Revista Proceso # 2232, 11 de agosto de 2019
El terrorismo contra mexicanos (Sic) es un asunto que merece la más alta atención de la política exterior de México.
El ataque masivo en una tienda de El Paso, Texas, ejecutado por un supremacista blanco –quien pocos minutos antes de cometerlo subió un manifiesto en redes sociales en el cual señalaba que era una respuesta a “la invasión hispánica de Texas”– ha sacudido a la opinión pública mundial. Esas palabras coinciden con la idea, promovida por el presidente Donald Trump, de una in-vasión desde la frontera sur de los Estados Unidos integrada por migrantes que llegan a violar, quitar empleos y destruir la identidad de los Estados Unidos. La tragedia de El Pa-so hace evidente la dimensión del daño que puede producir el discurso de odio que ema-na directamente de la Casa Blanca. Para el gobierno de López Obrador reaccionar ante lo ocurrido es un reto mayor para su política exterior.
Llevar a cabo una matanza en una ciudad en la que 80% de la población son hispanos, en su mayoría mexicanos, y en una tienda que en esos momentos estaba abarrotada de habitantes de la vecina Ciudad Juárez, hace de ese evento uno de los actos raciales más dolorosos en la historia contemporánea de los Estados Unidos dirigido específicamente hacia mexicanos.
El ataque en El Paso expresa bien la mezcla de racismo, nacionalismo enfermizo y animadversión hacia la migración proveniente del sur de Estados Unidos que ha transformado la migración en un elemento que, según grupos supremacistas, atenta contra los valores de Estados Unidos. No es la primera vez que sentimientos antimexicanos afloran. Numerosos ejemplos pueden darse de situaciones en que los migrantes mexicanos han sido víctimas de discriminaciones, injusticias y humillaciones. Sin embargo, en los últimos años varios elementos se han combinado para convertir esos sentimientos en algo más complejo, peligroso y difícil de combatir.
El nacionalismo supremacista blanco ha crecido notoriamente en los últimos años, inspi-rándose en experiencias que ocurren en diversos países, transmitidas por los nuevos medios de comunicación. Notorio que el asesino de El Paso haya expresado su admiración por los ataques contra templos islámicos en Nueva Zelandia. Los crímenes de odio dirigidos hacia diversos grupos minoritarios han encontrado un fuerte apoyo en el discurso del presidente Trump. Su fuerte acento antimigrante mantiene toda su vitalidad, a pesar de declaraciones coyunturales que puede hacer con motivo de los acontecimientos de El Paso y Dayton, Ohio. Por ejemplo, en fechas muy recientes, durante un mitin en Florida, Trump preguntó a los asistentes cómo contener la “invasión” de migrantes por la frontera sur. Mátalos, se oyó decir; semejante propuesta provocó el regocijo de los participantes confirmando el ánimo que domina en los eventos convocados por el actual presidente de Estados Unidos.
Hay suficientes motivos para creer que durante la campaña electoral que ya está en marcha el terrorismo nacionalista blanco provocará nuevas matanzas. Se trata de un fenómeno que evoluciona rápidamente y que algunos analistas comparan con la fuerza de atracción ideológica que ejerce el islamismo radical y con los efectos destructivos que éste produce. Las acciones inspiradas en el discurso de odio contra migrantes y, en general grupos étnicos o religiosos distintos a la América blanca, son actualmente una de las formas más peligrosas de terrorismo.
La situación anterior presenta enormes retos a la política exterior del gobierno de López Obrador, en particular a la forma en que se conduce la relación con el presidente Trump. Son bien conocidas las aspiracines de AMLO para los primeros años de su gobierno. Un ambicioso proyecto de transformación interna le obliga, según su punto de vista, a concentrar esfuerzos en los problemas internos, dejando en muy segundo término la política exterior. Salir al extranjero, dedicar esfuerzos a disminuir la vulnerabilidad frente a Estados Unidos, encontrar aliados o legitimarse en el ámbito internacional son consideradas tareas inútiles. Mantener en tono menor los problemas con el exterior y asegurar buena relación con Trump ha sido un objetivo prioritario.
Como en otros ámbitos del gobierno de López Obrador, la realidad no ha correspondido a sus expectativas. Las presiones provenientes del vecino del norte han sido mucho menos amables y generosas de lo esperado. Baste citar la amenaza de aplicar aranceles progresivos a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos si no se cumplen las demandas en materia de migración. Una de las acciones más agresivas de las que se tenga memoria en el comercio internacional.
Sin embargo, la narrativa de conciliación con Trump que defiende AMLO no ha cambiado. Es evidente en la entrevista concedida a Bloomberg para evitar pronunciarse sobre los contratiempos que enfrenta la relación con Estados Unidos. Ahora bien, la matanza en El Paso ha hecho imposible mantener esa línea. La tarea de encontrar otra narrativa y fijar nuevas posiciones hacia Estados Unidos era urgente. Ha sido asignada al canciller Marcelo Ebrard. Las primeras declaraciones de Ebrard con relación a los problemas de El Paso –un acto de barbarie inaceptable–, así como su traslado inmediato a esa ciudad, han tenido buen efecto mediático. Menos atractivas han sido sus propuestas de pedir la extradición del asesino a México para ser juzgado por terrorismo (imposible ignorar las debilidades de nuestro sistema de justicia) o la intención de tomar acciones legales contra la armería que vendió el arma utilizada en la matanza, proceso muy largo de resultados muy inciertos.
La tragedia de El Paso puede ser el punto de partida hacia una política exterior con miras de largo plazo que proporcionen a México la oportunidad de adquirir un papel relevante en temas pertinentes para los momentos que se viven interna y externamente. Dos propuestas vienen a la mente: la primera es insistir en el tema del control sobre el tráfico de armas a México. No se trata de inmiscuirse en un problema tan divisivo al interior de los Estados Unidos como es lo relacionado con la segunda enmienda constitucional o la Asociación Nacional del Rifle. Se trata de insistir en intercambiar información, tener bases de datos que permitan trazar el camino de las armas con las cuales se comete el mayor número de crímenes en México. Sería un primer paso hacia la cooperación, a través de un grupo binacional, para enfrentar un problema muy serio para la seguridad nacional del país. Una segunda propuesta tiene que ver con convertirse en promotores, a nivel internacional, de la lucha contra el terrorismo supremacista blanco. Condenar el discurso de odio, promover su firme rechazo, poner en la agenda de los organismos internacionales el terrorismo contra migrantes para que se persiga al igual que se hace con el terrorismo islámico. Una resolución en la Asamblea General de la ONU encabezada con toda legitimidad por México podría obtener un primer éxito. El terrorismo contra mexicanos es un asunto que merece la más alta aten-ción de la política exterior de México.
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