peña Nieto/Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
El Financiero...
Entre el Andrés Manuel López Obrador que dialogó con periodistas y politólogos el 3 de mayo, en plena campaña presidencial, y el que estuvo anoche en un nuevo encuentro en el programa Tercer Grado, las diferencias son notables. La corrupción, que sabía que existía ampliamente en aquél entonces, “es mucho más grande de lo que había imaginado”. Todo lo que se ha tenido que revisar tiene que ver con la corrupción, dijo. Pero hay tanta, que “no alcanzarían las cárceles ni los juzgados” para poder encerrar a todos los culpables, comenzando por los de arriba, en el gobierno, y no sólo en el de Enrique Peña Nieto, sino “de tiempo atrás”. Pero López Obrador no ha cambiado en algo: su convicción de que no perseguirá a nadie, porque cree que lo metería en una confrontación que sólo llevaría a la discordia. Esto lo distraería de su proyecto de transformación, aunque, quizás, no le será posible mantener su deseo.
López Obrador tomó de aquél programa de mayo la referencia que hizo René Delgado de la Ley del Punto Final, establecida en 1986 en el gobierno de Raúl Alfonsín, en Argentina, que estableció la caducidad de la acción penal en contra de aquellos imputados por la desaparición forzada de decenas de miles de argentinos que sufrieron la represión de la dictadura militar, quienes habían sido colocados en el banquillo de los acusados como una externalidad de la transición a la democracia, tras el colapso del régimen militar con la derrota ante el Reino Unido en la guerra de las Malvinas. Alfonsín buscó lo que quiere ahora López Obrador y poder continuar su proyecto reformador, pero se encontró con la oposición de miles de víctimas y protestas sociales que la tildaban de una ley “para la impunidad”.
Casi 20 años después, por iniciativa de la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh –hija de Rodolfo Walsh, un periodista e intelectual que fue miembro de los Montoneros y fue asesinado por la dictadura, que también mató a la hermana de la exlegisladora en un enfrentamiento con los militares–, el Senado argentino anuló en 2003 la Ley del Punto Final y una subsecuente de Alfonsín, la Ley de Obediencia Debida, que era una ley de perdón, con lo que iniciaron 11 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad, impulsados por el presidente Néstor Kirchner. En Argentina, los agravios y los crímenes cometidos por la dictadura fueron la tuerca que torció la historia hacia la democracia, y por más esfuerzos de reconciliación que se trataron, el pueblo no permitió que quienes fueron responsables de aquellos crímenes, gozaran de impunidad.
La tuerca que torció la historia en México y llevó a López Obrador a la presidencia fue la corrupción y la inseguridad, los dos temas recurrentes en la insatisfacción del electorado, entre quienes votaron por el candidato de la izquierda, y quienes lo hicieron por otras opciones. Esos fenómenos fueron transversales, y pese a que como presidente electo se los recuerdan en todo el país o descubren que el pozo de la corrupción no tiene fondo, López Obrador insiste en que haya un antes y un después a partir del 1 de diciembre. “Vamos a iniciar una nueva etapa y dejar atrás la horrible historia de corrupción”, dijo en Tercer Grado. “Vamos a acabar con la pesadilla”. Su voluntad va a tener que modificarse.
En la entrevista narró los porqués de su cambio de regresar paulatinamente a los militares a los cuarteles, como establece el Proyecto Alternativo de Nación, y someter la seguridad pública al ámbito civil, que es la gran rectificación que ha hecho como presidente electo. Señaló que el fracaso de la estrategia de seguridad tiene que ver con que fue diseñada para beneficiar a un pequeño grupo, al que ha salpicado –no lo dijo él, pero lo han comentado en su equipo de transición– a altos mandos del gobierno. Han encontrado oscuros desvíos presupuestales en la Policía Federal durante la primera parte del gobierno y la inexistencia de expedientes completos en materia de delincuencia organizada en la PGR, que alimentan sus presunciones de ilegalidades. Ese pasado va a atrapar irremediablemente a López Obrador, aunque trate de esquivarlo.
La entrevista de Tercer Grado estuvo acotada por el tiempo del formato de televisión, pero, al terminar, le pregunté si toda la información que está saliendo de la Corte Federal de Brooklyn en el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, no obligarían a su PGR o a su fiscal a iniciar una investigación en contra del presidente Peña Nieto, a quien los abogados de los narcotraficantes están acusando de haber recibido dinero del Cártel del Pacífico, que hacen eco a lo que declaró en marzo Phil Jordan, exdirector de la DEA en El Paso, Texas, en una entrevista con la cadena Univisión, donde afirmó que El Chapo inyectó “mucho dinero” en la campaña presidencial del actual mandatario y pagaba miles más por protección, como lo hizo en el gobierno del presidente Vicente Fox, a cuyo gobierno dio millones de pesos para que lo dejaran escapar.
López Obrador se quedó unos instantes pensando en la respuesta. “Tendría que haber presión interna”, dijo. Iniciar una investigación contra Peña Nieto no sería consecuencia natural de lo que se diga en Brooklyn, más allá de lo contundente que pueda ser la evidencia. Tiene razón. Si se quiere enjuiciar al presidente actual, la sociedad mexicana debe exigirlo, como lo hizo la argentina para derogar la Ley del Punto Final. Pero, si es así, López Obrador no tendrá alternativa. En ese caso específico, irá por él.
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¡Arrepentidos y… desempleados!/RICARDO ALEMÁN...
24 Horas...
Dice la vieja conseja popular: “De los arrepentidos será el reino de los cielos”. Sin embargo, en el caso mexicano, la terca y fría realidad muestra otro rostro del viejo refrán. ¿Por qué?
Porque hoy no sólo crece el número de arrepentidos de votar por Andrés Manuel López Obrador –el 1 de julio-, sino que esos arrepentidos nunca encontraron “el reino de los cielos”, sino la cruda realidad del desempleo, la desesperanza, la falta de educación de calidad para sus hijos y, en suma, la cancelación del futuro. ¿Lo dudan?
Ejemplo 1. De los miles que marcharon contra la simulación de la consulta para tirar el NAIM -el 11, a las 11, del 11-, un reducido grupo eran policías federales; de esos miles de mujeres y hombres que todos los días dan la vida por el resto de la sociedad.
Uno de ellos contó desesperado que la mayoría de sus compañeros, en la Policía Federal, votaron por López Obrador, con la esperanza de que hiciera posible un cambio. ¿Un cambio hacia dónde…? No lo supieron explicar.
La realidad, sin embargo, les devolvió un escupitajo en el rostro. ¿Por qué? Porque Obrador detesta a los policías, militares y marinos; cree que su trabajo es inútil y, además, considera que son un puño de corruptos y ladrones.
¿Qué va a pasar con la Policía Federal y con los grupos de élite de la Marina y la Sedena…? Lo más probable es que desaparezcan y que sus efectivos sean reagrupados en el híbrido sin pies ni cabeza motejado como Guardia Nacional, que podría ser instrumento de represión contra opositores.
¿Y qué pasará con las familias; con los hijos de todos los policías, los marinos y militares arrepentidos que votaron por AMLO, esperanzados en un cambio? ¿Que se chinguen, porque a nadie le importan?
Como tampoco importan las familias cuyos hijos deberán dejar escuelas privadas, cuya hipoteca no se podrá pagar, ¡cuyo futuro fue cancelado!
Ejemplo 2. Y tampoco importan los casi 50 mil jefes o jefas de familia que debieron dejar sus esperanzadores empleos, una vez anunciada la cancelación del NAIM.
A nadie en Morena le importa que detrás de cada desempleado del aeropuerto –muchos de los cuales votaron por Morena-, cada una de esas familias vive un drama vital; la cancelación de la educación de los hijos, el fin del sueño de una casa, la ruina del futuro y la desesperanza. Casi 50 mil jefes de familia, multiplicado por cuatro miembros por familia. Toda una tragedia.
Ejemplo 3. Luego del 1 de julio, las instituciones bancarias llevaron a cabo un despido masivo de personal. El argumento: la digitalización. Lo cierto, que vieron venir el riesgo del nuevo Gobierno.
Hoy, cuando Morena lanzó el zarpazo contra los bancos, los despidos pueden llegar, en total, a 20 mil empleados. ¿Cuántas tragedias familiares, cuántas carreras frustradas, cuántos hijos sin escuela privada, cuántos futuros personales cancelados…?
Muchos empleados de banco, igual que policías y trabajadores del NAIM creyeron que AMLO era el cambio. De los arrepentidos…
Al tiempo.
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