El estilo López Obrador. Acusaciones que nunca llevan a nada/

Revista Proceso # 2210, 10 de marzo de 2019..
El estilo López Obrador. Acusaciones que nunca llevan a nada/
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Las “mañaneras” son la tribuna ideal para que López Obrador despotrique y lance invectivas en su afán de convencer a su público de que está haciendo cosas, sobre todo en lo tocante al combate a la corrupción. Con poco espacio para aceptar críticas, ha hablado del huachicoleo que implicaría a altos funcionarios, del saqueo a Los Pinos, de los salarios de los ministros de la Corte, de malos manejos en el dinero de organizaciones de la sociedad civil… Pero hasta ahora el discurso no se ha traducido en acciones concretas que hayan llevado a nadie a enfrentar la justicia.

Desde el primer día de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a debate diferentes temas relacionados con los excesos de sus antecesores que, dijo, “se rayaron”, “se pasaron” durante “el periodo neoliberal”, y a quienes acusó de corrupción.

Fueron muchos casos: de la casa presidencial a la corrupción en el sector energético; del robo de combustible a los altos salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); de la descalificación a los organismos autónomos a las denuncias sobre malos manejos de organizaciones de la sociedad civil…
Y el discurso de político de oposición sigue marcando la narrativa presidencial, pero también impone un estilo de gobernar que el hoy mandatario anticipó el 22 de diciembre de 2018, cuando asistió a la celebración de los 25 años de la fundación de TV Azteca: “Desde luego, va a haber cuestionamientos. Imagínense, nosotros venimos de la oposición. Yo me sentiría mal, extraño, de que no hubiese oposición. (…) Necesitamos eso, nada más hacerlo con respeto”.
Al mismo tiempo ha defendido lo que considera su derecho a debatir, su derecho de réplica, cada vez que la oposición expresa críticas o descalifica sus decisiones de gobierno. En su discurso de toma de posesión, la bancada del PAN, primera minoría tras la elección de 2018, le exigió con carteles que bajara el precio de los combustibles. López Obrador dejó un momento su discurso para espetar: “Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje”.
El 22 de enero el expresidente Felipe Calderón y su esposa, la excandidata presidencial Margarita Zavala, solicitaron el registro de su partido, México Libre, en medio de críticas a diferentes decisiones del actual mandatario; éste se refirió, el 5 de febrero, a la inmoralidad de su antecesor, quien habiendo tenido información privilegiada, se empleó con la trasnacional energética Iberdrola.
También atacó a movimientos sociales contestatarios. El ejemplo más conocido fue el del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua –que se opone al Proyecto Integral Morelos–, al que calificó de conservador, igual que a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus movilizaciones en Michoacán: “Ese radicalismo tiene que ver con el conservadurismo; es cuando los extremos se tocan. Eso tiene que ver con la extrema derecha, es un conservadurismo disfrazado de radicalismo”.
Escándalos anecdóticos 
Las denuncias de López Obrador contra los gobiernos del pasado quedan en lo anecdótico, carecen de formalidad. Y cuando se han abierto procedimientos judiciales, sólo implican a funcionarios menores, aunque se exponen desde la tribuna presidencial en el escenario cotidiano conocido coloquialmente como las “conferencias mañaneras”.
La promesa reiterada varias veces al día durante la campaña se materializó: la apertura de la residencia oficial de Los Pinos que, a primera hora del pasado 1 de diciembre, fue de acceso público con sus ya escasos tesoros, pues la mayoría de sus estancias y habitaciones, oficinas y comedores se veían desmantelados, junto con la leyenda “así se recibió”.
La entrega-recepción ya había ocurrido, pero no se dio información oficial sobre el inventario de bienes. Cuando los senadores Carmen Bañuelos y Alejandro González Yáñez lo solicitaron, se les dijo que sería al concluir el plazo de revisión, en un mes; más o menos lo mismo que respondió el presidente cuestionado al respecto en la mañanera del 19 de diciembre.
El sábado 2 la Secretaría de Cultura formalizó la recepción de la residencia y sus terrenos. No se mencionaron inventarios. El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, confirmó a este semanario que se habían cotejado las obras de arte del acervo de la residencia oficial, que ahora estaba en Palacio Nacional.
En su edición número 2199, esta revista publicó que el inventario de Los Pinos –obtenido mediante una solicitud de información– hasta un año antes era de 24 mil 729 objetos. “Había dispendio en los contratos y tarifas. Ya se cancelaron la mayoría de los contratos de servicios, otros tienen vigencia limitada. La Secretaría de la Función Pública está haciendo una revisión de los procesos de entrega-recepción”, explicó Ramírez Cuevas.
De manera similar, el parque vehicular que López Obrador consideró excesivo se vendió. Ni siquiera se supo quiénes usaban los vehículos Audi y BMW blindados, que fueron subastados los pasados 23 y 24 de febrero. 
Al presentar en la mañanera un video y las generalidades de los 263 vehículos que se pondrían a la venta, el mandatario se refirió precisamente al Audi con una expresión: “¡Si les dijera quién lo usaba!”. Pero no lo dijo.
Contrapesos desbalanceados
Desde los días de la transición y luego ya como presidente, López Obrador pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conocieran las controversias por la Ley de Remuneraciones, uno de los primeros actos de los legisladores morenistas que hicieron norma la promesa de reducir los salarios de la alta burocracia. 
Ajeno al ámbito de lo legal, el mandatario llevó la discusión al terreno de la moralidad: “No es posible que haya funcionarios públicos en el país (…) que ganen 600 mil pesos mensuales; es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad; esos que obtienen esos sueldos no son gente honesta, ni sensible, ni son partidarios, de verdad, de la justicia”.
El 8 de diciembre la SCJN respondió en un comunicado que el ingreso de cada ministro es de 269 mil 215 pesos mensuales.
Poco a poco el tema se fue apagando, no sin otras expresiones del mandatario cuando alguna decisión relacionada con los procedimientos de control constitucional contravienen su objetivo de que en el servicio público nadie gane más que él. Su ingreso es de poco más de 108 mil pesos.
Lo mismo ocurrió con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En una polémica declaración, dijo que éste servía de tapadera al caso Odebrecht­ –el escándalo de corrupción en Pemex que podría llegar hasta al expresidente Peña Nieto– y lo cuestionó por no hacer pública la lista de grandes contribuyentes a los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) eximió de impuestos.
La declaración fue reiterada desde los discursos de campaña hasta las primeras semanas de gobierno, cuando finalmente el INAI lo desmintió en un comunicado del 12 de febrero, cuando dio a conocer las diferentes resoluciones en las que instruyó la apertura en esos casos. Aun así, el mandatario presentó la lista de resoluciones el 13 de febrero y afirmó que en el pasado no lo habían hecho. Luego afirmó que nunca miente.
Entre expresiones coloquiales, López Obrador ha dicho que “los neoliberales” –así, en general– convencieron de que eran necesarios los organismos autónomos y, tras el desencuentro con el INAI, se ha referido principalmente a los que surgieron de la reforma energética.
En particular sus expresiones fueron contra la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la segunda y tercera semanas de febrero, a la par del proceso de renovación de tres lugares en esa comisión que el Senado debía elegir entre las propuestas del mandatario y que el presidente del organismo, Guillermo García Alcocer, había cuestionado.
López Obrador acusó a García Alcocer –en ejercicio de su “derecho de réplica”– de incurrir en conflicto de interés y anunció que presentaría pruebas. Lo hizo el 19 de febrero acompañado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo; la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y la de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Los funcionarios exhibieron gráficas en las que mostraban no sólo la relación familiar de García Alcocer con directivos de Fermaca (empresa energética con importantes contratos y concesiones en manejo de gas), sino que además explicaron supuestos indicios de operaciones ilícitas con posible blanqueo de capitales.
García Alcocer hizo públicos desde días antes los lazos de parentesco con ejecutivos de empresas energéticas, como en el caso de un primo de su esposa, Santiago García Castellanos, director de Santa Fe Natural Gas, una subsidiaria de Fermaca.
Sandoval fue quien expuso que la CRE había otorgado a esa empresa un permiso en el periodo en el que García Alcocer ya estaba en el cargo y no había declarado su conflicto de interés.
Luego, el titular de la UIF mostró que un cuñado de García Alcocer tenía participación en tres empresas con proyectos en Pemex, entre éstas una en la que hizo transferencias al extranjero por 148.5 millones de dólares, pero presentando baja contribución al SAT, por lo que podría tratarse de un caso de defraudación fiscal.
Después de eso todo quedó fuera de la agenda presidencial, mientras que García Alcocer solicitaba una audiencia con el mandatario, que finalmente le concedió el 26 de febrero. El resultado del encuentro, según ambos personajes, fue la promesa de que no se le perseguiría políticamente y que se quedaría en el cargo mientras las instancias competentes resolvían.
Proceso le solicitó a Sandoval una actualización de éste y otros casos expuestos en las conferencias mañaneras. Con la oferta de hacerlo el viernes 8, hasta el cierre de esta edición ya no hubo comunicación con la funcionaria.
Escándalos sin culpables
Las acusaciones contra García Alcocer fueron precedidas por la alusión del mandatario a siete gasoductos por los que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) paga sin que surtan gas a termoeléctricas, pues no terminaron de construirse.
Dichos gasoductos fueron adjudicados a las empresas Carso, de Carlos Slim; IEnova, que preside en México Carlos Ruiz Sacristán y dirige Tania Ortiz Mena (prima de la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco); TransCanada, en cuyo directorio figuran Francisco Labastida hijo y el calderonista chihuahuense Carlos Borunda, y aunque López Obrador no la mencionó originalmente, Fermaca, la empresa de la polémica con García Alcocer. 
El escándalo era una continuación de los señalamientos que el mandatario había hecho, con nombre y apellido, contra exfuncionarios colocados luego como ejecutivos de trasnacionales, empezando por Felipe Calderón.
Para López Obrador fueron “contratos leoninos” que su gobierno se planteaba renegociar apelando una vez más a la moralidad pues, dijo, “no somos leguleyos”, por lo que no habría sanciones para las empresas.
Una revisión de los siete gasoductos y las auditorías que al respecto hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) permitió observar que cada uno suspendió la obra debido a la mala planeación del proyecto, consultas mal hechas e invasión ilegal de tierras, por lo que había servidores responsables.
Proceso preguntó a las secretarias de la Función Pública y de Energía sobre procesos abiertos en estos casos. Fue Nahle quien intentó evadir el cuestionamiento, hasta la cuarta ocasión en que se le insistió:
“Estamos en el seguimiento de eso y no desde ahora, desde que en el proceso de transición, cuando fui recibiendo todos los temas, al entonces secretario Coldwell le hice el señalamiento de esas inconsistencias, y una vez que tomamos posesión, el área de Electricidad, de la Secretaría de Energía, nos encargamos de ver este detalle, porque sí es una irresponsabilidad.
“A las empresas se les da un contrato, invierten o vienen y se quedan aquí a la mitad y al final de cuentas la que paga penalidades millonarias es la CFE”. Entonces cortó.
Hasta ahí, la titular de la Secretaría de Energía insistía en que era también responsabilidad de la CRE –cuyo presidente era objeto de señalamientos– el desperdicio de recursos, y no tuvo comentario a las observaciones que la ASF había hecho en relación a su gestión del sexenio pasado.
Entre lo que este semanario solicitó para este reportaje a la Secretaría de la Función Pública estaba lo relacionado con esos supuestos expedientes abiertos. También sobre los casos de cierres de las estancias infantiles por responsabilidad de servidores públicos o por desfalcos. 
La razón para esta consulta es que López Obrador sostiene que hay irregularidades e inclusive cobros por estancias inexistentes, pero sin identificar responsables ni casos que se hubieran puesto ya bajo investigación administrativa o penal. No obstante, anunció que pronto daría a conocer más información, lo mismo que en relación con 15 empresas proveedoras de medicamentos que acaparan las contrataciones del sector salud.
Huachicoleo se convirtió en uno de los vocablos del mandatario para referir casos de corrupción a partir de la estrategia que implementó para frenar el robo de combustible, tema que, por sus efectos en el desabasto, las polémicas desatadas y la tragedia de Tlahuelilpan, marcó el arranque de su gobierno.
Sin embargo, como en el resto de los casos, los resultados son mínimos y hasta la última actualización, ofrecida por la Fiscalía General de la República (FGR), sólo se habían podido judicializar tres casos, que corresponden a quienes operaban el sistema de monitoreo de ductos, sin responsabilidades fincadas a ningún alto funcionario.
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Revista Proceso # 2210, 10 de marzo de 2019..

Rasgos de autoritarismo/

ÁLVARO DELGADO
José Woldenberg, quien presidió el Instituto Federal Electoral durante los comicios de la primera alternancia presidencial, en 2000, manifiesta su preocupación por el “resorte autoritario” que observa en las decisiones iniciales del gobierno lopezobradorista, por lo que llama a los distintos sectores sociales a evitar que en el país se escuche sólo la voz del presidente.
José Woldenberg está molesto con Andrés Manuel López Obrador, quien hace tres décadas fue su compañero en el PRD:
–Lo nombramos presidente, no sultán.
Al evaluar las decisiones, acciones y omisiones de López Obrador en sus primeros 100 días de gobierno, admite que ha “modificado las coordenadas de la política nacional”, como tender puentes con la sociedad que antes estaban rotos, pero ve malas señales para la democacia.
En particular, Woldenberg afirma que López Obrador “desprecia, y mucho, a las instituciones del Estado y a sus funcionarios, desprecia a los órganos autónomos y desprecia a las organizaciones de la sociedad civil. Y esto no presagia nada bueno”.
–¿Hay ya un modo de gobernar de López Obrador?
–Sí. Lo que más me preocupa es que existe un resorte autoritario en el presidente de la República.
Después de renunciar al PRD en 1991, por discrepar de la línea política del partido que presidía Cuauhtémoc Cárdenas, Woldenberg encabezó el primer consejo ciudadanizado del Instituto Federal Electoral (IFE), en 1996, justo cuando ascendía López Obrador al liderazgo perredista.
Se mantuvo en ese cargo hasta 2003, cuando López Obrador cumplía tres años al frente de la Jefatura de Gobierno de la capital del país, desde la que se catapultó para ser tres veces candidato presidencial, hasta que ganó, en 2018, con 53% de los votos.
Desde su cubículo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde estudió López Obrador, Woldenberg observa un fortalecimiento del presidencialismo, un afán centralizador de decisiones, una descalificación a “rajatabla” de sus adversarios, y decisiones autoritarias, como las consultas.
Las organizadas para cancelar el nuevo aereopuerto y sobre la termoeléctrica de Huexca, reprueba, no son constitucionales, ni siquiera encuestas con muestra representativa: “Son más bien caprichos donde el poder se ve en el espejo y el espejo le dice al poder lo que éste quiere oír. Eso tampoco presagia nada bueno”. 
En particular, le parece aberrante la consulta que López Obrador organizará, el 21 de marzo, en el natalicio de Benito Juárez –uno de sus próceres favoritos–, para definir si son enjuiciados los expresidentes del “neoliberalismo”: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“Eso a mí me parece un delirio. ¡Un delirio!”, exclama para manifestar su repudio a esa consulta que considera indigna de un jefe de Estado, porque no se pude enjuiciar a quienes fueron presidentes por haber sido neoliberales.
“Eso no es un cargo. La democracia se hace para que las corrientes neolibeales, socialistas, conservadoras se expresen, contiendan y finalmente se trata de políticas diferentes, pero no pueden ser llevadas a tribunales”, explica.
Lo que sí puede llevarse a los tribunales son delitos específicos, pero de lo contrario “volveríamos a la época de los juicios de alzada, sin garantías para los inculpados. Impartir justicia tiene su chiste”.
Si se quiere juzgar a los expresidentes, añade, que el Ministerio Público arme los expedientes para establecer los posibles delitos y se los presente a un juez, para que se notifique al inculpado y se defienda, y si es culpable que se sancione. 
“Está hablando desde Salinas hasta acá. Muchos de los eventuales delitos es muy probable que hayan prescrito”, advierte, y reitera: “Hablar de cosas que pasaron hace 25 o 30 años y que van a ir a tribunales me parece una bufonada”.
–Pero va a ocurrir.
–Yo espero que no. 
–¿Debe reconsiderar?
–Creo que sí. Eso sería un show, sin ninguna base legal, sin ninguna base constitucional. Espero que eso no suceda.
Woldenberg entiende que López Obrador diga que la consulta prevista en la Constitución es inoperante, pero entonces que se modifique.
“Yo no digo que a nuestra Constitución tengamos que verla como las tablas de la ley reveladas. Pero el presidente sobre todo está obligado a cumplir con lo que la Constitución dice. Lo nombramos presidente, no sultán. Y es presidente porque hay un marco constitucional en que derivan todas sus potencialidades, pero también todos sus límites.”
Llamado a resistir
Constructor y defensor del proceso de transición democrática en México, Woldenberg lamenta el poco aprecio que López Obrador y la sociedad tienen de los logros en esta
materia.
“Me preocupa que desde el gobierno, y también desde la sociedad, no se valore mucho lo que se construyó en México en las últimas décadas en materia democrática. En el discurso presidencial la etapa de transición a la democracia prácticamente es omiso”, subraya.
Autor de una treintena de libros, entre ellos La mecánica del cambio político en México y México: la democracia difícil, el expresidente del organismo antecesor del Instituto Nacional Electoral valora los logros de la transición democrática, como el sistema plural de partidos, hoy debilitado, la Presidencia de la República acotada por el Congreso y el Poder Judicial, así como el sistema de organismos autónomos.
Pero reconoce que esto obedece a que la corrupción, la inseguridad y la desigualdad han estado más en el centro de la atención pública. 
“No hay un disolvente mayor de la confianza en las instituciones públicas que los fenómenos de corrupción que llevan aparejada impunidad”, subraya, y añade que, en paralelo al proceso democratizador, hubo una espiral de violencia que alimentó el malestar con los políticos, los partidos y los gobiernos.  
“Y si a eso sumamos que la economía no creció a tasas medianamente importantes como para atender la incorporación de millones de jóvenes al mercado de trabajo, que acabaron en la informalidad, y si además agregamos las enormes desigualdades que marcan nuestro país, entonces quizá podamos entender por qué esa desafección con los partidos que hicieron posible la transición democrática en los primeros años de la democracia.”
Esto explica en buena medida, dice, el triunfo de López Obrador, pero también le advierte: “Ese caldo de cultivo sigue ahí y no se revierte sólo con proclamas y con anuncios. Mucho del performance del nuevo gobierno sí ha tendido puentes con los ciudadanos, pero si la corrupción y la violencia no se abaten, si la economía no crece, si la gente no ve un horizonte productivo para él y para sus hijos, es probable que los fenómenos de desencanto vuelvan a aparecer”.
Alerta: “Ojalá no tiremos al niño con el agua sucia. Para mí el niño se construyó en términos democráticos y el agua sucia son todos estos fenómenos, todos estos rezagos, estas plagas que erosionan la vida misma”.
Para Woldenberg, es claro que en los primeros 100 días de gobierno de López Obrador hay el afán de “reconcentrar en la Presidencia muchas facultades y eso, bien pensado, no le conviene ni al presidente”.
–¿Por qué?
–Porque entre más facultades concentra, más responsabilidades tiene.
–¿Y más costos?
–Pero desde su punto de vista no se ve así, sino ve que entre más concentra poder, menos obstáculos para desplegar su voluntad tiene. Eso es lo que me preocupa. 
“Creo en los principios del ideal democrático republicano, que es muy importante que las autoridades sean electas, ese es el punto de partida, pero luego es muy importante que el poder esté regulado, dividido, vigilado, equilibrado, y eso es lo que va a estar en juego en los próximos meses y años.” 
Añade: “Hoy tenemos un presidente mucho más fuerte que los del pasado, tanto por el triunfo electoral, por la correlación de fuerzas en el Congreso, como por el apoyo popular que mantiene. Y por otro lado, por la caída en votos de la oposición”.
–¿Ve riesgo de despotismo?
–Yo sí veo un riesgo de autoritarismo.
Y es que, si bien entre los diferentes proyectos existen voces discordantes –“eso está en el código genético de la democracia”–, López Obrador polemiza descalificando.
“Esas pulsiones son las que a mí me preocupan, y mucho. Hay un afán centralizador y un no entendimiento de que los Estados democráticos modernos aspiran a que el poder esté dividido, regulado, equilibrado, contrapesado, y a veces me da la impresión que, desde la visión del presidente, quienes cumplen con esas funciones son vistos como trabas, como obstáculos.”
–¿Esto debe generar una reacción crítica o, al contrario, que se subordinen?
–Por eso hablo de una puja. En efecto, ante el acoso, puede haber quien se venza, pero puede haber, y es a lo que apuesto, quien resista.
Pone como ejemplo la desaparición de la autonomía universitaria de la Constitución, que él cree que sí fue un error, pero eso movilizó a los rectores: “Ahí hubo resistencia y fue claro que no pueden hacer su voluntad como si no existieran otros”.
Pero hay otros casos, lamenta, en los cuales “podemos ver que se reblandezcan las instituciones y quieran alinearse con los propósitos del presidente de la República”.
Un ejemplo es la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyo presidente, Guillermo García Alcocer, fue acusado de conflictos de interés y ofreció renunciar.
“Las dos cosas son dignas de preocupar. Que desde Presidencia aparezca como una especie de persecución a alguien indeseado y que esta persona perseguida, en un momento, pida clemencia. Bueno, ninguna de las dos cosas está bien.”
Por eso apuesta a que los órganos autónomos del Estado mexicano “sepan valorar lo que es la autonomía y no siguiendo las directrices del Ejecutivo federal. Eso lo veremos en los próximos meses”.
–Que no se acobarden.
–Sí, que sigan actuando como órganos autónomos. No deben quedar bien con el presidente de la República, sino cumplir con su misión.

Pero además Woldenberg apuesta a que la sociedad también se movilice, “desde las organizaciones de la sociedad civil hasta grupos empresariales, sindicales, agrarios, medios de comunicación” para evitar que exista una sola voz.

“Esa es mi esperanza: las condiciones socioculturales de México no dan para que esa diversidad se exprese de manera unificada. Ese es un sueño que ni en mis peores pesadillas alcanzo a ver.”

¿Cambio de régimen?

Contrario a lo que proclaman López Obrador y Morena, Woldenberg niega que haya habido un cambio de régimen con la alternancia. “Por eso no uso esta fórmula de la Cuarta Transformación”, aclara.

“El régimen sigue siendo el mismo: una república federal, democrática, representativa y laica. Eso es lo que dice la Constitución. Hubo un cambio de las fuerzas que conducen el entramado estatal, pero hasta ahí.”

Tampoco cree que pueda restaurarse un partido hegemónico, porque México es una sociedad modernizada, “si se quiere de manera contrahecha”, y plural. Quizá Morena en las próximas elecciones “refrende ese punch”, pero volverán las elecciones competidas.

“Morena puede acabar siendo un partido predominante o incluso un partido hegemónico, pero puede, no está escrito en ninguna ley, y eso dependerá de la gestión de gobierno, de lo que haga Morena pero también de lo que haga el resto de los partidos. Esta historia no se ha acabado, porque no se acaba nunca y hay muchas contingencias.”

–¿Entonces no está en riesgo la democracia?

–El día de hoy tenemos una incipiente democracia a la que hay que cuidar, valorar y apuntalar, porque estas construcciones no son de una vez y para siempre. No hay nada que puede garantizar que la democracia perdure por siempre. 

Por eso alerta sobre la estrategia del gobierno de transferir dinero en efectivo de programas sociales, que él rechaza, pero que son efectivos para el proyecto de López Obrador en curso. 

“La primera impresión de millones de gentes es: ‘Estos sí nos están atendiendo, están viendo por nosotros’. Con todo lo que eso implica”, subraya, y recuerda que el padrón fue levantado por simpatizantes de Morena cuando eran particulares.

“Esos son los resortes preocupantes. Los marcos normativos no les gustan, los sienten como una camisa de fuerza y entonces viene la buena voluntad.  A estas alturas deberíamos saber que la buena voluntad, por sí misma, puede generar los peores infiernos.”
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Descifrando a AMLO, el liberal/
AGUSTÍN BASAVE
Revista Proceso # 2210, 10 de marzo de 2019..

El presidente Andrés Manuel López Obrador se considera un liberal. Aunque muchos lo ven como populista o como nacionalista revolucionario, él se identifica con el liberalismo. A diario lo proclama, si bien no pasa de definir su ideología en contraposición al conservadurismo, como una suerte de pulsión de cambio. Dice que los pueblos siempre se han dividido en liberales y conservadores, y no es aventurado afirmar, conociendo su inclinación introspectiva por la historia de México, que su concepción de liberalismo –hay varias, y cada una responde a un determinado tiempo y espacio– es la del movimiento político que triunfó en el siglo XIX mexicano.

Nuestros primeros liberales pusieron énfasis en el republicanismo y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que quedaron plasmados en la Constitución de 1824. Sus sucesores completaron la obra en la Carta Magna de 1857, al separar el Estado de la Iglesia y garantizar la libertad de cultos. Bajo el liderazgo del principal referente histórico de AMLO, Benito Juárez, se logró la secularización de la cosa pública. En ambos casos, por cierto, se afectó accidentalmente a los pueblos originarios; primero porque el igualitarismo abstracto, esgrimido contra fueros y privilegios, llevó al exceso de acabar con escuelas y hospitales para indígenas, y después porque las tierras de sus comunidades fueron expropiadas junto con las propiedades eclesiásticas. Con todo, más allá de ese grave pero involuntario daño colateral, la liberalización fue el hilo progresista de nuestro devenir decimonónico.

Pese a su devoción juarista, sin embargo, yo no aprecio que el credo del líder de la cuarta transformación esté emparentado con esa versión del liberalismo. AMLO rechaza el trato igual a los desiguales y, aunque ignoro si ha participado en la masonería, está sin duda muy lejos de ser anticlerical; no es, en suma, un liberal en la tradición mexicana. Esta apreciación no es un anacronismo, porque entre nuestros políticos e intelectuales de hoy abundan los jacobinos, y de hecho algunos de ellos lo han criticado justamente por considerar que en el deslinde de sus creencias religiosas y su papel como estadista no es suficientemente claro. De los rasgos ideológicos que señalan los estudiosos del liberalismo del XIX en México –Hale, por ejemplo– AMLO comparte aquellos con los que prácticamente ningún mexicano, de izquierda o de derecha, discrepa en la actualidad.

Cierto, todos tenemos ideologías eclécticas, empezando por quienes nos asumimos socialdemócratas. AMLO posee los ideales del socialismo utópico, el binarismo marxista, el instinto populista, el atavismo del nacionalismo revolucionario y sí, también el influjo liberal, pero de un corte distinto al que él concibe. Para encontrar el que realmente profesa hay que recurrir a Bobbio: “[liberalismo] significa individualismo; y por individualismo no se entiende sólo la defensa radical del individuo, único y solo protagonista de la vida ética y económica contra el Estado y la sociedad, sino también la aversión a la existencia de cualquier sociedad intermediaria entre el individuo y el Estado, por lo que, tanto en el mercado político como en el económico, el hombre debe actuar por sí solo” (Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, Diccionario de Política, Siglo XXI Editores, México, 1988, p. 908). Sostener que esta definición describe a AMLO seguramente disgustará a no pocos liberales y a él mismo, pero ¿acaso no encajan en ella las transferencias de dinero individualizadas y directas a la ciudadanía y la aversión hacia la sociedad civil?

AMLO alberga, a no dudarlo, un amasijo doctrinario. Cohabitan en él, v.gr., una fascinante mezcla de estatismo y neoliberalismo económico: abomina las privatizaciones y reivindica al Estado, pero al mismo tiempo repudia la prolijidad burocrática que caracteriza al aparato estatal, una paradoja que yo aplaudo y por cuya conciliación hago votos. Y es que practica, tal vez inconscientemente, ciertos usos y costumbres neoliberales: la simplicidad de los esquemas redistributivos –tipo negative income tax de Friedman–, la equiparación de burocracia y corrupción y la renuencia al endeudamiento, al presupuesto deficitario y, sobre todo, al aumento de impuestos. En este sentido, AMLO es un insólito seguidor del Consenso de Washington, al que no sin algo de razón culpa de los males de México.

Ideológicamente, a AMLO solo se le puede encasillar en la casilla de lo inencasillable. Su discurso es más o menos homogéneo, pero de las decisiones y acciones de sus primeros 100 días de gobierno puede inferirse una abigarrada amalgama ideológica practicada con una dosis de improvisación. Quizá lo único en que no muestra eclecticismo es en su sistema de gobierno preferido, el presidencialismo omnímodo. Está claro que no le gustan los contrapesos, así se promuevan desde grupos de fuerza ínfima comparada con la suya. Por ello, y dada su insistencia en declararse discípulo del liberalismo mexicano, debo decir que las similitudes que yo encuentro en la praxis entre AMLO y Juárez son dos, una buena y una mala: la honradez austera, que en buena hora impulsa, y la peligrosa concentración del poder. Y si la primera no es intrínseca a un liberal, la segunda es la negación de cualquier liberalismo.

@abasave

* A partir de esta entrega Agustín Basave se incorpora como colaborador regular de Proceso.